La interdicción es un procedimiento legal diseñado para proteger a personas que, por diversas razones, no poseen las facultades mentales mínimas necesarias para administrar sus propios bienes. El objetivo principal de este trámite es privar a la persona de la administración de sus bienes y designar un curador, quien ejercerá dicha acción en su representación.
Este proceso se puede iniciar durante todo el año y está disponible tanto en el sitio web como en las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ). Al iniciar el trámite, se solicita orientación o información, y posteriormente, se puede acceder a la asesoría legal.
¿Cuándo es necesaria la interdicción?
Existen situaciones que plantean la necesidad de recurrir a la interdicción:
- Un familiar con Alzheimer ya no puede manejar sus cuentas bancarias ni firmar documentos importantes.
- Una persona cercana está malgastando su dinero sin control, poniendo en riesgo su patrimonio.
- Existe la preocupación de que un tercero pueda aprovecharse de una persona vulnerable para hacerle firmar documentos o acuerdos perjudiciales.
La interdicción se presenta como la solución legal para proteger a estas personas. Mediante una resolución judicial, un tribunal declara a la persona incapaz de administrar sus bienes y nombra a un curador. Este representante legal, designado por el juez conforme a los artículos 338 y siguientes del Código Civil, tiene la responsabilidad de administrar el patrimonio y velar por los intereses del interdicto.
Marco legal y causales de interdicción en Chile
En Chile, el proceso de interdicción se tramita ante un Juzgado de Letras en lo Civil. Las razones que pueden motivar la solicitud de interdicción son tres:
1. Demencia o enfermedad mental
Esta es la causal más común y se aplica cuando una persona padece una enfermedad que le impide comprender su entorno y tomar decisiones sobre sus bienes. El concepto de "demencia" en la ley es amplio e incluye no solo la demencia senil, sino también condiciones como el Alzheimer, esquizofrenia, daño cerebral severo, discapacidad intelectual o deterioro cognitivo avanzado. Para que proceda, no es necesario que la condición sea permanente, basta con un "estado habitual de demencia", lo que significa que la falta de juicio es la condición predominante, aunque existan intervalos de lucidez. Esta situación se acredita mediante informes médicos, evaluaciones psiquiátricas y la certificación de discapacidad del COMPIN (Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez). Tras modificaciones legales, la terminología oficial ha evolucionado hacia "discapacidad mental" en lugar de "demencia".
2. Prodigalidad o disipación
Esta causal se aplica cuando una persona gasta su dinero de manera descontrolada y habitual, poniendo en riesgo su patrimonio y el bienestar de su familia. La ley se refiere a "hechos repetidos de dilapidación", describiendo un patrón persistente de gastos irracionales y desproporcionados. No basta un gasto aislado, por grande que sea; debe existir un patrón de conducta. A diferencia de la interdicción por demencia, la persona pródiga no ha perdido la razón, sino que carece de prudencia en la administración de su patrimonio. Es importante destacar que solo el cónyuge, los padres (ascendientes) y los hijos (descendientes) del pródigo pueden solicitar esta interdicción. Este proceso suele ser más largo y complejo, ya que se tramita como un juicio con dos partes enfrentadas.
3. Sordomudez
Esta causal se aplica cuando una persona sorda o sordomuda no puede comunicarse por ningún medio, incluyendo la escritura, el lenguaje de señas o la ayuda tecnológica. Si la persona logra comunicarse de alguna forma, por ejemplo, escribiendo o utilizando lengua de señas chilena, la interdicción por esta causal no procede. Debido a los avances en comunicación inclusiva, esta causal es poco frecuente en la práctica actual.
Normativa aplicable
La interdicción no se rige por una única ley, sino por un conjunto de normas complementarias:
- Código Civil: Es la norma principal. Los artículos 338 a 355 establecen las reglas generales sobre curadores. Los artículos 442 a 455 regulan la interdicción por prodigalidad, los artículos 456 a 468 la interdicción por demencia, y los artículos 469 a 472 la interdicción por sordomudez.
- Código de Procedimiento Civil: Regula la tramitación de los juicios y gestiones ante tribunales civiles, incluyendo las reglas aplicables cuando la interdicción se sigue como un acto judicial no contencioso (artículos 838 y siguientes).
- Ley 18.600: Establece normas sobre personas con discapacidad mental, regulando sus derechos y medidas de protección. Su artículo 18 bis (incorporado por la Ley 19.954) agiliza el procedimiento para solicitar la interdicción cuando se cuenta con certificado del COMPIN.
- Ley 20.422: Establece normas sobre igualdad de oportunidades e inclusión social de personas con discapacidad.
- Reglamento del Conservador de Bienes Raíces: En su artículo 52 N° 4, establece la obligación de inscribir la sentencia de interdicción en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.
¿Quiénes pueden solicitar la interdicción?
La legitimación para solicitar la interdicción varía según la causal:
Interdicción por demencia (Art. 459 CC):
- El cónyuge (siempre que no estén separados judicialmente).
- El conviviente civil.
- Cualquier pariente consanguíneo hasta el cuarto grado.
- El defensor público.
- En casos de peligro para terceros ("locura furiosa"), cualquier persona del pueblo puede pedirla. El juez también puede decretarla de oficio.
Interdicción por prodigalidad (Art. 443 CC):
El círculo es más reducido: solo el cónyuge, los padres o abuelos (ascendientes) y los hijos o nietos (descendientes) del pródigo.
Procedimiento especial de la Ley 18.600 (Art. 18 bis):
El padre o la madre que tenga bajo su cuidado permanente a la persona con discapacidad mental inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. A falta de padres, los parientes más cercanos o las personas que tengan a la persona bajo su cuidado y estén inscritas en dicho Registro.
Procesos para obtener la declaración de interdicción
Existen dos caminos principales para obtener la declaración de interdicción en Chile:
1. Proceso judicial ordinario
Este es el proceso más largo y formal, utilizado cuando no se cuenta con la certificación COMPIN, cuando la interdicción es por prodigalidad, o cuando quien la solicita no es el padre o madre. Incluye los siguientes pasos:
- Presentar la demanda: Un abogado redacta y presenta la demanda ante el tribunal, adjuntando los documentos probatorios (informes médicos, extractos bancarios, testimonios, etc.).
- Solicitar protección inmediata (interdicción provisoria): Se puede pedir al juez que decrete una protección de emergencia mientras dura el juicio, especialmente si existe riesgo de abuso patrimonial.
- Notificar a la persona: La demanda se comunica personalmente al presunto interdicto, quien tiene derecho a defenderse y ser escuchado. Si no puede nombrar abogado, el tribunal le asigna un curador ad litem.
- Presentar las pruebas: Ambas partes exponen sus argumentos. El informe pericial psiquiátrico es crucial en la interdicción por demencia.
- Informe del defensor público: El defensor público emite su opinión profesional sobre la procedencia de la interdicción y la idoneidad del curador propuesto.
- Sentencia del juez: El juez decide y, si declara la interdicción, nombra al curador definitivo.
- Publicación e inscripción: La sentencia debe publicarse en un diario y inscribirse en el Registro de Interdicciones y Prohibiciones de Enajenar.
Te explicamos acerca de la Declaración de Interdicción
2. Procedimiento no contencioso (con certificado COMPIN)
Este camino está disponible cuando la persona ya cuenta con la certificación de discapacidad del COMPIN inscrita en el Registro Nacional de la Discapacidad. Es un procedimiento más ágil, ya que no existe un conflicto entre partes.
- Obtener el certificado de discapacidad: La familia debe acudir a la COMPIN para que un equipo médico evalúe y certifique la discapacidad mental de la persona. Este trámite es gratuito.
- Inscribir en el Registro Civil: El certificado del COMPIN se presenta ante el Servicio de Registro Civil e Identificación para su inscripción.
Una vez obtenida la sentencia de interdicción, cualquier contrato o acuerdo que firme la persona protegida puede ser anulado por el tribunal. El curador designado administra el patrimonio, rinde cuentas al juez y debe velar por el bienestar del interdicto.
