La crisis profunda que atraviesa el antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha puesto de manifiesto la precaria situación de cientos de niños, niñas y adolescentes (NNA), revelando una vulneración sistemática de sus derechos y la afectación de su bienestar emocional, social y económico. Ante este escenario, diversos sectores -académicos, expertos y organizaciones civiles- han planteado la necesidad urgente de una reforma estructural que trascienda el asistencialismo y sitúe al niño como sujeto pleno de derecho.
Propuestas de reforma y rediseño institucional
Para superar la crisis, expertos sugieren una serie de medidas clave orientadas a transformar la gestión y la intervención del Estado:
- Profundizar en las salidas alternativas: Es fundamental fomentar mecanismos distintos al encierro, como acuerdos reparatorios y una justicia restaurativa que priorice la reinserción sobre la sanción penal.
- Rediseño del sistema de sanciones: Se propone evitar que los jóvenes lleguen a juicio y, en caso de hacerlo, desviar tempranamente el proceso hacia mecanismos de intervención psicosocial.
- Separación de funciones y descentralización: La división institucional debe considerar políticas implementadas a nivel local y territorial, evitando estructuras centralizadas que desconectan al servicio de las necesidades reales de las comunidades.
- Consejo de estándares: Crear un consejo con mayores atribuciones que establezca estándares de intervención claros para los menores de edad.
El desafío de la protección especializada
La reciente aprobación de la creación del Servicio Nacional de Protección Especializada pretende reemplazar al Sename, pero su éxito dependerá de una implementación rigurosa. Según especialistas, es necesario:
- Postura ética: Garantizar que el interés superior del niño prime sobre cualquier interés económico o de lucro.
- Profesionalización: Exigir estándares de certificación para los equipos, reducir la rotación de personal y asegurar una formación especializada en educación social y materias de maltrato.
- Justicia y reparación: El Estado debe despojarse de aquellos actores que han vulnerado trayectorias vitales, impidiendo que intereses del pasado interfieran en las nuevas condiciones del sistema.
Atención integral y diagnóstico personalizado
La intervención no puede limitarse a la sustitución de adultos o familias. Para una verdadera reparación, se requiere:
- Programas de habilidades parentales: Involucrar a las familias y cuidadores para fortalecer el entorno de protección.
- Diagnóstico integrado: Acceso compartido a información de salud, educación y redes comunitarias para una intervención personalizada.
- Reducción de centros masivos: Los centros (CREAD) deben ser la última instancia de ingreso, con una población limitada (máximo 30 NNA) para garantizar una atención adecuada y humana.
El rol de la Comisión Verdad y Niñez
Como parte de los esfuerzos por esclarecer las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo la custodia del sistema desde 1979, el Estado ha impulsado la Comisión Verdad y Niñez. Aunque la tarea es titánica debido a la extensión del periodo y la complejidad de acceso a testimonios, se trabaja en mejoras de eficiencia -como la creación de equipos macrozonales- para garantizar la escucha efectiva, el acompañamiento a las víctimas y el aprendizaje necesario para que estas vulneraciones no vuelvan a repetirse.