Sanción de la Superintendencia de Pensiones a AFP por Incumplimientos en Pagos a Interconsultores Médicos

La Superintendencia de Pensiones (SP) ha resuelto multar a todas las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) por reiterados incumplimientos relacionados con la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM). Esta situación ha provocado retrasos significativos en los procesos de calificación de invalidez y ha dificultado el acceso oportuno a las pensiones para los afiliados.

En el marco de un proceso de fiscalización que comenzó a fines de 2023 sobre la gestión de las AFP por el incumplimiento en el pago oportuno de las prestaciones realizadas por profesionales y entidades del Registro Nacional de Interconsultores -proceso que se canaliza a través de la FACM- la SP resolvió sancionar por un total de UF 13.136 (equivalentes a unos $517,9 millones) a las siete AFP operativas. La entidad reguladora precisó que las multas se imponen tras determinar incumplimientos normativos persistentes y la falta de atención a las instrucciones emitidas para resolver la problemática.

Origen y Función de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM)

Esquema de la estructura y relación de la FACM con las AFP y las Comisiones Médicas

En 2017, las entonces seis administradoras que operaban en el sistema crearon la Fundación de Administración de Comisiones Médicas (FACM). Esta iniciativa surgió tras una fiscalización de la Superintendencia de Pensiones que detectó la necesidad de una clara separación de funciones entre la Asociación de AFP y la labor propia de las Comisiones Médicas.

La FACM fue mandatada por las siete AFP con la única y exclusiva función de administrar, de forma gratuita y sin fines de lucro, el trabajo de las Comisiones Médicas Regionales (CMR) y la Comisión Médica Central (CMC). Estas comisiones son las encargadas de resolver si una persona está en situación de invalidez, siendo el Registro Nacional de Interconsultores una parte fundamental de este proceso de calificación de invalidez que realizan las CMR y la CMC.

Proceso de Fiscalización y Determinación de Infracciones

Proceso de calificación de la invalidez en pensiones

El proceso de fiscalización de la Superintendencia de Pensiones se inició el 21 de diciembre de 2023 y se extendió durante todo el año pasado, culminando en un procedimiento sancionatorio que fijó como fecha de corte de los hechos investigados el 16 de diciembre de 2024. La decisión del organismo regulador se resolvió luego de un año de investigación al funcionamiento y gestión de la FACM.

De acuerdo con la Superintendencia de Pensiones, tras concluir la investigación se determinó que el incumplimiento por parte de las AFP, a través de la Fundación, se tradujo en una falta de pago reiterada y prolongada a los interconsultores.

Consecuencias y Gravedad de los Incumplimientos

Esta deficiencia en los pagos generó consecuencias de especial gravedad, tales como:

  • Cierres o bloqueos de agenda de atención.
  • Retención de informes médicos imprescindibles para la emisión de dictámenes.
  • En algunos casos, el retiro de especialistas del Registro Nacional de Interconsultores.

“Tales hechos han afectado de manera directa el procedimiento de calificación de invalidez, aumentando los tiempos de espera y obstaculizando el acceso oportuno a un beneficio de seguridad social destinado a una población especialmente vulnerable, como lo son las personas solicitantes de pensión de invalidez”, señaló la SP.

La Superintendencia agregó que lo anterior configura una infracción de carácter grave, dada la afectación directa a la finalidad del procedimiento, el compromiso del interés público involucrado en la protección previsional de las personas solicitantes que se encuentran en proceso de calificación por una eventual invalidez y el menoscabo al correcto funcionamiento del sistema de pensiones.

Formulación de Cargos y Multas Impuestas

Por esta razón, el organismo resolvió la siguiente formulación de cargos para las siete administradoras:

Incurrir en reiterados incumplimientos normativos y de instrucciones emitidas por la Superintendencia de Pensiones al haber administrado y financiado, a través de la Fundación de Administración de Comisiones Médicas - conforme a lo indicado en el Libro III, Título I, Letra D, Pensión de Invalidez, Capítulo XII. Interconsultores, Número 2 - dichas entidades en forma deficiente. Esto generó reiteradamente, desde al menos 2023, deudas con diversos interconsultores (profesionales y centros médicos) las cuales no han sido pagadas oportunamente, prolongándose esta situación durante todo 2024, y sin atender a las instrucciones impartidas por la Superintendencia, transgrediendo lo establecido en la legislación y la regulación aplicable.

Infografía: Detalle de las multas en UF impuestas a cada AFP

Dado lo anterior y según el estado de situación de los pagos adeudados al cierre del proceso de fiscalización, las multas determinadas en la sanción para cada una de las AFP son las siguientes:

  • Provida: UF 3.995
  • Habitat: UF 2.555
  • Capital: UF 2.215
  • PlanVital: UF 1.571
  • Cuprum: UF 1.140
  • Uno: UF 1.070
  • Modelo: UF 885

Reconocimiento y Reducción de Multa para AFP Modelo

En el caso de AFP Modelo, la Superintendencia de Pensiones destacó que fue la única administradora que colaboró con la investigación. A pesar de presentar descargos, reconoció su responsabilidad en los hechos infraccionales imputados, así como las consecuencias de la infracción, dimensionando realmente su magnitud. Por esta colaboración, se le aplicó un descuento del 40% sobre el total de la multa que le correspondía, reduciendo su sanción a 885 UF.

Estado de los Pagos Pendientes a Interconsultores

Si bien las sanciones corresponden al proceso de fiscalización que finalizó el 16 de diciembre de 2024, a esa fecha el estado de situación de los pagos a los interconsultores indicaba un total de 10.815 facturas y boletas pendientes de pago, sumando un total de $4.156 millones.

De esos documentos pendientes, 7.792 presentaban una antigüedad superior a los 30 días, totalizando $2.632 millones, contados desde la fecha de recepción del documento.

Como resultado de un intenso proceso de fiscalización, al 1 de septiembre de 2025 los documentos pendientes de pago habían disminuido a 6.163, por un total de $1.567 millones.

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