Los Jubilados y Pensionados Venezolanos residentes en el exterior están atravesando una muy grave problemática socioeconómica. Se coarta su derecho inalienable de recibir su jubilación y/o pensión en su lugar de residencia, debido a la negativa del Centro Nacional de Comercio Exterior (CENCOEX) y del Banco Central de Venezuela (BCV) de autorizar la conversión a divisas del monto de sus pensiones para su transferencia. Esta situación, para los jubilados y pensionados que residen en países sin convenio bilateral de Seguridad Social, se presenta en algunos casos desde hace doce (12) meses, generando desgarradoras historias que circulan en las redes sociales y que podrían tener desenlaces fatales para los afectados.
La jubilación y/o pensión para este grupo de venezolanos es equivalente a lo que el salario representa para el trabajador activo. Aunque actualmente son calificados como personas de la Tercera Edad, vulnerables, propensas a enfermarse y con capacidades disminuidas, hubo una época en que, con responsabilidad, esfuerzo y trabajo, dedicaron sus mejores años a su patria, Venezuela. Es de conocimiento público que el Gobierno Venezolano realiza regularmente gastos millonarios en divisas para financiar todo tipo de compromisos y actividades. Sin embargo, no considera lo que debería ser su principal prioridad: cumplir con su compromiso moral, humanitario y legal que significa el pago de pensiones y jubilaciones de venezolanos en el exterior, lo cual supone cantidades comparativamente insignificantes.
Afectación Específica en España y Convenios Bilaterales
Un número significativo de estas personas ha venido a España a vivir su retiro debido al vínculo histórico existente entre los dos países. No hay datos oficiales del total de afectados por este problema en España, ya que se desconoce el número exacto de pensionistas venezolanos que actualmente no cobran la prestación. Sin embargo, las asociaciones que representan a los afectados estiman que en Galicia hay más de 3.000 personas con este problema, en Canarias cerca de 4.000 y en la Comunidad de Madrid, más de 1.400, estando el resto repartidos por el territorio español. La mayoría de ellos residen en Canarias y en Galicia, dadas sus fuertes conexiones históricas con Venezuela. Estos ciudadanos llevan sin cobrar la prestación de Venezuela, a la que tienen derecho, desde hace más de un año.
Su realidad es tremendamente complicada. Aquellos que poseen ahorros, ven cómo estos se agotan; los que no, dependen de familiares o amigos, y muchos han tenido que acudir a organizaciones como Cáritas o Cruz Roja. El impago de las pensiones agrava los problemas de salud de los afectados, propios de una edad avanzada, debido al abandono y desamparo que sufren, lo que está ocasionando un grave problema social para España. La Declaración de Madrid, firmada el 15 de noviembre de 2016 por la Asociación de Pensionados de Venezuela en Madrid (Asopejuvecma), la Asociación de Pensionados en el Exterior (Asopex) y la Asociación de Pensionados de Venezuela en Canarias (Asopevec), incluso cita el caso de dos personas que fallecieron por causas médicas atribuibles a la falta de recursos. La situación se agrava aún más porque este colectivo no puede recibir ayudas sociales de emergencia del estado español, ya que Venezuela no reconoce el impago de las pensiones, y se complica con la problemática del complemento de mínimos, según Romina Moreira, abogada colaboradora de la Asociación de afectados en Galicia.
Alcance de los Convenios Bilaterales de Seguridad Social
Cabe destacar que existe un Convenio Bilateral vigente desde 1990 entre Venezuela y España, así como con Chile, Ecuador y Uruguay, entre otros países. Este convenio establece que, si las cotizaciones realizadas en uno de los dos países no son suficientes para cobrar una pensión, se suman los años cotizados en ambos países, adquiriendo así el derecho a la misma.
Casos Individuales y Barreras Administrativas
Desde el año 2008, Miguel Megías, profesor jubilado de la Universidad de Carabobo, recibía cada seis meses su pago, lo que le permitía costear su vida en las Islas Canarias. Sin embargo, a partir del segundo semestre de 2014, la remesa dejó de llegar. Cientos de jubilados y pensionados que trabajaron en empresas públicas y privadas del país y que ahora viven en el extranjero se encuentran en una situación similar.
Megías refirió que durante cinco meses su solicitud se mantuvo en el estatus “Solicitud en Análisis”, cuando anteriormente obtenía respuesta en un máximo de cinco semanas. En enero pasado, su solicitud apareció como “Negada por la Coordinadora de Casos Especiales”, con la explicación de que “La Comisión de Administración de Divisas considera no procedente la solicitud de autorización de adquisición de divisas, por cuanto no cumple con lo que establece el artículo Nro. 1 de la providencia 019”. El profesor indicó que en años anteriores viajó a Venezuela a visitar a familiares y esto no fue motivo de negación de la solicitud. Agregó que otros amigos docentes, residentes en Italia, España y Panamá, recibieron la misma respuesta.
René Dorta vive una situación similar. Después de siete meses en “análisis”, su solicitud fue “Negada por la Coordinadora de Casos Especiales” hace un par de días. A diferencia de Megías, Dorta lleva año y medio sin salir de Panamá y todos sus recaudos están en orden.
A principios de 2015, los beneficiarios ya reportaban demoras de hasta 4 meses para la liquidación de las divisas correspondientes a sus jubilaciones y pensiones. Al consultar a los operadores de Cencoex, los usuarios se encontraron con una nueva norma no escrita: las carpetas deben introducirse los primeros 45 días de cada período. Los operadores afirmaron que si el usuario introduce la carpeta después de este lapso, la solicitud sería negada por extemporánea. Una mujer, a la salida del organismo, señaló: «La muchacha que me atendió admitió que eso no está escrito en ninguna parte, pero es causa para que te devuelvan la carpeta».
Disminución en la Asignación de Divisas por Cencoex
Un informe revela una drástica disminución en la asignación de divisas para jubilados y pensionados. El año pasado, Cencoex aprobó 72,43 millones de dólares para este colectivo, lo que representa 14,47 millones (un 17%) menos que los 86,9 millones asignados en 2014. Comparado con 2013, la caída es del 30%, ya que ese año se enviaron 103,8 millones. La Memoria y Cuenta detalla que las divisas aprobadas para importaciones cayeron un 64% el año pasado.
Acciones y Demandas de los Afectados
Para canalizar todas estas demandas, se han creado y unido diversas asociaciones. Entre ellas, Asopejuveg en Galicia, Asopejuvecma en Madrid y la Unión de Emigrantes Retornados Canarios (Uerca), además de otras distribuidas por el territorio español.
La primera medida tomada para solucionar este problema fue acudir a los consulados y a la embajada venezolana, donde no obtuvieron solución. El colectivo de afectados también recurrió al Instituto Nacional de Seguridad Social de España, que ha enviado dos comunicados oficiales a Venezuela (uno en septiembre y otro en diciembre de 2016), solicitando el cumplimiento del convenio que establece un pago regular. Se hizo, por lo tanto, una reclamación oficial ante el Instituto Venezolano de la Seguridad Social, la cual no ha obtenido respuesta. La asociación de Madrid ha mantenido contactos con el Ministerio de Empleo y Seguridad Social y con el Ministerio de Asuntos Exteriores de España.
A estas acciones se suman las protestas sociales a través de manifestaciones. En Galicia, se han llevado a cabo frente al Consulado y en la subdelegación del Gobierno de la ciudad de Vigo, siendo la última el pasado 4 de febrero.
Principales Demandas del Colectivo
La mencionada Declaración de Madrid, firmada por las asociaciones de pensionados, recoge las principales demandas de este colectivo:
- La inmediata publicación de un cronograma de pagos para los pensionados en países con convenio y para todos los demás, incluyendo los montos aprobados y pendientes por liquidar.
- La inmediata incorporación de los pensionados en tramitación de traslado, en países con convenio, a las nóminas de pago del IVSS.
- La apertura, por parte de las autoridades de España, de procedimientos administrativos para la obtención de ayudas de ayuntamientos y comunidades autónomas.
Varenkow, un representante del colectivo, afirma: “Nos sentimos moderadamente optimistas de que habrá una solución a corto plazo. Y debe ser a corto plazo porque hay gente que ha sido evacuada de sus inmuebles, no puede comer, no puede pagar la calefacción. Esperamos una respuesta de España de qué hacer con este colectivo aunque sea de manera temporal.”
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