La crítica situación que enfrenta el Servicio Nacional de Menores (SENAME) es ampliamente conocida tanto por el Parlamento como por la opinión pública en Chile. Este panorama de vulnerabilidad y desafíos se replica y se agudiza en diversas regiones del país, incluyendo la Región de Atacama.
Contexto Nacional y Regional del SENAME
A nivel nacional, se han registrado casos lamentables que ponen de manifiesto las deficiencias del sistema de protección de la infancia. Basta recordar tragedias como la de Lisette Villa, fallecida en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa "Galvarino", en Estación Central.
A esta realidad se sumó el incomprensible rechazo, por parte de diputados mayoritariamente oficialistas, del informe del SENAME II. Este informe, elaborado por la Comisión Investigadora de la Cámara y denunciado por el diputado Ramón Farías, revelaba "deficiencias graves en el sistema de protección de la infancia, tanto en el diseño como en la ejecución de planes y programas destinados a los menores vulnerados".
En la Región de Atacama, el panorama del SENAME no es ajeno a esta delicada situación nacional, enfrentando sus propios desafíos y problemáticas.
Desafíos Específicos en Atacama: El Caso de Freirina
La Región de Atacama ha experimentado incidentes graves que subrayan la urgencia de una intervención efectiva. En enero de este año, se vivió un gravísimo hecho en una localidad de la comuna de Freirina, donde fue desbaratada una red de explotación sexual infantil. Las niñas víctimas de esta red eran llevadas a fiestas clandestinas después de fugarse de residencias que prestan servicios al Servicio Nacional de Menores.
En este sentido, hoy en Freirina y en la provincia del Huasco, la residencia "Maravilla" ha completado todos sus cupos, alcanzando las 45 plazas. Por lo tanto, esta residencia no puede recibir más jóvenes, lo que agrava la situación de los menores que requieren protección en la zona.
Mecanismos de Ingreso y Operación del SENAME
La llegada de niños y niñas al SENAME ocurre principalmente por derivación del Tribunal de Familia, representando el 90% de los casos para los programas de alta y mediana complejidad. El 10% restante corresponde a derivaciones de la comunidad, demanda espontánea, o de instituciones como escuelas y consultorios.
El trabajo en las unidades de Justicia Juvenil y de Protección de Derechos se lleva a cabo mediante modalidades de administración directa y con organismos colaboradores autorizados (OCA). Estas modalidades fueron presentadas en un encuentro con la autoridad, donde se destacó la importancia de la colaboración interinstitucional.
El diálogo entre las partes también recorrió las modalidades en que los tribunales de familia dictaminan que se efectúe el traslado de un menor de edad con medidas de protección. Para ello, se revisaron distintas resoluciones de tribunales de justicia, respecto a medidas cautelares y disposición de traslados, a fin de acordar el modus operandi requerido en cada caso.
Colaboración y Comunicación Interinstitucional
Al respecto, el director regional comentó que “en nuestro quehacer por promover, resguardar y restituir los derechos de los niños y niñas, así como velar por el cumplimiento de la justicia juvenil, convivimos con otros actores, los que muchas veces no conocen con claridad las líneas de acción de nuestro trabajo".
Para el Mayor Ricardo Chaud, la colaboración es fundamental: “fue una reunión bastante práctica, entendiendo que ambos servicios somos colaborativos en un mismo fin". Este tipo de encuentros busca fortalecer la coordinación y asegurar que todos los actores involucrados comprendan y apliquen los protocolos adecuados para la protección de la infancia y la adolescencia.