La muerte de Lissette Villa, una niña de 11 años, el 11 de abril de 2016 en un hogar de menores regentado por el Estado, destapó una profunda crisis en los centros del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile. Su historia de pobreza, precariedad y violencia, al hacerse pública, obligó a los chilenos a interesarse en lo que ocurre con los cerca de 100.000 niños más vulnerables del país que cada año llegan al SENAME en busca de protección y ayuda psiquiátrica.
Un Grito de Alerta Ignorado por Décadas
La periodista que expuso acerca de la situación crítica que enfrenta la institución afirmó: “Que todos estén sorprendidos ya no me provoca ni rabia, porque el periodismo sí hizo su pega y la hicimos bien”, citando las denuncias realizadas por programas como Contacto, Informe Especial, En la mira y los diarios El Mercurio y La Tercera. “Lo de la crisis en el SENAME lo venimos diciendo hace 10 años”. La institución ha registrado 1.313 muertes en la última década, además de innumerables casos de niñas y niños violados, golpeados, abandonados y fugados.
Felipe Kast habló de su experiencia visitando centros de menores, contrastándola con la indiferencia política. Para él, “Hay que dejar la rabia y plantear una propuesta. La solución pasa por una decisión política de modernizar el SENAME a través de una reforma estructural. El Banco Central es una institución de lujo, pero nunca hicimos lo mismo con lo social”.
Nicolás Canales, líder de inclusión social de Desafío Levantemos Chile, indicó que “los niños del SENAME viven un 28 de febrero todos los días, un verdadero terremoto social”. Atribuyó esto a “un Estado que no se la puede, una sociedad civil pasiva y una población que carga con el estigma social”. En su opinión, esta crisis no comenzó ni con el caso de Lissette Villa, ni hace 10 años, sino que viene desde mucho antes, siendo un problema no solo del Estado sino de la sociedad civil.
Lissette Villa: Un Caso Emblema
El historial de una vida vulnerable
A Lissette Villa le faltaban solo dos semanas para cumplir 12 años. Pero la llegada de su cumpleaños era motivo de angustia, ya que a esa edad le tocaba dejar el hogar de menores en el que vivía desde 2014 y ser trasladada a otro en la comuna de Pudahuel de Santiago. Este lugar era conocido por los niños como ella -víctimas de abusos y malos tratos, abandonados por su familia, o infractores de la ley- como uno de los más duros de la red de centros de protección del Servicio Nacional de Menores chileno (Sename).
Lissette, abusada sexualmente y golpeada recurrentemente por su padre, llegó al Sename a los cinco años. Su madre, con otros seis hijos y trabajadora temporera en Til Til, no supo lidiar con la conducta agresiva de su hija, producto del maltrato sufrido. Entre mayo de 2013 y diciembre de 2015, se presentó 17 veces a los servicios de urgencias por "crisis emocional", "constatación de lesiones", "depresión y trastorno de personalidad, auto y heteroagresión". El diagnóstico clínico en su ficha médica incluía un trastorno de estrés postraumático complejo, un trastorno del desarrollo de la personalidad y un retardo mental leve. Según su abogado, Sebastián Lafaurie, “Lissette en las condiciones en que estaba era una bomba de tiempo, podía morir en cualquier minuto”.
Su proceso dentro del SENAME estuvo marcado por el abandono y decisiones erráticas del sistema. Tras ingresar a una residencia a los 5 años, ni su padre ni su madre lograron recuperar su cuidado. Fue derivada a un hogar de protección con dinámica de "apadrinamiento", pero esa residencia se declaró "incompetente". Regresó al CREAD Galvarino el 12 de noviembre de 2013. En junio de 2014, Lissette y su hermana menor se incorporaron a otra residencia, pero también esta institución se declaró incompetente para asumir su cuidado después de que Lissette revelara una experiencia de vulneración que le generó una desregulación emocional y conductual, con altos niveles de agresión a terceros y a sí misma.
Circunstancias de su fallecimiento
Lissette nunca alcanzó a conocer el hogar de Pudahuel. El 11 de abril de 2016, murió de un paro cardiorrespiratorio en circunstancias que aún están siendo investigadas. Un informe de la Policía de Investigaciones (PDI) indica que “el actuar imprudente e inobservante de sus cuidadoras le provoc(ó) un cuadro de asfixia” y la autopsia señala que al momento de su muerte tenía “lesiones faciales”.
La psicóloga y directora del CREAD Galvarino en ese momento, quien fuera también psicóloga de Lissette, relató los últimos momentos: Lissette le pidió “ropa de guagua” y se despidieron con un abrazo. Esa noche, cerca de las 20:20 horas, recibió un llamado de la jefa técnica informando que Lissette se había “descompensado”. Al llegar al centro a las 20:50, Lissette estaba extendida en el piso, siendo reanimada por el equipo del SAPU y Bomberos. Aproximadamente a las 21:05 horas, cesaron los esfuerzos. Esa misma noche, comenzó “otra historia: de omisiones, secretos, ocultamientos e inculpaciones cruzadas”.
Juicio y Responsabilidades
A cinco años de su fallecimiento, el juicio por la muerte de Lissette Villa comenzó. El Ministerio Público formalizó a cuatro funcionarias del CREAD Galvarino. A Conne Fritz y Thiare Oyarce, quienes estaban a cargo ese día, se les acusa por apremios ilegítimos y la fiscalía pide siete años de cárcel. A Jéssica Figueroa, coordinadora de turno, y Mónica Monje, ex directora del CREAD Galvarino, se les acusa de no haber evitado la muerte de Lissette, solicitando 3 años y un día de presidio.
Según el Servicio Médico Legal, la menor murió por “asfixia por sofocación producto de compresión mecánica externa”. La jueza Patricia Brundl Riumalló leyó la acusación, señalando que las cuidadoras actuaron en “represalia” a supuestos actos de desorden de la niña. Se detalla que Thiare Oyarce habría reducido a Villa sujetando sus extremidades inferiores, y Conne Fritz, “quien la fecha de los hechos pesaba cerca de 90 kilos, se subió sobre la niña y con su cuerpo presionó fuertemente la espalda y tórax de Lissette contra el suelo”. Las cuidadoras continuaron estas acciones incluso cuando Lissette “les gritaba que la soltaran. Que se iba a portar bien, que se estaba ahogando y que quería orinar. No obstante, aún percatándose de la situación de sufrimiento de la niña, las acusadas no la soltaron, se mofaron y persistieron en su actuar durante varios minutos, conducta imprudente que las acusadas mantuvieron hasta que la niña dejó de moverse, falleciendo”.
La fiscal Erika Vargas detalló que la investigación identificó seis casos, incluyendo el de Lissette, donde niños sufrieron apremios ilegítimos entre 2015 y 2016 en el CREAD Galvarino, acusando a otros cuatro funcionarios: Luis Cerda, Luis Campodónico, Leonardo Lefián y Juan Arrué. Los apremios ilegítimos fueron aplicados por funcionarios en cumplimiento de su función pública.
Fallo histórico según Fiscalía: Tribunal declaró culpable a cuidadoras de Lissette Villa
La Crisis del SENAME: Cifras y Testimonios
Los "niños invisibles"
Han pasado ocho meses desde los hechos, pero la muerte de Lissette Villa sigue siendo noticia en Chile. Los datos que han aparecido desde entonces son demoledores: Solange Huerta, quien asumió la dirección del Sename en plena crisis, reveló que entre 2005 y 2016, murieron 865 niños y adolescentes atendidos por el servicio. De ellos, 249 correspondían a adolescentes mayores de 14 años que habían infringido la ley; 406 eran niños bajo custodia de sus padres en programas ambulatorios; pero el grupo más impactante es el de los 210 menores que, como Lissette, vivían en recintos de protección. De estos, más de la mitad presentaba alguna discapacidad y cerca de un tercio tenía menos de seis años. Para 47 de ellos, la causa de muerte no es concluyente.
Sebastián Lafaurie, abogado de la madre de Lissette, afirma que “el caso de Lissette ha ayudado a abrir la caja de pandora. A través de su muerte se logró una investigación del Ministerio Público a todos los centros del país (cerca de 260) y se han podido descubrir las fallas y negligencias que tiene el sistema”. Añade: “Hoy sabemos que hay cientos de niños que murieron, pero no se denunciaban sus muertes. Quedaban ahí en el olvido, porque son niños que no le importan a nadie”.
La propia presidenta Michelle Bachelet se refirió a estos niños como “invisibles”, anunciando una inyección adicional de 3.7 millones de dólares en el presupuesto de 2016 y el despacho de dos proyectos de ley para reformar la institucionalidad a cargo de la infancia. Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y ha desarrollado políticas valiosas, pero Anuar Quesille, oficial de protección de Unicef Chile, señala que el Estado “se olvidó de los niños que son los más desfavorecidos en Chile: los que han sido víctima de alguna vulneración en sus derechos y que están al cuidado del Estado. Pareciera que esa es la gran raigambre olvidada de la infancia en Chile”. Por falta de recursos y marginalidad, estos niños no acceden a todos los beneficios de salud, educación y apoyo que la ley les otorga.
Historias Estremecedoras y Negligencia Sistemática
Con el destape de la crisis, los medios publicaron historias estremecedoras: la de Jean Alejandro, alejado de su madre a los 39 días de vida y muerto al año por neumonía aguda debido a negligencia. Adolescentes que huyen de los hogares y prefieren vivir en un eriazo insalubre. Denuncias de golpizas, abusos sexuales, violaciones y prostitución dentro de los centros. Muchos fallecidos se suicidaron. “Aquí hay una muerte real, que es la de estos cientos de niños, pero también hay una muerte simbólica en la invisibilización de ellos”, dice María José Ortúzar, psicóloga y mediadora familiar.
Ortúzar hace un balance crítico: “Hemos sabido por la prensa sobre algunos casos en que niños que presentan agitaciones psicomotoras, han sido amarrados a la cama como medida de contención, aún existiendo tratamientos farmacológicos para tratar esas agitaciones”. Afirma que la estructura fracasó por recursos insuficientes, escasez de cuidadores no capacitados, bajas remuneraciones y la ausencia de psiquiatras. “Hoy, en vez de reparar el daño que se les ha hecho a los niños, el Sename los vuelve a vulnerar”.
Funcionamiento precario de los CREAD
La ex directora del CREAD Galvarino describió la precariedad y el trabajo solitario en estos centros. Toda orientación técnica proviene de la dirección nacional del SENAME, específicamente del Departamento de Protección y Restitución de Derechos (Deprode), que elabora protocolos y orientaciones. Sin embargo, este departamento es “un ente cerrado e impermeable a las sugerencias que se elaboran desde los equipos técnicos y profesionales de los centros”.
En 2010, por temas administrativos y económicos, los Centros de Tránsito y Diagnóstico (CTD) pasaron a denominarse Centros de Reparación Especializado de Administración Directa (CREAD). El aumento de “plazas” de niños a atender, sin un incremento proporcional de funcionarios y sin un plan de capacitación coherente con el nuevo modelo “reparatorio”, generó hacinamiento. Los CREAD recibían niños con trastornos autistas Asperger, dificultades motoras y enfermedades crónicas, sumado a sus historias de abandono y vulneración, requiriendo tratamientos altamente especializados. A pesar de esto, no contaban con las mínimas condiciones de atención de salud: la solicitud de un pediatra en febrero de 2016 no tuvo respuesta al momento de la muerte de Lissette, y las enfermeras, contratadas a honorarios, no estaban disponibles después de las 18:00 ni los fines de semana.
El Caso de "K": Negligencia Médica Agravada
El 14 de junio de 2019, una joven de 16 años identificada como "K", a cargo de un organismo colaborador del Sename, murió cuatro horas después de ingerir más de 100 píldoras de medicamentos. Su vida estuvo marcada por la violencia intrafamiliar, la adicción de su madre y el abandono. Desde muy pequeña, se hizo cargo de su hermana menor, "E", desarrollando un vínculo maternal. Tras separarse de su hermana, "K" entró en una depresión severa y tuvo al menos cuatro intentos de suicidio entre mayo y diciembre de 2018.
Un día antes de su muerte, un encuentro sorpresivo con su madre biológica en condiciones deplorables la desestabilizó. Esa noche, rompió un vidrio de la sala de medicamentos e ingirió frenéticamente clorfenamina, aradix, domperidona, ibuprofeno y alcohol etílico. Tras su ingreso al hospital de Molina, el doctor Oscar Castro, pese a las súplicas de las cuidadoras, las cicatrices de intentos de suicidio previos y las cajas vacías de medicamentos, decidió categorizar a la paciente como C3 (mediana complejidad), dudando de su estado crítico. “El médico insiste que ella fingió, pero la enfermera le dijo que por favor le hicieran un lavado de estómago, que estaba mal, que estaba con malos signos vitales”, recordó Pincheira, abogado de la familia. Fue atendida pasada la medianoche, 53 minutos después de su ingreso, ya en estado de inconsciencia y convulsionando. Finalmente, falleció en el Hospital de Curicó.
El hermano mayor de "K", Mauricio, busca que no vuelva a pasar. “Yo busco que no vuelva a pasar. Cuando se murió la ‘K’ yo no sabía qué hacer. Tuve que mantener los pies a tierra, me aconsejaron y yo también empecé a pensar en las niñas de la residencias y futuras niñas que también les pueda pasar lo mismo”. Hoy, Mauricio tiene la tutela de "E" y lucha para que ella no atraviese por lo mismo.
Los abogados Juan Cesar Kehr y Omar Abuid representan jurídicamente a los hermanos de "K", siendo querellantes en la causa penal por el delito de homicidio simple contra el doctor Oscar Castro. Además, incorporaron una agravante por la Ley Zamudio, destacando el "grupo social" de especial vulnerabilidad al que pertenecía "K".
Reformas y el Camino hacia la Verdad y la Justicia
Sergio Micco, director del Instituto de Derechos Humanos, valoró el inicio del juicio por el caso Lissette Villa, reconociendo que dejó en evidencia la “brutal realidad” en los centros del Sename. Destacó avances como la separación del área de protección de niños del área de responsabilidad penal adolescente, y el reemplazo gradual de los CREAD por residencias familiares. Sin embargo, enfatizó la necesidad de seguir avanzando en la reparación y en garantizar la no repetición.
Para los expertos, la solución va más allá de procesar a unos pocos funcionarios. Mónica Monje, ex directora del CREAD Galvarino, lamentó que todo el “mal” del Sename se centró en cinco o seis funcionarios inculpados, dejando sin interpelar a los verdaderos responsables de departamentos técnicos, encargados de salud, supervisores, jueces de familia y parlamentarios que deciden presupuestos sin conocer la realidad de las residencias.
Anuar Quesille de Unicef Chile subraya que “el Estado tiene que seguir trabajando para que los niños no sean privados de libertad por infringir la ley ni vulnerados en sus derechos. Eso se logra con políticas de prevención del delito, prevención de violencia y maltrato, y programas de fortalecimiento familiar”. Agrega que los hogares deben ser pequeños, de alto estándar, con profesionales capacitados. María José Ortúzar no pierde la esperanza: “Desde siempre ha habido un problema con la infancia en Chile. Es algo que ha estado subterráneo hace muchos años. Hoy por primera vez es un tema que sale a la luz pública y que ha estado meses en la palestra. El tema se abrió”.
En noviembre de 2019, el CREAD Galvarino fue cerrado y sus menores trasladados a otros hogares. Sin embargo, la capacidad del Servicio para sancionar administrativamente a los organismos colaboradores del ámbito privado sigue siendo limitada, ya que la ley solo faculta sumarios a funcionarios públicos. El programa gubernamental "Mi abogado", nacido en 2017, busca ofrecer apoyo legal a cerca de 10.000 niños, combatiendo la discriminación del sistema público de salud hacia los menores dependientes de la red Sename.