La situación de los niños y niñas bajo la protección del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha sido objeto de profunda preocupación y extensas denuncias. Desde las conmovedoras cartas escritas por los propios jóvenes hasta la renuncia de comisiones presidenciales y la revelación de impactantes casos de abuso y negligencia, el sistema ha evidenciado fallas estructurales que claman por una transformación urgente.
Voces desde el Internamiento: "Cartas de Adentro"
Un revelador libro titulado "Cartas de Adentro" recopila 35 fragmentos que abordan las vidas de adolescentes privados de libertad. Estos escritos fueron creados por los jóvenes durante un taller literario en el centro de internación dependiente del SENAME en Limache. La presentación de este libro, que incluía una dramatización de 12 de estas historias, estaba programada inicialmente para el mes de julio, pero fue aplazada por el propio director regional del SENAME, Esteban Elórtegui. Tras conocer el contenido de las cartas, Elórtegui señaló que era necesario acceder a ellas para poner las respectivas denuncias.
Crisis Institucional y Denuncias de Abusos
La crítica situación del SENAME ha escalado hasta instancias políticas de alto nivel, evidenciando un sistema que no ha logrado garantizar la protección de los derechos de la infancia.
La Renuncia de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez
El sábado 2 de mayo, cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez anunciaron su renuncia colectiva. Esta instancia fue anunciada por el expresidente Gabriel Boric en 2024 con la promesa de establecer una “verdad histórica” en relación a los menores que han sido víctimas de vulneraciones bajo el cuidado del Estado, a través del SENAME entre los años 1979 y 2024. Según el anuncio del gobierno pasado, el trabajo de la comisión sería una base para proponer mecanismos de reparación para los menores vulnerados.
Las desavenencias y reproches al funcionamiento actual de la comisión terminaron con la renuncia de su presidenta, Soledad Larraín, y los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner. En conversación con La Tercera, Estela Ortiz, exvicepresidenta Ejecutiva de la Junji, advirtió que no es totalmente claro que el Ejecutivo mantenga el compromiso con las víctimas. La determinación de renunciar fue un proceso, con propuestas entregadas a las autoridades del Ministerio que no fueron aceptadas. Se planteó traspasar la comisión a la dependencia de la subsecretaría de Niñez, lo que implicaba demasiado retraso. Aunque el subsecretario estuvo de acuerdo en un punto, a varios otros no se les respondió. Una carta posterior planteó la necesidad de saber responsablemente si se pretendía seguir cumpliendo el mandato de la comisión cabalmente. Los comisionados entendían que se pudieran querer cambios o reemplazos, y sus cargos estaban a disposición, pero se les aseguró que no habría cambios. Sin embargo, comenzaron a incidir en el personal y en la autonomía de la comisión, haciéndola insostenible. El punto de inflexión fue el intento de cambiar a los profesionales que ejecutaban las labores, incluyendo el despido del 50% de la gente que realizaba las escuchas y las duplas psicosociales, quienes tenían capacitación y un perfil determinado. Esto ocurrió después de que la comisión estableciera mecanismos novedosos para escuchar a las personas vulneradas, cumpliendo con todos los estándares. Por otro lado, otros organismos llamados a aportar antecedentes, como Educación, Salud y Desarrollo Social, nunca enviaron información. Además, se sacó a la persona de archivo sin razón alguna.
Desde el gobierno se ha manifestado la intención de reformular esta comisión. Estela Ortiz señaló que el problema de la vulneración de derechos en Chile es un problema de Estado, que viene desde la República y los primeros hogares de beneficencia, generando un sistema de maltrato y uso del poder que ha sido terrible. A lo largo de casi 50 años, se ha generado un sistema de vulneración de derechos de los niños bajo protección, lo cual requiere una inversión de recursos para quebrar definitivamente esta situación. Ante la pregunta de si se terminará invisibilizando aún más a niños y niñas, Ortiz expresó que espera que no, pero que hasta el momento no se han dado otras señales, sugiriendo que la forma en que se mira el problema es economicista. Aunque la comisión entregó una propuesta para reducir el presupuesto en un 8%, esta no fue considerada. El compromiso con la niñez debe implicar una escucha adecuada como el primer acto de reparación para las personas que se atrevieron a hablar, algo que no se observa en las nuevas autoridades. Ortiz lamentó que se prioricen los temas administrativos sobre la infancia y que el gobierno haya puesto en riesgo el sentido profundo de la comisión.
Casos Emblemáticos de Violencia y Negligencia en SENAME
La tragedia de los niños bajo la tutela del SENAME se ha manifestado en numerosos casos de fallecimientos, abusos y maltratos que han conmocionado al país y expuesto la crudeza del sistema.
El Caso de Lissette Villa
Lissette Villa, una niña de once años de edad, murió el 11 de abril de 2016 producto de malos tratos sufridos en un centro del SENAME. Este asesinato evidenció la serie de abusos y violencia que padecían miles de niños y niñas al interior de diversos recintos dependientes del Estado. La muerte de Lissette, cuya causa inicial fue clasificada como "indeterminada", detonó una crisis nacional. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros del SENAME, ya que desde los 5 años la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo. Las evaluaciones del SENAME incluían maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. A pesar de todo, Lissette no dejaba de escribir cartas a su madre pidiéndole volver a casa, expresando: "Ya luego quiero salir de este SENAME, porfa, porque tengo mucha pena. Aquí me falta un pedacito de mi corazón y eres tú, mamá".
En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y "pataletas". El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, las cuidadoras confundieron una crisis que vivía Lissette con otra de sus "pataletas". Según el testimonio de una cuidadora, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose al intentar levantarla. La cuidadora admitió que "lo que no es normal pasa a ser normal" y que por eso no se le tomó el peso a la situación. Ni ella ni su compañera, a cargo de 20 niñas, tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Cuando se percataron de la gravedad de la crisis, intentaron reanimarla y buscaron ayuda, pero Lissette ya había fallecido. No se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
El Trágico Fin de Guillermina
Otro caso que ilustra las falencias del sistema es el de Guillermina, de 16 años, quien llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del SENAME a las 04:19 de la mañana, traída por un policía. Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió violentamente al reingreso. Tras lograr calmarla, la acostaron en la parte baja de un camarote. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. Guillermina tenía un historial de intentos de suicidio, consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente cuyo bebé fue dado en adopción. Sin embargo, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o realizarle un chequeo completo, contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables. La querella no prosperó, y su muerte en agosto de 2012 fue registrada como un "egreso" más del sistema. Este caso, según María Estela Ortiz, es parte de un sistema que está "en estado terminal".
Denuncias de Abusos y Explotación Sexual en Residencias
La sombra del SENAME siguió avanzando con nuevas denuncias. Hace más de un mes, se difundieron acusaciones de abusos y explotación sexual infantil contra la Directora de una residencia del SENAME en Hualpén. En plena pandemia, la Defensoría de la Niñez hizo pública una querella por violación, abuso sexual agravado y explotación sexual infantil contra Evelyn Oñate Caamaño, directora del hogar de menores “Nido Concepción”, ubicado en la comuna de Hualpén. En este hecho, una niña de 8 años y su hermano de 6 habrían sufrido violencia sexual y torturas por parte de supuestos “donantes” a cambio de “aportes monetarios”. La principal responsable de estos hechos, según la querella, es psicóloga, lo que interpela no solo humanamente, sino profesionalmente. Madres de niños ingresados al hogar han acusado la desaparición de sus hijos e hijas, impidiéndoles visitarlos y negándoles información, incluso sin existir antecedentes en el Registro Civil. Estos hechos profundizan la crisis de la institucionalidad de la infancia y demuestran la urgente necesidad de transformación.
Las Inconsistencias en las Cifras Oficiales
Uno de los problemas más graves es el caos estadístico: no hay claridad sobre el número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", ignorando a los niños infractores de ley. Un análisis de BBC Mundo de los anuarios oficiales del SENAME de 2010 a 2014, sumando las cifras, arroja 395 fallecimientos. No obstante, las cifras oficiales no son confiables ni siquiera para quienes las publican. El diputado René Saffirio, miembro de la comisión investigadora del SENAME, señaló que el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, "ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". La entonces directora del SENAME, Solange Huerta, no estuvo disponible para entrevistas sobre estas cifras, y expertos como Francisco Estrada, exdirector del SENAME, afirman no tener "ninguna confianza en las cifras", sugiriendo que la información podría estar replicada.
Fallas Sistémicas y sus Consecuencias
Más allá de los números exactos, las investigaciones han puesto en evidencia un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin capacitación adecuada y con quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia.
Falta de Protocolos y Capacitación del Personal
La institución carece de protocolos y normas de primer nivel. No existe un sistema de acreditación ni normativas con altos estándares para todos los centros por igual. El personal, como en el caso de Lissette, a menudo no tiene conocimientos en primeros auxilios ni estudios superiores o técnicos. La falta de preparación y la normalización de situaciones críticas contribuyen a desenlaces trágicos.
La Problemática de la Sobremedicación
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, expresó su "impresión clínica" de que Lissette estaba sobremedicada. Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) en dosis altas que actuaba como antipsicótico, y estuvo expuesta a antidepresivos por años, a pesar de que la mayoría no tienen efecto demostrado en niños. La sertralina, otro fármaco que tomaba Lissette, puede generar efectos adversos como agresividad e irritabilidad en menores. Francisco Estrada, abogado experto en infancia, asegura que la "poca prolijidad" en la manipulación de medicamentos en los centros es "generalizada", con problemas graves de dosificación y stock accesible a cualquier persona. El senador Alejandro Navarro destacó que el 63% de los niños bajo el sistema están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 sin la debida atención médica especializada.
Deficiencias en el Apoyo Psiquiátrico y Jurídico
La carencia de psiquiatras infantojuveniles es un problema crítico. Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero no cuenta con camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. La mayoría de los pocos especialistas prefieren trabajar en el sector privado, dejando regiones enteras sin cobertura. Además, los niños vulnerados que llegan a los tribunales de familia para ser protegidos, a menudo son vistos por abogados muy jóvenes para quienes el niño es más un "trámite burocrático que un sujeto de derecho", a diferencia de los menores infractores de ley que cuentan con "muy buenos defensores".
Estigmatización de la Pobreza y Fallo Judicial
Estela Ortiz cuestionó la ausencia de niños de niveles socioeconómicos altos en las instituciones del SENAME, a pesar de que el abuso sexual y la violencia son transversales, sugiriendo una "estigmatización de la pobreza". La Corte Suprema ha manifestado su preocupación por la ineficacia del sistema proteccional del SENAME, dada la reducción y cierre progresivo de programas ambulatorios y residencias. Un ejemplo es el Hogar de Cristo, que en seis años cerró 58 programas, dejando de atender a 7.700 niños, y Aldeas Infantiles SOS, que cerró siete programas, afectando a 2.550 niños. Esto genera que la Corte Suprema cuestione la efectividad de sus propias resoluciones en el ámbito proteccional cuando no hay una oferta programática suficiente.
Propuestas y Llamados a la Acción
Frente a esta crítica realidad, diversas voces han levantado propuestas y llamados urgentes a la acción, reconociendo que el problema no solo es del servicio, sino de la sociedad en su conjunto.
Iniciativas para una Transformación Urgente
Francisco Estrada propone una solución definitiva basada en tres pilares:
- Unidades polivalentes: Con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que trabaje también con las familias, sin aislarlas.
- Reunificación familiar: Que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza", y la solución no es quitárselos, sino romper el círculo vicioso.
- Defensa jurídica adecuada: Que vele para que todos los actores del proceso hagan su trabajo, especialmente para los menores vulnerados.
La Corporación Sofini (“Nuestros Hijos”) propuso una intervención inmediata del SENAME por parte de una Comisión Interministerial de alto nivel técnico y profesional, que incluya a representantes de los Ministerios de Salud, Educación, Desarrollo Social y la Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas. Para implementar estas acciones, se requerirían equipos profesionales con experiencia y supervisión técnica: alrededor de 750 asistentes sociales, 750 psicólogos, 325 psiquiatras/neurólogos, además de abogados y educadores. Con este contingente, se podría atender a un promedio de 20 niños y sus familias por cada dupla de psicólogo y asistente social, y 40 niños/niñas y sus familias por cada neurólogo/psiquiatra. Esta propuesta implicaría una inversión aproximada de 200 millones de dólares por año, en un plan de evaluación diagnóstica, diseño de rescate y seguimiento de casos que debería extenderse por al menos tres años. Los 600 millones de dólares necesarios para este plan de rescate de 15 mil niños, que permanecen en condiciones precarias, equivalen a lo que se invertiría en la construcción del puente sobre el Canal de Chacao.
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia, encabezado por Estela Ortiz, planteó cerrar el SENAME y realizar una transición a un nuevo servicio, con la esperanza de "dejarlo instalado" antes de 2019. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".
La Voz de la Sociedad Civil y Profesionales
Existe un clamor social por justicia y por un cambio profundo. Madres de víctimas han expresado su frustración y dolor ante un sistema judicial que no las respalda. La sociedad civil y profesionales de la salud mental infanto-juvenil enfatizan la urgencia de:
- Creer en los niños y niñas.
- Eliminar la prescripción de casos de abuso sexual.
- Exigir responsabilidad a las autoridades políticas por el abandono de deberes.
- Cumplir los acuerdos y tratados internacionales sobre los derechos del niño.
El Colectivo Notros, un grupo de psicólogos sociales y comunitarios, ha interpelado a las instituciones formadoras de psicólogos y a sus colegas a cuestionar aspectos éticos y la formación profesional. Consideran urgente incorporar una formación en derechos humanos en los currículos de las ciencias sociales, siguiendo la premisa de Ignacio Martín Baró de que el saber psicológico debe ponerse al servicio de una sociedad donde el bienestar no se asiente sobre el malestar de otros. Más que nunca, se necesitan profesionales a la altura de las circunstancias, comprometidos con la protección de los derechos humanos y dispuestos a estar al servicio de las necesidades de las comunidades. La movilización por la infancia es una tarea de "reconstruir para nuestros niños, adolescentes, jóvenes y familias un país decente, sano y justo".
El Rol del Estado y la Responsabilidad Social
La situación de los niños del SENAME es un "problema de Estado" y un desafío para toda la sociedad. Estela Ortiz destacó que durante 25 años, el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial y la sociedad en su conjunto "no se han hecho cargo de los niños", especialmente de los "más pobres de los pobres", que "no marchan, no votan, no exigen". La vergüenza y la indignación se sienten ante la inacción de organismos como Unicef, ACHNU, políticos, la justicia, y agrupaciones sindicales del propio SENAME. "No hay riqueza más sagrada de la humanidad que nuestros niños y niñas. No hay mayor responsabilidad de la humanidad que el asegurar que sus derechos sean respetados, que su bienestar sea protegido y que sus vidas sean libres de miedo y necesidades insatisfechas y crezcan en paz" (Kofi A. Annan, 2000). Es fundamental que los legisladores comprendan su responsabilidad en mantener a los niños en un sistema de "des-protección impresentable", en lugar de uno de protección al que tienen derecho.
La historia de la infancia vulnerada en Chile, con miles de niños que han sufrido abusos, negligencia y en algunos casos la muerte bajo custodia del Estado, exige una reacción inmediata y profunda. "Los niños juzgarán en el futuro, hoy no tienen ni voz, ni voto."