El sistema de pensiones en Chile ha sido objeto de un intenso debate y movilización social, especialmente a partir de la primera gran marcha del movimiento “No+AFP” el 24 de julio de 2016. Este evento marcó un hito en la historia de las protestas sociales en el país, congregando a miles de personas desde Arica hasta Punta Arenas, con una asistencia estimada de 750 mil participantes.
El movimiento exigía la implementación de un sistema de reparto, solidario, tripartito y administrado por el Estado, en contraposición al modelo de capitalización individual gestionado por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP).
Orígenes y Consolidación del Movimiento No+AFP (2016-2018)
Las movilizaciones continuaron en los meses siguientes a la primera marcha, dando inicio a lo que se denominó la “segunda fase” del movimiento, orientada a debilitar a las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). En este contexto, el vocero de No+AFP, Luis Mesina, instó a los asistentes a cambiarse masivamente al multifondo E.
La entonces presidenta Michelle Bachelet se vio en la necesidad de desestimar la posibilidad de retornar a un sistema de reparto y anunció un proyecto de reforma previsional para 2017, el cual finalmente no se materializó. Al asumir la presidencia en 2018, Sebastián Piñera se enfrentó a una ciudadanía cuya opinión sobre las AFP no había variado significativamente. En diciembre de ese año, un estudio de Criteria reveló que el 81% de los encuestados se mostraba “muy de acuerdo” o “de acuerdo” con la idea de que el sistema de pensiones debía ser completamente estatal.
El movimiento No+AFP gozaba de una amplia legitimidad ciudadana, con un 80% de aprobación. Un estudio de Criteria, titulado “Sistema previsional y subjetividades: del `No+AFP` a `#Conmiplatano´”, analizó el cambio en la percepción ciudadana respecto a las AFP y las expectativas sobre el sistema previsional. Dicho estudio concluyó que los resultados de aprobación al movimiento eran inversamente proporcionales a la imagen negativa de las administradoras privadas. En los sondeos de la época, las AFP no solo eran mal evaluadas, sino que también se les señalaba como las principales responsables de la precaria situación de las pensiones en Chile, opinión compartida por el 63% de los encuestados. El estudio también destacaba que, ya en 2018, un número considerable de personas consideraba que eliminarlas sería una buena opción para mejorar las pensiones.
Cristián Valdivieso, director y fundador de Criteria, explicó que la consolidación del movimiento No+AFP en 2016 se debió a que comenzaron a jubilar las primeras generaciones de trabajadores que habían cotizado la totalidad de su vida laboral bajo el sistema de AFP, pero cuyos montos de pensión no cumplieron las expectativas mínimas. Según Valdivieso, el movimiento logró atribuir toda la responsabilidad de las malas pensiones a las AFP, simplificando la solución a la idea de que “terminando con las AFP se arregla el problema de las pensiones”. En este escenario, la ciudadanía apoyaba la idea de un sistema estatal o de reparto, sin tener necesariamente una comprensión profunda de sus mecanismos, pero impulsada por la indignación hacia las AFP.
El Viraje en la Percepción Ciudadana (2021-2022)
Casi seis años después de la primera marcha masiva contra las AFP, el panorama ha experimentado un cambio significativo. Un sondeo de Criteria realizado en octubre de 2021 sobre la propuesta de cotización adicional para la reforma previsional mostró que el 54% de los encuestados prefería tener la opción de elegir entre un administrador estatal o una AFP. Un 36% se inclinaba por una institución estatal, y solo un 10% deseaba que la administración recayera en las AFP. Para abril de 2022, la preferencia por elegir entre ente estatal y AFP aumentó al 61%, mientras que la opción de una institución estatal disminuyó al 26%, y la administración por parte de las AFP subió al 13%.
Según Valdivieso, varios hitos influyeron en esta modificación de la percepción ciudadana entre 2016 y 2021:
Proceso Constituyente de Bachelet y el Debate Previsional
El primer punto de inflexión fue el proceso constituyente iniciado por la expresidenta Bachelet, que incluyó cabildos ciudadanos y conversaciones, permitiendo a la ciudadanía comprender la complejidad del debate previsional, que iba más allá de la simple eliminación de las AFP. Se comenzó a priorizar el resultado (buenas pensiones) sobre el método (tipo de sistema). Además, surgió la noción de que el problema de las AFP no era su existencia, sino su monopolio en la administración de los fondos. El estudio de Criteria también identificó atributos valorados por la ciudadanía en el sistema actual, como la libertad de elegir, la propiedad privada y el esfuerzo individual, complejizando la discusión y enfocándola en cómo mejorar las pensiones en general.
Los Retiros de Fondos Previsionales
El segundo gran punto de inflexión fueron los retiros de fondos previsionales. A pesar de que algunos parlamentarios apoyaban estos retiros con consignas de “No+AFP”, el efecto de estas medidas reforzó la idea de que los fondos previsionales representaban un ahorro personal y que la gente deseaba tener propiedad sobre él. Valdivieso argumenta que esto demostró la existencia y tangibilidad de dicho ahorro, destinado a la pensión. El estudio de Criteria destacó que la propiedad privada es un principio fundamental en la cultura chilena, reflejado en la preferencia por cuentas individuales donde se administren los ahorros, especialmente en lo referente a la heredabilidad de los fondos, con una abrumadora mayoría inclinada a favor de que estos sean privados y heredables.
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El Segundo Proceso Constituyente y la Iniciativa "Con mi Plata No"
El tercer hito crucial fue el proceso constituyente que siguió a los retiros de fondos. La iniciativa popular de norma “Con mi plata no” se convirtió en la más votada ante la Convención Constitucional, superando las 100 mil firmas. Esta propuesta buscaba asegurar una Pensión Básica Universal, garantizar la propiedad y heredabilidad de los fondos, el derecho a elegir al administrador de los fondos y la equidad de género. En contraste, la iniciativa de la coordinadora NO+AFP, que proponía acabar con las AFP y establecer una gestión pública, obtuvo 24.110 apoyos. La preferencia ciudadana se reflejó en las encuestas: en 2021, el 68% prefería la libertad de elección entre el Estado y administradoras privadas, frente a un 27% que deseaba que las pensiones fueran administradas por el Estado y un 5% por administradoras privadas.
La situación dio un giro cuando la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional rechazó la iniciativa “Con mi plata no” y aprobó la propuesta de No+AFP. Este desenlace generó una fuerte reacción en la ciudadanía, que interpretó que sus fondos previsionales y su esfuerzo individual podían perderse o ser absorbidos por el Estado sin control. Las encuestas y estudios de opinión posteriores mostraron un aumento en la distancia de las personas con respecto a un sistema exclusivamente estatal y un fortalecimiento de la relevancia de la libertad de elección, la capitalización individual y el rendimiento de los esfuerzos en cuentas individuales.
Estos tres puntos, según Valdivieso, generaron la inquietud ciudadana por un sistema previsional que no estuviera articulado únicamente en torno al Estado o a los privados. A esto se sumó un cambio de posición y estrategia por parte de las AFP como actor gremial.
Acuerdo Previsional y la Continuidad de las AFP
A pesar de la demanda ciudadana por un sistema más solidario y público, el gobierno de Gabriel Boric, en coalición con el Frente Amplio, el Partido Comunista y el Socialismo Democrático, alcanzó un acuerdo con la derecha tradicional para avanzar en una reforma previsional. Este acuerdo mantiene elementos del sistema de capitalización individual, incrementa la Pensión Garantizada Universal (PGU) de $214.000 a $250.000 pesos, y establece que los empleadores contribuyan con un 8.5% al sistema de pensiones. Además, se introduce un beneficio por tiempo cotizado y se ratifica la existencia y el rol de las AFP como únicas administradoras de los fondos de pensiones, fortaleciendo su posición.
Las AFP han jugado un papel activo en el debate, buscando mantener su participación y presionando para evitar cambios que afecten su modelo de negocio, como la eliminación de comisiones o la creación de entidades públicas de gestión. El sector empresarial, incluyendo bancos y entidades de inversión, ha mostrado un interés directo en las reformas previsionales debido al impacto de los fondos de pensiones en las inversiones y la economía nacional, abogando por reformas que promuevan el ahorro y la inversión privada. Este sector empresarial celebró el acuerdo alcanzado.
La Lucha por un Sistema de Pensiones Diferente Persiste
A pesar de los acuerdos políticos, la influencia del movimiento social iniciado con el estallido social de 2019-2020 sigue vigente. Las demandas por un sistema público y solidario continúan siendo un eje central del debate, enfrentando la resistencia de sectores empresariales y políticos. Quienes abogan por la eliminación de las AFP sostienen que la PGU es solo un paliativo para un sistema fallido y que confiar en una “ley corta” ejecutiva, que ya ha tomado partido por las AFP, es una ilusión. Proponen retomar la movilización para conseguir un sistema tripartito, solidario, que asegure una pensión mínima equivalente a la canasta familiar y que las decisiones estén en manos de los trabajadores y usuarios.
Esta perspectiva, marcada por la lucha iniciada por el movimiento NO+AFP, se vio debilitada por la confianza depositada en el actual gobierno, pero es necesario retomarla. La Coordinadora No+AFP, a ocho años de su primera manifestación nacional, continúa proponiendo un modelo de reparto donde el ahorro previsional no dependa exclusivamente del trabajador, sino que cuente con el aporte del Estado. Desde enero de 2024, la reforma previsional se ha tramitado en la Cámara de Diputados, buscando crear un sistema mixto con aportes de trabajadores y del Estado, y modificando el decreto ley 3.500 para crear Administradores Previsionales e Inversores Privados de Pensiones.
Críticas al Sistema Actual y Argumentos para el Cambio
La Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP presenta una serie de argumentos clave para el cambio del sistema previsional chileno:
- Empeoramiento de Pensiones: Si se mantiene el sistema actual, la situación de las malas pensiones será aún peor en los próximos 10 o 15 años, incluso para quienes hayan cotizado gran parte de su vida laboral.
- Largo Plazo de Mejoras Inciertas: Los datos indican que, aunque se aumente la tasa de cotización o se suba la edad de jubilación, si existieran mejoras, estas podrían comenzar a verse en 30 o 35 años más, una promesa similar a la realizada en 1981 con la creación de las AFP.
- Ausencia de un Sistema de Seguridad Social Robusto: A diferencia de la mayoría de los países del mundo, Chile no tiene un Sistema de Pensiones basado en los principios de la Seguridad Social ni un Sistema Mixto que incorpore el Reparto en su pilar contributivo. El sistema chileno es una combinación de ahorro privado obligatorio (AFP) con asistencia social para los más pobres (Pilar Solidario).
- Disparidad entre Pensiones y Economía Nacional: Las pensiones pagadas por el sistema no guardan relación con el tamaño de la economía chilena. Las seis AFP que administran los fondos de pensiones manejan más de 185.000 millones de dólares, equivalentes al 72,8% del PIB chileno, más 50.000 millones adicionales en compañías de seguros.
- Foco en el Sistema Financiero, no en las Pensiones: El objetivo principal del Sistema de AFP es dinamizar el sistema financiero y capitalizar grandes grupos económicos, no pagar buenas pensiones. Reproduce un modelo económico extractivista, rentista, oligopólico y poco sustentable a largo plazo.
- Transferencia del Riesgo al Individuo: Ante el progresivo envejecimiento de la sociedad chilena, el sistema privado de AFP traspasa el riesgo y el problema a cada individuo (ahorre más, trabaje más, endeúdese más), obstaculizando una solución colectiva y de Estado.
- Dependencia Creciente del Subsidio Estatal: A pesar de ser un sistema privado, dependerá cada vez más de los subsidios del Estado para mejorar las exiguas pensiones, resultando excesivamente caro e ineficiente.
- Ilegitimidad Social: Es un sistema ilegítimo, rechazado por gran parte de la sociedad que no tuvo voz ni voto cuando fue creado en dictadura. Esto explica el gasto en publicidad de las AFP para generar confianza, recursos que provienen de las comisiones de los trabajadores.
La Coordinadora Nacional de Trabajadores NO + AFP propone un Sistema de Seguridad Social de reparto, público, financiado tripartitamente y solidario, donde los aportes de trabajadores activos, empleadores y el Estado paguen las pensiones de los pasivos, modelo que funciona en la mayoría de los países modernos (150 países tienen sistemas de reparto).
Se desmienten las afirmaciones de que los sistemas de reparto están quebrados, señalando que se basan en la especulación con ahorros. Cuando existen excedentes, se destinan a fondos de reserva o a “rentabilidad social”. Se aborda el argumento demográfico, indicando que la relación actual de 5 activos por un pasivo en Chile es favorable para un sistema de reparto, y solo en 35 años se requeriría un ajuste, siempre que las características demográficas se mantengan constantes. Se niega la intención de “expropiar” los ahorros individuales, afirmando que estos se traspasarían al nuevo sistema. Se refuta la idea de que los sistemas de reparto subsidian a quienes nunca han cotizado, señalando que la mayoría de los trabajadores gana menos de $400.000 mensuales y que más del 60% tiene menos de $60 millones en sus cuentas individuales, lo que resultará en pensiones inferiores a $300.000.
Sistemas de Pensiones en el Mundo: Ejemplos y Debates
Estados Unidos: Sostenibilidad en el Centro del Debate
El sistema previsional estadounidense se basa en un modelo mixto que combina seguridad social pública y planes privados. Actualmente, enfrenta un debate sobre su sostenibilidad, con planteamientos para reformar el Seguro Social, aunque sin cambios significativos recientes. Think tanks como la AARP y organizaciones financieras, junto a multimillonarios, juegan un rol clave en estas discusiones. El sistema se estructura en tres pilares: un seguro social público y de reparto (gestionado por la Social Security Administration - SSA), planes voluntarios de ahorro individual para la jubilación y planes de pensiones ofrecidos por las empresas. El seguro social, administrado por el Gobierno Federal, se financia mediante cotizaciones que cubren prestaciones de jubilación, viudez y discapacidad. Si bien las cotizaciones de trabajadores y empresas financian las prestaciones actuales bajo un sistema de reparto, el derecho a percibir una pensión se basa en créditos de elegibilidad acumulados por años trabajados. Se informa a los trabajadores que este sistema debe complementarse con otras formas de ahorro.
Argentina: Veto Presidencial y Protestas Sociales
El régimen de capitalización, vigente en Argentina entre 1993 y 2008 con las AFJP, consistía en la acumulación de ahorros previsionales en cuentas individuales gestionadas por administradoras privadas que invertían el dinero para generar intereses. Este sistema está actualmente vigente en países como Chile y Colombia. Desde 2008, Argentina opera con un régimen de reparto, donde los aportes de trabajadores en actividad y empresas financian las jubilaciones, complementados por fondos provenientes de impuestos y el Tesoro nacional.