La historia de Benjamín, un niño de tres años que murió tras una golpiza, es un sombrío recordatorio de las fallas en el sistema de protección de la infancia. La mayor parte de su vida la pasó internado en un hogar para niños abandonados, y solo estuvo tres meses con su madre antes de fallecer.
El Caso de Benjamín: Una Muerte Anunciada
La Violencia Doméstica
Benjamín murió en julio del año pasado tras recibir una golpiza de su madre, Andrea Contreras, de 26 años. Inicialmente, Contreras sostuvo que el niño había caído por la escalera de su casa, pero en mayo último confesó, acorralada por un informe de la Brigada de Homicidios.
Familiares y vecinos relataron a la policía la violencia constante que ejercía sobre el pequeño. Entre los actos de maltrato se incluyen:
- Meterlo vestido a la ducha fría cuando se orinaba en la cama.
- Cachetearlo con fuerza.
- Morderlo sin piedad, dejándole pequeñas cicatrices que formaban un círculo en su piel, como cuentas de un rosario, las mismas que el tanatólogo describió en la autopsia.
En ocasiones, otros miembros de la familia intentaban rescatar a Benjamín de estas palizas. Una hermana de Andrea contó ante la fiscalía que un día vio al niño con la boca hinchada.
El Día del Crimen
El padrastro del niño relató a la fiscalía los hechos del día del crimen: “Ese sábado me levanté a las 10. Fui a ver a Benjamín y me di cuenta que se había orinado, por lo que le dije despacio, “¡te measte, huevón!”. Él tomó la frazada y se escondió bajo ella. En ese momento llegó Andrea y comenzó a retarlo como siempre.
“Le grité que se bajara de la cama. Benjamín me miraba fijamente, no me decía nada. No lloraba. Ahí me vino la cosa. Todo se me juntó. Lo tomé con los dos brazos, lo levanté de la cama y lo zamarreé muy fuerte, más que otras veces. Y como estaba cerca de la muralla de ladrillo, se azotó la cabeza contra el muro, súper fuerte.”
Cuando el padrastro regresó, ya era tarde: “Lo encontré con los ojos abiertos. Le dije, ‘qué pasó papito, ¿se hizo pipí?’. Pero no me respondió. Le tomé las manos para sentarlo, pero se desvanecía. Lo tomé en brazos y lo bajé.”
Investigación y Responsabilidades
La autopsia y los testimonios recabados por la Brigada de Homicidios de la PDI revelaron que Benjamín fue torturado durante sus últimos tres meses de vida, coincidiendo exactamente con el tiempo que vivió con su madre después de salir del hogar de menores.
Durante este período, la familia de Benjamín presenció y escuchó sus llantos, pero no intervino. Más grave aún es que los organismos encargados de velar por la integridad de Benjamín y sus hermanos no percibieron la violencia y el peligro, a pesar de las huellas externas.
Una mayor responsabilidad recae en los profesionales de la Corporación Chasqui, quienes, según los informes, visitaban a la familia y debían enseñarle a Andrea “habilidades parentales”. Las indagaciones realizadas por CIPER en la fiscalía indican que, según la normativa vigente, no existen antecedentes para imputar responsabilidad penal a la institución encargada del proceso de reeducación de los padres. El Sename tampoco ha sancionado a nadie por este crimen, y su director, Francisco Estrada, considera que no sería justo hacerlo.
El Sistema de Protección y Sus Grietas
Deficiencias en la Calificación del Personal
Estrada señaló que “quedó en evidencia que la persona encargada de evaluar y trabajar con la familia de Benjamín, no tenía los conocimientos necesarios. Por ejemplo, hablaba de ‘apego’ sin saber qué era eso ni cómo se fortalecía.” El problema radica en que el Sename paga a organismos como Chasqui, alrededor de $40 mil mensuales por niño atendido en este tipo de programas, un monto insuficiente para contratar personal calificado y con postgrados, lo que obliga a las instituciones a contratar a recién egresados.
El Caso de G.: Una Lucha por la Vida
La historia de G., una adolescente de 14 años, es otro ejemplo de las fallas del sistema. G. ha intentado suicidarse en múltiples ocasiones, ingiriendo veneno para ratas y cortándose las venas. Cada vez que puede, huye de los hogares donde ha sido internada, buscando refugio en la calle, donde consume drogas y tiene sexo con desconocidos.
A los 11 años, G. sufrió una hepatitis fulminante que inutilizó su hígado, y desde entonces ha recibido tres trasplantes. A pesar de esto, no toma sus medicamentos ni sigue la dieta especial, lo que ha llevado a su doctora a afirmar que no resistirá otro trasplante. Su biografía, marcada por el abandono materno y el abuso por parte de un pariente, refleja la realidad de muchos niños desprotegidos.
El abandono Infantil y sus consecuencias | Plan Médico
El Deambular de G.
Después de su tercer trasplante de hígado en septiembre de 2008, G. fue dada de alta en abril del año siguiente y enviada a casa de una guardadora que la conocía. A pesar de que la mujer no quería recibirla, debido a que G. había atacado a su hijo, la adolescente igual desembarcó en su casa. Poco después, G. volvió a la calle. Como era previsible, en octubre de 2009 tuvo que regresar al hospital. Tras recuperarse, el tribunal le buscó un cupo en otra institución, siendo enviada a un Centro de Tránsito y Diagnóstico (CTD) del Sename.
Sin embargo, G. volvió a huir, lo que llevó a la jueza encargada de su custodia a emitir una orden de búsqueda. G. fue encontrada y llevada de regreso al CTD, pero se escapó nuevamente, repitiéndose el ciclo de órdenes de búsqueda, captura e internación, siempre culminando en una huida. En cada escape, G. consumía drogas e incluso cloro, con el deseo de “borrarse”. Cada vez que ha regresado ante la jueza, G. solo expresa su deseo de morir.
La jueza y los especialistas que han tratado a G. saben que necesita urgentemente un centro psiquiátrico donde pueda tratar su depresión y recibir atención para su hígado. Sin embargo, no existe un centro de estas características en el sistema público.
Cambios en el Perfil de los Niños Internados
La crisis en el sistema de protección infantil no es una prioridad en la agenda pública, a pesar de las graves consecuencias para miles de niños. Antiguamente, la mayoría de los menores internados no habían sufrido maltrato, siendo la pobreza familiar la principal causa de ingreso. Gracias a la Convención de los Derechos del Niño, a la que Chile adhirió hace 20 años, se buscó solucionar la pobreza de otra forma, lo que llevó al cierre de muchos hogares por falta de niños.
Entre diciembre de 2007 y diciembre de 2009, cerraron unos 60 hogares (el 15% de los centros del Sename). En lo que va de 2010, otros 12 centros cerraron, tres de ellos clausurados por el Estado debido a violencia interna o incumplimientos. Hoy, más del 70% de los 11 mil niños y niñas en los hogares ingresan por algún grado de maltrato familiar. El rostro y ritmo de estos hogares ha cambiado, poblándose de menores con problemas más complejos: chicos que han vivido en la calle, adictos, abusados o con secuelas graves en su comportamiento. Aunque el sistema ya no rechaza a niños como Cisarro, carece de los recursos para ofrecer rehabilitación eficiente y especializada, lo que lleva a que los niños que representan un riesgo para sí mismos o para otros sigan siendo rechazados.
La Falta de Recursos y la "Comisión Despeje"
El Problema en la Octava Región
Francisco Estrada, director del Sename, describe una situación similar en la Octava Región, donde la falta de centros especializados es un grave problema. Un hogar en esa región acoge a niñas abandonadas, abusadas y víctimas de explotación sexual infantil. Todas comparten una carencia afectiva común. Estrada explica que “las niñas que han entrado en el comercio sexual son seducidas por adultos manipuladores. Y estas chicas buscan a otras niñas, en el mismo hogar, para llevárselas a los amigos, pololo o parejas.”
Subsidios Insuficientes
Estrada es consciente de que el subsidio que el Sename entrega a las instituciones colaboradoras es insuficiente. “En el caso de un niño abandonado sin un gran nivel de complejidad, estamos pagando alrededor del 60% de lo que se necesita para brindar una atención de calidad.” En términos numéricos, esto significa que si el Sename paga $150 mil por niño, lo adecuado sería pagar $250 mil. Este déficit ha generado un “nudo ciego” en el sistema.
La Comisión Despeje
La jueza Mónica Jeldres, por orden de la Corte Suprema y con la supervisión del ministro Héctor Carreño, lideró en 2009 la mesa de trabajo "Comisión Despeje", que buscaba resolver la falta de recursos y la ineficiencia del sistema.
Un logro fue la mejora en los Programas de Diagnóstico Ambulatorio (DAM). Anteriormente, un niño golpeado o abandonado podía esperar hasta un año para ser evaluado, y el sistema no priorizaba los casos más graves. Los jueces, al no poder esperar, resolvían según su propio criterio, aunque el informe seguía siendo solicitado.
Los encargados del DAM solían pedir “un informe psicológico y social respecto del niño y su familia”, lo que podía costar al Estado más de $100 mil por informe, llegando a gastar hasta $700 mil por un solo niño, con diferencias mínimas entre informes. Para las instituciones, era más rentable realizar varios informes para una misma familia en una sola visita que uno para distintos niños en diferentes ubicaciones. Además, las largas listas de espera les permitían mostrar su “imprescindibilidad” ante el Sename.
Gracias a la "Comisión Despeje", los magistrados comenzaron a solicitar “informes integrados”, es decir, uno solo por el niño y su familia, lo que optimizó los recursos. Sin embargo, no se logró lo mismo con otros programas destinados a niños con más daños. “Sólo imagine lo que ocurre cuando me llega un niño que presenta un consumo abusivo de droga. ¿Qué pasa con ese chiquillo si tiene que esperar nueve meses para recibir atención?”
Efectividad de los Tratamientos
La incertidumbre persiste incluso cuando un niño consigue un cupo en un programa especializado, ya que no existen estudios que demuestren la efectividad de los tratamientos actuales. Los jueces envían a los niños a diversos programas asumiendo que saldrán recuperados. “Se ha mejorado la gestión, pero ahora hay que hacer gestión de calidad. Ya es hora de que empecemos a preguntarnos cómo están saliendo los niños que han pasado por estos programas.”
Casos Repetidos: Daniel Maldonado
La historia de Daniel Maldonado es similar a la de Benjamín. Algún eslabón de la red del Sename debería haber impedido su regreso con su madre. Daniel, apenas nacido, fue dado en adopción por su madre, Sandra del Carmen Ampuero. Sin embargo, la ley exigió un proceso, y un tribunal de familia le otorgó 30 días para confirmar o anular su decisión. Cumplido el plazo, Sandra Ampuero se retractó. En ese momento, Daniel estaba bajo la protección de la Fundación Esperanza.
El tribunal solicitó la opinión del Sename. La jueza Mónica Jeldres, que conoció el caso, recuerda que acordaron que en 30 días el Sename presentaría un informe evaluando las aptitudes de Sandra Ampuero. El informe nunca llegó. Antes de dos años se verían las consecuencias. “Mi pareja lo cacheteó 3 ó 4 veces, fuerte. Yo estaba en el baño con la puerta abierta y tuve que salir para defenderlo. Y vi que además lo estaba zarandeando. El niño estaba sentado en la cama. Lo agarró con ambas manos, de un poquito más debajo de los hombros y la cabeza se movía de adelante hacia atrás, muy fuerte. El niño lloraba, pero no le salían...”.