La preocupación de los jubilados ante la delincuencia
La Unión Nacional de Pensionados ha hecho un llamado a quienes asaltan a adultos mayores para que eviten el uso de la violencia en sus acciones. El presidente de la organización, Cesar Cereceda, señaló en una carta al director de "El Mercurio" que las personas mayores generalmente no oponen resistencia y no representan un peligro para los delincuentes, por lo que no es necesario golpearlos ni usar armas.
Cereceda insistió en que, mientras la clase política no muestre señales de cambio, se verán en la necesidad de colocar letreros en las calles solicitando consideración hacia los adultos mayores. Según su perspectiva, cerca de tres millones y medio de personas mayores están expuestas a una delincuencia cada vez más agresiva, viviendo en un contexto de miedo e inseguridad. Reconoció que los adultos mayores son víctimas de jóvenes que, aprovechando su fuerza física, los convierten en un objetivo fácil para asaltar.
Además, planteó que los abuelos tienen miedo de denunciar por amenazas de represalias por parte de los delincuentes si acuden a Carabineros, lo que genera un silencio forzado.
DIPRECA: El foco de la investigación sobre irregularidades
Desde Carabineros se ha explicado que los jubilados son considerados un "blanco fácil" para los delincuentes debido a que suelen manejar efectivo. Sin embargo, el contexto de la información se centra en las irregularidades detectadas en la Dirección de Previsión de Carabineros (DIPRECA).
Recientemente, una investigación publicada por el medio CIPER reveló que DIPRECA pagó pensiones a más de 180 beneficiarios que figuraban con más de 100 años de edad, sin tener certeza de si estas personas continuaban con vida. La investigación señala que, ya en diciembre de 2021, la Contraloría General de la República (CGR) había informado sobre irregularidades contables en DIPRECA, incluyendo pagos duplicados a proveedores, diferencias entre el pago autorizado y el efectivamente realizado de pensiones, y errores en el desembolso de montepíos (pensiones a familiares de funcionarios fallecidos). En ese momento, se descubrió que cuatro beneficiarios de pensiones ya habían fallecido.
En diciembre de 2024, una auditoría interna de DIPRECA detectó que estas irregularidades persistían, con pagos a RUT inválidos y nóminas de beneficiarios duplicadas. Presionada por estas circunstancias, DIPRECA suspendió el beneficio a 182 policías y gendarmes jubilados de más de 100 años. Se comprobó que 44 de estas personas tenían RUT que no figuraban en el Registro Civil, y hasta el momento se ha confirmado que 11 de ellas habían fallecido, con terceros cobrando sus beneficios.
La respuesta de DIPRECA y la magnitud del problema
Ante solicitudes de información por Ley de Transparencia, DIPRECA rechazó la petición argumentando falta de recursos para recopilar y consolidar la información. Esta postura resulta paradójica, considerando que la institución sí disponía de recursos para realizar pagos dobles y a personas inexistentes.
Las irregularidades detectadas se limitaban inicialmente a personas mayores de 100 años, un grupo que se presume es minoritario. Sin embargo, existe la posibilidad de que el problema sea considerablemente mayor si se incluyen a personas de menor edad. Al ser consultado sobre la existencia de irregularidades en otros grupos etarios, el director de DIPRECA, Carlos Capurro, sugirió con ligereza que "quizá deberíamos revisar [los casos de] los menores de cien años".
El contraste en el sistema de pensiones: DIPRECA vs. AFP
El texto critica la diferencia en el trato y los beneficios entre los miembros de las fuerzas de orden y seguridad y los trabajadores comunes, especialmente en lo que respecta a las pensiones. Se señala que mientras las AFP calculan la supervivencia hasta los 110 años para pagar pensiones consideradas miserables, DIPRECA paga pensiones a jubilados mayores de 110 años sin confirmación de vida.
Se destaca que los agentes del Estado, que pueden jubilar con 25 años de servicio, reciben pensiones financiadas por la clase trabajadora. Se menciona una pensión de $1.500.000 para un miembro de DIPRECA, en contraste con los $480.000 de un trabajador que cotizó 30 años en el sistema privado, y el promedio nacional de $91.000 para otros jubilados. Se estima que el Estado gasta entre cuatro y cinco veces más en la pensión de un "paco" que en la de un trabajador común.
Crítica al sistema y al rol del Estado
La entidad DIPRECA es descrita como una "entidad parásita montada sobre otra entidad parásita", evidenciando la preferencia del aparato estatal por sus fuerzas represivas. Se contrasta esta situación con la actuación de la Contraloría, que busca sancionar a trabajadores que piden licencias médicas, reduce salarios a profesores movilizados y cuestiona el transporte de estudiantes, mientras permite el "desfachatez" en DIPRECA.
El texto argumenta que los miembros de Carabineros, la policía y Gendarmería no pertenecen a la clase trabajadora, viven a expensas de ella y están dispuestos a reprimirla cuando se les ordene. Se hace un llamado a la organización para defenderse y "hacer saltar por los aires a toda esa casta parasitaria".
Finalmente, se cuestiona la indiferencia del Gobierno, que se enorgullece de haber aumentado el presupuesto para Carabineros, mientras las pensiones de la clase trabajadora permanecen desatendidas.
Ni es justicia ni es social: el sistema público de pensiones - Value School
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