La profunda crisis del Servicio Nacional de Menores (Sename) ha puesto de manifiesto la constante vulneración de derechos de la infancia en Chile. Este organismo, creado en 1979 durante la dictadura militar de Augusto Pinochet, se basó en una concepción de la infancia como un estado irregular y adoptó un enfoque tutelar. Administrativamente, dependía del Ministerio de Justicia y, según Viviana Soto, académica del Departamento de Educación, sus objetivos principales eran "reinsertar, rehabilitar y reparar los derechos de los niños y niñas que han sido vulnerados". Sin embargo, su trayectoria estuvo marcada por reiteradas denuncias de vulneraciones.
La Crisis Institucional del Sename: Un Historial de Vulneraciones
La precaria situación que vivieron cientos de niños y niñas bajo la custodia del Sename reveló una afectación profunda de su vida emocional, social y económica. Un trágico hito fue el fallecimiento de Lissette Villa, de 11 años, en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino en Santiago, cuyo caso en abril de 2016 expuso una serie de irregularidades. El propio Servicio Nacional de Menores publicó cifras alarmantes: 210 fallecimientos entre 2005 y 2006, ascendiendo a 865 decesos en un periodo de 11 años.
Aunque desde los años 90 se observaron cambios positivos en torno a la infancia, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, persistieron formas de maltrato infantil que, según una psicóloga jurídica y académica del Departamento de Antropología, aún no se han reconocido plenamente. Ella critica la persistencia de la visión de los niños y niñas como "personas inacabadas e insuficientes, como si fueran minusválidos". Esta visión del "niño-objeto" que el Estado debe "controlar y reparar como si fueran utensilios" fue replicada por la creación y desarrollo del Sename, a pesar de que "a los sujetos no se les repara".
Otras Formas de Maltrato Invisible
Además de las vulneraciones institucionales, existen otras formas de maltrato menos visibles. En ocasiones, los niños y niñas se ven afectados y triangulados por los conflictos no resueltos de sus padres, como los divorcios y las disputas por la tutela, lo que constituye "otra forma de maltrato poco visible", explica la académica Salinas. Estas situaciones, junto con la concepción estatal, reforzaron un "maltrato hacia la niñez, cayendo en una 'lógica de patrón de fundo, de un Estado tutelar o de 'padre omnipotente' que todo lo sabe', discriminando a los niños y niñas".
Reformulación del Sistema: Medidas y Visiones de Cambio
Ante la magnitud de la crisis, se hicieron urgentes llamados a un cambio de paradigma. Viviana Soto señaló que el Estado había actuado de manera lenta y tardía, haciendo perentorio "anunciar y llevar a la práctica un nuevo trato con la infancia, con un paradigma totalmente distinto".
Medidas Anunciadas por el Gobierno de Michelle Bachelet
El 5 de octubre de 2016, la presidenta Michelle Bachelet anunció una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para reformular el Sename. Estas incluían un aumento del presupuesto de la institución, su división en dos entidades separadas y la asignación de mayores recursos.
Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, consideró que la concreción de estas iniciativas traería un cambio institucional significativo, siempre y cuando se abandonara el concepto de subvención que generaba "prácticas perversas" al asignar recursos de manera diferencial según el "tipo de problema" del niño o niña. Más allá de la separación de funciones, que consideró "correcta y adecuada", Santibáñez enfatizó la necesidad de "repensar el conjunto de recursos estructurales para los distintos problemas que van a enfrentar las dos instituciones". Otro punto clave en esta división era definir si se mantendría una estructura centralizada o si se implementarían políticas a nivel local. La discusión sobre "cómo el Estado provee condiciones para que se desarrollen dispositivos de carácter local y que hagan el trabajo real, todavía falta por dar y avanzar", añadió.
Formación y Pedagogía para la Infancia Vulnerada
Un aspecto crucial para el nuevo sistema es la formación de quienes trabajan con niños y niñas. "Las personas que trabajan con niños(as) requieren de una formación en educación social. No se ha discutido en Chile qué tipo de pedagogía se debiera ejercer para trabajar con estos niños y niñas vulnerados(as)", aclaró Soto. Ella enfatizó que esto no implica una "pedagogía especial" que sesgue, sino una "pedagogía que mire al sujeto, que sea consciente de él(ella) y lo(a) invite a construir desde sus necesidades".
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El Cierre Definitivo del Sename y la Creación de Nuevos Servicios
Después de 46 años de funcionamiento, el Servicio Nacional de Menores cerró sus puertas y dividió sus funciones. Este cambio, iniciado en 2021 y culminado en 2024, se enmarcó en un proceso de reestructuración estatal para mejorar la protección de los derechos de los menores y separar claramente las responsabilidades relacionadas con la justicia juvenil.
El cierre gradual del Sename en su rol vinculado a adolescentes infractores de ley comenzó en enero de 2024 en la zona norte, continuó en la zona sur a principios de 2025 y concluyó en la zona central. Sus funciones fueron traspasadas a dos nuevos organismos especializados:
- El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez): Encargado de la protección de niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos.
- El Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil: Responsable de la administración del sistema de justicia juvenil.
Este paso representa no solo un cambio de nombre, sino "el consenso de que las respuestas del pasado fueron insuficientes e incluso dañinas, y que las nuevas instituciones deben sostenerse en el enfoque de derechos, la especialización y la construcción de proyectos de vida para cada niño, niña y adolescente".
Avances y Desafíos del Nuevo Sistema
En los últimos años se han logrado avances relevantes, incluyendo una mayor visibilidad política de la infancia, la exigencia de estándares más altos a la red de protección, la clara separación entre protección y responsabilidad penal adolescente, y la entrada en vigencia de la Ley N° 21.430 sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
Estos hitos reflejan la creciente convicción de que "el Estado no puede seguir delegando sin control la protección de la niñez vulnerada en el mercado de servicios sociales. La supervisión y la rendición de cuentas deben ser estrictas y permanentes".
Problemas Estructurales Persistentes
A pesar de los esfuerzos del Servicio Nacional de Protección Especializada, el sistema aún arrastra problemas estructurales que demuestran que la promesa de una "Mejor Niñez" sigue inconclusa. Entre ellos se encuentran:
- Sobrecupos en residencias.
- Listas de espera.
- Dificultades para acoger a niños con "perfiles complejos".
- Cierres de centros sin alternativas adecuadas.
- Denuncias reiteradas de vulneraciones de derechos, incluyendo violencia, abuso sexual, precariedad en el cuidado y graves brechas en salud mental.
Desafíos Futuros
Los desafíos son claros y requieren una visión integral:
- Construir trayectorias de vida seguras y dignas.
- Enfatizar la prevención y el fortalecimiento familiar y comunitario.
- Reducir las separaciones de los niños de sus entornos familiares.
- Reformar el modelo de financiamiento.
- Mejorar las condiciones laborales de quienes cuidan a los menores.
- Lograr una articulación real con los servicios de salud, educación, vivienda y seguridad social.
- Desarrollar una capacidad sólida de información y supervisión en terreno para anticipar riesgos, intervenir oportunamente y corregir vulneraciones con rapidez y transparencia.
Para lograr una efectiva intervención, es necesario desarrollar un buen diagnóstico e intervención personalizada, cuyos antecedentes e información sean de acceso integrado en todos los niveles: salud, educación, comunidad, redes, entre otros.
La Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez y sus Desafíos
En este contexto de reformas, se creó la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, anunciada por el expresidente Gabriel Boric en 2024, con la promesa de establecer una "verdad histórica" sobre los menores víctimas de vulneraciones bajo el cuidado del Estado a través del Sename entre 1979 y 2024. El trabajo de la comisión buscaba sentar las bases para proponer mecanismos de reparación.
Sin embargo, el sábado 2 de mayo de 2024, cuatro integrantes de la comisión, incluyendo su presidenta Soledad Larraín, y los comisionados Matías Marchant, María Estela Ortiz y Judith Schönsteiner, anunciaron su renuncia colectiva. Estela Ortiz, en conversación con La Tercera, expresó dudas sobre el compromiso del Ejecutivo con las víctimas. La renuncia fue el resultado de un proceso de desavenencias y reproches al funcionamiento, donde las propuestas de la comisión no fueron aceptadas y se planteó su traspaso a la Subsecretaría de Niñez, lo que implicaba un retraso significativo.
El punto de inflexión fue la intención de cambiar a los profesionales que realizaban las escuchas y las duplas psicosociales, quienes contaban con capacitación y un perfil validado. "Nos dijeron vamos a despedir al 50% y plantearon que querían hacer esos procesos de manera distinta", reveló Ortiz. Esto ocurrió a pesar de que la comisión había establecido mecanismos novedosos y con altos estándares para escuchar a las personas vulneradas, mientras que otros organismos (Educación, Salud, Desarrollo Social) no aportaron los antecedentes esperados. También se removió a la persona de archivo sin razón aparente.
Según los comisionados renunciantes, "este es un problema de Estado, de todos los gobiernos, viene desde la época de Piñera hasta ahora, e incluso desde la República, desde que empiezan los primeros hogares de beneficencia, un maltrato, un uso del poder que realmente ha sido terrible". Advirtieron que en Chile, por casi 50 años, se ha generado un sistema de vulneración de derechos de los niños bajo protección, y que la visión actual a menudo invisibiliza la infancia, requiriendo una inversión de recursos para "quebrar definitivamente la vulneración de derechos".
La justificación del Ministerio de Justicia sobre un "mal desempeño" no fue aceptada por los comisionados, quienes señalaron que "esto no es un programa en que hay que cumplir metas administrativas, con números. Esto implica un compromiso con la niñez". El proceso de escucha a las víctimas era complejo y lento, y el primer acto de reparación era escucharlos como correspondía. "No vemos ese compromiso en las nuevas autoridades", afirmó Ortiz, señalando una "visión diferente" en materia de derechos humanos.
El gobierno que asumirá en marzo de 2026 "no recibirá una hoja en blanco, sino un sistema en tránsito: con avances innegables, pero también con una crisis de confianza que no puede relativizarse". La sociedad chilena, si bien ha avanzado en relación a la infancia, aún enfrenta la tarea de reconocer y abordar las múltiples formas de maltrato, incluyendo la distinción entre infancia infractora de ley y aquella que ha sufrido maltrato, pues ambas "son parte de la infancia y son responsabilidad nuestra como sociedad".