El 15 de enero, la Corte Suprema acogió un recurso de protección interpuesto contra el Ejército de Chile, dejando sin efecto una resolución que había dispuesto el retiro temporal de un funcionario por la causal de "necesidades del servicio". Este caso se originó tras hechos ocurridos el 27 de abril de 2024, vinculados al fallecimiento de un soldado conscripto durante una marcha de instrucción.
Análisis de la Motivación del Acto Administrativo
Al conocer del recurso de apelación, la Corte Suprema centró la motivación del acto administrativo. El tribunal recordó que la motivación es un elemento esencial del acto administrativo, conforme a los artículos 11 inciso segundo y 41 inciso cuarto de la Ley N° 19.880, en relación con el artículo 8° de la Constitución.
Según la sentencia, la resolución cuestionada se limitó a invocar la repercusión mediática y el cuestionamiento público a la institución, sin explicar el rol concreto del afectado ni cómo esos antecedentes configuraban efectivamente la causal legal de necesidades del servicio. El recurrente alegó que la decisión es arbitraria e ilegal, pues se basó en un peritaje psiquiátrico breve realizado por videollamada, a pesar de que su tratamiento psicológico es curable y recuperable. Sostuvo que la resolución carece de fundamentación y vulnera la igualdad ante la ley, el debido proceso y su derecho de propiedad sobre sus remuneraciones y cobertura de salud.
Perspectivas de las Partes Involucradas
Argumentos del Recurrido
El recurrido instó por el rechazo de la acción, señalando que su labor se limita a emitir un pronunciamiento técnico sobre la aptitud física del recurrente, pero que fue la Subsecretaría del Interior la que dispuso su retiro temporal. Explicó que la evaluación psiquiátrica determinó inicialmente que el recurrente estaba apto para el servicio, pero posteriormente, ante la prolongación de sus licencias médicas sin respuesta satisfactoria al tratamiento, se concluyó que no estaba en condiciones para el cargo. Indicó que, tras una evaluación en sesión plenaria, se determinó su imposibilidad física y se propuso su retiro temporal por padecer un trastorno adaptativo prolongado.
Información de la Subsecretaría del Interior
La Subsecretaría del Interior informó que el retiro temporal del actor fue solicitado por el Director Nacional de Personal de Carabineros, basado en la resolución de la Comisión Médica, que declaró su imposibilidad física debido a un trastorno adaptativo prolongado. Indicó que el recurso de reposición presentado por el recurrente fue rechazado, y que se dispuso su retiro a contar del 28 de febrero de 2024.
Decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago
La Corte de Santiago rechazó la acción cautelar, al considerar que la resolución que confirmó el retiro temporal del recurrente fue dictada dentro de la competencia de la Comisión Médica Central de Carabineros y debidamente fundada en antecedentes psiquiátricos que evidenciaron la prolongación de su condición médica. Sostuvo que el acto administrativo no es ilegal ni arbitrario, pues se basó en evaluaciones técnicas y siguió el procedimiento correspondiente.
Marco Legal y Disposiciones Relevantes
Diversos cuerpos legales y normativas hacen referencia a situaciones de retiro temporal y la evaluación de la aptitud física del personal. El concepto de retiro se define como la eliminación del afectado del servicio. El Decreto con Fuerza de Ley N° 1, de 11 de noviembre de 1980, y el Estatuto del Personal de las Fuerzas Armadas y su Reglamento N° 1 (G) de 1968, son referencias importantes en esta materia.
Se contemplan situaciones en las que el personal en retiro temporal, incluyendo el de Carabineros de Chile y de Gente de Mar, podrá ser reincorporado al servicio. El ejercicio de la profesión militar deriva de la necesidad del país, y existen normativas que regulan la aptitud militar y la salud para el servicio. La ley de reclutamiento y el Código de Justicia Militar también establecen disposiciones aplicables.
El personal docente debe poseer idoneidad moral y aptitud. Las normativas también cubren el uso, supervisión, vigencia, caducidad, retiro y reposición de instrumentos y autorizaciones. Se mencionan causales de retiro absoluto del personal de las Fuerzas Armadas y se establece que el personal de Fábricas y Maestranzas del Ejército puede tener un tratamiento laboral diferenciado.
Situaciones Específicas y Procedimientos
La normativa contempla el retiro de armas para su custodia y depósito en determinadas circunstancias, así como la fiscalización de situaciones ilegales o antirreglamentarias. Se hace referencia a la competencia de tribunales en materias de justicia militar y se establecen procedimientos para la denuncia o retiro de personal.
El retiro programado de plataformas o sistemas puede ser válido en ciertos casos. La controversia analizada se originó en la acción deducida por un funcionario de Carabineros, quien impugnó las resoluciones que declararon su imposibilidad física y dispusieron su retiro temporal del servicio. En cuanto al contexto procedimental, consta que la Comisión Médica Central, mediante Resolución Exenta N° 5702, de 8 de enero de 2025, declaró la imposibilidad física del recurrente por padecer "episodio depresivo grave prolongado", patología psiquiátrica de carácter curable que lo inhabilitaba temporalmente para el servicio, proponiendo su retiro.
La Corte de Apelaciones de Temuco rechazó el recurso de protección, haciendo mención a la presunción de legalidad de los actos administrativos. Razonó que las decisiones impugnadas fueron adoptadas por la Comisión Médica Central en ejercicio de sus competencias legales, sobre la base de antecedentes clínicos suficientes, y que la determinación de la aptitud física corresponde a un órgano técnico especializado.
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Se señaló que la Resolución Exenta RA N°122422/1/2025 de la Zona Araucanía Control Orden Público, impugnada, no es la que eventualmente provoca la supuesta vulneración de garantías fundamentales, sino una consecuencia directa de lo decidido por la Comisión Médica Central, acto administrativo que declara la imposibilidad física del recurrente y que determina que la Prefectura dicte una resolución posterior, disponiendo la eliminación.
La Ley N° 21527 y otras normativas añadidas, así como el artículo 145 del Código de Justicia Militar, son citados en el contexto de las disposiciones legales aplicables. Se abordan también aspectos como la protección de personas en situación de vulnerabilidad, la aplicación de sanciones y la regulación de la dotación y gasto en personal.