El Gobierno de Chile ha dado un paso fundamental para enfrentar un doloroso capítulo de la historia del país con la creación de una comisión asesora presidencial. Esta comisión tiene como objetivo principal el esclarecimiento de las violaciones a los derechos humanos de niños, niñas y adolescentes que estuvieron bajo la custodia del Estado.
Creación y Mandato de la Comisión
El Presidente Gabriel Boric anunció la creación de esta comisión asesora para "reconstruir y esclarecer" las vulneraciones a los menores que estuvieron bajo la custodia del Estado, específicamente en el Servicio Nacional de Menores (Sename), el Servicio de Protección Especializada (Mejor Niñez) y sistemas de cuidados alternativos.
Jaime Gajardo Falcón, Ministro de Justicia y Derechos Humanos, expresó que se espera que esta Comisión permita reparar la situación de graves vulneraciones sufridas por los niños, niñas y adolescentes que se encontraban bajo la custodia del Estado, ya sea a través del Sename o de organismos colaboradores. La Ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro Cáceres, indicó la importancia de no olvidar que la defensa de los Derechos Humanos incluye la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. Asimismo, afirmó que las vulneraciones a los Derechos Humanos que se hayan producido también en democracia son parte de las responsabilidades que el Estado debe asumir, especialmente hacia niños, niñas y adolescentes bajo su protección.
La comisión asesora presidencial independiente, creada mediante el Decreto Supremo N.º 150 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, tiene el mandato de reconocer a las víctimas, así como de establecer y analizar las violaciones que afectaron a niños, niñas y adolescentes en dichos contextos. Su misión es describir y analizar estas violaciones, esclarecer sus antecedentes y circunstancias, y proponer medidas que garanticen el acceso a la justicia de las víctimas. También deberá formular recomendaciones destinadas a generar procesos de reparación, en línea con los objetivos que motivan su creación.
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Cambios y Ampliaciones del Mandato
Recientemente, la comisión experimentó un giro de fondo en sus funciones. En una reunión con los comisionados y su presidenta, Soledad Larraín, el Presidente Gabriel Boric acogió tres solicitudes clave del grupo asesor:
La ampliación del mandato de casos a investigar desde 1979 hasta 2024.
La prórroga del funcionamiento de la comisión hasta abril de 2027.
El cambio del término "vulneraciones" por "violaciones" en el nombre oficial de la comisión, a solicitud de las organizaciones de víctimas y sobrevivientes.
Soledad Larraín enfatizó que el objetivo de la Comisión es acercarse a la verdad, generando confianza para que la población pueda compartir sus testimonios. La ampliación del período de investigación, que inicialmente contemplaba solo hasta 2021, es relevante, ya que incluye hechos ocurridos bajo la actual institucionalidad de Mejor Niñez. Larraín destacó que convocar a miles de personas que pasaron por centros del Sename o sistemas de cuidado alternativo en más de 40 años no es solo tarea de esta comisión, sino un desafío ético y político para todo el Estado y la sociedad chilena. Para formalizar estos cambios, se está modificando el decreto 150, firmado a comienzos de este año por el Presidente Boric.
El cambio en la denominación de "vulneraciones" a "violaciones" no es meramente semántico, sino que reconoce formalmente la gravedad de los hechos ocurridos en los centros del Sename y sus organismos colaboradores. Esto busca dar una señal de reparación simbólica hacia quienes sufrieron abandono institucional, violencia física, psicológica y sexual, e impunidad.
Funcionamiento y Recolección de Testimonios
El funcionamiento de la comisión fue anunciado oficialmente en agosto de 2023. Sin embargo, su instalación efectiva ha enfrentado demoras vinculadas a la disponibilidad presupuestaria, la contratación de profesionales especializados y la necesidad de asegurar condiciones mínimas para un proceso de escucha reparador. La ampliación del plazo hasta abril de 2027 busca dar mayor holgura para cumplir con los objetivos planteados, aunque genera inquietud entre los comisionados por la continuidad política y presupuestaria bajo un próximo gobierno.
En las próximas semanas, la comisión comenzará a revisar archivos administrativos y judiciales relacionados con el Sename y sus organismos colaboradores, con el fin de detectar patrones de abuso, identificar responsabilidades y proponer medidas de reparación y prevención. Además, uno de los pilares del trabajo de este organismo es el proceso de toma de testimonios, que comenzará el 1 de agosto, con un sistema de agendamiento disponible desde el 15 de julio.
Las declaraciones podrán realizarse de manera presencial, virtual o por escrito, y estarán dirigidas a cualquier persona que haya sufrido violaciones a sus derechos humanos mientras estuvo en residencias, hogares o centros del sistema penal juvenil, ya sean públicos o privados. Los testimonios serán recogidos a través de una plataforma digital que contará con un sitio web (www.gob.cl/comisionverdadyninez/) para programar declaraciones y acceder a información sobre las garantías de confidencialidad y acompañamiento psicosocial.
Contexto Histórico: Sename y Mejor Niñez
El antiguo Sename, creado en 1979 durante la dictadura de Augusto Pinochet, dependía del Ministerio de Justicia y tenía a su cargo el cuidado y protección de los derechos de niños y adolescentes, así como de los jóvenes que habían infringido la ley. La muerte de Lissette Villa en 2016 en un centro del Sename expuso públicamente tramas de abusos y malos tratos a menores bajo tutela del Estado, lo que incluso llegó a organismos internacionales.
Un informe de Naciones Unidas de 2018 reveló la muerte de 256 niños, niñas y adolescentes en hogares de menores de Chile entre 2005 y 2016. Posteriormente, otra investigación de la Fundación para la Confianza elevó considerablemente la cifra a 1.188 fallecidos bajo tutela del Estado entre 2005 y 2020.
En 2021, el expresidente Sebastián Piñera implementó el programa Mejor Niñez, que buscó reformular los programas masivos y colapsados del Sename, separando el Servicio de Protección de la Infancia del Servicio de Reinserción Juvenil. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, un informe del Poder Judicial del segundo semestre de 2023 revela que casi el 40% de los hogares de menores están hacinados, una cifra que aumenta al 57% si se suman los que se encuentran con su capacidad total ocupada, evidenciando que se arrastran los mismos problemas del sistema antecesor.
Integrantes de la Comisión
La comisión está formada por siete integrantes designados por el gobernante, quienes poseen una vasta experiencia en la protección de los derechos de la niñez y otras áreas relevantes:
Miguel Cillero Bruñol: Abogado de la Universidad de Chile y Doctor en Derecho de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, con más de 35 años de experiencia en la protección de los derechos de la niñez. Ha sido consultor permanente del Área de Protección de UNICEF para Argentina, Chile y Uruguay, y ha dirigido consultorías e investigaciones para UNICEF en varios países de América Latina.
Carmen Domínguez: Abogada de la Universidad de Concepción. Doctora en Derecho y Magíster en Derecho Comparado por la Universidad Complutense de Madrid. Profesora Titular de la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue Directora del Centro UC de la Familia y fundadora del mismo. Ha participado activamente en iniciativas legales relacionadas con familia e infancia y ha informado al Congreso en numerosos proyectos de ley.
Soledad Larraín Heiremans (Presidenta): Psicóloga de la Universidad Católica de Chile y Magíster en Estudios Avanzados de la Familia y la Pareja de la Universidad Alberto Hurtado. Trabajó en UNICEF y en el Consejo para la Infancia. Docente UDP Magíster de Psicología jurídica. Ha sido consultora de organismos nacionales e internacionales en protección de derechos de la niñez y en investigación sobre violencia de género y contra niños, niñas y adolescentes en Chile y otros países de América Latina.
Matías Marchant: Psicólogo de la Universidad Diego Portales. Magíster y Doctor en Filosofía de la Universidad de Chile. Académico del Departamento de Psicología de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Chile y coordinador del Magíster en Estudios Interdisciplinarios en Infancias. Ha trabajado en temas de infancia a través de investigaciones, seminarios de formación clínica y como académico, y es Presidente de la Corporación Casa del Cerro.
Judith Schonsteiner: Profesora titular de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales e investigadora de su Centro de Derechos Humanos. Doctora en Derecho y LL.M. en Derecho Internacional de Derechos Humanos por la Universidad de Essex, Inglaterra. Especializada en temas de actores privados y derechos humanos, ha trabajado sobre abuso eclesiástico.
Estela Ortiz: Educadora de párvulos y profesora de educación básica de la Universidad de Chile. Ha sido consultora a nivel nacional e internacional. Fue vicepresidenta de la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji) entre 2006 y 2010. Consultora para el Banco Interamericano del Desarrollo en políticas de niñez en Costa Rica, Ecuador y Haití. Entre 2014 y 2018 fue secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia del Gobierno de Chile.
Sebastián Valenzuela: Abogado, Magíster en Derecho Penal y Ciencias Penales de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Ex Subsecretario de Justicia, se desempeñó como jefe de la División Jurídica y de la División de Reinserción Social del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Defensor juvenil especializado. Docente en la Academia Judicial sobre Responsabilidad Penal Adolescente y en la Universidad Adolfo Ibáñez sobre Reforma Institucional de Infancia y Adolescencia en Chile.
El Presidente Boric ha enfatizado que, independientemente de la tendencia política, esta es una tarea que trasciende los gobiernos y que es un compromiso firme del Estado de Chile para enfrentar las deudas históricas con la infancia.