Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, elaborado en 2017 y entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018, revela la sistemática violación de los derechos de los niños y adolescentes bajo la tutela del Servicio Nacional de Menores (Sename). La investigación, que abarcó 240 hogares de menores, concluyó que en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual.
El informe policial: una radiografía de la vulneración
El documento, de 257 páginas y resumen de una investigación de 28 tomos, fue solicitado por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indaga las 1.313 muertes ocurridas en centros del Sename entre 2005 y 2016, tras el deceso de la niña Lissette Villa en abril de 2016. La PDI constató que en el 100% de los centros dependientes del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
El diputado Rene Saffirio, quien hizo pública la existencia del informe, calificó de “muy grave” que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer el documento en diciembre de 2018, cuando estuvo listo. A su juicio, es difícil que el ministro de Justicia, Hernán Larraín, no estuviera informado, por lo que solicitó su renuncia.
El reporte de la PDI es considerado más completo que uno previo de la ONU, ya que la policía visitó 240 residencias de un total de 241 existentes en el país, abarcando a cerca de 6.500 niños. La violación de derechos sistemática se confirmó en la totalidad de los hogares administrados directamente por el Sename.
Desglose de las vulneraciones
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Fallas en protocolos y fiscalización
El informe de la PDI también evidenció graves falencias en el cumplimiento de protocolos y en la fiscalización:
- El 44,5% de los centros no cumple con los protocolos mínimos exigidos por el Sename.
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- El 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, estas supervisiones son, en su mayoría, coordinadas de manera previa. Los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros al menos cada seis meses, solo visitaron dos hogares anualmente en algunos casos.
Problemas de salud y personal no cualificado
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, un 13,9% sufre una enfermedad crónica, un 0,4% está en estado terminal o en riesgo vital, y un 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
La situación se agrava por la falta de personal cualificado en salud. El informe detalla que:
- 42 centros no tienen un encargado de salud.
- En 198 centros con encargado de salud, la función es ejercida por funcionarios no cualificados.
- En 159 centros, la administración de fármacos diurna está a cargo de educadores de trato directo sin formación en salud.
El 93,8% de los centros no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos.
Redes de explotación sexual y vulneración persistente
El informe también arroja luz sobre redes de explotación sexual que operan al interior de residencias, utilizando a adolescentes bajo la protección del Estado. Un caso documentado involucra a un joven identificado como S., quien contactaba y acechaba a adolescentes en una residencia del Hogar de Cristo en Viña del Mar. Este individuo, junto a otros adultos, las invitaba a fiestas donde se consumía alcohol y drogas, llevando a embarazos y graves situaciones de explotación.
Paula, exempleada social de la residencia, relata cómo S. y su grupo utilizaban “falso cariño y drogas” para captar a las niñas, quienes volvían de las fiestas “dopadas” y dependientes. A pesar de las denuncias y querellas presentadas por el Hogar de Cristo, la lentitud de las investigaciones y la falta de acción efectiva de las autoridades permitieron que estas redes continuaran operando.
La psicóloga Carolina González, jefa de operación social-territorial del Hogar de Cristo en Valparaíso, describe cómo S. lograba “traspasar las rejas de la residencia”, a pesar de los esfuerzos del personal por mantener a las adolescentes seguras. Señala que la normalización de las fugas de las niñas y la falta de recursos y apoyo oportuno por parte de las autoridades dificultaban la protección efectiva.
Denisse Araya, directora ejecutiva de la ONG Raíces, califica la Explotación Sexual Comercial en Niñas, Niños y Adolescentes (ESCNNA) como una de las formas más atroces de abuso de poder y esclavitud moderna. Advierte que la reparación de estas víctimas es un proceso largo y complejo que requiere al menos tres años, un plazo que el Sename no ofrece debido a los altos costos.
Otro caso similar se documenta en la residencia Laura Vicuña en Antofagasta, donde un grupo de hombres, liderados por un joven identificado como M., contactaba a adolescentes para llevarlas a fiestas. A pesar de que esta residencia no presentaba inicialmente historiales de explotación sexual comercial compleja, la falta de recursos y la derivación de casos complejos por parte del Sename crearon un ambiente propicio para la vulneración.
Renuncia en Comisión Asesora Presidencial
En mayo de 2024, cuatro integrantes de la Comisión Asesora Presidencial Verdad y Niñez, creada para establecer una “verdad histórica” sobre los menores vulnerados bajo el cuidado del Estado, anunciaron su renuncia colectiva. Las desavenencias con las autoridades ministeriales respecto al funcionamiento y autonomía de la comisión, así como la destitución de personal clave, llevaron a esta determinación.
María Estela Ortiz, exvicepresidenta Ejecutiva de la Junji y cercana a la expresidenta Michelle Bachelet, una de las renunciantes, expresó su preocupación por la falta de compromiso del Ejecutivo con las víctimas. Señaló que las propuestas de la comisión no fueron aceptadas y que se intentó menoscabar su autonomía, lo que hizo insostenible su permanencia.
Ortiz enfatizó que la vulneración de derechos de los niños en Chile es un problema de Estado que se remonta a décadas. Lamentó que se esté invisibilizando a la infancia y que no se estén invirtiendo los recursos necesarios para quebrar definitivamente esta problemática. La excomisionada criticó la visión “economicista” con la que se aborda el tema y la falta de comprensión del profundo proceso que implica escuchar y reparar a las víctimas.