En el contexto de un acelerado proceso de envejecimiento poblacional, la protección de los derechos de las personas mayores se ha convertido en un desafío prioritario de salud pública y gestión social. En Chile, diversas instituciones y coaliciones trabajan articuladamente para salvaguardar el bienestar de este grupo etario, transitando desde un modelo asistencialista hacia uno basado en el pleno respeto de los derechos humanos.
El rol del Estado y el Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA)
El Estado chileno, a través del Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA), articula diversas políticas orientadas a garantizar la integridad física, psíquica y social de las personas mayores. Entre los pilares institucionales destacan:
- Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato: Creada en 2018, busca promover el acceso a la justicia y prevenir el maltrato a través de la coordinación psicosocial.
- Defensor Mayor: Figura implementada desde 2019 que brinda asesoría legal especializada ante situaciones de abuso o vulneración de derechos.
- Programa de Defensa Jurídica Integral: Ofrece representación judicial gratuita mediante las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ), con duplas sociojurídicas en cada capital regional.
- Fono Mayor: Canal de atención que garantiza información oportuna y acompañamiento psicológico, fundamental durante crisis sanitarias.
Alianzas estratégicas y sociedad civil
La sociedad civil desempeña un papel crucial en la defensa de los derechos de las personas mayores. Un ejemplo destacado es la Alianza por la Defensoría de las Personas Mayores, una coalición dinámica que agrupa a más de 100 organizaciones. Su misión principal es la creación de una Defensoría de las Personas Mayores autónoma, capaz de proteger eficazmente sus derechos ante cualquier amenaza.
Otras instituciones, como la Fundación Adultos Mayores Chile (FAMCHI), trabajan bajo un modelo socio-ecológico centrado en la integración social y la promoción de derechos para los sectores más vulnerables, alineándose con los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030.
Acciones frente a la crisis sanitaria y social
La pandemia de COVID-19 evidenció brechas críticas, como la brecha digital y la necesidad de una mejor atención en salud mental. Ante esto, se implementaron medidas de choque:
| Ámbito de acción | Medida destacada |
|---|---|
| Salud | Estrategia de mitigación en establecimientos de larga estadía (ELEAM) |
| Justicia | Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores |
| Participación | Protocolos de votación preferente y conversatorios para el Plan de Envejecimiento 2021-2030 |
Oficina de Defensa Jurídica Integral de Personas Mayores (ODAM) de la Región de O’Higgins
Hacia un nuevo paradigma de protección
El compromiso con la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores impulsa una hoja de ruta para la próxima década. Este enfoque exige no solo mejorar la oferta estatal existente, sino también combatir el edadismo y fomentar la participación activa de los mayores en la formulación de las políticas públicas que les afectan directamente.
El objetivo final es consolidar una red que no solo asista, sino que empodere a las personas mayores, garantizando que su voz sea escuchada y que su derecho a una vida digna, autónoma y libre de violencia sea una realidad garantizada en todo el territorio nacional.