El Rol Fundamental del Movimiento Asociativo
Las asociaciones de personas con discapacidad necesitan de cierta influencia y complicidad hacia el sector legislativo y ejecutivo para mejorar la calidad de vida del sector al que representan. La implementación de políticas públicas inclusivas resulta clave para confeccionar una sociedad verdaderamente inclusiva. El consultor en políticas públicas Fernando Pindado aborda el rol de entidades como ASPAYM, que representan a las personas con discapacidad, en la conformación de estas políticas públicas.
Claves para la Influencia en Políticas Públicas
Una de las máximas que deben atender las asociaciones de personas con discapacidad (y otras del sector social) si quieren ejercer influencia es la de cooperar. La competencia entre otras entidades muchas veces resta eficacia. Fernando Pindado sostiene que "sin proyecto no hay futuro". Presentar un proyecto claro es crucial para lograr incidir en las políticas sociales, por ello se propone un plan de acción, desde la identificación y gestión de stakeholders, riesgos e impactos. Esto llevará al codiseño e implementación de diferentes estrategias de relacionamiento comunitario. La relevancia de las diferentes iniciativas no es algo que quepa desdeñar a la hora de ponderar la influencia de una entidad en una política pública.
Qué es Incidencia Política para Jan Marc Rottenbacher
Aunque la aplicación de las leyes no esté en mano de una entidad social, la incidencia en su desarrollo, elaboración e implementación sí está al alcance si se cursan los mecanismos adecuados. Entre ellos, las iniciativas ciudadanas europeas (que requieren 1 millón de firmas de al menos 7 países miembros), las iniciativas legislativas populares (dirigidas al Congreso de los Diputados y a los parlamentos autonómicos) y las iniciativas ciudadanas.
Vías de Diálogo y Participación
Es crucial saber cuáles son todas las vías para que una entidad ejerza su influencia a la hora de incidir en una política pública. Los medios de diálogo son amplios: canales puntuales como foros y reuniones, procesos de deliberación como diálogos o debates, y órganos de participación, con mayor voluntad de permanencia y regularidad. Asimismo, existen dentro de los sistemas canales como asambleas ciudadanas, grupos de trabajo y referéndums consultivos. Los procesos participativos siempre han de ser de contenido político, con aportaciones para incidir en intervenciones comunitarias. No se requieren conclusiones consensuadas, no es una negociación ni una interlocución. Finalmente, deben incorporar siempre diversidad y pluralidad, mediante el intercambio de argumentos y opiniones a través del diálogo y la palabra.
La Discapacidad como Fenómeno Social y Desafío Inclusivo
La discapacidad es un tema social relevante en el que cada país u organización que defiende los derechos humanos ha tenido que luchar por reivindicar estos derechos en las personas con discapacidad. Los prejuicios sociales, la estigmatización y el bullying son aspectos que la sociedad ha utilizado para menospreciar a este segmento de la población que cada día necesita del apoyo del conglomerado humano para denotar que también son parte de la sociedad.
Estadísticas y Perspectivas Globales
Según la Organización de Estados Americanos (OEA), a nivel mundial el 11.4% de la población padece algún estado de discapacidad. Entre los países con altos porcentajes de discapacidad se encuentra Perú con 18,5%, seguido de Estados Unidos 15% y Ecuador con un 12,8%. Los países con menor porcentaje de discapacidad de la población son El Salvador (1,5%), Bahamas (2,3%), Surinam y Jamaica con 2,8%. De este modo, se ha determinado que la causa de la discapacidad radica predominantemente en los obstáculos que impone el entorno a las personas.
La perspectiva de las personas con discapacidad es aflictiva, siendo aún más en el ámbito global. La Asamblea General de Naciones Unidas (1948) especifica de forma categórica que los seres humanos nacen libres en igualdad de condiciones con el mismo trato y las mismas oportunidades sin distinción de raza, sexo, ideología, entre otras variables que diferencian muchas veces al conglomerado humano; sin embargo, a pesar de lo contemplado en las leyes o normas internacionales, o artículos en las diferentes constituciones de países, no es raro encontrarse con algunas diferenciaciones o separaciones de grupos que son marginados por los diferentes entes del sector público o privado y la sociedad en particular.
Según la OMS (2011), la discapacidad forma parte de la condición humana: casi todas las personas sufrirán algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en algún momento de su vida, y las que lleguen a la senilidad experimentarán dificultades crecientes de funcionamiento. La discapacidad es compleja, y las intervenciones para superar las desventajas asociadas a ella son múltiples, sistémicas y varían según el contexto.
Marco Legal y Social de la Discapacidad
La ONU establece en materia laboral que las Normas Uniformes instituyen que los Estados deben reconocer como principio que las personas con discapacidad deben estar facultadas para ejercer sus derechos humanos en materia de empleo; por lo tanto, las disposiciones legislativas y reglamentarias no deben discriminar contra las personas con discapacidad, ni interponer obstáculos a su empleo.
La discapacidad, comprendida en su contexto social, es mucho más que una mera condición: es una experiencia de diferencia. Sin embargo, frecuentemente, es también una experiencia de exclusión y de opresión. Los responsables de esta situación no son las personas con discapacidad, sino la apatía y falta de comprensión de la sociedad (Ministerio de Educación Chile, 2005). La discapacidad es la limitación que tiene una persona para realizar determinadas actividades de la vida diaria debido a una deficiencia en sus funciones por causas genéticas, congénitas o adquiridas (Bestard, López, 2017).
Para garantizar el acompañamiento y velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad se han creado organismos públicos como el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades (CONADIS). Este tiene como eje principal el establecimiento de políticas públicas para las personas con discapacidad, promoviendo los derechos humanos, la inclusión y participación en todos los escenarios. Por ello, ha implementado políticas sociales como estrategia con principios que enmarcan la igualdad, universalidad, integridad y corresponsabilidad, principios que benefician a las familias y grupos vulnerables de la sociedad en todos sus niveles.
El CONADIS promueve actividades y acciones positivas prioritarias para la eliminación de toda forma de discriminación a grupos en situación de vulnerabilidad y desigualdad, políticas dirigidas al conjunto de la población, protección integral y promoción a lo largo del ciclo de vida, entrega de servicios y promoción de la familia, la comunidad y responsabilidad compartida entre los individuos, los procesos de movilidad social y salida de pobreza (Ibañez & Mudarra, 2005).
La Inclusión Laboral: Retos y Beneficios
Las sociedades actuales se ven abocadas a fortalecer los procesos de inclusión laboral de personas con discapacidad, dando respuesta a las necesidades de reconocimiento de la diversidad de conocimientos, habilidades y capacidades de la fuerza laboral, sumado a la responsabilidad social corporativa de las organizaciones. (Ibañez & Mudarra, 2005) manifiestan la importancia del entorno laboral en el establecimiento de relaciones sociales adecuadas, lo cual resulta esencial, en concreto, para las expectativas establecidas en torno a las personas con discapacidad.
Ventajas y Desafíos para Empresas y Empleados
Las ventajas que tienen las empresas que contratan personas con discapacidad se dan justamente con la deducción del impuesto a la renta, la oportunidad de ofrecer productos y servicios a las instituciones públicas que forman parte del aparato estatal, la licitación de contratación pública y la oportunidad para acceder a créditos en instituciones financieras de carácter público, entre otras. Las desventajas que aducen los empresarios son que las instalaciones o infraestructura no cuentan con adaptaciones para personas con discapacidad, el bajo rendimiento y la imposición de reglas por parte de las personas con discapacidad que a corto o mediano plazo representa para la empresa un problema de carácter legal. Para las personas con discapacidad, el acceso a un trabajo les permite mejorar su calidad de vida, se vuelven más independientes. Además, gozan de los derechos que establece la ley, como contar con los servicios médicos del Seguro Social. Algunas empresas, según Maldonado, brindan a sus colaboradores un seguro privado.
Desde la postura de las organizaciones participantes, una de las principales razones por las que no se contrata a las personas con discapacidad está relacionada con la poca información que tienen las empresas sobre la legislación y los programas de inclusión desarrollados por las entidades gubernamentales. Esta situación se replica en las organizaciones, donde, si bien muchas de las empresas cuentan con una política o lineamientos incluyentes para la empleabilidad de esta población, este aspecto parece quedar en papel debido a la no inserción de esta población, dado que no hay prácticas inclusivas de atracción y selección.
Es importante resaltar que más de la mitad de las organizaciones participantes no cuentan con procesos de contratación adecuados o acordes para la identificación de capacidades de las PcD, incluso cuando un gran número de participantes manifiestan tener en cuenta este aspecto a la hora de asignar cargos. También se debe tener en cuenta que, para poder realizar prácticas de inclusión laboral acordes a las necesidades de las PcD, es necesario un trabajo mancomunado que involucre los diversos sectores o áreas que conforman la organización, donde se pueda evidenciar de manera integral el rol que cada dependencia tiene dentro del proceso de inclusiones, desde el área de talento humano en la selección y contratación; el área jurídica, que posibilita que este proceso se realice de acuerdo con la normativa vigente; y el área contable, que proporciona la orientación sobre los beneficios tributarios que tienen las empresas al vincular a una PcD según lo establecido por la ley (Aristizábal et al., 2021).
Aunque existan referentes teóricos para la aplicación de prácticas inclusivas, no hay una estructura clara que sea determinante ni vinculante para que las organizaciones y sus diferentes áreas apliquen dichos lineamientos; tampoco que sea demandada por medio de la ley. Incluso si dichos lineamientos fueran estipulados como recomendación para motivar su aplicación, pueden resultar difíciles sin dicha estructura, dada la complejidad en el entendimiento particular de la población con discapacidad, lo que puede generar afectaciones no solamente a nivel individual sino también comunitario.
Estudios de Caso y Metodologías de Investigación
Inclusión Social en Pastocalle, Cotopaxi
La persistente exclusión social de personas con discapacidad en zonas rurales como Pastocalle requiere analizar sus experiencias para promover inclusión efectiva, adecuada a sus realidades y fortalecer derechos desde enfoques locales. Un objetivo de investigación fue analizar los procesos de inclusión social de las personas con discapacidad afiliadas a la Asociación “Sembrando Vida” en Pastocalle, provincia de Cotopaxi. Se desarrolló un estudio cualitativo, descriptivo y transversal con diez participantes seleccionados mediante muestreo intencional. El guion de las entrevistas semiestructuradas fue validado mediante juicios de expertos. La información se analizó a través de un análisis temático, con codificación abierta y axial, en el marco del modelo social de la discapacidad. Los hallazgos revelaron exclusión laboral persistente: rechazo formal, ausencia de ajustes y autogestión económica informal. Se constató apoyo familiar sobreprotector frente a discriminación comunitaria. La participación cívica resultó mínima por prejuicios y barreras físicas, pese al interés manifiesto de integración.
Discapacidad e Inclusión en Pedernales, Manabí (Ecuador)
Un artículo revisa aspectos concernientes a la discapacidad e inclusión social como un desafío que tiene el Estado y sus instituciones públicas que han sido creadas para velar por el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad. Describe brevemente los tipos de apoyo que reciben por parte del Estado y el número de personas con discapacidad a nivel nacional, regional y local. Bajo esta perspectiva, una investigación tuvo como objetivo analizar la discapacidad y la inclusión social en Ecuador, específicamente en la provincia de Manabí, cantón Pedernales, como un factor que incide en el desarrollo socioeconómico y este a su vez en el mejoramiento de la calidad de vida de las personas que incursionan en actividades económicas o cuentan con un empleo. Para este efecto, se trabajó con una muestra de 6 personas que forman parte del directorio de la Fundación Fabian Palacios y 12 servidores públicos del Ministerio De Inclusión y Economía Social. La metodología empleada fue de tipo descriptiva y de campo, empleando método deductivo y científico, con la encuesta como técnica.
Según datos estadísticos proporcionados por el Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades en el cantón Pedernales, provincia de Manabí, se reportan 93 personas con discapacidad, de las cuales el 59,14% presentan discapacidad física, el 12,90% discapacidad auditiva, el 16,13% discapacidad visual, el 7.53% discapacidad intelectual, y 4,30% discapacidad psicosocial. A través del uso de la metodología descriptiva se puntualizó el escenario, comportamiento y limitaciones de las autoridades y técnicos de la Fundación Simón Palacios Intriago que trabajan de una manera directa con las personas con discapacidad del Cantón Pedernales. Se realizó un trabajo de campo empleando la observación directa, asimismo se empleó el método deductivo y científico donde se evidenció el trabajo que viene realizando la Fundación con las personas con discapacidad en el Cantón Pedernales de la Provincia de Manabí. La población de la investigación se constituyó por 12 personas que trabajan como técnicos de la Fundación Simón Palacios, y una entrevista al Director de dicha institución. Los efectos se presentan en forma ordenada; se analizan los resultados obtenidos de las preguntas realizadas, que se procesan y consolidan en tablas.
El 83 % de los directivos aseguran que el aporte que reciben de otras instituciones tanto públicas como privadas es fundamental para el servicio de atención a personas con discapacidad por parte de la Fundación Simón Palacios Intriago, mientras que el 17 % desconocía de estos aportes o no eran importantes. Se determina que el MIES participa activamente en el servicio de rehabilitación de las personas con discapacidad que asisten como usuarios a la Fundación Simón Palacios Intriago, de tal forma que sus servicios se distribuyen en: 34 % con personal técnico, 34 % con capacitaciones periódicas para mantener actualizados los conocimientos, 28,5 % con aportes económicos que permiten el pago a los técnicos que participan en la fundación y el 3,5 % en otras actividades como aporte de sillas de ruedas, bastones y otros implementos que requieren los usuarios de la fundación Simón Palacios Intriago.
Dentro de las actividades de los funcionarios del MIES, es conocer la realidad socioeconómica para establecer su quintil donde se encuentra en la distribución de la economía y sus ingresos; es por esto que se determina que el 100% de los entrevistados aseguran la importancia de este análisis y consecuentemente se establece que los participantes como usuarios de la Fundación Simón Palacios Intriago, mantienen un ingresos bajo de recursos económicos con bases establecidas generalmente en el quinto quintil de pobreza del INEC. El 100 % de los entrevistados, determinan cuán necesario e importante es incorporar a la actividad laboral dentro de una organización pública o privada, a una persona que tenga discapacidad física o mental; la inserción a un puesto de trabajo hace que los grados de satisfacción mejoren generando ingresos económicos para su familia y consecuentemente logre una mejoría en su nivel de calidad de vida.
Qué es Incidencia Política para Jan Marc Rottenbacher
Procesos de Inclusión Laboral en Armenia, Quindío (Colombia)
Esta investigación se centró en identificar los procesos de inclusión laboral que se llevan a cabo en las organizaciones en Armenia, Quindío. Bajo un abordaje metodológico cuantitativo en prospectiva, de tipo transversal descriptivo, se contó con una muestra de 243 trabajadores relacionados con el área de gestión humana de las organizaciones. El instrumento utilizado fue la escala de inclusión laboral de personas con discapacidad -Working Inclusion Disability People Scale-WINDIPS-, que se basa en las dimensiones de apoyo y vinculación, permanencia y progreso, las cuales se desarrollan a partir de diferentes prácticas inclusivas. La versión final consta de 12 ítems con opción de respuesta tipo Likert. Finalmente, se obtuvo una puntuación total donde el 24.7 % tenían bajas prácticas de inclusión, el 53.5 % un nivel medio y el 21.8 % un nivel alto.
De acuerdo con la información recolectada, se evidencia que, del total de empresas participantes, solo el 35.8 % de personas afirman que en sus organizaciones se ha trabajado con personas con discapacidad en algún momento, mientras que el 64.2 % afirma que no se han vinculado PcD o que no tienen conocimiento de esta vinculación. Una vez revisados los resultados de la WINDIPS, se realizó un trabajo de análisis por factor evaluado. Allí se observan las prácticas inclusivas llevadas a cabo durante el proceso de Apoyo y vinculación de las organizaciones, el cual fue evaluado mediante la identificación de aspectos como: el reconocimiento de las PcD así como sus capacidades y derechos, el proceso de selección adecuado y ajustado para la evaluación del perfil de la PcD y las estrategias empleadas a nivel de contexto para medir los procesos inclusivos.
Respecto al factor de permanencia, se encontró que las organizaciones consideran la necesidad de generar ajustes para mejorar la inclusión de las PcD en los procesos propios de la organización. Se observa que, al preguntar si en su organización tienen en cuenta las condiciones de accesibilidad de las personas con discapacidad que garantizan su participación, el 25.6 % de los participantes afirmaron no generar estos espacios que garanticen la participación de las PcD; el 22.6 % ya realizan acciones para trabajar en mejorar la accesibilidad; y el 37.4 % ya cuentan con los ajustes razonables para garantizar la participación de esta población.
Se puede evidenciar que la mayor parte de las organizaciones participantes no llevan a cabo procesos tangibles de inclusión laboral de personas con discapacidad, siendo esta una situación que acentúa la problemática de discriminación y falta de oportunidades laborales de la población (González et al., 2017). Por otra parte, si bien algunas organizaciones consideran la posibilidad de implementar procesos de inclusión laboral, el hecho de no realizar ajustes razonables para garantizar la participación de las PcD es una barrera que hace inaccesible la inserción de esta población.
Finalmente, en los resultados se encuentra que en las organizaciones se realizan pocas prácticas concernientes a la dimensión de progreso, lo que a su vez se relaciona con la visión de una empresa inclusiva. Lo anterior puede deberse al hecho de la falta de implementación de las prácticas iniciales en las dimensiones de presencia y permanencia, dado que, si bien existen algunos casos de contratación de personas con discapacidad, los procesos de inclusión no han sido asumidos por la organización, de manera extendida, y en alguno de estos casos, pese a que hay contratación, la implementación de todas estas prácticas no se realizan de la mejor manera, por lo que es difícil garantizar un adecuado proceso de la inclusión de las personas en situación de discapacidad. Esto se evidencia en los resultados, en los cuales muchas organizaciones no han realizado acciones que impliquen la promoción de la inclusión de PcD, influenciando directamente el imaginario colectivo sobre el valor agregado que puede traer a una empresa el contratar esta población, pasando incluso a ser una barrera que transgrede los derechos de esta población.