El Estado de Chile ha sido señalado por violar sistemáticamente los derechos de los niños, niñas y adolescentes que se encuentran bajo su tutela. Esta grave situación fue documentada en un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, el cual investigó 240 hogares de menores en el país.
El Informe Lapidario de la PDI y sus Hallazgos
La investigación de la PDI, que abarcó 240 de los 241 centros existentes a nivel nacional, constató 2.071 casos de abusos, de los cuales 310 tenían connotación sexual. Lo alarmante fue que, en el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se verificaron estas vulneraciones.
Contexto y Origen de la Investigación
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país, motivando a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia a actuar. Esta tragedia fue el catalizador para que el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, iniciara una extensa investigación sobre las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016. A cargo de esa indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI. A esos policías se los mandató con dedicación exclusiva para indagar sobre las 1.313 muertes ocurridas en los últimos 12 años.
El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. El informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público, lo que generó fuertes críticas. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, calificó como "muy grave" que ni la Fiscalía ni el gobierno hubieran dado a conocer este documento.
Este reporte de la PDI se considera mucho más completo que el informe de la ONU del año anterior, ya que el organismo internacional visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240, dando cuenta de la situación de cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Vulneraciones Graves de Derechos Identificadas
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros).
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores (la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes, representando el 62% del total).
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. El informe policial es categórico al afirmar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Además, el equipo de la PDI constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos levantados corresponden casi exclusivamente a ese año.
Incumplimiento de Protocolos y Fiscalización Deficiente
La PDI estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename” para asegurar el resguardo de la integridad de los niños. Los resultados son alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
Aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, la policía determinó que “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Salud Mental y Física de los Residentes
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de esa afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Esto se agrava si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Deficiencias Estructurales y Operativas
Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
La brutalidad de los hallazgos expuestos en este y otros informes previos, como el Informe Jeldres (una investigación del Poder Judicial y Unicef), han dado pie a múltiples investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero la situación de los niños no parece mejorar sustancialmente.
Casos Emblemáticos y Evidencia de la Crisis
El Caso de Lissette Villa: Un Hito Doloroso
La muerte de Lissette Villa provocó que el país se fuera enterando por goteo de otras historias similares al interior del Sename. De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años la Justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de la menor. La evaluación del Sename incluyó maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia, sus "pataletas" y una fuerza que ni cinco "tías" (cuidadoras) podían contener.
El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, una crisis que vivía Lissette fue confundida con una de sus "pataletas". Según el testimonio de una de las cuidadoras, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose poco después. Ni ella ni su compañera a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, intentaron reanimarla y buscar ayuda, pero Lissette ya estaba muerta. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los parámetros internacionales.
Fue la entonces directora del Sename, Mariela Labraña, quien comunicó a la prensa el fallecimiento de Lissette, atribuyéndolo a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar. Esta explicación fue considerada poco satisfactoria y le costó el puesto.
Sobremedicación
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que su impresión clínica es que la niña estaba sobremedicada. Se le suministraba un fármaco (benzodiazepina) que, en las dosis recibidas, actuaba como antipsicótico, y estuvo expuesta a antidepresivos por años, algunos de los cuales pueden tener efectos adversos en niños como volverlos “más agresivos, impulsivos e irritables”.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, asegura que la “poca prolijidad” con la que se manipulan estos medicamentos en los centros es “generalizada”. La situación es grave, ya que el senador Alejandro Navarro señaló que "el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención medica de personal especializado".
El Trágico Final de Guillermina
En agosto de 2012, Guillermina, de 16 años, llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename. La trajo un policía a las 04:19 de la mañana. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió al reingreso violentamente. Menos de media hora después de ser acostada, fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse.
Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse qué tipo de sustancia la tenía en ese estado y estabilizarla, ni para un chequeo completo. La querella no prosperó y su muerte quedó registrada como un número más de los "egresos" del sistema, un término que el Sename usa indistintamente para referirse al término de la vida de un niño, su escape de un centro o su reinserción familiar. Su caso no parece ser una excepción en un sistema que María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, ha descrito como "en estado terminal".
El Caos Estadístico y la Responsabilidad Institucional
Falta de Claridad en Cifras de Fallecimientos
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por dicho informe. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área "protección".
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y arrojó 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada explica: "Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos".
El diputado Saffirio, quien presidió la primera comisión investigadora sobre el Sename, afirmó que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
La Responsabilidad del Estado y la Sociedad
Más allá de los números exactos, lo que ha quedado en evidencia es un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia. María Estela Ortiz enfatiza: "Este no es un tema solo del servicio, sino del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños. Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen".
Los "Audios de Niños" y su Impacto Público
Prohibición de Uso Electoral de Audio de Menor
El Consejo Nacional de Televisión (CNTV) debió, de forma inédita, eliminar contenido de la franja electoral a raíz de una resolución del Juzgado de Familia de San Bernardo. La medida cautelar prohibió la publicación y reproducción “con fines de propaganda electoral” de un registro audiovisual donde un menor del Sename pedía auxilio en la residencia Carlos Antúnez.
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Este video, que provocó que Sename abriera un sumario y presentara una denuncia ante la Fiscalía, fue utilizado en la franja de la Lista del Pueblo el 26 de marzo. Reproduciendo el audio del menor de fondo, sus candidatos a convencionales constituyentes llamaban a escribir una nueva Carta Magna que reconociera a los niños, niñas y adolescentes como “sujetos de derecho”. Las reacciones y críticas por el uso del registro del niño fueron inmediatas. La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, manifestó que “indigna verificar que el uso y abuso del dolor ajeno no es propio de ningún sector político”.
El Juzgado de Familia de San Bernardo aprobó la medida cautelar que ordena la “eliminación de todo registro ya publicado y/o difundido en dicho contexto” y que el CNTV “prohíba la reproducción de la franja electoral” mientras contenga dicho audio. La presidenta del CNTV, Carolina Cuevas, valoró la resolución y notificó a todas las candidaturas. Si alguna incumple la resolución, correspondería a delito de desacato.
Denuncias por Audios de Gritos en Residencias
Una publicación en redes sociales alertó sobre el caso de un menor que gritaba durante la noche en una residencia del Sename en Providencia, lo que será investigado por las autoridades. Una vecina del lugar compartió un video de los hechos. El Sename solicitó “de manera urgente las imágenes de la residencia” y la Unicef en Chile hizo un llamado a esclarecer los hechos. Desde la Defensoría de la Niñez condenaron los hechos y llegaron hasta el lugar para constatar el actuar de los funcionarios del Sename, verificando que “no se activó el protocolo de manera adecuada”.
Jocelyn Marschhausen, psicóloga del Programa Mi Abogado, comentó que se trabajó para reforzar el vínculo con el niño y aseguró que este hecho podría haber tenido una grave afectación emocional si se hubiera enterado del video. El equipo considera esta medida cautelar un precedente importante que "fija un límite en el actuar en este tipo de campañas, en la no utilización de niños en la disputa política", y que resalta la importancia del trabajo multidisciplinario y el compromiso profesional para proteger los derechos de los niños.
Hacia una Solución Integral
Pilares para una Reforma Profunda
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva para el problema se basa en tres pilares:
- Apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado: Necesitamos unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados y personal dedicado que también trabaje con las familias, en lugar de aislarlas.
- Reintegración familiar como objetivo final: Los niños son internados por pobreza, y la solución no es quitárselos, sino romper el círculo vicioso, entregando herramientas y acompañamiento a sus familias.
- Defensa jurídica adecuada: Los niños deben contar con una defensa jurídica que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo, a diferencia de los abogados jóvenes que a menudo ven al niño como un trámite burocrático.
Francisco Estrada y Estela Ortiz coinciden en que no hay niños de estratos económicos altos en el Sename, sugiriendo una estigmatización de la pobreza. Además, Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, y aún así, carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil.
La Necesidad de Cerrar Sename y la Reforma Urgente
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretende cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio. Estela Ortiz espera "dejar instalado" este nuevo servicio antes de 2019. Sin embargo, el problema es que los niños no pueden esperar. Las autoridades han reconocido las falencias del sistema, pero la implementación de soluciones efectivas y duraderas sigue siendo un desafío urgente para la sociedad chilena en su conjunto.