La comisión de educación popular del Barrio Yungay convocó el pasado domingo 19 de enero una once constituyente abierta a todos los y las vecinas, con el fin de dialogar sobre el actual sistema de seguridad social y pensiones. (Santiago, 20 de enero, 2020) La instancia se realizó en Plaza Yungay a las 17:00 horas y contó con la participación de Manuel Riesco, economista miembro de CENDA, Andrea Sato, investigadora de Fundación SOL, Miriam Campusano, dirigenta de la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores NO+AFP y Francisca Gallegos, Socióloga. Tras la reforma de pensiones propuesta por el gobierno el pasado 15 de enero, los asistentes expresaron su real preocupación y confusión con el tema, pues es uno de los puntos más conflictivos del debate actual, ya que afecta a las y los trabajadores chilenos.
El primero, es la insuficiencia de ingreso de las pensiones en Chile, pues a las y los trabajadores jubilados y pensionados no les alcanzan los ingresos para cubrir sus necesidades. El segundo punto, es el mercado de pensiones y del modelo que han propiciado las AFP y el modelo de AFP. La investigadora, planteó que aumentar y acumular el capital de las AFP, es un modelo que solo les beneficia a ellos, como grandes grupos económicos, y es una sobre la explotación a los trabajadores y trabajadoras. “Hoy observamos que la cantidad de dinero que manejan las AFP es comparable al 75% del PIB en Chile. Y el tercer, y último punto, es el entramando de inversiones que ha propiciado el mercado de las AFP. Andrea Sato expuso que el mercado de las AFP configura como principal inversor distintas empresas, grupos empresariales y grupos económicos a nivel nacional e internacional. Para concluir, Andrea Sato subraya que la movilización social, el trabajo conjunto de los territorios y los sindicatos va transformar este sistema, “nunca nos han regalado nada y tampoco lo harán.
Esta semana será posible recoger las primeras impresiones que surjan del informe de la comisión Bravo. Las expectativas han sido manejadas desde el gobierno, señalando por parte de las carteras de Trabajo y Hacienda, que no se realizarían transformaciones estructurales en materia de pensiones en este gobierno. Riesgo. Seguramente es la mejor palabra para describir el sistema de ahorro forzoso privado, que es administrado por empresas con fines de lucro, llamadas comúnmente AFP. Este sistema, creado durante la dictadura civil militar en Chile, fue ideado por miembros del grupo ideológico-político a cargo de consolidar una nueva institucionalidad en la que derechos sociales garantizados como las pensiones se convertirían en ingresos para dinámicas flexibles de acumulación de capital.
También hemos visto en los más de 30 años del sistema de AFP, que este modelo ha requerido en reiteradas ocasiones de modificaciones impulsadas por el Estado, que no han cambiado el hecho de que sus resultados en materia de pensiones sean un fracaso. Si observamos las cifras de las pensiones de vejez por edad en modalidad retiro programado (las pensiones que pagan las AFP) a agosto de 2015, podemos decir que 91 de cada 100 pensionados recibe una pensión inferior a $150.519 pesos. Chile forma parte del grupo de 9 países en el mundo que no poseen un sistema de reparto activo en sus sistemas de pensiones.
Esto puede tener correspondencia con que la mayoría de las sociedades privilegia la seguridad antes que el riesgo para la administración de sus fondos de pensiones. Es más, intelectuales de todo orden, desde premios Nobel hasta reconocidos autores contemporáneos, han planteado distancia con los sistemas privados de capitalización individual. Un ejemplo es Thomas Piketty, quién plantea que “Cuando se tienen los medios suficientes y es posible esperar 10 o 20 años para recuperar su inversión, en efecto es muy atractivo el rendimiento de la capitalización. Sin embargo, cuando se trata de financiar el nivel de vida básico de toda una generación, sería muy irracional jugar así con los dados.”
Quizás la diferencia más evidente entre un sistema de AFP y un sistema de reparto, es que el segundo ha sido ideado para dar pensiones, mientras que el primero fue ideado para capitalizar la actividad financiera e incentivar el crecimiento del país mediante la financiarización de la economía. Esto ha significado que las AFP jueguen un rol preponderante en las finanzas empresariales, no por las pensiones que otorgan sino por el dinero que inyectan a empresas y bancos. Durante 2014 los ingresos por cotizaciones y aportes del fisco al sistema de AFP fueron de $7,09 billones de pesos, de los cuales $2,82 billones se utilizaron para pagar pensiones, lo que deja un excedente de $4,27 billones que se utilizan para capitalización. Una muestra de las inversiones riesgosas podría verse, por ejemplo, en que a agosto de 2014 las AFP invertían más de $52 mil millones de pesos en bonos y acciones relacionadas con el grupo PENTA y a octubre del mismo año se invertían más de $230 mil millones en acciones de empresas del Grupo SOQUIMICH (SQM).
Los dineros invertidos son los dineros ahorrados por los cotizantes y los efectos de la bolsa sobre estos dineros afectan directamente esos ahorros: Quien pierde es el cotizante, así es y ha sido en diversos momentos de inseguridad del mercado, en el año 1998, 2008 u otros. Con el sistema de capitalización individual el aporte de los empleadores a la pensión de vejez de los trabajadores es actualmente de $0 pesos. Si calculamos el promedio de aporte de los empleadores a pensiones de vejez en países OCDE, es posible constatar una realidad muy lejana a la chilena, pues la tasa de cotización del empleador llega a 11,24% y el de trabajadores a 8,37% en promedio.
Las AFP chilenas han propuesto el incremento de la tasa de cotización de los empleadores y el aumento de la edad de jubilación de los trabajadores, como dos medidas que permitirían mejorar las pensiones. De ser así, los resultados se podrían evaluar con certeza luego de un ciclo de capitalización individual, es decir, algo así como en 30 o 35 años. En cambio, en un sistema de reparto los ajustes de parámetros dan resultados de forma inmediata pues los ingresos del sistema se utilizan mayoritariamente para pagar pensiones, sustituyendo la idea del ahorro individual, como centro de financiamiento de la pensión, por la idea de solidaridad intergeneracional. Pese a los ajustes que se realicen al sistema de AFP, éste no podrá garantizar un beneficio definido, es decir, una tasa de reemplazo fija, pues esto va en una dirección contraria al diseño esencial del modelo.
Por otra parte, si recogemos la experiencia, instrumentos y propuestas de intelectuales internacionales en materia de pensiones, podríamos plantear 10 principios a tener en cuenta en un sistema de pensiones. En un rápido examen es posible señalar que el sistema de AFP no cumple de forma íntegra con estos principios. Para empezar, no fue concebido bajo un clima de diálogo social y pese al rol de comisiones asesoras en sus modificaciones, no se ha transformado su base de capitalización y ahorro individual, lo cual pareciera ser incuestionable.
A partir de lo anterior y considerando los principios de seguridad social, es posible pensar una propuesta concreta alternativa al sistema de AFP. Uno de los aspectos más mencionados por los defensores del sistema actual y que hacen una referencia negativa al sistema de reparto, consiste en el envejecimiento de la población. Es importante tener en cuenta que dicho factor es abordado por los sistemas de reparto mediante el ajuste de sus parámetros de edad o tasa de cotización, mismas soluciones que han propuesto para el sistema de AFP en Chile. Un sistema pensado para dar pensiones debe hacerse cargo de un conjunto de aspectos y debe ser pensado en el marco de la seguridad social, no del riesgo como el actual sistema de AFP.
Un alto grupo de organizaciones sociales y sindicales se han involucrado en el debate por el cambio y se mantienen a la expectativa por los resultados de la comisión asesora en materia de pensiones, los cuales deberían estar en estos días. Es de esperar que al conocer las conclusiones de la comisión Bravo, se pueda observar la variedad de propuestas que fueron presentadas, entre las que se puede mencionar un modelo macro de sistema de reparto para Chile, presentado por Fundación SOL, que proyectado, resulta viable a lo menos en 50 años, asegurando una tasa de reemplazo para los jubilados y una pensión básica universal. Dicho modelo sería financiado con el aporte de empleadores, trabajadores y Estado.
Finalmente la definición de un cambio real al sistema de AFP y de no más maquillaje, es una decisión política más que técnica. Con los resultados del sistema de AFP a la vista, es pertinente cuestionarse ¿cuál sería la razón de privar a Chile de un sistema de pensiones basado en principios de Seguridad social y con esto seguir mermando a generaciones de adultos mayores?
El improvisado debate sobre las AFP entre Piñera y Lagos
Publicado en Pulso Diario de San Luis el 3 de noviembre 2020. El modelo se expandió a otros países de la región, como México, Perú o Colombia. El sistema de pensiones de Chile cumple 40 años entre luces y sombras: alabado y replicado en los 90 en buena parte de Latinoamérica, hoy en día está fuertemente cuestionado por las pírricas jubilaciones que otorga y cada vez son más las voces que piden transitar hacia un modelo más solidario. Implantado por la dictadura de Augusto Pinochet a través del decreto ley 3,500 del 4 de noviembre de 1980 e ideado por el entonces ministro de Trabajo José Piñera -hermano del actual presidente, Sebastián Piñera-, el sistema fue pionero en la región en establecer la capitalización individual y en desechar el modelo de reparto. En Chile, cada trabajador formal está obligado a aportar el 10 % de su sueldo mensual a una cuenta personal de la que puede disponer cuando se jubile (60 años para las mujeres y 65 años los hombres) y que es tutelada por las denominadas Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP), empresas privadas reguladas por el Estado. Actualmente existen siete AFP, que obtienen beneficios millonarios tras invertir en los mercados los ahorros de los trabajadores, que al momento de afiliarse deben elegir entre cinco tipos de fondo (A, B, C, D y E) en función de su aversión al riesgo.