El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, también conocido como Mejor Niñez, es una entidad pública descentralizada con personalidad jurídica y patrimonio propios, cuya misión es garantizar la protección especializada de niños, niñas y adolescentes que se encuentren gravemente amenazados o vulnerados en sus derechos. Este servicio opera bajo la supervigilancia del Presidente de la República, a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia, el cual asegura el cumplimiento de las normativas que rigen su labor y la de sus colaboradores acreditados.
El objetivo principal del Servicio es asegurar la provisión y ejecución de programas especializados para abordar casos de mediana y alta complejidad, garantizando el pleno respeto a los niños, niñas y adolescentes como sujetos de derechos de especial protección. Esto incluye el respeto y la promoción de sus derechos fundamentales, reconocidos en la Constitución Política de la República, la Convención sobre los Derechos del Niño y otros tratados internacionales ratificados por Chile. El Servicio actúa en concordancia con la Política Nacional de Niñez y Adolescencia, asegurando el derecho de acceso a la justicia y ejerciendo sus funciones con un enfoque de derechos, en consonancia con la dignidad humana de los menores.
Estructura y Gobernanza del Servicio
El Servicio cuenta con una Dirección Nacional, cuyo titular, el Director o Directora Nacional, ejerce su cargo por un período de cinco años, con posibilidad de una única renovación. Para asegurar su operatividad a nivel territorial, el Servicio dispone de direcciones regionales en cada una de las regiones del país. Tanto el Director Nacional como los directores regionales son nombrados a través del Sistema de Alta Dirección Pública, garantizando un proceso de selección basado en méritos y experiencia.
Para la toma de decisiones estratégicas y la supervisión, el Servicio incorpora el Consejo de Expertos. Este consejo está integrado por cinco miembros con experiencia y reconocida trayectoria en áreas relacionadas con la niñez. Los integrantes del Consejo de Expertos ejercen su cargo por un período de tres años, con la posibilidad de una única renovación, asegurando así una continuidad en la experticia y un aporte constante de conocimiento especializado.
Funciones y Responsabilidades Clave
Las funciones del Servicio son amplias y abarcan diversas áreas para garantizar una protección integral:
- Elaboración de normativa: Desarrolla la normativa técnica y administrativa para cada programa de protección especializada.
- Colaboración interinstitucional: Trabaja conjuntamente con otros órganos del Estado en el marco de sus competencias, requiriendo y entregando información cuando sea necesario.
- Participación y opinión: Genera procedimientos para recabar periódicamente la opinión de los niños, niñas, adolescentes y sus familias, o de quienes legalmente los tengan a su cuidado.
- Vigilancia de derechos: Vela por el respeto de los derechos humanos y las disposiciones legales y reglamentarias relativas a la protección especializada de los menores.
- Capacitación y desarrollo: Diseña y desarrolla políticas, programas y actividades de capacitación periódica para el personal y colaboradores.
- Solicitud de información: Puede solicitar información a cualquier órgano del Estado que considere relevante para el buen cumplimiento de sus funciones.
- Recuperación de recursos: Ejerce las acciones necesarias para recuperar recursos utilizados en contravención de la normativa o convenios.
- Otras funciones legales: Cumple con todas las demás funciones que la ley le encomiende.
Principios Rectores y Enfoque de Derechos
La actuación del Servicio se rige por principios fundamentales para asegurar una protección efectiva y respetuosa:
- Interés superior del niño, niña o adolescente: Prioridad absoluta en todas las decisiones y acciones.
- Igualdad y no discriminación arbitraria: Trato equitativo sin distinciones injustificadas.
- Autonomía progresiva: Reconocimiento y fomento de la capacidad de los menores para tomar decisiones según su edad y madurez.
- Perspectiva de género: Consideración de las diferencias y desigualdades de género en las intervenciones.
- Inclusión: Asegurar la participación y el acceso de todos los niños, niñas y adolescentes, sin importar sus características o condiciones.
- Protección social: Integración de las acciones de protección en un marco de políticas sociales más amplias.
- Participación efectiva: Fomento de la participación activa de los menores y sus familias en los procesos que les afectan.
El Servicio se compromete a proveer las prestaciones necesarias, asegurando una oferta pública en todas las regiones del país, ya sea directamente o a través de terceros. En caso de que niños, niñas o adolescentes resulten dañados por falta de servicio, la indemnización por el daño moral será fijada por el juez, quien considerará la gravedad del daño y sus consecuencias en la vida del afectado.
Sujetos de Atención y Continuidad del Cuidado
El Servicio dirige su acción principalmente a niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, la protección se extiende a aquellos que, teniendo dieciocho años o más, se encuentren bajo cuidado alternativo y cursando estudios. Estos jóvenes continuarán siendo sujetos de atención hasta el 31 de diciembre del año en que cumplan veinticuatro años, garantizando así un acompañamiento extendido en su transición a la vida adulta.
LA SALUD MENTAL EN LOS JÓVENES 🧠 | Documental
Líneas de Acción y Modalidades de Atención Especializada
El Servicio implementa diversas modalidades de atención especializada para responder a las necesidades específicas de cada caso:
- Diagnóstico clínico especializado y seguimiento de casos, y pericia: Evaluación exhaustiva y acompañamiento continuo.
- Intervenciones ambulatorias de reparación: Tratamientos y terapias sin necesidad de internación.
- Fortalecimiento y vinculación: Programas orientados a mejorar las relaciones familiares y sociales.
- Cuidado alternativo: Modalidades de cuidado fuera del hogar familiar cuando este no es seguro.
- Adopción: Procesos para procurar una familia permanente a niños, niñas y adolescentes que no pueden ser cuidados por su familia de origen.
Los programas de protección especializada se diseñan basándose en evidencia técnica y territorial, evaluaciones anteriores y las directrices del Ministerio de Desarrollo Social y Familia u otros organismos competentes. La línea de acción de adopción busca activamente una familia para el niño, niña o adolescente, garantizando su bienestar afectivo y material.
Colaboradores Acreditados y Fiscalización
El Servicio mantiene y administra un Registro de colaboradores acreditados, que se actualiza anualmente y está disponible en su página web. Solo las personas jurídicas que hayan implementado modelos de organización, administración y supervisión para prevenir delitos que afecten a la niñez y el uso de recursos públicos pueden ser acreditadas como colaboradores. El Servicio cuenta con una unidad de fiscalización encargada de supervisar y controlar a estos colaboradores, pudiendo aplicar sanciones en casos calificados.
Las sanciones buscan ser idóneas para el cumplimiento de los fines de la protección especializada. La infracción gravísima, que incluye delitos contra la vida, salud, integridad, libertad e indemnidad sexual de los menores, así como el mal uso de recursos públicos, puede ser sancionada hasta con el término de la acreditación.
Transición desde el SENAME
El Servicio Nacional de Menores (SENAME) fue el organismo predecesor, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y su gestión estaba ligada a la justicia. A partir de 2021, el SENAME se enfocó exclusivamente en el área de justicia y reinserción juvenil, mientras que el Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia se constituyó como el continuador legal en materia de protección de derechos. El SENAME ha estado en un proceso de cierre y traspaso gradual a dos nuevos servicios especializados: el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia y el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil.
La promulgación de la ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada de la Niñez y Adolescencia (Mejor Niñez) en diciembre de 2020 marcó un hito en la reforma del sistema de protección. Estudios previos, como el realizado por el Hogar de Cristo, ya señalaban la necesidad de asegurar servicios de soporte a los jóvenes en su transición a la vida adulta, incluyendo alternativas habitacionales, apoyo financiero, educacional, laboral, legal y de salud. La evidencia indicaba que muchos jóvenes en situación de calle habían pasado por el SENAME, evidenciando la urgencia de fortalecer los programas de transición a la vida independiente.
Se ha trabajado en la adaptación de la ley para que el nuevo Servicio Mejor Niñez acepte certificados de instituciones colaboradoras acreditadas para la continuidad de estudios, y se busca asegurar programas de transición a la vida adulta con vivienda, reconociendo que la situación de calle impide la efectividad de programas ambulatorios. La necesidad de un programa de transición hacia la vida independiente, único en Latinoamérica, es una prioridad, explorando modelos como "Vivienda Primero" y proponiendo subsidios de arriendo colectivo.
La preparación para la vida debe evolucionar de un enfoque de "independencia" a uno de "interdependencia", promoviendo el desarrollo de habilidades sociales y la construcción de redes de apoyo. Las expectativas puestas en el nuevo Servicio Especializado son altas, con la urgencia de evitar que los jóvenes egresados del sistema terminen en situación de calle.
Desafíos y Problemáticas Históricas
El texto original delinea problemáticas históricas asociadas a la gestión del SENAME, que el nuevo servicio busca superar. Entre ellas se mencionan:
- Casos de abuso y maltrato: Incidentes de abuso sexual y maltrato físico ocurridos dentro de centros de protección, algunos perpetrados por jóvenes que también fueron víctimas.
- Falta de control y preparación del personal: Insuficiencia en la capacitación y supervisión del personal encargado del cuidado de los menores.
- Daño extremo de los menores: La complejidad de atender a niños y adolescentes con historiales de trauma severo, que requieren atención especializada que no siempre está disponible.
- Condiciones precarias de infraestructura: Hogares con problemas de higiene, hacinamiento y falta de condiciones adecuadas para la habitabilidad, incluso peores que las de centros para jóvenes infractores.
- Problemas de fiscalización y registro: Dificultades para rastrear la ubicación de los menores y la adulteración de registros de asistencia.
- Brecha financiera: La diferencia entre los recursos entregados por el Estado y los necesarios para una atención de calidad, que a menudo se cubre con donaciones y caridad.
- Violencia entre pares: La presencia de violencia dentro de los hogares, exacerbada por la dificultad de los menores para controlar sus impulsos debido a sus experiencias traumáticas.
- Complejidad de las historias familiares: Muchos menores provienen de contextos de violencia intrafamiliar, abandono, abuso sexual y negligencia parental, con redes familiares disfuncionales o ausentes.
Estos desafíos subrayan la importancia de la reforma y la creación del nuevo Servicio de Protección Especializada, con el objetivo de ofrecer una atención más digna, profesional y efectiva a los niños, niñas y adolescentes bajo su cuidado.