En los últimos tiempos, el concepto de “intervención social”, habitualmente empleado desde las ciencias sociales y específicamente desde el Trabajo Social, ha experimentado una serie de cambios. Tener claridad respecto a estas transformaciones trae consigo nuevos desafíos para el Trabajo Social como disciplina, ya que implica fortalecer competencias profesionales que permitan una fácil y rápida adaptación a los contextos actuales. Por consiguiente, el ámbito de las políticas públicas abre oportunidades claras para la disciplina, no solo como ejecutores de la política, sino también como entes analistas capaces de articular las demandas sociales de la ciudadanía con los intereses políticos de los diferentes actores.
El Trabajo Social como Actor Clave en las Políticas Públicas
El tránsito continuo del “terreno” a la “institucionalidad” público-privada permea el quehacer profesional, convirtiendo al trabajador social en un actor clave que favorece el diálogo entre los problemas públicos (la realidad social) y los actores políticos (la institucionalidad o los decisores).
Identificar las políticas públicas como un espacio de ejercicio profesional permite al Trabajo Social aportar de manera certera a la generación de cambios en la realidad social de los sectores más vulnerables, buscando así mejorar la calidad de vida de la población en los distintos territorios. Actuar desde las políticas públicas regionales no solo posibilita el levantamiento de políticas públicas más eficientes y de mayor calidad, sino también políticas públicas con pertinencia territorial que se suscriben a un flujo de diseño de la política de abajo hacia arriba (bottom up), y no necesariamente políticas públicas que respondan al modelo de arriba hacia abajo (top down), como suele atribuirse a Estados centralizados, caso de Chile, por ejemplo.
Contexto Peruano y las Características de las Políticas Sociales
Perú es un país con una gran diversidad cultural, donde cada región posee características, problemáticas y necesidades diferentes. Por ello, la participación del Estado, como propulsor de las políticas sociales en cada lugar, tiene un impacto distinto. Estas políticas deben ser definidas en el tiempo (a largo, mediano o corto plazo), responder a las necesidades de un grupo mayoritario de la población, ser fáciles de lograr de manera cuantitativa y cualitativa, y analizar su viabilidad social y política.
Historia y Evolución de las Políticas Sociales en Perú
Periodo del Gobierno Militar y los Movimientos Sociales
A partir del cambio de gobierno militar por Velasco Alvarado, en octubre de 1968, los partidos políticos se opusieron al gobierno y comenzaron a alentar a la población a reclamar por sus necesidades. Así surgieron los movimientos sociales, donde se expresaba que la voz del pueblo debía ser escuchada; de esta manera, el sector popular empezó a participar mínimamente en las decisiones para el pueblo.
Retorno a la Democracia y la Participación Ciudadana
En 1980, con el segundo gobierno de Fernando Belaunde Terry, regresó la democracia a través de un gobierno elegido por elecciones. En este periodo, comenzó la tendencia a creer que el país podría resolver sus problemas con la participación del pueblo, y fue el momento en que se iniciaron actividades que requerían la opinión de la población, un ejemplo de ello son los presupuestos participativos.
Gobiernos Post-Transición: Crisis y Respuestas Sociales
El primer gobierno de Alan García (1985-1990) se caracterizó por la hiperinflación, generando descontento en la población, y no pudo frenar los movimientos terroristas que se habían agudizado. El gobierno de Alberto Fujimori (1990-1995 y 1995-2000) estuvo contextualizado por el autogolpe de Estado de 1992, que anunció la intervención del Congreso de la República y la toma de instituciones como el Poder Judicial y el Ministerio Público. En el ámbito social, este gobierno se caracterizó por una serie de eventos que vulneraron los derechos de las personas, como la masacre de Barrios Altos, el atentado en Tarata y La Cantuta, entre otros. Esto ocasionó una crisis social que repercutió en las políticas sociales, las cuales se enmarcaron dentro de un sesgo subsidiario, iniciando con la creación de un sinnúmero de comedores populares.
Perú tuvo un gobierno de transición con Valentín Paniagua, que duró de 2000 a 2001. Una de las acciones que guio las políticas sociales fue la creación de la Comisión de la Verdad y Reconciliación (CVR), que tuvo como una de sus funciones elaborar un informe sobre el terrorismo vivido en Perú entre 1980 y 2000, con un sesgo de protección de los derechos humanos.
El Acuerdo Nacional como Marco de Políticas de Estado
En el 2002, se aprobó el Acuerdo Nacional, que representa el conjunto de políticas de Estado elaboradas y aprobadas sobre la base del diálogo y el consenso (Secretaría Ejecutiva del Acuerdo Nacional, 2014). Esto se logró luego de un proceso de talleres, consultas, buzones de sugerencias, página web y línea telefónica a nivel nacional, con el fin de definir un rumbo para el desarrollo sostenible del país. Los principios de este Acuerdo Nacional se articulan en tres grandes ejes:
- Democracia y Estado de Derecho: Se busca asegurar un clima de democracia, estabilidad y cooperación política, donde el gobierno es un miembro más, y se promueve la participación ciudadana permanente.
- Equidad y Justicia Social: Las políticas se orientan a grupos en extrema pobreza, vulnerables y excluidos, luchando contra la pobreza y reduciendo la desigualdad social. Se busca garantizar la igualdad de oportunidades económicas, sociales y políticas, y combatir la discriminación por razones de inequidad entre hombres y mujeres, origen étnico, raza, edad, religión o discapacidad.
- Competitividad del País: Se orientan a sostener la política económica del país sobre los principios de la economía social de mercado, formando un Estado responsable, promotor, regulador, transparente y subsidiario.
Gobiernos Recientes y Enfoques Específicos
En el segundo gobierno de Alan García (2006-2011) existió una tendencia por la inversión extranjera, incrementándose los tratados de libre comercio. En relación con las políticas sociales, hubo un gran sesgo hacia la educación y la solución de conflictos sociales, creando instituciones educativas emblemáticas y la carrera pública magisterial.
El gobierno de Ollanta Humala (2011-2016) brindó un sesgo de las políticas sociales orientadas a la población, por la creación de un sinnúmero de programas sociales, la mayoría con nombre quechua, rescatando lo propio. El Gobierno de Pedro Pablo Kucynski (2016-marzo de 2018) estuvo marcado por conflictos de intereses, donde el congreso solicitó la vacancia presidencial en dos oportunidades, existiendo audios y videos comprometedores con su cartera de ministros. Esto afectó la política social, que tuvo un sesgo de protección y compromiso con la ciudadanía, basado en que “la defensa de la persona humana y el respeto de su dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado” (Kuczynski, 2017). Este gobierno sufrió las consecuencias del fenómeno del Niño Costero, donde hubo irremediables pérdidas materiales y se evidenció que las instituciones y/o la población no estaban preparadas ni organizadas para este tipo de situaciones, centrándose en la ayuda a los damnificados.
Tras la renuncia de PPK, asume por sucesión constitucional Martín Vizcarra (marzo 2018 - actualmente), quien tiene cuatro lineamientos: lucha contra la corrupción, estabilidad institucional, país estable con crecimiento ordenado y equitativo, y mejorar la calidad de vida de los peruanos. Sobre este último punto se orientan las políticas sociales en salud, seguridad social y empleo de calidad, que serán los centrales en su gobierno.
PUCP - ¿Qué son las políticas públicas y cuál es su relación con la gestión pública?
El Enfoque Basado en Evidencia en el Diseño de Políticas Sociales
Una de las respuestas al referente normativo en Trabajo Social es el Enfoque Basado en Evidencia. Sin embargo, su utilización no se limita a esta disciplina, de hecho, respalda gran parte de las decisiones que se toman en políticas públicas hoy en día. A través de las políticas públicas, el Estado busca constantemente el bienestar social, por lo que es importante dar cuenta de la manera y la medida en que las intervenciones estatales aseguran -o no- el cumplimiento de sus objetivos, relevando brechas a trabajar. En este punto cobra importancia la propuesta de Políticas Públicas Basadas en la Evidencia.
La Participación Ciudadana y el Rol del Trabajo Social
La aportación y competencias de la labor del trabajador social juegan un rol fundamental en la creación de políticas públicas, teniendo un rol elemental de mediador basado en la proximidad de los actores políticos con la comunidad, para que esta tenga una mayor participación ciudadana.
Definición y Relevancia de las Políticas Públicas
Entenderemos por políticas públicas el “conjunto de objetivos, decisiones y acciones que lleva a cabo un gobierno para solucionar los problemas que en un momento determinado los ciudadanos y el propio gobierno consideran prioritarios” (Tamayo, 1997, p. 281). En la actualidad, la participación activa de la comunidad en la realización de políticas públicas se ha convertido en un tema central para la ciudadanía.
El Rol del Trabajador Social en la Guía de la Participación
“La complejidad e interdependencia de las situaciones de dificultad a las que nos enfrentamos, requiere de interacciones reflexivas y dinámicas de los diferentes actores sociales, siendo la participación un elemento consustancial en este nuevo contexto pluralista y relacional” (Pastor, 2009, p. 86). Por ende, es necesario que esta participación activa se dé mediante la entrega de información y medios de comunicación más transparentes, que permitan a los actores sociales desarrollar un pensamiento crítico ante los hechos políticos, sociales y culturales. Siendo el trabajador social el encargado de guiar esta participación ciudadana, fortaleciendo sus interacciones reflexivas y dinámicas de los diferentes actores sociales, convirtiendo la participación en un elemento preciso y necesario para la intervención en un contexto tan desigual e injusto.
Beneficios de la Participación Ciudadana
Numerosas investigaciones revelan que la participación aporta sustantivos beneficios a la dinámica organizacional y comunitaria, y por tanto al propio profesional. Proporciona una progresiva adecuación del funcionamiento de las instituciones, rompe la apatía y desconfianza ciudadana, ofrece a los representantes herramientas para evaluar y mejorar la gestión de los asuntos públicos, permite a la ciudadanía reconquistar y recuperar el espacio público, genera capital social, potencia sentimientos comunitarios, permite que la “política se socialice” y refuerza las decisiones a adoptar o, incluso, adoptadas.
La Participación como Derecho y Valor Profesional
La desigualdad, el olvido y la injusticia que sufren los adultos en la transición y etapa de adulto mayor, hacen necesario que como trabajadores sociales intervengamos mediante la participación de esta ciudadanía, expresando sus necesidades e intereses en la creación de políticas públicas. De manera que “La participación ciudadana es un elemento definitorio del Trabajo Social desde sus inicios y que se plasma en la misma definición y en el código deontológico de la profesión” (Pastor, 2009, p. 88). Concurriendo a valores principales de la profesión como la protección de los derechos humanos y sociales, y la justicia social.
Estos valores incluyen la autodeterminación, la normalización y la participación activa de los sujetos con los que se trabaja, con el fin de que sean actores sociales protagonistas de su propio cambio.
Modelos de Participación: Sustantiva vs. Instrumental
La participación puede ser sustantiva, entendida como un proceso que promueve el acceso real de hombres y mujeres a la toma de decisiones en la elaboración, ejecución y evaluación de políticas y programas. O, por el contrario, puede ser subordinada a las actuaciones profesionales y directrices políticas, siendo un simple medio cuyo objeto es legitimar políticas, programas y actuaciones profesionales.
La labor del trabajador social en este modelo es responder a las preguntas clave: ¿Por qué? es necesario incorporar dicha política pública (en este caso, para el adulto mayor), ¿Cómo? será aplicada y ¿Cuánto? sería su beneficio social para los factores de vulneración del adulto mayor, tomando en cuenta el nivel de impacto, económico y social, y considerando ¿Cuándo?.
La Participación como Poder Social
Por otro lado, la participación se entiende como una forma de poder social, la cual “se ejerce tomando o influyendo en decisiones vinculadas con las políticas, organismos y programas sociales, lo que requiere, en muchas ocasiones, desbloquear accesos al poder” (Pastor, 2009, p. 92). De esta manera, los adultos mayores deben identificarse y considerarse como personas capaces de llevar un desarrollo pleno y satisfactorio en sus vidas.
Para ello, es necesario promover, construir y consolidar programas, grupos u organizaciones que fortalezcan a los adultos mayores, de modo que sean un grupo respetado, valorado y activo en el desarrollo de la población. Esto implica un trabajo circular de reflexión-acción-reflexión, por una parte, con las personas, grupos y organizaciones para que identifiquen sus necesidades e impulsen acciones cooperativas para su transformación (necesidades sentidas colectivas), y a la vez, creando y fortaleciendo mecanismos que permitan canalizar estas demandas de manera efectiva, influyendo en el diseño, seguimiento y evaluación de políticas y programas sociales.
El Proceso de Diseño de Políticas con el Trabajo Social
En esta fase se produce una construcción/reconstrucción, donde existe una dimensión entre el adulto mayor y el trabajador social. El primero entrega información informal basada en sus necesidades, mientras que el trabajador social complementa esta información a través de datos formales, integrando la racionalidad técnica y social que permiten vincular la información.
El Trabajo Social es fundamental en la aplicación o complementación de políticas públicas con el fin de potenciar el desarrollo humano del ser humano, y en este caso, enfocado en la comunidad de adultos mayores, fortaleciendo las fuerzas, capacidades y recursos del adulto en sí, de las familias que los acompañan y de la ciudadanía en general.
Desafíos Actuales y la Dimensión Proactiva del Trabajo Social
En tiempos en los que la crisis sigue abriendo mayores brechas de exclusión social y pobreza, en algunos países europeos, como España, se plantea la conveniencia de intensificar la dimensión proactiva del Trabajo Social en el diseño de la política social de los servicios sociales (De la Red Vega & Barranco Expósito, 2014). Se pretende con ello, por una parte, aumentar su efectividad mediante la continua adecuación de dichas políticas a la complejidad de las necesidades sociales en cada situación, y además, favorecer la legitimación social a través de una participación que promueva la inteligencia compartida de los agentes sociales en dichos procesos.
Para ello, es crucial, a partir de la descripción de algunas claves sobre las exigencias actuales del Trabajo Social, detectar las vías a seguir, evitando posibles riesgos en la calidad de la intervención profesional ante el aumento de la demanda y la escasez de recursos económicos.