La relación entre las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) chilenas y la Sociedad Química y Minera de Chile (SQM) ha sido históricamente compleja y marcada por el llamado "Caso Cascadas". Este escándalo financiero reveló un esquema de manipulación bursátil que afectó directamente a los fondos de pensiones de millones de chilenos, generando procesos judiciales y cambios significativos en la gobernanza de la minera no metálica.
Origen y Mecanismo del "Caso Cascadas"
Las primeras señales de lo que más tarde sería conocido como el "Caso Cascadas", el mayor escándalo financiero que ha vivido Sanhattan en su historia, surgieron entre 2009 y 2010. En aquel tiempo, las movidas de Julio Ponce Lerou, el controlador de las sociedades cascadas y SQM, eran apenas una borrosa incógnita que generaba sospechas entre corredores de bolsa y empresarios.
Cristián Rodríguez y Alejandro Bezanilla, dirigentes de la AFP Habitat, fueron los primeros en observar operaciones bursátiles "raras" y "opacas" entre Julio Ponce Lerou y personas y sociedades relacionadas con él. Según Alejandro Bezanilla, "desde 2009 se empezaron a ver operaciones que, por su monto, por los precios a los cuales se realizaban con sociedades relacionadas o vinculadas a la compañía, eran extrañas. Parecían carecer de una lógica de negocios y nos empezó a llamar la atención ya desde el 2009".
Todas estas operaciones describían el mismo modus operandi: vender barato y volver a comprar caro, un patrón muy inusual. A modo de ejemplo, el documento elaborado por Habitat describió la venta de 126 millones de acciones de Pampa Calichera que tenía Oro Blanco (ambas sociedades cascada) a una sociedad relacionada con Ponce a 576 pesos cada una. A los pocos meses, Oro Blanco recompró esas mismas acciones de Pampa Calichera a la sociedad relacionada con Ponce, pero ahora a 859 pesos cada una. Esta operación no parecía tener lógica.
Respecto del funcionamiento de esta "cascada", el abogado Mauricio Daza detalló que "una empresa de Julio Ponce Lerou le vende a un palo blanco una determinada cantidad de acciones a un precio inferior al de mercado. Acto seguido, este palo blanco vende esas mismas acciones a otra empresa del mismo Ponce Lerou pero ahora a un precio artificialmente superior al del mercado".
A principios de la década, corría por las oficinas de Sanhattan un documento anónimo, conocido como el "panfleto", que se sabe ahora fue elaborado por un analista. Paralelamente, Rodríguez y Bezanilla trabajaron en su propio documento, una denuncia formal que describía preliminarmente siete operaciones que perjudicaron sus fondos de pensiones.
Rol de las AFP en la Detección y Denuncia
En mayo de este año, Cristián Rodríguez y Alejandro Bezanilla se sentaron por primera vez ante un tribunal para prestar declaración en un juicio oral, buscando cerrar un círculo que comenzaron a dibujar en 2009 y 2010. En sus declaraciones en el juicio oral, ambos detallaron el papel de la AFP en el caso y las pistas que los llevaron a enfrentarse a Julio Ponce y compañía.
En la junta de accionistas de 2010 de Norte Grande, la sociedad cascada que está en la cima de la estructura piramidal que ocupa Ponce para controlar SQM, Habitat propuso como director independiente al ex ministro de Economía y ex titular de la SVS, Alejandro Ferreiro. El objetivo de ponerlo como director independiente en Norte Grande fue, básicamente, porque pensaron que él podría cumplir un rol en supervisar, mirar desde dentro y, de alguna manera, resguardar los intereses de los accionistas minoritarios en este tipo de transacciones.
Cristián Rodríguez relató algo similar, destacando que "se toma la decisión de vender unas acciones y, al poco tiempo, se toma la decisión de comprar las acciones. Llama un poco la atención el hecho de que son las mismas personas y es el mismo grupo económico. Pero lo otro que pasa, y que llama más la atención, es que estos paquetes accionarios no eran de montos bajos. Estamos hablando de montos altos, varias decenas de millones de dólares en algunos casos. Y estas transacciones se realizaban con poca anticipación o en forma directa en la bolsa".
A mediados de 2012, el entonces presidente de AFP Habitat, José Antonio Guzmán, junto a Rodríguez, Bezanilla y otros analistas, comenzaron una investigación más a fondo. "Llegamos a la conclusión de que había que hacer una investigación más profunda, y por eso fuimos a la SVS luego de hacer este estudio preliminar y le solicitamos que investigara la historia completa", reveló Bezanilla. En julio de 2012, presentaron a la SVS una carpeta física con todos los antecedentes recabados de información pública, memorias y estados financieros de las compañías, así como su análisis interno.
Sanciones de la SVS y el Impacto en el Mercado
Fue en septiembre de 2014 cuando la entonces Superintendencia de Valores y Seguros (SVS), hoy Comisión para el Mercado Financiero (CMF), dio a conocer la resolución que castigó con la multa más alta en la historia del mercado de capitales chilenos, totalizando US$164 millones. La multa sancionó al controlador Julio Ponce Lerou (US$70 millones), seis ejecutivos de SQM, además de la corredora de bolsa Larraín Vial.
El regulador del mercado de valores acusó a todos ellos de haber participado en un esquema bursátil que permitió manipular el precio de las acciones de las sociedades que controlan SQM entre 2009 y 2011. Los cálculos y estudios de la SVS arrojaron que las sociedades que participaron en este esquema fraudulento transaron el 70,2% de las acciones A de Calichera en 2009, el 86,4% en 2010 y el 88,5% en 2011. La SVS concluyó que la enorme cuantía de estas transacciones, efectuadas mediante fórmulas que al final beneficiaban directamente a Julio Ponce, afectaron el correcto funcionamiento del mercado, especialmente a dos de sus pilares básicos: confianza y transparencia.
La multa de la SVS también sancionó con UF 200 mil (US$8 millones) a la corredora LarrainVial y a su gerente general Manuel Bulnes; mientras que a Alberto Le Blanc (ex dueño de la corredora Transcorp) y a Felipe Errázuriz (gerente de Distribución de LarrainVial) los sancionó con UF 100 mil (US$4,1 millones) a cada uno.
En marzo de 2014, Julio Ponce Lerou, aludiendo al entonces presidente Sebastián Piñera, señaló a la salida del Ministerio Público que "si su excelencia, el Presidente de la República no hubiese participado del Caso Cascadas, no habría Caso Cascadas".
La Desinversión de las AFP y Acciones Legales
Pese a la postura inicial de algunas AFP de subestimar el daño a los fondos previsionales de los trabajadores, entre 2014 y 2015 las AFP Habitat, Provida, Cuprum y Capital presentaron acciones judiciales por perjuicios y demandaron indemnización. Todos ellos actuaron de manera coordinada en un esquema de negocios que le generó a las "sociedades cascadas" de SQM costos por US$300 millones, los que finalmente, debieron pagar todos sus accionistas.
En 2015, las gestoras terminaron de salir de la propiedad de la compañía, esto luego de que en 2014 la SVS impusiera la histórica multa. La salida forzada de Patricio Contesse de la gerencia general y los cargos de la SVS al directorio habrían gatillado la estampida de las administradoras de fondos. El proceso de desinversión venía ya desde agosto de 2013, y en 17 meses las AFP acumularon ventas totales en papeles de SQM por alrededor de US$296 millones.
Patricio Contesse, histórico gerente general de SQM, fue formalizado el 30 de abril de 2015 por delitos tributarios asociados a pagos irregulares a políticos, tras una investigación que se inició en 2014, y su salida se concretó en marzo de 2015.
El Proceso Arbitral CORFO-SQM y el Regreso de las AFP
En medio de este escenario de escándalos, Corfo inició en 2015 un proceso arbitral con SQM para revisar la concesión del Salar de Atacama. En abril de 2015, Julio Ponce Lerou, tras 28 años, dejó la presidencia de SQM, señalando que "hace 28 años esta compañía estaba casi en quiebra; hoy día es líder a nivel mundial en su área. Y para mí, lo más importante es el futuro de Soquimich".
Cuatro años pasaron en negociaciones, hasta que en enero de 2018 Corfo y SQM sellaron un pacto, el que triplicaba la cuota de extracción y ampliaba el derecho de explotación del Salar de Atacama hasta 2030. Pero para ello, el Grupo Pampa debía perder el control. Así, en abril de ese año, luego de algo más de 11 años, Julio Ponce Lerou puso fin al acuerdo con la japonesa Kowa, lo que le permitía tener el control de SQM mediante un pacto de accionistas.
En medio de este proceso, también salió el segundo mayor accionista de la compañía. La canadiense Nutrien subastó en bolsa en casi US$1.000 millones (7,6% de la propiedad) el 1 de junio de 2018. En esta operación, las AFP se quedaron con el 45% de la subasta, equivalente a unos US$450 millones, es decir, poco más del 3% de SQM. En abril, Nutrien se había desprendido de otro 1% de la firma chilena por US$75 millones, donde las AFP se quedaron con cerca del 9% del paquete. Finalmente, en diciembre, Nutrien concretó su salida al vender el 24% de la compañía por US$4.070 millones a la china Tianqui.
Razones y Consecuencias del Retorno de las AFP
El acuerdo con Corfo, la pérdida del control por parte del Grupo Pampa, el cambio del gobierno corporativo y las perspectivas del litio fueron las razones que llevaron a las AFP en 2018 a volver a SQM luego de tres años fuera. La decisión de las AFP de volver a invertir en SQM no fue fácil, siendo un tema bastante discutido al interior de cada AFP y que pasó por distintos filtros. Sin embargo, considerando los cambios producidos en la empresa, decidieron hacer primar el tema operativo versus los problemas de los accionistas aguas arriba. Veían bastante atractivo en la acción y estimaban que tenía buenas perspectivas, lo cual resultó ser cierto, ya que desde que entraron por primera vez en febrero de 2018 hasta la fecha, la acción ha subido 68%.
Hoy, con US$2.316,23 millones en la compañía, equivalente al 24,28% de la serie B y al 1,23% de los fondos de pensiones, SQM-B es la acción chilena donde las AFP tienen más recursos invertidos vía capital (detrás está Enel Américas, con US$1.375,23 millones).
En los últimos doce meses hasta mayo, según el reporte sobre flujos institucionales de Bice Inversiones, las AFP han destinado US$1.800 millones a acciones locales, de los cuales US$561,7 millones corresponden a compras de acciones SQM-B. Así, la inversión en la minera no metálica equivale al 31,16% del flujo de las AFP a la bolsa local en los últimos doce meses.
Ya en 2022, las gestoras habían adquirido acciones serie B por US$234,2 millones. Y si se toma solo lo que va entre enero y mayo de este año, según datos de Bice Inversiones, la inversión llega a US$333,2 millones, casi el total de los US$428,5 millones que han destinado en flujos netos al mercado accionario nacional. El año pasado, la acción se empinó 63%, pero en lo que va de 2023 cae 16%.
El Caso Judicial: Reveses y Avances
Por primera vez un tribunal reconoció que los fondos de pensiones perdieron dinero por las operaciones bursátiles que permitieron a Julio Ponce mantener el control de SQM. El 24° Juzgado Civil de Santiago estimó en US$8,2 millones el daño a los ahorros de los 3 millones de afiliados de AFP Provida. Días antes, el Tribunal Constitucional benefició a Ponce Lerou rebajando en US$72 millones la multa que le aplicó la SVS.
El peritaje del experto Matko Koljatic fue clave en el fallo de la jueza Patricia Ortiz: describió el mecanismo del fraude y cuantificó los daños. El fallo echó por tierra tres sentencias anteriores que desestimaron sucesivamente la existencia de perjuicios a los ahorros previsionales de los trabajadores en las operaciones Cascadas, ejecutadas por el grupo de Julio Ponce en SQM. El dictamen de la jueza del 24° Juzgado Civil se basó en la multa por US$164 millones que en 2014 la SVS le aplicó a los mismos personeros de SQM y a la corredora de bolsa Larraín Vial. El 30 de mayo pasado, las defensas de los controladores y ejecutivos de SQM apelaron al dictamen.
La multa inicial de la SVS, que hasta ahora era la mayor aplicada en el mercado local de valores, sancionó a Julio Ponce con US$75 millones. Esa multa fue rebajada por el Tribunal Constitucional (TC) a US$3,3 millones en mayo de este año.
El peritaje de Koljatic prevaleció sobre otros argumentos coincidentes en favor de la defensa de Ponce Lerou y los otros inculpados. Koljatic cifró el perjuicio a los Fondos de Pensiones que administra Provida: UF 38.987 (US$1,7 millones) para el Fondo A; UF 54.468 (US$2,4 millones) para el Fondo B; UF 80.163 (US$3,5 millones) para el Fondo C y UF 13.336 (US$0,6 millón) para el Fondo D. El fallo argumenta que, como las pruebas presentadas por Provida y los demandados eran contradictorias, la multa de la SVS, más los informes de Koljatic y Aguilar, demuestran que las operaciones cuestionadas no se ajustaron ni a la Ley de Sociedades Anónimas ni a la del Mercado de Valores.
La Superintendencia de Pensiones, a través de su superintendente Osvaldo Macías, afirmó en su momento que "es una cifra referencial, pues es competencia de los tribunales de justicia determinar si efectivamente se produjeron perjuicios para los fondos de pensiones y, en tal caso, su cuantía". Sin embargo, todos los fondos de pensiones del sistema previsional, en tanto, perdieron entre US$31 millones y US$44 millones, de acuerdo a la declaración ante la fiscalía de Osvaldo Macías.
El Camino Penal y Riesgos Reputacionales
Si el Ministerio Público logra probar que Aldo Motta, el gerente de las cascadas que enfrenta el juicio, es culpable de los delitos de manipulación bursátil y entrega de información falsa al mercado, se comprobará penalmente la existencia del esquema bursátil defraudatorio. Y ello llevará al pez gordo de este caso: Julio Ponce Lerou.
El regreso de los hermanos Ponce a la plana ejecutiva de SQM, allí donde se toman las decisiones clave de su negocio, desató un vendaval de críticas a la resolución del conflicto entre CORFO y SQM por la explotación del litio en el Salar de Atacama. En medio del escándalo, la Superintendencia de Pensiones ofició a las AFP para que informaran si el retorno de los Ponce Lerou podría afectar la rentabilidad de los fondos previsionales de los trabajadores. Cumplido el plazo, ejecutivos de las AFP con inversión en acciones de SQM, informaron que, aunque la mayoría no hizo mención a un efecto monetario negativo ni positivo, sí advirtieron sobre el riesgo de "efectos reputacionales" en dos direcciones.
Pese a que las AFP finalmente recurrieron a tribunales por los perjuicios que les provocaron las operaciones bursátiles del "Caso Cascadas", desde 2014 han seguido invirtiendo el ahorro previsional de los trabajadores en esas mismas sociedades que controlan SQM. Poco importó que los controladores de SQM exhiban un largo historial de conflictos e irregularidades que los ha enfrentado con la justicia en Chile y en Estados Unidos. En Chile, a diferencia de otros países, las AFP no tienen limitaciones para invertir en empresas con ese prontuario.
CIPER revisó las carteras de inversión de las AFP y constató que en los años 2015, 2016, 2017 y 2018, las AFP Capital, Cuprum y Habitat siguieron apostando por la minera de Ponce Lerou. En 2015 las AFP llegaron a tener el 5,5% de Nitratos (US$2,43 millones), el 5,6% de Norte Grande y el 10,7% de Oro Blanco, lo que representa una inversión total de US$85 millones en SQM. En 2016, la inversión total en esas mismas tres sociedades bajó, pero en 2017 volvió a recuperar su promedio anterior, alcanzando a US$83,48 millones.