La transición de ex funcionarios del Estado hacia puestos en importantes empresas privadas se ha convertido en un tema de debate público en Chile. Estas contrataciones, a menudo vistas como una forma de ampliar la influencia política de las corporaciones, generan incentivos económicos para los beneficiados, pero también atraen críticas de opositores políticos y de la ciudadanía.
El Caso de AFP Provida y la Incorporación de Ex Autoridades
Un ejemplo destacado de esta dinámica se observa en la AFP Provida. Tras el fin del gobierno de Ricardo Lagos, figuras políticas que no encontraron cabida en la nueva administración pública fueron fichadas por esta Administradora de Fondos de Pensiones. Entre ellas se encuentran Ximena Rincón, ex Intendenta de la Región Metropolitana, y el ex senador socialista José Antonio Viera Gallo. Ambos fueron elegidos como representantes del controlador, el Banco Bilbao Viscaya Argentaria (BBVA), en el directorio de Provida.
La elección de Rincón y Viera Gallo para el directorio de Provida supuso la salida de dos ex ministros del régimen militar, Miguel Ángel Poduje y Fernando Léniz Cerda, y la entrada de dos figuras vinculadas a la Concertación. Los incentivos económicos para los directores eran considerables: en 2005, la dieta por sesión ascendía a 75 unidades de fomento (aproximadamente 1.350.000 pesos chilenos). Posteriormente, la misma junta de accionistas que eligió a Rincón y Viera Gallo decidió aumentar esta dieta a 250 UF por sesión (más de 4.500.000 pesos chilenos).
Críticas y Conflictos de Interés
Las incorporaciones no estuvieron exentas de críticas. En el caso de Ximena Rincón, su nombramiento generó escozor en su propio partido, la Democracia Cristiana, donde competía por una vicepresidencia. Los argumentos de sus detractores se centraron en la incompatibilidad entre pertenecer a la directiva de un partido político y al directorio de una empresa, el potencial conflicto de intereses, y la posibilidad de ejercer lobby a favor de la AFP en un momento crucial como la discusión de la reforma previsional. También se planteó la preocupación por un posible tráfico de influencias, alimentando el concepto de la "puerta giratoria" de funcionarios públicos de alto rango hacia el sector privado.
El académico Bernardo Navarrete, del departamento de Ciencia Política de la Universidad de Chile, señala que la emigración del sector público al privado a menudo implica la transferencia de información estratégica, lo que convierte a figuras como Ximena Rincón en una "doble inversión" para Provida.
La "Puerta Giratoria" y su Contexto Histórico
El fenómeno de la "puerta giratoria" no es nuevo en Chile. La periodista María Olivia Mönckeberg, autora de "El Saqueo de los Grupos Económicos al Estado Chileno", recuerda que durante la época de las privatizaciones, el tránsito entre el sector público y privado era aún más frecuente, calificándolo de "incesto colosal". Se mencionan casos históricos como el de José Piñera, creador de la reforma previsional, quien antes de ser ministro del Trabajo fue jefe de estudios de la Colocadora Nacional de Valores. Otros ejemplos incluyen a Alfonso Márquez de la Plata y Jorge Cauas, quienes transitaron entre altos cargos públicos y posiciones en grupos económicos.
Felipe del Solar, director ejecutivo de Proacceso, reconoce que tanto el sector privado como el público se benefician de la experiencia de personas que han estado en roles de regulación estatal. Sin embargo, advierte sobre el persistente problema del conflicto de intereses en estos tránsitos.
Marco Legal y sus Vacíos
La normativa que regula estos tránsitos se encuentra en la Ley Orgánica Constitucional de Bases de la Administración del Estado. Esta ley establece la incompatibilidad de la incorporación de un ex funcionario de un organismo regulador a una entidad privada regulada por dicho organismo por un período mínimo de seis meses después de dejar el cargo. No obstante, la legislación presenta vacíos respecto a la definición exacta de "organismo regulado".
En el caso de Ximena Rincón, quien ejerció como Superintendenta de Seguridad Social hasta principios de 2005 y luego fue Intendenta Metropolitana, se argumenta que no incurrió en ilegalidad, ya que el ente regulador de las Administradoras de Fondos de Pensiones es la Superintendencia de AFP. Sin embargo, persisten las críticas sobre la información valiosa que pudo haber adquirido sobre el sistema previsional, de gran interés para Provida, especialmente ante la inminente reforma previsional.
Otros Casos Relevantes
Los nombramientos en Provida no son casos aislados. Otros ex funcionarios del gobierno de Ricardo Lagos también se han incorporado a firmas privadas: el ex ministro de Economía, Jorge Rodríguez Grossi, al directorio de Chiletabacos; el ex titular de Obras Públicas, Jaime Estévez, a Endesa; y Ricardo Solari, tras su colaboración en la campaña de Michelle Bachelet, pasó a ser parte del directorio de Alsacia, concesionaria del Plan Transantiago. También se menciona el caso de Alberto Etchegaray, ex ministro de Vivienda, quien asumió la presidencia de Celco en medio de una crisis ambiental.
Muchas de estas empresas han estado recientemente en el centro del debate público, ya sea por leyes (antitabaco), implementación de políticas (Plan Transantiago) o reformas estructurales (previsional).
Lobby y la Necesidad de Transparencia
La incorporación de ex funcionarios del mundo político en directorios privados se percibe como una estrategia para facilitar el lobby. Bernardo Navarrete explica que esto permite niveles de contacto informales "ad infinitum" con autoridades. María Olivia Mönckeberg coincide, señalando que en momentos críticos como la discusión de la reforma previsional, se recurre a estas figuras, similar a la incorporación de "Chicago Boys" o ex funcionarios de Pinochet en el pasado.
El lobby, definido como el contacto con una autoridad para influir en una materia particular, no cuenta con una normativa específica en Chile. Actualmente, existen empresas y personas dedicadas a esta labor de forma independiente. Felipe del Solar sugiere que una regulación del lobby debería incluir no solo a consultores externos, sino también a aquellos que dentro de las empresas cumplen esta función, como gerentes generales o directores.
La experiencia internacional sugiere que una ley de lobby debería registrar a quienes actúan como lobistas y hacer públicos los contactos y temas abordados. La transparencia es clave para mitigar la asimetría de influencia entre grandes empresas y ciudadanos comunes.
Ley del Lobby
Ética y Regulación
Para María Olivia Mönckeberg, la ética de las personas que aceptan formar parte de directorios privados tras haber servido públicamente es fundamental. Bernardo Navarrete, por su parte, considera que la regulación "ex post" (después de los hechos) suele ser inefectiva. Sin embargo, destaca el rol de los medios de comunicación en fiscalizar estos casos.
Navarrete sugiere que, al menos en el caso de Provida, los medios han actuado como contrapeso: "Si en algún minuto (Rincón y Viera Gallo) pudieron haber sido buena inversión para la AFP, hoy día son un mal negocio. En el minuto en que un periodista pueda comprobar que alguno de ellos está haciendo lobby o tráfico de influencia será noticia". Esta vigilancia mediática puede generar una mayor neutralización y atención sobre las acciones de estos ex funcionarios.