El sistema privado de pensiones en Chile ha sido objeto de controversia y múltiples denuncias de fraudes a lo largo de los años. Un nuevo libro del periodista Mauricio Weibel, titulado "La caída de las AFP", ya disponible en librerías, reconstruye la historia de los conflictos de interés que han afectado a este sistema. La obra, con testimonios inéditos y documentos exclusivos, revela una trama que incluye pensiones de invalidez negadas, desfalcos bursátiles y lujos castrenses. Esta compleja historia, que se inicia con una demanda de un millón de dólares, culmina con los retiros masivos de fondos de pensiones realizados en los últimos años.
Weibel, reconocido por sus trabajos de investigación como "Traición a la Patria" (2016) y "Los niños de la rebelión" (2017), profundiza en cómo un modelo de acción ilegal se instaló en el sistema de AFP casi por inercia durante años. La magnitud y el origen de estas operaciones, así como su prolongada existencia, permanecen en gran medida sin esclarecer.
El origen y la dinámica lucrativa del sistema de AFP
El sistema de seguridad social privado en Chile fue establecido en 1980 por José Piñera, entonces ministro del Trabajo del régimen dictatorial de Augusto Pinochet. Su implementación fue obligatoria para todos los trabajadores, excepto los militares, y se realizó sin consulta popular, con la asesoría de los "Chicago Boys".
Este modelo de pensiones funciona mediante la capitalización individual, donde los chilenos depositan el 10% de su sueldo en cuentas de jubilación gestionadas por las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP). Sin embargo, este sistema ha sido ampliamente criticado por su carácter lucrativo y las inconsistencias que presenta:
- Los fondos son de retiro exclusivo al momento de la jubilación, mientras que el empresariado puede utilizarlos como capital para otras empresas sin generar beneficios directos a los pensionados.
- No ofrece garantías para una vejez digna, ya que el monto de la pensión es indefinido y depende de los años cotizados y la rentabilidad de los fondos, no de una cuota fija.
El capital conjunto de las empresas agrupadas en las AFP supera los USD 200.000 millones, lo que equivale al 75% del PIB chileno. Grandes grupos económicos como Luksic (más de USD 8.400 millones), Matte (más de USD 5.600 millones) y Enel (más de USD 4.000 millones) son beneficiarios de estas inversiones. Además, los 10 bancos más importantes de Chile se reparten otros USD 40.000 millones provenientes de las AFP.
La estafa de la cotización adicional y el caso Provida
Desde la creación del DL 3.500 en 1980, que estableció el sistema de AFP, se generó un mercado cautivo al obligar a todo nuevo trabajador a cotizar exclusivamente en una AFP. Las cotizaciones se dividen en dos tipos: el 10% que va al Fondo de Pensiones del trabajador y la Cotización Adicional, que históricamente (de 1981 a 2009) promedió un 3% y se destinaba directamente a las AFP para la administración de los fondos.
Esta "Cotización Adicional" ha sido señalada como un "robo legal". De cada $100 de salario, se descuentan $13; $10 van al Fondo de Pensión y $3 a las AFP. De este último monto, un tercio cubre gastos de administración y el seguro de invalidez y sobrevivencia, y el resto ($2, equivalente al 20% del Fondo) es ganancia neta para las AFP. Esta práctica, vigente desde 1981, ha sido considerada la más colosal estafa contra los trabajadores en la historia de Chile.
El 5 de junio de 1985, un grupo de abogados democratacristianos presentó una querella ante el Segundo Juzgado del Crimen de Santiago contra el directorio completo de AFP Provida, la administradora más grande de la época. La querella, redactada por Ramón Briones y Hernán Bosselin, y patrocinada también por Adolfo Zaldívar y Ricardo Hormazábal, buscaba demostrar que Provida se apropiaba "mañosamente" de una parte de la cotización adicional de los afiliados.
La práctica consistía en cobrar una cantidad por el seguro de invalidez y sobrevivencia (ej. $10) pero pagar una cifra menor a las compañías de seguro (ej. $5 o $6). El remanente era contabilizado como ingreso operacional, lo cual estaba expresamente prohibido por el Decreto Ley 3.500. Gran parte de las utilidades de Provida en 1983 y 1984 provenían de esta apropiación indebida.
Sacan fondos de AFP con falsa deuda alimentaria
El "destape de la olla" y la respuesta legal
El exsenador DC Ricardo Hormazábal relata cómo esta situación salió a la luz durante un seminario. Alfonso Mujica, gerente de la Asociación de AFP, al ser consultado sobre cuánto pagaban las AFP por el seguro de invalidez y sobrevivencia, respondió que era "alrededor de 1,5%" de la renta imponible. Cuando Adolfo Vial, presidente del sindicato del Banco de Chile, preguntó por qué se cobraba el 3,5%, Mujica argumentó que las AFP debían responder en caso de quiebra de la aseguradora y que las pólizas excluían el suicidio. Hormazábal desmintió estas afirmaciones tras revisar los antecedentes en la Superintendencia de Valores.
La investigación reveló que Provida, conocida como "la AFP de don Francisco" por su campaña publicitaria, transfería el dinero de las cotizaciones a los ingresos de la AFP como dividendos para sus accionistas. Este vicio, que se arrastraba desde los inicios de la empresa y se multiplicó con la crisis económica de 1983, implicaba también una colusión con la compañía de seguros Consorcio Nacional de Seguros, ambas parte del grupo Cruzat Larraín.
Como resultado de las investigaciones, el superintendente Juan Ariztía Matte impuso multas de 150 y 500 UF a Carlos Eugenio Lavín (gerente general de Provida) y Hugo Bravo López (gerente de finanzas) respectivamente, exigiendo su salida de la AFP. Aunque no se invocó la querella directamente, la sanción se basó en la compra de instrumentos financieros a precios inflados a una empresa relacionada (SOVIN), generando pérdidas al fondo de pensiones.
La querella de los abogados DC fue un "misil" para los planes del gobierno de transformar las AFP en un motor económico. El gobierno se vio obligado a dictar una normativa para regular la contratación de las pólizas de seguro. La Circular Nº 429 de mayo de 1987, de la Superintendencia de AFP, ordenó licitaciones públicas para los seguros, impidiendo contratos con compañías relacionadas. Además, la reforma al Decreto Ley 3.500, promulgada en agosto de 1987 (Ley 18.646), legalizó de alguna manera el cobro excesivo, permitiendo a las AFP cobrar una comisión adicional por la administración del seguro de invalidez y sobrevivencia. Estas medidas no solo salvaron a Provida, sino a todo el sistema de AFP.
En abril de 1987, en la sesión de directorio para renovar la junta directiva de Provida, José Piñera Carvallo, un accionista minoritario, tomó la palabra para abordar el tema de la representación. Dos años más tarde, la familia Piñera logró su objetivo de tener un director en la AFP más grande del país.
La negación de pensiones por invalidez
En el corazón de las irregularidades también se encuentra la negación de pensiones de invalidez. Durante años, un modelo de acción "absolutamente ilegal" se instaló en el sistema. Yasna Venegas, por ejemplo, advirtió a Alejandra Vidal sobre los protocolos para obstaculizar o impedir la entrega de jubilaciones. Alejandra Vidal, divorciada y con una hija pequeña, aceptó las órdenes.
Se registraron casos en Curicó donde personas no calificaban para pensiones "por Dicom, o requisitos de renta". Una reunión el 26 de enero de 2012 de la Comisión Técnica de Invalidez, con la superintendenta Bernstein, reveló la falta de condiciones para un acuerdo sobre la suma de menoscabos parciales para reflejar invalidez real. La propuesta de reducir el beneficio a mujeres mayores de 55 y hombres mayores de 60 fue considerada "insostenible en tribunales".
El cuestionamiento se extiende a cuánto ganaron estas empresas al negar pensiones a inválidos o enfermos terminales a lo largo de los años, y por qué las autoridades no investigaron un período más extenso, considerando que los incentivos para cometer estos fraudes existían desde la creación del sistema.
Fraudes modernos: El caso AFP Capital y la Ley "Papito Corazón"
AFP Capital, filial de Sura, ha iniciado una ofensiva legal contra cinco exagentes de ventas por prácticas irregulares que alteraron los sistemas internos de cómputo de remuneraciones. La primera acción judicial, presentada el 30 de julio de 2025 ante el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, denuncia un esquema para inducir a error a la compañía y obtener pagos improcedentes.
La querella detalla que el exejecutivo Rodrigo Palma Moya habría articulado un mecanismo para vulnerar los controles de asignación de bonos. Realizaba maniobras de egreso y reingreso de afiliados de su cartera para reiniciar artificialmente los cronogramas de beneficios, activando nuevos pagos de bonos mensuales no correspondientes. Entre 2020 y 2025, se identificaron 480 movimientos irregulares vinculados a 163 clientes, resultando en un perjuicio patrimonial de $40.389.600.
El 24 de marzo de 2026, AFP Capital interpuso cuatro querellas criminales más contra ex agentes de ventas, incluyendo a Óscar Bembin Potenza, quien, entre enero de 2024 y julio de 2025, suscribió dolosamente 199 cuentas de ahorro previsional voluntario (APV) inexistentes o adulteradas, causando un perjuicio de $43.946.317. Se falsificaban formularios donde supuestos clientes se comprometían a ahorrar grandes sumas mensuales.
Otro caso es el de Giovanna Sánchez Sáez, contra quien se presentó una querella por un esquema idéntico, gestionando dolosamente 161 cuentas de ahorro inexistentes o adulteradas entre enero de 2024 y julio de 2025, con un perjuicio de $35.534.272. Alejandro Inostroza Caroca también fue querellado por crear fraudulentamente 144 cuentas de ahorro voluntario falsas o adulteradas en el mismo período, causando un perjuicio de $14.577.409.
AFP Capital asegura que estas situaciones no afectan los fondos de pensiones administrados y no hay perjuicio para los ahorros previsionales de los afiliados.
La "estafa a Charlie" y la Ley de Responsabilidad Parental
Más de $940 mil millones en deudas de alimentos se han cancelado usando los fondos de las AFP desde la implementación de la Ley de Responsabilidad Parental y Pago Efectivo de Pensiones de Alimentos (conocida como Ley "Papito Corazón"). Esta iniciativa, promovida por el Gobierno de Gabriel Boric, ha sido aplicada a más de 200 mil morosos, cargando las obligaciones a sus cuentas de capitalización individual.
Sin embargo, el Ministerio Público investiga un nuevo método de fraude para acceder a este dinero. Durante la tramitación de la ley, parlamentarios y organizaciones civiles advirtieron al gobierno sobre esta posibilidad, pero el Ejecutivo argumentó que era necesario legislar basándose en el principio de buena fe. La ley, que permite a los demandantes solicitar al juez el pago de deudas con cargo a la AFP del demandado, ha sido objeto de intentos de abuso.
Alrededor de una docena de parejas en la región de O’Higgins son investigadas por usar esta ley fraudulentamente. El método consiste en que una pareja se colude, fija una pensión de alimentos mediante acuerdos extrajudiciales, y luego el alimentante (generalmente el padre) incumple durante tres meses. La madre presenta un escrito al tribunal pidiendo que la deuda se cargue a la cuenta de AFP del alimentante. Como el demandado ha retirado o traspasado sus otros bienes, el juez autoriza el cobro de la AFP. Se ha abierto una investigación administrativa contra un funcionario del Poder Judicial implicado.
Abogados y magistrados han señalado que esta posibilidad de fraude es un peligro real para el sistema de pensiones. La abogada Sol Vespa, miembro de la Asociación de Abogados de Familia, advierte que "se va a empezar a correr la voz". La posibilidad de "actos simulados" fue discutida en el Congreso, donde se propuso que el Estado actuara como cobrador y pagador subsidiario. La jefa del Departamento de Reformas Legales del Ministerio de la Mujer, Camila de la Maza, si bien reconoció la posibilidad, enfatizó en el principio de buena fe y la necesidad de no perjudicar a la mayoría de las madres que necesitan este mecanismo.
La Ley de Responsabilidad Parental se aprobó sin indicaciones para abordar el fraude, aunque sí estableció límites al cobro de fondos de AFP para evitar el desfinanciamiento del sistema: hasta el 90% si el deudor está a 30 años o más de la jubilación, 80% si faltan entre 15 y 30 años, y 50% si quedan 15 años o menos.
Sacan fondos de AFP con falsa deuda alimentaria
Propuestas de reforma al sistema de AFP
En 2016, las marchas en rechazo a las AFP marcaron un hito de participación en Chile, llevando el debate de la calle a las instituciones. Se han propuesto diversas opciones para reformar el sistema:
Opción 1: Gobierno de Michelle Bachelet
La propuesta del gobierno de Michelle Bachelet incluía un aumento del 5% en la tasa de cotización, de forma gradual y mediante un impuesto al mercado de trabajo, consignado a un fondo solidario de pensiones. De este aumento, un 2% se destinaría a "solidaridad intergeneracional", otro 2% a "solidaridad intrageneracional" y un aporte para mujeres. También se buscaba mantener y fortalecer el Pilar Solidario de invalidez y vejez, y mejorar la regulación en el mercado de las AFP.
Pros: Permitiría mejorar las pensiones actuales en un 20% para quienes no reciben aportes previsionales solidarios y en un porcentaje menor para quienes tienen una pensión mayor a 600.000 pesos mensuales o reciben aporte solidario.
Contras: El 87% de la cotización de los trabajadores seguiría en cuentas individuales manejadas por las AFP.
Opción 2: Proyecto de reforma de Sebastián Piñera
El proyecto de reforma de Sebastián Piñera proponía un aumento del 4% de la cotización al Fondo de Pensiones, con cargo a los empleadores, pero administrado nuevamente por las AFP u otras instituciones privadas. Este proyecto no modificaba la cotización adicional ni el Sistema de Seguro y Sobrevivencia (SYS). Para aumentar marginalmente las pensiones actuales, contemplaba un financiamiento fiscal de 3.500 millones de dólares.
La voz ciudadana y el plebiscito de 2017
En octubre de 2017, Chile celebró un plebiscito no vinculante, impulsado por la Coordinadora de Trabajadores y Trabajadoras NO+AFP. La consulta, con más de 2 mil lugares de votación físicos y en línea, reveló que los chilenos exigen un verdadero sistema de seguridad social, justo y sostenible, en lugar del actual sistema de capitalización individual.
Pensiones "miserables" y baja rentabilidad
A pesar de que el sistema de AFP es extraordinariamente seguro para las empresas privadas, con un mercado cautivo y sin riesgo de pérdida por mala gestión, el resultado para los trabajadores son "pensiones miserables". La rentabilidad promedio anual ha disminuido drásticamente: del 12,36% en los 80 al 3,96% entre 2010 y 2016.
Las AFP argumentan que las bajas pensiones se deben a crisis financieras internacionales, bajos salarios y "lagunas" laborales. Sin embargo, se ha demostrado que profesionales con décadas de cotizaciones sin interrupciones reciben pensiones que equivalen al 30% de su salario previo a la jubilación. Las medidas como la creación de diversos tipos de fondos en 2002 para mejorar la rentabilidad no han logrado su objetivo.