El Derecho a la Información y la Protección de los Adultos Mayores

La preocupación por los derechos de las personas mayores constituye una temática cada vez más visible y relevante en la sociedad actual. Tradicionalmente, el debate sobre la protección de datos y la vulnerabilidad se ha centrado en grupos como niños, niñas y adolescentes. Sin embargo, diversos estudios muestran que las personas mayores también pueden encontrarse en situaciones de especial vulnerabilidad, especialmente en lo que respecta al acceso a la información y la protección de sus derechos.

En el bienestar de las personas mayores, hoy existe un tránsito desde un enfoque asistencialista hacia uno de derechos, reconociendo la dignidad en la vejez y, con ella, la autonomía de la persona mayor. El Estado tiene la responsabilidad de brindar a las personas mayores la protección necesaria para mantener su integridad física, psíquica y social. Es fundamental generar las condiciones para el ejercicio efectivo de estos derechos por parte de todas las personas, especialmente de aquellas en situaciones de mayor vulnerabilidad.

Foto: Adulto mayor utilizando un dispositivo digital, con dificultad

Desafíos en el Acceso a la Información y la Protección Digital

En diversas investigaciones se ha advertido que las personas mayores enfrentan brechas importantes en materia de alfabetización digital. Tienen menos familiaridad con entornos digitales por razones generacionales. Una persona mayor puede no comprender cómo funciona una plataforma digital o no estar en condiciones de dar un consentimiento realmente informado sobre el uso de sus datos. Entonces, acepta términos y condiciones sin revisarlos, lo que representa una vulnerabilidad significativa.

A esto se suma que este es un grupo especialmente expuesto a fraudes digitales y al robo de identidad. Además, el mercado segmenta de manera agresiva a este grupo con fines publicitarios, incluso financieros. En muchos casos, las personas mayores dependen de familiares o cuidadores para acceder a servicios digitales o sanitarios, lo que puede generar una falta de independencia y autonomía. Para evitar esto, hay que avanzar en varios frentes:

  • Primero, diseñar sistemas que sean accesibles sin necesidad de intermediarios.
  • Segundo, establecer una distinción legal clara entre asistir técnicamente a alguien y representarlo legalmente.

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Un factor relevante que afecta el pleno ejercicio de derechos es el edadismo, que hace referencia al conjunto de estereotipos, discriminaciones y actitudes prejuiciosas que se gestan por cuestiones de edad. En Chile, por ejemplo, se arraiga culturalmente un fuerte edadismo, que asocia la vejez con enfermedad, pasividad y fragilidad. Esto se ha acompañado de políticas que han visualizado a la población adulta mayor como objeto de protección y amparo, resultando en un bajo acceso a la información y consentimientos en materias de salud o una planificación urbana no amigable.

En este contexto, la pandemia de COVID-19 también puso en evidencia varias situaciones a resolver, como la brecha digital de las personas mayores y la importancia de la inclusión tecnológica para la sobrevivencia en situaciones como esta. La crisis sanitaria también reveló importantes afectaciones en el abordaje de la salud mental de las personas mayores, a consecuencia de las medidas de restricción de la movilidad.

Marco Normativo: La Convención Interamericana y Otros Derechos

Un hito relevante orientado a disminuir las brechas existentes se observa en los últimos años a través de la ratificación, por parte del Estado chileno, de la Convención Interamericana sobre la Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores. Este instrumento establece mecanismos específicos para garantizar aspectos como la calidad de vida, bienestar, salud y seguridad social, asegurando el pleno ejercicio y goce en condición de igualdad de los derechos de las personas mayores.

La Convención enfatiza principios que deben orientar al Estado en la elaboración de leyes, políticas sociales, programas y fomentar un giro cultural, social e institucional para resolver el desequilibrio y la desigualdad. Entre los derechos contemplados en este marco, y que son fundamentales para el acceso a la información y la autonomía, se incluyen:

  • Derecho a la igualdad y no discriminación por razón de edad
  • Derecho a la vida y dignidad en la vejez
  • Derecho a la independencia y autonomía
  • Derecho a brindar consentimiento libre e informado en el ámbito de la salud
  • Derecho a la expresión, opinión y acceso a la información
  • Derecho a la privacidad e intimidad

La versión de la Convención en lectura fácil, editada por Ediciones SAIJ de la Dirección Nacional del Sistema Argentino de Información Jurídica (SAIJ) conjuntamente con la Subsecretaría de Acceso a la Justicia, se puede descargar por Internet, facilitando su comprensión por un público más amplio.

Esquema: Ilustración de derechos humanos universales

Estrategias y Acciones para la Promoción de Derechos y Acceso a la Información

El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) en Chile, junto con otras instituciones, ha impulsado diversas acciones para proteger y promover los derechos de las personas mayores. En 2018, se crea en el marco de la estructura organizacional del SENAMA la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato. Esta unidad tiene como objetivo promover los derechos humanos de las personas mayores mediante la articulación intersectorial e interinstitucional, avanzando en la prevención del maltrato y la vulneración de derechos, y favoreciendo la coordinación psicosocial y el acceso a la justicia de las personas mayores.

Programas y Mecanismos de Acceso a la Justicia e Información

  • Programa Buen Trato al Adulto Mayor: Busca "contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, a través de la prevención del maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación, con las redes regionales y locales".
  • Defensor Mayor: A partir de 2019, en el marco del Programa Buen Trato, se instala esta figura. Son abogados que atienden y brindan asesoría legal especializada a las personas mayores o comunidades que lo necesiten, frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia o vulneración de derechos.
  • Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores del Poder Judicial: Un hito relevante impulsado por SENAMA y la Corte Suprema, que por primera vez contempla específicamente a este grupo etario con un enfoque diferenciado.
  • Programa de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores: Desde finales de 2020, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece atención preferente y representación judicial gratuita y especializada a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ). Hasta mayo de 2021, se han realizado casi 7.000 asesorías sociojurídicas a personas mayores, dando lugar a 1.636 acciones judiciales, principalmente por violencia intrafamiliar.
  • Guía con los principales beneficios del Estado para las personas mayores: Elaborada por SENAMA para resolver las brechas de información y la consecuente dificultad de acceso a los beneficios estatales.
  • Fono Mayor: Es uno de los canales de atención del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del SENAMA. Su objetivo es ser un espacio de atención y comunicación que permite a las personas entrar en contacto con el SENAMA y vincularse con otras reparticiones públicas, garantizando el acceso oportuno a la información.

Respuesta y Adaptación durante la Pandemia de COVID-19

A consecuencia de la pandemia, y respondiendo a la necesidad de generar un canal seguro y gratuito para la comunicación con las personas mayores, el Fono Mayor Covid-19 se robusteció. Entre enero y octubre de 2021, atendió 15.609 llamados, con una tasa de resolución del 90%. Esta herramienta ha permitido no solo garantizar información clara y oportuna, sino también abordar la salud mental de estas personas a través del acompañamiento psicológico y la prevención del suicidio. Para 2022, se prevé la incorporación de este canal de comunicación como parte de la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, con presupuesto permanente.

Durante la crisis sanitaria, se realizaron reuniones con encargados de tomar decisiones para modificar las medidas de confinamiento y generar propuestas para garantizar la participación electoral, asegurando que las personas mayores tuvieran acceso a información sobre cómo ejercer su derecho al voto. El SENAMA elaboró protocolos para la votación de personas mayores de forma preferente, abogando por días y horarios protegidos para este grupo etario y garantizando así las condiciones para su plena participación política y social.

Empoderamiento y Participación Social

Promover y proteger los derechos, así como prevenir las situaciones de maltrato hacia las personas mayores, es un esfuerzo que involucra no solo al Estado o las instituciones, sino a la sociedad en su conjunto. Las personas mayores deben adquirir un rol activo y protagónico, ejerciendo ciudadanía en condición de igualdad, lo cual se logra a través del empoderamiento y el conocimiento de sus derechos.

La Solidaridad Intergeneracional

Puede definirse como la búsqueda de la cooperación, integración e intercambio entre personas de diferentes generaciones. Esta interacción colaborativa disminuye mitos, prejuicios y estereotipos asociados a la edad, genera instancias de transferencia de conocimientos y experiencias, y favorece la creación de colaboración social, confianza y apoyo mutuo. Un ejemplo destacado de ello lo constituye el Programa Voluntariado País de Mayores (SENAMA), que busca promover la integración social y las relaciones intergeneracionales de personas mayores y niños y niñas de familias en situación de vulnerabilidad, fomentando su participación social y comunitaria y una imagen positiva de la vejez.

La Participación Social Activa

Para todas las personas, la participación social es un factor que protege y promueve la salud tanto mental como física. Para las personas mayores, puede representar un importante motor de empoderamiento y concientización de sus derechos. Según cifras de SENAMA, más del 35% de las personas mayores participa en organizaciones sociales. Un ejemplo menos conocido son los Consejos de Residentes, organizaciones que pueden conformarse al interior de los Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) cuyo objetivo es promover el ejercicio de los derechos y su participación en el funcionamiento de la residencia al constituir un espacio de exposición de inquietudes, dudas y mejoras.

Foto: Grupo de personas mayores participando en una actividad comunitaria

Recomendaciones para el Resguardo de los Derechos de las Personas Mayores

Para promover los derechos de las personas mayores y prevenir el maltrato, es crucial adoptar las siguientes prácticas:

  • Eliminar actitudes edadistas: Todas las actitudes e interacciones que infantilicen, sobreprotejan o fragilicen a las personas mayores, lo cual incluye el uso del lenguaje, deben ser erradicadas.
  • Promover la autonomía: Es fundamental impulsar la independencia y la capacidad de las personas mayores para decidir en base a sus creencias personales.
  • Denunciar vulneraciones: Informar en las instituciones competentes ante la sospecha de que una persona mayor pueda estar siendo vulnerada en sus derechos.
  • Fomentar la colaboración intergeneracional: Promover la colaboración y el entendimiento entre todas las edades.

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