El proceso judicial contra Patricio Bao
Este martes se conoció la querella criminal que Carabineros de Chile, a través de su Asistencia Jurídica, presentó contra Patricio Bao, el adulto mayor de 69 años que recibió una brutal golpiza por parte de efectivos de FF.EE. el pasado 8 de marzo en las cercanías de Plaza de La Dignidad. La razón argumentada en la acción legal es el delito de “atentado contra la autoridad”.
El documento indica que la querella va dirigida contra el hombre en cuestión y todos los responsables en calidad de autores, cómplices o encubridores, en el contexto del estallido social. Cabe recordar que, tras conocerse el video de la agresión a Bao, Carabineros liberó una grabación donde se observa al hombre atacando por la espalda a un oficial para conseguir la libertad de un joven, tras lo cual fue detenido y golpeado. La querella busca indagar en todas las cámaras de seguridad, tomar declaraciones a testigos y esclarecer lo ocurrido para identificar a los culpables y determinar la responsabilidad del adulto mayor.
Esto se suma a la formalización de Patricio Bao por desórdenes públicos y la investigación paralela que lleva la Fiscalía Centro Norte, donde el ciudadano aparece como víctima. El recurso presentado en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago va dirigido contra Bao Oliva y otras cinco personas detenidas durante la jornada del 8M. A pesar de esto, desde diversas instancias se ha reiterado el rechazo al excesivo uso de la fuerza por parte de Carabineros observado en el material audiovisual difundido.
Plaza de la Dignidad: un epicentro de tensiones sociales
Este espacio ha sido objeto de una constante pugna de denominaciones y significados. En 1910, la colonia italiana donó el “Monumento al Genio de la Libertad” en el contexto del centenario de la independencia chilena. La escultura representa un ángel con una antorcha, simbolizando el conocimiento y la libertad, ideales que hoy guían a quienes se manifiestan en la plaza. Posteriormente, el lugar fue llamado Plaza Baquedano, tras la instalación en 1928 de un monumento en homenaje al General Manuel Baquedano durante el gobierno autoritario de Carlos Ibáñez del Campo.
Como bien reza el dicho “De Plaza Italia para arriba o de Plaza Italia para abajo”, este hito marca la diferencia de clases económicas entre Santiago Oriente y Santiago Poniente, un símbolo que revela la desigualdad imperante en la sociedad chilena. La plaza se transformó en el epicentro de la rebelión popular, donde las autoridades han reaccionado de forma desproporcionada, dando lugar a innumerables denuncias de violaciones a los derechos humanos por parte de organismos internacionales como la ONU, Amnistía Internacional, Human Rights Watch y la CIDH.
El rol de la autoridad y la respuesta ciudadana
La gestión de las autoridades frente al estallido social ha sido duramente cuestionada. Diversos testimonios y filtraciones evidenciaron una desconexión entre la clase política y las demandas ciudadanas. Mientras la plaza se convirtió en un espacio de solidaridad, donde surgieron brigadas de salud, expresiones artísticas y lazos de empatía, las autoridades optaron por políticas de "borramiento".
Iniciativas como la limpieza nocturna de monumentos o la instalación y posterior retiro de figuras indígenas fueron calificadas por académicos, historiadores y artistas como una «provocación infantil e innecesaria». Estas acciones, según expertos, demuestran que las autoridades no buscan el diálogo ni la unión social, sino ocultar la expresión ciudadana que demanda justicia, respeto y dignidad.
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El estallido social demanda una sociedad que no sea pensada desde una sola mirada ni narrada a una sola voz. La resistencia de los ciudadanos a que se borren las huellas de este proceso subraya que la ciudad debe comprender el malestar ante un sistema excluyente y violento con la diversidad. La plaza, tal como estaba, intervenida con arte callejero, representa una expresión viva que las autoridades han intentado erradicar sin éxito, ignorando el trasfondo de las demandas sociales que dieron origen al conflicto.