La salud es un Derecho Humano Fundamental reconocido desde la jurisprudencia internacional en el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PIDESC) de 1966: parte III artículo 12. “Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona al disfrute del más alto nivel posible de salud física y mental”.
En Colombia, a pesar de que este pacto se adoptó con la Ley 74 de 1968, el desarrollo jurisprudencial y legislativo del derecho a la salud ha tenido una evolución particular, dando paso al fenómeno de judicialización del derecho a la salud. La vía judicial se ha constituido en una estrategia efectiva para garantizar el acceso a la atención en salud, especialmente tras la Sentencia T-760 de 2008 que analizó 21 acciones de tutela y resaltó problemas de acceso al sistema y financiación de servicios no incluidos en el plan básico.
Esta Sentencia hito transformó la salud en Colombia de un servicio público a un derecho humano fundamental. En 2011, la Ley 1438 fortaleció el Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS) a través de un modelo de atención primaria en salud (APS) que promueve la coordinación entre Estado, instituciones y sociedad para mejorar la salud y crear un ambiente sano y equitativo. Aunque no resuelve todos los problemas estructurales, la 1438 organizó la gestión y abrió una nueva fase de la reforma.
Con la Ley 1438, se incorporó el modelo de Determinantes Sociales de la Salud (DSS) propuesto por la OMS, al definir la intersectorialidad como principio general del SGSSS y al ordenar al Ministerio de la Protección Social la elaboración del Plan Decenal de Salud Pública (PDSP) 2012-2021. El PDSP integró el DSS y buscó reducir inequidades mediante políticas intersectoriales y marcos conceptuales que priorizan la equidad en salud.
La Comisión Intersectorial de Salud Pública, creada por el Decreto 859 de 2014, coordina políticas para mitigar los impactos de los DSS y reducir inequidades en salud. La LES (Ley Estatutaria en Salud) recoge principios como disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad y calidad, y establece la obligación del Estado de garantizar el derecho a la salud mediante mecanismos de gobernanza, presupuesto y evaluación anual de indicadores de goce efectivo.
La Corte Constitucional ha revisado la LES y ha afirmado que el derecho a la salud posee dimensiones positivas y negativas y que su protección implica no solo disminuir enfermedades, sino mejorar la calidad de vida mediante políticas intersectoriales. En la Sentencia C-313 de 2014, la Corte afirmó la necesidad de articulación intersectorial y la implementación de políticas que aseguren componentes esenciales del derecho, conforme a la Constitución.
La conceptualización de DSS se expresa en la LES mediante tres componentes básicos: contexto socioeconómico y político, determinantes estructurales y determinantes intermediarios. Este marco reconoce que las condiciones de vida influyen en la salud y que las inequidades derivan, en gran medida, de desigualdades en educación, ingresos y cohesión social. Se enfatiza la equidad como principio central y la obligación del Estado de reducir las desigualdades en los determinantes de la salud.
En la práctica, se han realizado evaluaciones anuales de los indicadores de goce efectivo de la salud y se han diseñado políticas públicas para mejorar las condiciones de salud de la población. La jurisprudencia colombiana ha consolidado que la protección del derecho a la salud requiere acciones intersectoriales y una gestión que priorice la equidad y la calidad de los servicios, en línea con el enfoque de DSS.
En España, Adelaida de la Calle, presidenta de la CRUE, representa a 75 universidades ante una encrucijada de reformas y crisis económica. Su visión destaca la necesidad de equilibrio entre autonomía universitaria, gobernanza democrática y financiación sostenida, ante una reforma universitaria que busca responder a desafíos de competitividad, movilidad estudiantil y sostenibilidad presupuestaria. Las declaraciones de De la Calle reflejan preocupaciones sobre la subida de tasas, la reducción de personal y la necesidad de una gobernanza más justa que preserve la participación de docentes, estudiantes y personal de servicio en la toma de decisiones.
La experiencia universitaria española muestra cómo las reformas educativas se enlazan con condiciones sociales más amplias, incluyendo la cruda realidad de la financiación, la movilidad y la brecha de género en puestos de liderazgo. En Málaga, la rectora enfatiza el impacto de las tasas en la matrícula y la necesidad de un modelo que combine eficiencia con equidad, incluyendo mayor apoyo público y alianzas con la sociedad civil para sostener la calidad educativa y la investigación.
En Chile, las reformas sociales de los años ochenta y noventa consolidaron transformaciones en pensiones y salud, conectando con la descentralización y participación comunitaria. La historia reciente de derechos humanos y reformas de seguridad social orienta a comprender cómo cambios estructurales influyen en la protección social y la inclusión de colectivos vulnerables. Personajes como Carmen Hertz han impulsado agendas de derechos humanos, reformas institucionales y procesos de fortalecimiento democrático, vinculando reformas sociales a la defensa de derechos fundamentales.
La revisión de reformas y la participación social en salud en América Latina muestran que la descentralización, la participación de usuarios y la orientación de servicios hacia un modelo de atención centrado en la población son tendencias comunes, con variaciones según contexto político y económico. En este marco, la participación social se ha consolidado como un componente clave para promover transparencia, calidad y equidad, especialmente en Colombia y Brasil, donde se analiza su evolución desde perspectivas históricas y teóricas.
- Descentralización y APS como pilares de la reforma en salud.
- Aplicación de los DSS para comprender y actuar sobre inequidades en salud.
- Evaluación anual de indicadores para orientar políticas públicas.
- Equidad y derechos fundamentales como guías de la intervención estatal.
La innovación social y las reformas en salud y educación requieren mirar tanto a indicadores cuantitativos como a dimensiones cualitativas, reconociendo la importancia de las epistemologías feministas y la diversidad de experiencias para construir políticas públicas inclusivas y sostenibles. En Adelaida, Sur de Australia, la renovación de un centro comunitario hispano muestra cómo el apoyo institucional y comunitario puede revitalizar espacios culturales y fortalecer la cohesión social, complementando las reformas estructurales en salud y educación a nivel regional.
La Era de las Reformas en América Latina
La experiencia chilena y la de Colombia bridan lecciones sobre cómo la reforma social, en conjunción con la participación de la sociedad civil, puede avanzar hacia sistemas de salud y educación más inclusivos, equitativos y participativos. El diálogo entre políticas públicas, prácticas institucionales y voces de la comunidad es esencial para sostener reformas que protejan derechos fundamentales y mejoren la calidad de vida de la población.