El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile ha sido objeto de diversas acusaciones y denuncias por presuntas irregularidades y malversación de fondos públicos a lo largo de los años. Estas situaciones involucran tanto a la propia institución como a sus organismos colaboradores, encargados de la atención directa de niños, niñas y adolescentes vulnerados. Las investigaciones han revelado patrones de desvío de recursos, falta de fiscalización y deficiencias en la rendición de cuentas, generando una profunda preocupación por el destino de los fondos destinados a la infancia.
Investigaciones de la Contraloría y Fiscalización Deficiente
El Sename confirmó la apertura de un sumario administrativo por presuntas irregularidades detectadas por la Contraloría General de la República en el uso de fondos públicos de la Corporación Opción, uno de los mayores organismos colaboradores del servicio.
Según las conclusiones del ente contralor, entre los años 2015 y 2017, trabajadores de la Corporación Opción, cuyas remuneraciones fueron financiadas a través de subvención estatal, ejecutaron relatorías a nombre del Organismo Técnico de Capacitación (OTEC) Centro de Capacitación Profesional CCP Limitada. Estas capacitaciones estaban dirigidas al personal del propio organismo colaborador (OCA) y también fueron pagadas con la mencionada subvención. Sin embargo, no se encontraron registros de asistencia de los relatores en cuestión como trabajadores del OCA, lo que impidió determinar si la realización de las actividades de capacitación se llevó a cabo dentro de sus propias jornadas laborales.
La Corporación Opción, por su parte, se defiende afirmando ser una institución transparente y de excelencia, que ha cumplido siempre con las normas que la regulan, sujeta a un permanente control y exhaustiva auditoría, y con estándares éticos propios de una organización defensora de derechos humanos. Además, señalan que en sus 30 años, han enfrentado obstáculos para la debida protección de niños y niñas, y a pesar de ello han dado cumplimiento a su labor con excelencia.
En este sentido, expertos han señalado la gravedad de la situación, indicando que "si estos fondos no llegaron a los niños, niñas y jóvenes, es grave". También se ha afirmado que es "una cuestión que nosotros constatamos frecuentemente dentro de nuestros lugares de trabajo pero que es difícil de investigar y sacar conclusiones. Por lo general están muy bien construidos estos desvíos".
Casos Relevantes de Presunta Malversación y Fraude
Caso ASCAR: Duplicidad de Pericias y Fraude al Fisco
El origen de una de las investigaciones más importantes se remonta al 24 de junio de 2018, cuando un reportaje televisivo denunció presuntas irregularidades en informes de distintos organismos colaboradores del Servicio Nacional de Menores (Sename) y un posible fraude de prestaciones del Estado. Mientras el programa funcionó, se destinaron 3.600 millones de pesos para la ejecución del programa del Sename Aseguramiento de la Calidad de las Residencias y de Mejoramiento Continuo (ASCAR).
Se descubrió que pericias, consideradas pruebas determinantes para que los jueces de familia dicten el ingreso de menores a sus programas, fueron duplicadas para su uso en múltiples casos entre los años 2014 y 2017. Por este hecho, cinco instituciones colaboradoras se vieron involucradas. El Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Hernán Larraín, entregó una carpeta al Consejo de Defensa del Estado (CDE) con antecedentes sobre presuntos desvíos de más de tres mil millones de pesos vinculados al caso ASCAR. La investigación penal data de 2018 por posible fraude de organismos colaboradores en las subvenciones que otorga el organismo.
Para analizar esta situación, la Comisión de Asuntos de la Infancia del Senado citó a diversas autoridades, incluyendo al Ministro Larraín, al presidente del CDE, Juan Antonio Peribonio, a la jueza de familia Mónica Jeldres, y a Emilia González en representación del Sename.
En diciembre de 2019, la causa fue archivada provisionalmente por la Fiscalía Centro Norte. El presidente del CDE explicó que el fiscal hizo uso de sus facultades legales, estimando que, con las diligencias practicadas hasta esa fecha, procedía el archivo provisional de la investigación, a pesar de las recomendaciones del propio organismo. Por esto, Peribonio precisó que el CDE volvió a querellarse en abril de 2020 por el delito de obtención fraudulenta de prestaciones estatales, con el fin de tomar nuevas declaraciones, obtener los informes en cuestión y determinar la cuantía del perjuicio fiscal. El CDE precisó que solo en 2017 las instituciones investigadas realizaron prestaciones por 4 mil millones de pesos.
El ministro Larraín reconoció que, hasta la emisión del reportaje en 2018, "no teníamos los antecedentes hasta ese minuto", y que desde entonces, junto con la intervención del CDE, se instruyeron mejoras en la supervisión y oferta programática con estándares de UNICEF. La asesora de la Dirección Nacional del Sename, Emilia González, agregó que durante la investigación se hizo una revisión a 1.900 pericias de organismos colaboradores, de los cuales 960 corresponden a las instituciones involucradas. Además, reconoció que se evidenciaron inconsistencias técnicas que fueron corregidas, pero que "en su rol" no constituían un fraude.
La jueza Mónica Jeldres explicó que "los informes actuales que describen las habilidades y déficits del entorno familiar, sin la posibilidad de que los profesionales puedan interrogar, determina un deficiente conocimiento de los hechos e incrementan el error en un número importante de sentencias judiciales". Las senadoras Ena von Baer y Ximena Rincón valoraron la decisión del Consejo de Defensa del Estado, pero cuestionaron que las instituciones involucradas no hubieran sido suspendidas por el Sename. Al respecto, González explicó que "es un proceso en desarrollo" y que "no hubo indicios de que fuera un fraude sistemático", pese a reconocer la existencia de patrones en los documentos. La senadora Rincón profundizó en la situación de los menores involucrados en dichos informes y pidió un levantamiento de información respecto de las medidas de acompañamiento.
Casos Individuales de Malversación
Fraude de Ex-contadora en Hogar Arrullo
Una ex-contadora del Sename, Noemí Betanzo, fue formalizada por haber sustraído 104 millones de pesos del hogar de lactantes Arrullo en Concepción, entre los años 2012 y 2017. La investigación liderada por el fiscal Nelson Vigueras, reseñada por Radio Bío Bío, estableció que Betanzo aprovechó su cargo para girar cheques que cobraba o depositaba en su cuenta personal, utilizando el dinero en juegos de casino y para adquirir bienes personales. Se estima que el monto malversado en juegos asciende a 2 millones de pesos. Betanzo quedó con arresto domiciliario nocturno y arraigo nacional. Los abogados de la imputada alegaron enajenación mental para evitar la formalización, sin embargo, el fiscal expuso que los propios informes del Compin y otro particular solicitado por la defensa demostraron su imputabilidad.
Denuncia contra Hernán Briones Cordero en Corporación Acogida
La Corporación Acogida presentó una querella contra Hernán Briones Cordero, excandidato a concejal por Villa Alemana, por una serie de delitos contra la probidad, la fe pública, y delitos informáticos, entre otros. En su calidad de representante legal de la fundación, Briones habría utilizado recursos de esta, provenientes entre otras instituciones de Mejor Niñez, y los traspasó a sus cuentas personales. Además, bloqueó el acceso al correo a otros funcionarios y exigió a la corporación un pago de 5 millones de pesos para devolver las cuentas.
A Briones se le imputan distintas causas, que incluyen apropiación indebida y malversación de fondos, administración desleal y extorsión o coacción. La querella también acusa acceso ilícito e interceptación ilícita por el "secuestro" del correo electrónico de la fundación. Cabe destacar que no es la primera vez que el excandidato está involucrado en una causa legal.
La querella imputa tres casos de sustracción de fondos:
- En marzo de 2022, por la suma de $1.939.220.
- En junio de 2025, por $8.336.842, desde la cuenta corriente del centro PEE San Miguel.
- Una tercera sustracción en febrero de este año, cuando Briones legalmente ya no era funcionario de la institución, por $1.500.000 desde la cuenta corriente de la Administración Central de la Corporación Acogida.
Al ser emplazado por la dirección del organismo, Briones argumentó que fueron "autopagos" por servicios profesionales. Como representante legal, habría tenido acceso a las cuentas, lo que le permitió realizar los pagos sin autorización. Además, se le acusa de malversación de caudales públicos, ya que "atendida la naturaleza de colaborador acreditado de la Corporación, el querellado detentaba la calidad de empleado público para efectos penales conforme al Art. 260 del Código Penal". La querella incluye otras irregularidades de su gestión, como un intento fallido de cambiar la sede de funcionamiento de la organización y el intento de contratar familiares no aptos para los cargos sugeridos. Adicionalmente, es acusado de amenazar y hostigar a miembros del directorio, incluida su propia prima.
Denuncias Internas y Preocupaciones de Expertos
En medio de la fuerte crisis que vive el Servicio Nacional de Menores, Bernardo Neira, presidente de la Federación de Trabajadores de la entidad, advirtió en entrevista con CNN que al interior del servicio se desvían gran cantidad de recursos a instituciones privadas en desmedro de los jóvenes. "Hay un uso inadecuado de los dineros, se concentran recursos en las direcciones en desmedro de los recursos que deben llegar a cada niño", dijo. Neira explicó que muchas empresas colaboran con el Sename, a las cuales llegan grandes sumas de dinero y en las que no hay una inversión real en los niños. Según el trabajador, en vez de invertir en los tratamientos y en las necesidades de los jóvenes, se utilizan los recursos para pagar a estos privados. "Queremos saber dónde está la inversión real en cada niño y niña, queremos saber dónde están los recursos. Esto es un escándalo que tenemos que develar. No podemos seguir delegando la responsabilidad de diseñar una política de la infancia", sostuvo. Neira asegura que las respuestas que han recibido por parte de las autoridades son ataques y persecuciones, pues "encubren y no quieren develar esta situación". Por ello, solicitó una intervención urgente del servicio, argumentando que los recursos deben usarse "de buena manera para proteger los derechos que decimos defender".
La presidenta de Fundación Infancia expresó preocupación por el aumento en la subvención sin un sistema de pago contra resultado por trabajo de recuperación con las familias, y por la falta de fomento en la desinstitucionalización. Señaló que "los expertos y los estándares internacionales saben que, por cada mes de institucionalización de un niño, este tendrá 3 o 4 años de retroceso en su desarrollo cognitivo, social y emocional". También comentó que "la fiscalía denunció que están investigando posibles pagos de subvenciones por niños muertos, indicando que podría existir un eventual fraude al Fisco, y es una arista que estamos investigando".
Denuncia por Saldos sin Ejecutar de Subvenciones
Cerca de 240 mil millones de pesos anuales ha destinado el Sename a organismos colaboradores externos (OCAS), que administran residencias o programas de atención a menores. Cada año, una parte de esos recursos no son gastados o el Sename rechaza el gasto. De esos saldos sin ejecutar o por cobrar no había rastro en la contabilidad del Sename.
La directora del servicio, Rosario Martínez, presentó una denuncia ante la Fiscalía por fraude al Fisco, lo mismo hizo la jefa de Finanzas del Sename, asegurando que había informado los hechos en la entidad sin ser escuchada. A través del Oficio Reservado N° 460, el Sename, encabezado por Rosario Martínez, interpuso el 8 de noviembre una denuncia ante la Fiscalía Centro Norte. El fraude denunciado se habría ejecutado con los saldos de las subvenciones que el Sename entrega a los OCAS. La inexistencia de documentación de respaldo para establecer el destino de esos saldos podría estar ocultando una enorme pérdida de fondos públicos destinados a la protección de los niños vulnerados.
Rosario Martínez asumió su cargo en octubre de 2020 con el objetivo de hacer un traspaso de información desde el Sename a Mejor Niñez, la nueva institución que atenderá a la infancia vulnerada. Según su relato, la jefa de Administración y Finanzas, Karina Sepúlveda, no presentó la información contable de respaldo. Martínez relató que Sepúlveda, en una reunión por retrasos reiterados de la información contable requerida, refirió que no podía entregar información concluyente debido a que presumía que hubo delito en 2014. Dada la gravedad de los hechos, se le solicitó documentar sus dichos para que la institución tramitara la denuncia ante el Ministerio Público.
La directora agregó: "La denuncia se realiza debido a que después de ocho meses de trabajo y diversos esfuerzos institucionales, buscando levantar los saldos pendientes de rendición de OCAS, se detectan inconsistencias persistentes en la información contable". CIPER contactó a Sepúlveda, quien confirmó que a principios de noviembre ingresó su denuncia a la Fiscalía y a la Contraloría General de la República el 3 de noviembre de 2021, en cumplimiento de sus funciones como funcionaria pública, por posibles hechos constitutivos de delitos, excusándose de dar más detalles para no entorpecer la investigación.
En 2018, el Observatorio para la Confianza informó que el 96,4% de los centros residenciales de la red Sename estaban a cargo de prestadores privados. Rosario Martínez entregó los antecedentes que manejaba como directora al Ministerio Público, al contralor general y al Consejo de Defensa del Estado, y añadió que, "de acuerdo a la información entregada por la jefa de Administración y Finanzas, entiendo que con fecha 3 de noviembre habría denunciado ante el Ministerio Público saldos pendientes de rendición en el servicio desde 2014".