Lo que inicialmente era un gran anuncio para el gobierno se ha ido transformando en un dolor de cabeza, generando diversas voces críticas. Estas voces provienen de víctimas del Servicio Nacional de Menores (Sename) e instituciones que trabajan con ellos, las cuales se alzaron luego de que el Presidente Gabriel Boric diera a conocer la conformación de la Comisión Asesora Presidencial para la Verdad, Justicia y Reparación de las Víctimas del Sename.
La Comisión Asesora Presidencial para Víctimas del Sename: Críticas a su Conformación
Las críticas principales a la comisión apuntan a su composición, pero también a la exclusión de los sobrevivientes en la toma de decisiones. Edison Gallardo, director ejecutivo de la Fundación Ynes y víctima directa de las vulneraciones, asegura que “el gobierno no le avisó a ningún sobreviviente sobre el anuncio de los integrantes de la comisión”. Helmut Kramer, fundador de la Red Sobrevivientes, complementa esta crítica señalando que “cuando se nombra dentro de la comisión a personas cuestionadas históricamente por su paso por organismos como Sename, la decisión del gobierno daña y revictimiza a las víctimas”.
Falta de Participación y Preocupación de las Fundaciones
La Defensoría de la Niñez, encabezada por Anuar Quesille, ya había expresado su disconformidad, sin entrar en detalles, revelando que algo ocurría. Quesille subrayó: “Abogaremos por los puntos que planteamos como institución”, haciendo hincapié en la falta de participación de las víctimas en la definición de los integrantes y la elaboración de la hoja de ruta de la comisión. Al menos tres fundaciones han levantado la voz sobre la falta de integración y la elección de algunos integrantes.
En una carta dirigida al Presidente Gabriel Boric, que sería entregada en La Moneda, critican el hecho de que la comisión está compuesta por personas “vinculadas a los mismos organismos que tanto daño han causado”. Desde Fundación Ynes Gallardo, consultados al respecto, señalan que “lo que el gobierno está haciendo no solo es una falta de respeto, sino que transgrede nuestros derechos como víctimas”, subrayando lo que consideran una “desconexión” entre las autoridades y quienes sufrieron los abusos. Matías Orellana, director ejecutivo de Fundación ECAM, integrada por egresados de residencias y hogares de menores del Sename, manifiesta su “profunda” preocupación por la conformación de la Comisión Asesora Presidencial. Orellana indica: “El enfoque actual excluye a quienes vivieron directamente las vulneraciones, cuestionando la falta de experiencia práctica de los integrantes y la preeminencia de una mirada meramente académica”. Añade que “para ECAM, abordar la verdad y la reparación implica incluir a sobrevivientes que comprendan el dolor desde la experiencia” y concluye: “la exclusión perpetúa los errores de un sistema que ha vulnerado a miles de niños y adolescentes bajo la tutela del Estado”.
Disposición a Colaborar y Composición de la Comisión
A pesar de las críticas, Gallardo y Kramer han indicado que están dispuestos a colaborar, siempre y cuando haya transparencia y se otorgue un espacio real de participación. “Queremos un espacio con voz y capacidad de incidencia en la comisión”. Esperan ser asesores principales en las instancias de diálogo que se generen, aunque no hayan sido incluidos como integrantes. Esta disposición ha sido transmitida a la Defensoría, que, según las organizaciones, siempre ha mantenido su firme postura de ejercer presión sobre el gobierno para resolver esta deuda del Estado.
La comisión, con una duración de al menos un año, está conformada por siete comisionados designados por el Presidente de la República, con apoyo administrativo de una secretaría ejecutiva. Entre sus miembros se encuentran profesionales de psicología, derecho, educación y psicoanálisis. Entre ellos: Soledad Larraín (presidenta, exfuncionaria de Univef), Miguel Cillero (abogado experto en derechos de la niñez), Carmen Domínguez (académica de la Universidad Católica), Matías Marchant (psicólogo especializado en infancia), Estela Ortiz Rojas (consultora en políticas públicas de infancia), Judith Schonsteiner (abogada en derechos humanos) y Sebastián Valenzuela (exsubsecretario de Justicia). A pesar de sus credenciales profesionales, la selección de estos integrantes, que deja fuera a quienes vivieron directamente las vulneraciones, ha generado una intensa presión pública desde su primera sesión.
Respuesta del Gobierno
Ante las crecientes críticas, el Ministerio de Justicia defendió la conformación de la comisión. Sobre el no aviso a las víctimas, señalaron que la mera creación de la instancia “ha sido un paso importante en un camino que busca justicia y reparación”, y que durante el proceso preparatorio “se trabajó en la definición de los criterios y metodologías necesarias para su funcionamiento, estableciendo expresamente como principio esencial la participación activa de las víctimas en el proceso, garantizando que su voz sea parte integral de la construcción de la verdad y en la definición de las medidas de reparación”. Respecto a no incluir a víctimas como integrantes, indicaron que la comisión “ha sido conformada bajo criterios que buscan asegurar una representación transversal y una perspectiva diversa en el contexto sociopolítico actual”. Agregaron que “se ha establecido un mecanismo de participación que garantice que las víctimas, incluyendo a las personas que fueron afectadas como niños, niñas o adolescentes en su momento, puedan aportar de manera activa al proceso”.
Contexto Histórico y Diagnósticos Precedentes
La Comisión Interamericana de DD.HH. ha iniciado el proceso de investigación de casos, abordando el período entre 1979 y 2021, extendido hasta 2024 debido a irregularidades en el nuevo servicio, Mejor Niñez. Este hito enfrenta la pregunta sobre la posibilidad de elaborar los daños derivados de la traumatización por la violencia del Estado. Los silencios y la falta de reconocimiento, verdad, justicia y reparación profundizan el trauma, lo que subraya la importancia del trabajo de esta comisión. La muerte de Lissette Villa en 2016 obligó a visibilizar la situación, pero antes, el Informe Jeldres (2013) ya había revelado que el 88% de las residencias registraron vulneraciones graves y el 100% de los centros públicos del Sename incurrieron en prácticas sistemáticas.
La ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en 1990 y las reiteradas indicaciones del Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas desde 1992, han comprometido al país a adecuar su normativa y políticas. En 2018, el Comité de los Derechos del Niño afirmó que el Estado de Chile es responsable de graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, recomendando mecanismos de reparación y un plan de acción. La Defensoría de la Niñez también recomendó en 2020 la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación, una petición que no recibió respuesta del Ejecutivo de la época. Lamentablemente, en este esfuerzo de último tiempo, quedaron fuera del proceso las víctimas de entornos eclesiásticos, lo que fue denunciado por la Red de Sobrevivientes.
Conflictos de Interés en Fundaciones Colaboradoras: Vulneración de la Ley 21.140
En el ámbito de las fundaciones colaboradoras del Sename, se ha detectado una grave situación de posibles conflictos de interés y vulneración de la Ley 21.140. Esta ley, promulgada en 2019, prohíbe que una institución colaboradora del Sename ejecute simultáneamente programas de diagnóstico y programas de protección. La norma busca evitar que se incremente artificialmente el número de niños enviados a un programa de protección solo para aumentar los pagos, ya que se entrega una subvención por cada menor atendido.
Identificación de Irregularidades en Instituciones
Sin embargo, de las ocho instituciones que realizan diagnósticos, al menos cuatro tienen en sus directorios a personas que se repiten en cargos de otras entidades que ejecutan programas de protección. Esta situación fue calificada como “gravísima” por un ex director del Sename y dos juezas de Familia. La información sobre la reiteración de nombres se obtuvo comparando las nóminas de directores de todas las instituciones que se adjudicaron programas de diagnóstico en el séptimo concurso para programas DAM (Programa de Diagnóstico Ambulatorio) del Sename, revisando los certificados de directorio en el Registro Civil. En la última licitación de programas DAM, 38 de 74 fueron asignados a cuatro instituciones en cuyos directorios se repiten nombres que también cumplen labores importantes en organismos que desarrollan proyectos de Protección.
Los programas DAM son los encargados de evaluar y realizar peritajes a niños, niñas y adolescentes (NNA) que podrían estar sufriendo una vulneración de sus derechos.
Casos Específicos de Fundaciones
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Fundación Pares y Corporación Acogida: El caso que más llama la atención es el de la Región Metropolitana, donde Fundación Pares, inscrita en septiembre de 2019, se adjudicó 16 de los 17 programas DAM, además de otros siete programas en otras zonas del país. La jueza del Segundo Juzgado de Familia de Santiago, Mónica Jeldres, afirmó que esta situación “infringe el espíritu de la Ley 21.140” y es “extremadamente grave”.
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Fundación Prodere y Corporación Prodel: Creada en 2017, Fundación Prodere se adjudicó nueve programas DAM a nivel nacional. Al 26 de abril de este año, su directorio era presidido por Marina Bustos, quien a su vez es directora ejecutiva de Corporación Prodel. Desde Fundación Prodere no negaron los vínculos con Corporación Prodel. Marina Bustos admitió que la norma los obligó a actuar así: “Sename hace dos años sacó una normativa interna, de modo que es un tema no nuestro, es un tema del mandante”. Bustos explicó que los programas deben ser realizados por organismos con trayectoria en proyectos de diagnóstico: “Nada mejor que gente con experiencia”.
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Fundación Trabajo con Sentido y León Bloy: Inscrita en diciembre de 2019, esta institución ganó cinco programas DAM, lo que podría implicar un pago global anual de hasta $522 millones. El presidente del directorio de Trabajo con Sentido es Jorge Ormeño, quien a su vez ejerce como secretario en León Bloy. Desde la fundación Trabajo con Sentido confirmaron que la institución fue fundada y creada por la Fundación León Bloy “sin ocultamiento alguno, con absoluta transparencia”, argumentando que el ordenamiento jurídico “no prohíbe que la Fundación León Bloy en su calidad de fundadora, constituya una persona jurídica distinta, con estatutos y objetivos propios”.
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Fundación Cordefam y Corfal: Inscrita en noviembre de 2019, esta entidad se adjudicó un programa DAM en la Región de Arica y Parinacota, que puede implicar un pago anual de $203 millones. La presidenta de Cordefam, Priscilla Sabando, es también directora de un programa Ambulatorio Intensivo Adolescente de Corfal en Arica. Desde Cordefam señalaron que, antes de la fecha de postulación a proyecto DAM, Cecilia Fuentes Icarte ya había presentado su renuncia como integrante de directorio de Cordefam.
Respuestas y Análisis Legal
Desde la oficina de comunicaciones del Sename, explicaron que ellos solo fiscalizan que una misma institución acreditada no desarrolle ambas líneas de acción. Sin embargo, esta postura no satisface a críticos. La jueza de Familia Pamela Lobos criticó la falta de transparencia de algunos directivos: “No hay razón para no entregar esa información”. El abogado Luis Cortés sostuvo que la ley no da espacio a la interpretación: “Hay una norma expresa, en relación a que se deben hacer de forma separada las dos líneas de acción. Obviamente, da para tomar acciones legales contra aquellas organizaciones, independiente de la respuesta o las defensas que puedan hacer”.
El Trasfondo de las Fallas Sistémicas: Testimonios y Diagnósticos
Desde el 1 de octubre de este año entra en vigencia el nuevo Servicio de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, que reemplazará al Sename, conocido ahora como Mejor Niñez. Sin embargo, las expectativas sobre este nuevo servicio no son altas para las Organizaciones Colaboradoras Acreditadas (OCAS), ya que “no es nada nuevo” para Francis Valverde. La reforma, según él, tendría que radicar en que se financie a los organismos colaboradores y no se les subvencione, limitando el número de programas que puede tener un organismo colaborador.
Niñez & Adolescencia Vulnerada En Chile: Un Desafío Político Institucional
Experiencias de Sobrevivientes y Expertos
Testimonios como el de Cristina Palma, quien estuvo en 10 residencias en 17 oportunidades distintas desde 1988, revelan la cruda realidad: “No sirve de nada que nos escuchen si después no se hace nada”. José del Carmen, de Fundación Ciudad del Niño, reflexiona sobre la “orfandad” que puede perdurar y el abuso de no tener pasado, donde los archivos tipificaban a las víctimas como “meros números”.
Carlos Vöhringer, director técnico nacional del trabajo con infancia vulnerada del Hogar de Cristo, considera "impresionante que tres niños pequeños hayan pasado seis días solos en la vía pública, sin generar ninguna reacción de parte de los adultos que se toparon con ellos. Eso es un reflejo de cómo estamos viendo o no viendo a nuestras infancias". Explica que “hace pocos años atrás las residencias eran espacios iatrogénicos, que más bien vulneraban gravemente los derechos de niños y niñas en vez de repararlos”. Aboga por un cambio de paradigma hacia un modelo terapéutico, menos masivo, con un máximo de 12 residentes y con énfasis en el trabajo familiar. También valora las familias de acogida, pero reconoce que “no hay suficientes, falta darlas a conocer y también capacitarlas”. Sobre el egreso, indica que “están egresando a la calle, directamente. Aún no existe un programa efectivo de apoyo a la vida interdependiente”.
Francisco Covarrubias, psicólogo y presidente de la Fundación ProAcogida, que promueve las familias de acogida, describe el miedo de los niños a ser institucionalizados: “Al enterarse de que van a ser destinados al sistema residencial, se desregulan de tal manera, que terminan entrando en una institución psiquiátrica”. Afirma que las familias de acogida son “muy poco conocidas en Chile, aunque como política pública han estado siempre”. Destaca el beneficio de un vínculo familiar estable frente a un sistema que puede dejar a los jóvenes “frente a un precipicio” al cumplir la mayoría de edad. Subraya la necesidad de capacitar a las familias de acogida en manejo de trauma y de tener residencias especializadas para casos complejos.
Vinka Jackson, psicóloga especializada en trauma y sobreviviente de abuso infantil, lamenta que “en nuestros países no existe formación en las profesiones que trabajan con niños en este tema”. Critica la falta de un ítem presupuestario para la formación en manejo de trauma complejo de los trabajadores del Sename, y no está convencida con el nombre “Mejor Niñez”, ya que “la mejor niñez debe tener dentro de sus prioridades esa herramienta: el manejo del trauma por abuso para contener situaciones de crisis emocional”. Respecto al egreso, enfatiza la “furia” e “indignación ética” que le genera, ya que los jóvenes con 18 años aún no alcanzan la madurez cerebral completa, haciendo de su egreso una “irresponsabilidad social tremenda”.
Testimonio de Catalina Farías: El Salto al Vacío
Catalina Farías, una joven que pasó parte importante de su niñez y adolescencia bajo la protección del Estado, relata que al cumplir 18 años, “en el Sename le celebraron su cumpleaños y, en el acto, se quedó sin ninguna ayuda estatal”. Explica: “Nadie me explicó nunca” que el Estado debe seguir protegiendo a los estudiantes hasta los 24 años. Vivió un egreso sin acompañamiento: “Me dejaron en una casa de acogida en La Pintana. Me llevaron para allá, se fueron y nunca más llamaron”. Destaca que la pobreza no siempre es la causa, sino la irresponsabilidad o demencia de los padres. Catalina resalta la hipersexualización de niñas en las residencias, “muchas niñas, muchas, llegan a las residencias por causa del abuso sexual reiterado”. Critica que “no es posible que haya tantas niñas en residencias por abuso sexual y que sus abusadores estén libres”. Su egreso le generó “mucha rabia”, ya que “aunque yo sé que el problema de base son las familias y los padres, es responsabilidad del Estado hacerse cargo de ti”. Ahora, como activista de Red Egresa, busca empujar cambios significativos, apoyando a jóvenes que, como ella, deben “saltar sin paracaídas a la vida independiente”.
Informe de la PDI (2017): Violaciones Sistemáticas
Un lapidario informe de la PDI de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que “el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela”. En el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El informe fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La muerte de Lissette Villa gatilló la investigación judicial. El documento de 257 páginas detalla que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Faltas a los Protocolos y Problemas de Salud
El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas y un 76,7% no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor. A pesar de que el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”.
El informe también reveló una alta cifra de menores con enfermedades psiquiátricas (37,3%) o patologías médicas (14,2%). Sorprendentemente, 42 centros no tienen un encargado de salud, y en 159 centros (66,3%) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, a quien solo se le exige cuarto medio rendido. Además, el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Negación del Ministro de Justicia
Tras la denuncia del diputado Saffirio sobre la existencia de este informe de la PDI, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio”. Argumentó que “este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte)”.
Hacia una Reparación Integral y un Sistema Transparente
La comisión no es un mero acto político, sino que representa una oportunidad para superar la “desmentida” que por años ha tomado la forma de eufemismos y contradicciones. La Red Egresa, una fundación creada por jóvenes que salieron de residencias de protección, contribuye activamente en el egreso de otros chicos y chicas, ofreciendo charlas sobre cómo postular a la universidad, ahorrar o rendir la PSU, y actuando como puente con empresas y organizaciones. “Desde nuestras experiencias de vida, les mostramos que se puede salir adelante”.
Casos como el de Fredy O. y Cristopher S., detenidos equivocadamente, demuestran que “obtener una indemnización en casos como este no solo involucra un reparo y reconocimiento al honor personal y al de las familias de los afectados. Implica además un reconocimiento de los errores que el Estado y sus instituciones pueden cometer, instando a que tanto el Ministerio Público como otras organizaciones revisen sus procesos”. La directora ejecutiva de Fundación Pro Bono, Carolina Contreras, afirmó que “desde el 2016 sostenemos una alianza con la Defensoría Penal Pública para proveer asesoría civil gratuita y de calidad a personas cuyos derechos han sido vulnerados por un sistema que requiere ser más riguroso para evitar errores que cambian la vida de estas personas y de sus familias”. Es imperativo que las instituciones respondan públicamente por este desastre, incluyendo al Poder Judicial, cuyos jueces de familia deben visitar los centros y asegurar el cese de vulneraciones. Todos los ciudadanos tienen responsabilidad en la calidad del sistema de protección de la infancia.