El acceso a la justicia para personas con discapacidad es un principio fundamental que los Estados Partes tienen la obligación de asegurar en igualdad de condiciones con las demás. Este derecho implica garantizar que las personas con discapacidad puedan desempeñar sus funciones efectivas como participantes directos e indirectos en todos los procedimientos judiciales, incluyendo la etapa de investigación y otras etapas preliminares, así como la declaración como testigos.
Principios y Ajustes de Procedimiento
Para lograr la igualdad de condiciones en el acceso a la justicia, es crucial la implementación de ajustes de procedimiento adecuados a la edad de las personas con discapacidad. Estos ajustes, que deben basarse en la libre elección y preferencia de la persona interesada, son obligatorios en “todos los procedimientos judiciales y administrativos” cuando sean solicitados.
Ejemplos de Ajustes Procesales
Los ajustes procesales son variados y buscan eliminar las barreras que impiden una participación plena y efectiva. Algunos ejemplos incluyen:
- Interpretación en lenguaje de señas: Para asegurar la comunicación efectiva con personas sordas o con problemas de audición.
- Información jurídica y judicial en formatos accesibles: Como el Braille, versiones de fácil lectura de documentos y medios de comunicación múltiples.
- Tecnologías de asistencia: Provisión de herramientas tecnológicas que faciliten la participación.
- Asistencia personal: Apoyo individualizado durante el proceso.
- Flexibilidad procesal: Adaptaciones como el cambio de sede de un tribunal, la posibilidad de que intérpretes de lenguaje de señas participen en debates confidenciales con jurado, o la ampliación y ajuste de plazos y formalidades procesales.
- Testimonio por enlace de vídeo: Para facilitar la declaración sin necesidad de presencia física en el tribunal.
Análisis Jurídico y Barreras Existentes
Un análisis jurídico revela que, en muchos contextos, la legislación actual no siempre está alineada con los principios de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), resultando en un incumplimiento de sus directrices. Frecuentemente, no se encuentra legislación penal y/o procesal que prohíba arreglos al margen de la ley de los procedimientos, ni normativas relativas a ajustes de procedimiento o garantías procesales específicas para la intervención de personas con discapacidad en procesos legales.
Las barreras más frecuentes a las que se enfrentan las personas con discapacidad
Existen normativas que reflejan concepciones desactualizadas sobre la discapacidad. Por ejemplo, el Art. 10 del Código Penal puede eximir de responsabilidad criminal al “loco o demente” a no ser que haya obrado en un intervalo lúcido, o a quien, por cualquier causa independiente de su voluntad, se halle privado totalmente de razón. De manera similar, el Art. 458 del Código Procesal Penal establece los requisitos para la procedencia de un procedimiento especial para personas imputadas presumiblemente enajenadas mentales.
La normativa vigente que regula los procedimientos de interdicción, a menudo, obstaculiza que los jueces puedan resguardar el derecho al reconocimiento de la capacidad jurídica y de acceso a la justicia. Estas normas, más que considerar a las personas con discapacidad como sujetos de derecho, tienen por objeto suprimir el ejercicio de su capacidad y sustituir su voluntad por la de un representante.
El análisis de estas barreras es crucial, especialmente en los procedimientos judiciales de declaración de interdicción y curatela para personas con discapacidad mental. Es fundamental revisar la evolución del concepto de discapacidad, y en específico, la evolución del concepto cultural-jurídico de discapacidad mental, para alinear la legislación con una perspectiva de derechos humanos.
Programas e Iniciativas de Apoyo
Para abordar estas deficiencias, se implementan programas como el Programa Acceso a la Justicia para personas con Discapacidad, el cual se desarrolla en colaboración con las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ) de todo el país. Estos programas buscan ofrecer el apoyo necesario para garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.
Sin embargo, un punto crítico es la disponibilidad de información sobre el presupuesto asignado y gastado en medidas para promover el acceso a la justicia de las personas con discapacidad y su participación en el sistema judicial. Esta información incluye específicamente la asistencia jurídica para personas con discapacidad y la formación de jueces, fiscales, entre otros. Actualmente, se observa la falta de datos suficientes para construir un indicador robusto que mida esta inversión y su impacto.