La problemática del abuso de poder en el sistema de licencias médicas y pensiones por invalidez ha sido objeto de creciente preocupación y debate en diversos foros. Recientemente, el foco se ha puesto en la fiscalización de las instituciones encargadas y en las experiencias de los ciudadanos afectados por un sistema que, a menudo, parece priorizar intereses económicos sobre las necesidades de las personas.
Escándalo de Licencias Médicas y la Fiscalización Institucional
El escrutinio público y legislativo se intensificó luego de que la Contraloría General de la República revelara un informe que identificaba a 25 mil trabajadores públicos que viajaron al exterior haciendo uso de su licencia médica. Tras recibir a la contralora Dorothy Pérez, legisladores solicitaron mayores antecedentes a la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO), especialmente después de conocerse la existencia de un convenio con la Policía de Investigaciones (PDI) para efectuar cruce de información.
El Rol de la SUSESO y las COMPIN
La pregunta central planteada por los integrantes de la Comisión de Salud a Pamela Gana, responsable de la SUSESO, fue: "¿Por qué la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO) no fiscalizó el mal uso de licencias médicas por parte de funcionarios públicos, teniendo las atribuciones para hacerlo?".
La superintendenta Gana defendió la actuación de la institución, asegurando que "la ley dice que la Comisión de Medicina Preventiva e Invalidez (COMPIN) y las Isapres son las encargadas de fiscalizar las licencias y la SUSESO está mandatada para controlar estas instituciones". A pesar de esto, afirmó que se han realizado investigaciones, pasando de 448 a mil en 2023, mejorando la precisión y aumentando las sanciones de un 21% a un 82%. Esto, según Gana, es resultado de la analítica de datos aplicada que ha permitido inhabilitar a médicos con comportamiento irregular.
Respecto al convenio con la PDI, la autoridad admitió que existe desde 2014, permitiendo cruces de información. Sin embargo, explicó que se trata de un acuerdo de colaboración "sujeto a las voluntades, prioridades y capacidades de las instituciones", y que la materialización requería contar con bases de datos disponibles y desarrollar capacidades informáticas. Además, señaló que "recién con la llegada del nuevo director de la PDI, a finales del 2024, se nos ha requerido información". Gana también mencionó que una ley promulgada recientemente permite solicitar información a organismos como la Tesorería o el Servicio de Impuestos Internos (SII).
Críticas y Autocrítica Ante la Inacción
La exposición de la superintendenta no eximió de críticas a la SUSESO. El senador Juan Luis Castro cuestionó el nivel de autocrítica de la institución, señalando que no se han conocido sanciones a las COMPINES por no fiscalizar los reposos, a pesar de que la SUSESO las controla. "Es insólito que venga la Contralora a destapar algo que es deber de ustedes, de verdad es insólito", afirmó el legislador.
Por su parte, la senadora Carmen Gloria Aravena lamentó no haber escuchado propuestas de mejora concretas, manifestando la impresión de que "han hecho lo justo y necesario, no ha habido un esfuerzo institucional para resolver este tema y es lamentable". La senadora Ximena Ordenes, en tanto, preguntó cómo se fortalece la fiscalización, sugiriendo que la SUSESO, que se ha centrado en los grandes emisores, ahora debe concentrarse en los usuarios.
La senadora Ximena Rincón, ex-Superintendenta, consultó si se han presentado querellas en casos de grandes emisores, recordando que en su gestión sí lo hicieron y que la SUSESO tiene la supervigilancia de los recursos del asegurador público y privado. El senador Iván Flores inquirió sobre la cuantía del fraude y el presupuesto de fiscalización, concluyendo que "la pega, sin duda, no la ha hecho bien porque a 14 años de haber firmado un convenio con la PDI, cuando ya había antecedentes de que estas cosas estaban pasando, tuvo que ser la Contraloría la que pusiera el problema en toda su extensión sobre la mesa". Finalmente, el senador Alfonso De Urresti apuntó a la responsabilidad política de la Superintendenta, lamentando que la información de fiscalización provenga de la Contraloría y no del organismo mandatado para ello.
Propuestas Legislativas y Desafíos de Fiscalización
En este contexto, el senador Juan Luis Castro anunció que, junto a sus pares, presentará una moción para incorporar en el Código del Trabajo la causal de destitución del cargo por hacer uso malicioso de una licencia médica, sin mediar sumario administrativo. Además, solicitó el patrocinio del Ejecutivo para facilitar su tramitación. Estas iniciativas reflejan la urgencia de abordar no solo la fiscalización, sino también las consecuencias para quienes abusan del sistema.
Las Voces de los Afectados: Denuncias de Abuso en el Sistema de Pensiones por Invalidez
Más allá de las licencias médicas, el sistema de pensiones por invalidez es un punto de dolor para muchos chilenos. Numerosas personas que padecen enfermedades crónicas invalidantes expresan su frustración y desesperanza ante lo que perciben como una falta de evaluación técnica objetiva por parte de las Comisiones Médicas, acusándolas de cuidar los intereses de las AFP y aseguradoras.
Criterios de Evaluación y el Rol de las Comisiones Médicas
Un sentir generalizado es la necesidad de una evaluación independiente. Los trabajadores afiliados a una AFP DFL 3500, al solicitar una pensión por invalidez, sugieren ser evaluados por un equipo médico perteneciente al área pública de la salud, como la COMPIN, o por una entidad creada específicamente para estos efectos, dada la desconfianza en el sistema actual. Se denuncian rechazos basados en criterios que parecen ajenos a la realidad de las personas, como el caso de un paciente al que, a pesar de faltarle una pierna y parte de la otra, la comisión médica le rechazó la pensión argumentando que "tiene sus manos para trabajar".
Muchas de las personas afectadas relatan haber entregado extensa documentación de psicólogos, psiquiatras, terapias, licencias e informes, la cual, en ocasiones, no es solicitada o debe ser entregada "a la fuerza". Esta situación genera una profunda frustración y sensación de humillación.
Impacto en la Vida de los Solicitantes
Los testimonios son desgarradores y reflejan el impacto devastador de las decisiones de las comisiones médicas en la vida de los solicitantes:
- Una persona con enfermedad de Meniere (vértigo posicional), que trabajaba en logística, fue calificada con un 30% de invalidez, insuficiente para una pensión (mínimo 50%), a pesar de caminar con dificultad y no poder llevar una vida normal.
- Una madre relata el rechazo de la pensión para su hija de 18 años con Autismo, discapacidad y trastorno de comprensión mixta, que no puede manejar dinero ni andar sola, limitando severamente su interacción social. La comisión médica afirmó que "ella no tiene problemas".
- Otro afectado con insuficiencia cardíaca i50 e hipertensión crónica i10, con licencias médicas rechazadas por ISAPRE y COMPIN, debe costear medicamentos por $200.000 mensuales que no cubre el GES, mientras los médicos contralores no justifican los reposos.
- Una persona con Hepatitis Autoinmune (HAI) crónica y severa, además de artritis seronegativa, cuya enfermedad es permanente desde 2017 y con niveles hepáticos elevados a pesar del tratamiento con inmunosupresores, se encuentra sin ingresos económicos porque la ISAPRE considera su enfermedad irrecuperable, pero el sistema no le otorga los subsidios que por derecho le corresponden.
- Alguien que sufre Trastorno Afectivo Bipolar (TAB) y Trastorno de Ansiedad Generalizada (TAG), con un intento de suicidio reciente y documentación extensa, vio su solicitud rechazada, describiendo el proceso como una "pérdida de tiempo, movilización, frustración, impotencia, humillación, un completo desgaste emocional".
- Incluso, una persona que recibió una pensión definitiva total, fue informada posteriormente que debía esperar la posibilidad de apelación de la AFP o la aseguradora, prolongando la incertidumbre.
Muchos expresan que el sistema es "nefasto", "puro negocio entre las afp y la comisión medica", y se preguntan "¿cuánto les pagan las afp, por rechazar????". La falta de empatía y la percepción de que los médicos que realizan los juramentos para ayudar a las personas ahora actúan como "vendidos" o "lacras para el sistema de salud" es un sentimiento común. La frase "este país está podrido todo es un negocio" resume la profunda desilusión.
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Sospechas de Corrupción y Desconfianza en el Sistema
La persistencia de estas problemáticas lleva a muchos a creer que existe una colusión entre las ISAPRES, las aseguradoras, las AFP y los médicos, donde el interés económico personal prima sobre la desgracia ajena. "Todos quieren explotar al trabajador", es una amarga conclusión.
A pesar de que programas de televisión y medios como CIPER han ventilado este tema por largos años, no se han visto resultados positivos. Un documental reciente en televisión abierta sobre el "sospechoso sistema con el que tramitan cada caso" solo refuerza la sospecha generalizada. Se lamenta la pasividad del chileno para reaccionar, enfatizando que "no basta apelar, no basta insistir bajo buenos términos. Chile necesita hacer presión y cruzar la línea si realmente queremos ver cambios reales."
Casos Específicos y la Lucha por la Dignidad
En medio de esta problemática, surgen historias de resiliencia y lucha. Un testimonio impactante describe un calvario de nueve meses hospitalizado, cinco de ellos en coma, con un diagnóstico del 95% de probabilidad de muerte. Tras múltiples operaciones, infecciones, trombosis y el fallecimiento de sus compañeros de sala, fue dado de alta con invalidez total, pesando solo 49 kilos y en un estado "vegetal" en su hogar.
Este individuo, que perdió masa muscular y sufrió escaras severas, relata cómo, gracias al cuidado de su esposa y a su fe, logró recuperarse. Cinco meses antes de cumplir los tres años de su pensión transitoria, fue citado a la comisión médica, donde la doctora le otorgó la invalidez total, sin necesidad de reevaluación. Atribuye este éxito a la organización y los exámenes e informes médicos realizados particularmente, destacando que "todo está en Google, todo es gratis los trámites, los asesores te cobran y el pago lo sacan de nuestros ahorros".
Este caso subraya la importancia de la organización personal en el trámite y la desconfianza hacia los "asesores" que, a menudo, buscan una comisión a expensas de los ahorros de los solicitantes.
Llamados a la Acción y Esperanza
Frente a este panorama, los afectados hacen un llamado a la acción y a la esperanza. Se propone la idea de "juntar todas las firmas de toda persona rechazada de las comisión medica y hacer una demanda colectiva en los tribunales INTERNACIONALES", bajo el argumento de que en los tribunales chilenos se defenderán los intereses de las AFP y aseguradoras.
Para quienes inician los trámites, se aconseja tener fe y cumplir con ciertos requisitos: tener menos de 65 años, estar con el SIS (seguro de invalidez y sobrevivencia) y tener una enfermedad o patología grave o sin solución. La publicación sirve como un desahogo y un medio para compartir experiencias, con la esperanza de que sirva de ayuda a otros.
La impotencia ante este sistema genera una "sensación horrible" en muchos, quienes se preguntan para qué existen las instituciones de gobierno si no ayudan a las personas en situaciones de salud que pueden llevar a la muerte. La creencia de que "ningún gobierno o parlamentario se han interesado realmente por los problemas reales de las personas" y que "nada ha cambiado" en décadas, genera una profunda desesperanza.
A pesar de las dificultades y la indignación, el mensaje final es de resiliencia y fe: "nunca pierdan la fe". Es un deseo compartido de que el sistema mejore y que la dignidad se haga costumbre.