La denominada "compensación del confort", un pago de 7.000 pesos destinado a millones de consumidores chilenos, surgió como resultado de un histórico caso de colusión en el mercado del papel tissue. Este proceso, inédito por la cantidad de dinero involucrada y el universo de beneficiados, ha estado marcado por complejidades y retrasos, afectando a todos los ciudadanos mayores de 18 años, incluyendo a quienes perciben una pensión.
Origen de la Compensación: El Caso de Colusión del Papel Tissue
El 28 de octubre de 2015, la Fiscalía Nacional Económica (FNE) acusó a las dos principales compañías papeleras locales, CMPC (la Papelera, del Grupo Matte) y PISA (hoy SCA), de haber montado un engranaje para repartirse el mercado y mantener alto el precio de los papeles de uso doméstico. CMPC reconoció la existencia de prácticas anticompetitivas y se autodenunció, acogiéndose a la figura de la delación compensada.
El uso del papel higiénico es transversal para toda la sociedad, lo que implicaba un daño masivo a los consumidores. Inicialmente, el daño fue tasado en US$510 millones por la ex economista de la FNE, Andrea Alvarado: US$445 millones correspondían a CMPC y los otros US$65 millones a SCA Chile. Este cálculo se hizo sobre la base de un sobreprecio promedio de 20% sobre el valor normal de los productos, en un escenario ideal de total competencia, aunque la FNE había situado el sobreprecio cobrado entre 14% y 30%.
Reducción del Monto Compensatorio
La cifra inicial de US$510 millones se redujo a US$150 millones (aproximadamente 97 mil millones de pesos chilenos). Varios protagonistas del juicio y del acuerdo coincidieron en que hubo al menos un factor que influyó: los informes a la vista mostraban que si se analizaban solo los productos coludidos, que no eran todo el portafolio de las compañías, el total de la indemnización se reducía. CMPC alegaba, además, que los valores de los productos no eran similares debido a las mejoras tecnológicas ocurridas durante el tiempo.
El Acuerdo Compensatorio y sus Beneficiarios
En abril de 2016, el SERNAC inició el proceso de mediación colectiva, al que incorporó a las dos mayores organizaciones de consumidores del país: Conadecus y Odecu. En mayo de 2016, todas las demandas se unificaron, especialmente por la dificultad de poder conseguir indemnizaciones separadamente, dado que ni CMPC ni SCA venden directamente a los consumidores.
El acuerdo compensatorio, anunciado el viernes 27 de enero de 2017, estableció una devolución de los dineros que se estima que la CMPC cobró de más durante toda la década de colusión. El monto involucrado en el proceso ascendió a 97 mil millones de pesos, beneficiando a todos los ciudadanos que tuvieran 18 años cumplidos al 31 de mayo de la fecha del acuerdo y contaran con Cédula de Identidad vigente, sean chilenos o extranjeros. El fallo de la Corte Suprema marcó un precedente en la historia del derecho del consumidor.
Métodos de Pago y Proceso de Cobro
La distribución de los $7.000 por persona no ha sido un proceso sencillo ni económico, debido a que no toda la población está bancarizada o tiene una cuenta electrónica para recibir estos fondos. El SERNAC presentó el plan para realizar el pago de las compensaciones a los consumidores. El pago se planificó por etapas:
- Pago Automático: Los consumidores que tienen productos financieros como CuentaRUT, Chequera Electrónica y Cuenta Corriente del BancoEstado, recibirían el dinero en forma automática. Para aquellos con Cuenta RUT, no se les cobrarían los 300 pesos al momento de sacar el dinero de los cajeros, como usualmente se acostumbra.
- Inscripción en Línea: Respecto del público general, que no corresponde a los grupos anteriores y representa alrededor de 3,3 millones de personas, estos debían inscribirse en el sitio www.micompensacion.cl. Al momento de inscribirse, los consumidores debían ingresar el número de su Cédula Nacional de Identidad vigente para identificación y autentificación. Luego, podrían cobrar su compensación en una CajaVecina de BancoEstado. Este grupo tuvo un plazo de 3 meses para realizar dicho trámite, hasta el 30 de septiembre.
- Oficinas de Atención: En caso de no contar con los medios antes señalados, las personas pudieron acudir a las oficinas regionales del SERNAC o a las oficinas municipales de atención al consumidor.
Si el consumidor optó por transferencia electrónica, el pago sería depositado en la cuenta personal indicada en un plazo máximo de 10 días.
Es importante destacar que las personas que perciben una pensión se incluyeron en estas categorías generales. Si contaban con una cuenta bancaria (como CuentaRUT), el pago fue automático. De lo contrario, debían inscribirse o acudir a las oficinas, como cualquier otro ciudadano. El SERNAC, en conjunto con la Seremi de Desarrollo Social en algunas regiones, buscó asegurar que ninguna persona se quedara sin su compensación.
Retrasos y Obstáculos Legales
A pesar del acuerdo inicial, la distribución de los $97.647 millones (unos US$150 millones) se vio retrasada significativamente. Las argucias judiciales han demorado la ejecución, llevando a que los $7.000 por persona no llegaran a los bolsillos de los chilenos hasta el primer trimestre de 2018.
Judicialización Injustificada
Ernesto Muñoz, director del SERNAC en ese momento, lamentó una "litigación excesiva e injustificada de ciertos actores que no fueron parte de la mesa del acuerdo ni de la conciliación". Los dardos apuntaron principalmente al abogado Jaime Moraga Carrasco, quien representó a tres comunidades mapuches de la Araucanía, y a la Asociación de Consumidores de Chile (Asocochi).
- El abogado Moraga presentó recursos de apelación y casación en la forma contra la resolución del 10° Juzgado Civil de Santiago que aprobó el acuerdo, argumentando que el SERNAC no respetó los artículos 6 y 7 del Convenio 169 de la OIT (deber de consulta y derecho de participación respecto de pueblos indígenas). Este recurso fue rechazado el 16 de octubre de 2017 por la Corte de Apelaciones de Santiago.
- Asocochi también ingresó recursos de reposición y apelación, buscando abrirse un espacio en la negociación, pero fueron rechazados.
La paralización del pago de la indemnización se debió a que una condición clave para que se pagaran los $7.000 a los consumidores era que todas las causas pendientes del caso estuvieran cerradas, requisito que no se cumplió completamente debido a los recursos presentados.
Costos de Implementación e Intereses Generados
El jueves 2 de marzo de 2017, CMPC contrató un depósito a plazo renovable a 30 días en el BancoEstado por los $97.647 millones de las compensaciones. Los intereses generados por este depósito se utilizarían para cancelar los costos de la implementación. Estos montos, que siguieron acumulándose, permitieron solventar los gastos operativos, de red, puntos de contacto y comunicación, ya que la transferencia masiva de fondos no tenía "costo cero". Se estimó que una transferencia electrónica masiva de fondos le costaba a un banco grande en torno a $180, cifra que cubría gastos operacionales, personal y cobros de compensación electrónica. Si a eso se sumaba la extracción en un cajero automático, la cifra subía $300 más.
Gracias a los intereses, la cifra final pudo acercarse a los $100 mil millones, lo que potencialmente podría hacer crecer la indemnización a $8 mil o más por persona, aunque el acuerdo compensatorio establecía que estos intereses se usarían para pagar los costos de la operación.
Importancia y Precedente del Caso
El caso de la colusión del papel marcó un hito en los abusos empresariales en Chile. Para la CMPC, significó un cambio importante en su directorio, reformas profundas al gobierno corporativo y procedimientos más estrictos de control interno. El escándalo llevó incluso a que la principal organización gremial del sector, la SOFOFA, suspendiera a la CMPC de su participación en la entidad. Para el SERNAC, la mediación colectiva y la consecución de este acuerdo también se convirtieron en un hito, demostrando la capacidad de la institución para defender los derechos de los consumidores a gran escala.
El monto de las compensaciones correspondió a casi seis veces la multa máxima que CMPC hubiese tenido que pagar en caso de no haber existido la delación compensada, recursos que de otra forma se hubiesen ido a beneficio fiscal y no directamente a los consumidores.