El Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esa es la conclusión de un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que en 2017 investigó 240 hogares de menores. Esta crisis, que se arrastra por décadas, ha puesto de manifiesto graves deficiencias estructurales, la falta de fiscalización y una preocupante cifra de muertes y, según informes, de niños desaparecidos del sistema.
Hallazgos del Informe de la PDI: Un Panorama de Abusos Sistemáticos
En el 100% de los centros que administra el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. Tan grave como lo anterior es que el informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
CIPER accedió a ese informe de 257 páginas, el cual es un resumen de la extensa investigación realizada por un equipo de la PDI a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016) reportadas tras el deceso de Lissette Villa. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio de 2019, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
El reporte de la PDI es mucho más completo que el de la ONU, que visitó solo cuatro residencias, mientras que la policía consideró 240 de un total de 241 que hay en todo el país. Por lo tanto, da cuenta de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. Por ello, es especialmente grave que la PDI haya constatado que la violación de derechos sistemática se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Tipos y Ubicación de las Vulneraciones
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores. Y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales, totalizando 310 casos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total). El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
La Crisis de Muertes y Desapariciones: Cifras Inciertas y Casos Emblemáticos
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en hogares del Sename. Sin embargo, "eso no pasó". La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal a cargo del fiscal Marcos Emilfork.
Inconsistencia y Caos Estadístico
Lo único claro respecto del número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe. Según un informe del Ministerio de Justicia, requerido por el diputado René Saffirio, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado por el informe. El gobierno chileno salió a aclarar que la cifra sólo incluye a los menores del área "protección".
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 y el resultado arroja 318 fallecimientos, los que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Pero el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explica que “no tengo ninguna confianza en las cifras. Es posible que esté replicada la información. Por ejemplo, si un niño ingresó a distintos programas y murió, su muerte será contabilizada como egreso en todos ellos”.
La directora del Sename, Solange Huerta, cifró en 243 el número de menores fallecidos entre el 1 de enero de 2005 y el 30 de junio de 2016 en los centros bajo administración del organismo, de los cuales 210 murieron en el sistema residencial y 33 en centros de Justicia Juvenil. De los 210 niños, niñas y adolescentes en el sistema de protección residencial, 131 decesos estaban asociados a alguna enfermedad. Adicionalmente, la cifra de niños que fallecieron mientras vivían con sus familias y eran atendidos en programas ambulatorios llega a 406. En el mismo periodo fallecieron 215 adultos que permanecían en centros de protección por tener graves discapacidades, al no existir otros organismos que los acojan.
Más allá de las muertes, la Defensoría de la Niñez, un organismo estatal independiente creado en 2018, informó de la alarmante cifra de 114.475 niños desaparecidos del sistema de protección desde 2008, sumándose a los 1836 fallecidos desde 2010. Esta situación "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país, en particular, por las condiciones de vida a las que se ven enfrentados miles de niños y niñas que viven en instituciones públicas y privadas dedicadas a acogerlos y resguardar sus derechos fundamentales".
El Impacto del Caso Lissette Villa
De sus 11 años, Lissette pasó más de la mitad entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. La evaluación del Sename incluye maltrato físico y psicológico, además de abuso sexual y abandono. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia. El lunes 11 de abril de 2016, pasadas las 20 horas, las cuidadoras pensaron que la crisis que vivía Lissette era otra de sus "pataletas", pero en medio de una crisis, la niña se pegó un cabezazo y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera que estaban a cargo de las 20 niñas de esa casa tenían conocimientos en primeros auxilios, tampoco estudios superiores o técnicos. Para cuando se dieron cuenta de que estaban frente a una crisis grave, Lissette ya estaba muerta. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional", explicación que le costó el puesto.
El Trágico Final de Guillermina
Otro caso emblemático es el de Guillermina, de 16 años, quien llegó a "medio vestir" y con dinero al Centro de Protección Alborada del Sename, traída por un policía. Según consta en la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, Guillermina se resistió al reingreso violentamente. Menos de media hora después, la encontraron colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para cerciorarse de su estado o hacerle un chequeo completo. La querella no prosperó y su muerte, en agosto de 2012, quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
Deficiencias Estructurales y Abusos: Un Sistema en "Estado Terminal"
María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia, entidad creada por la presidenta Michelle Bachelet, describió el sistema como "en estado terminal". Las investigaciones han revelado un sistema en el que los niños vulnerables son cuidados por personal sin ninguna capacitación -ni siquiera en primeros auxilios- y que ha recibido quejas por maltratos, sobremedicación y negligencia en el cuidado de los menores.
Problemas con Protocolos y Fiscalización
El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. El Sename debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan, pero la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Asimismo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales por parte de los tribunales de familia, en lugar de las dos veces al año exigidas.
La Fundación para la Confianza ha reunido información que indica que la contención física y farmacológica y los castigos no son hechos aislados: el uso de la fuerza en situaciones de crisis en residencias, de acuerdo con un informe de 2017 del INDH, "ha sido vivida o atestiguada por un 23,72% de los niños y niñas”.
Sobremecicación y Salud Mental
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, aseguró que la menor estaba "sobremedicada" con un fármaco (benzodiazepina) que en la cantidad que se le daba actuaba como antipsicótico. Además, Lissette estuvo "expuesta a antidepresivos por años", a pesar de que no está demostrado que hagan efecto en niños y uno de ellos, la sertralina, puede tener un efecto adverso volviéndolos "más agresivos, impulsivos e irritables". Francisco Estrada asegura que la "poca prolijidad" con la que se manipulan este tipo de medicamentos en los centros es "generalizada".
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. En 42 centros no hay un encargado de salud, y en 55 centros la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. En 159 centros (el 66,3% del total) “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Respuestas Institucionales y Perspectivas Históricas
Ante la gravedad de los hechos, las reacciones de las autoridades han sido variadas. El ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el informe de la PDI, aunque tuvo conocimiento de que se estaba realizando el estudio para un proceso judicial del que el Ejecutivo no es parte. El diputado Saffirio criticó que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento cuando estuvo listo.
Investigaciones, Denuncias y Falta de Responsabilidad
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre, no solo el Sename, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho por la ineficacia de las visitas de los jueces de familia. El informe de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes, incluyendo el Informe Jeldres (Poder Judicial y Unicef), dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. Sin embargo, el diputado Saffirio lamenta que, a pesar de las medidas, sanciones y reformas anunciadas tras cada informe, ninguna de las 200 medidas urgentes que presentó se han cumplido.
La Fiscalía Regional Occidente investiga una serie de delitos en distintos centros, siendo la causa principal la del Hogar Nido de Hualpén por abuso y explotación sexual, cuyo cierre se ordenó recién en 2020 a pesar de denuncias que datan de 2017. Patricia Muñoz, titular de la Defensoría de la Niñez, enfatiza que "hemos pedido información al Ministerio Público y ni siquiera la Fiscalía tiene claridad sobre la cantidad de causas en que se han producido hechos que involucran la victimización de niños al interior de residencias. Tampoco se investiga a quienes, debiendo fiscalizar y prevenir estas vulneraciones, no lo hacen."
La Mirada Histórica de Illanes y Morales
La académica Ximena Illanes y el doctorante Miguel Morales publicaron una columna en El Mercurio sobre la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a la crisis del organismo. Los casos de menores fallecidos en este contexto, que llegan a 1.313 desde 2005, continúan, "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo". Estos menores vulnerados e institucionalizados, aseveran, son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia, no tan solo en Chile, sino que en todo el mundo".
Abordan el caso de la Barcelona del siglo XV, donde instituciones de asistencia acogían a miles de criaturas abandonadas, y donde los registros mencionaban historias de maltratos y abusos. Illanes y Morales recalcan que el uso del concepto de abandono puede "promover la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias, que son usuarios de este sistema".
Hacia una Nueva Institucionalidad: Propuestas y Desafíos
Frente a la dramática situación, diversas voces han planteado soluciones y la necesidad de una reforma profunda del sistema de protección a la infancia en Chile. El senador Patricio Walker aseguró que "las cifras entregadas por el Sename dan cuenta de una realidad dramática, dolorosa e inaceptable", e instó al Ministerio de Salud a comprometerse con la atención urgente de los niños "con enfermedades mentales o con enfermedades basales que puedan terminar en muerte o en el suicidio".
Pilares para una Solución Definitiva
Según el análisis de Francisco Estrada, una solución definitiva se sustenta en tres pilares:
- Unidades polivalentes: Con niños adecuadamente medicados, personal dedicado que también trabaje con las familias y no las aísle.
- Reintegración familiar: El objetivo final debe ser que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos".
- Defensa jurídica adecuada: Que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo. "Los ve un abogado muy joven, para el que muchas veces el niño es más un trámite burocrático que un sujeto de derecho".
Compromiso del Ministerio de Salud y Financiamiento
El senador Walker afirmó que "falta crear una nueva institucionalidad que signifique una cirugía mayor al Sename para que a los niños, cuyos derechos han sido vulnerados, el Estado se los restituya. Es el Estado el que tiene la mayor responsabilidad en la protección de los derechos de la infancia". Criticó que la subvención basal para los niños que residen en instituciones colaboradoras del Sename es de 215 mil pesos, mientras que por cada preso se invierten 600 mil pesos, lo que demuestra que "los niños no son prioridad". Sin embargo, celebró que la Presidenta haya anunciado 16 mil quinientos millones de pesos adicionales al presupuesto de Sename, que apuntarán a mejorar las residencias, los programas de salud mental y las fiscalizaciones a los hogares.
El Nuevo Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia
Al mediano plazo, el Consejo para la Infancia pretendía cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz esperaba "dejar instalado" antes de 2019. El año pasado se aprobó la ley que crea el nuevo Servicio de Protección Especializada en la Niñez y Adolescencia, el cual debería entrar en funcionamiento próximamente, en reemplazo del Sename. La Defensora de la Niñez, Patricia Muñoz, considera la medida positiva pero no suficiente, abogando por cambios estructurales, de financiamiento y modelo de intervención, personal con mejores competencias, atención en salud mental, y asegurar el derecho a la educación, la cultura y el esparcimiento, entre otros. También subraya la importancia de coordinar el trabajo con otras instituciones del Estado, apuntando a la prevención: "Debemos propender a que cada día sean menos los niños que deban ser ingresados a una residencia de protección."
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