La labor de los fiscales, quienes fungen como abogados del pueblo y trabajan incansablemente para garantizar la seguridad ciudadana, enfrenta un panorama de riesgos crecientes. Ángel Valencia, el actual fiscal nacional del Ministerio Público, anunció como una de sus primeras medidas la creación, "a la brevedad posible", de una Unidad Investigadora de amenazas contra fiscales y autoridades. Esta iniciativa subraya la urgencia de fortalecer la seguridad de quienes dirigen investigaciones cruciales, especialmente en un contexto donde el crimen organizado ha mutado y muestra un poder intimidatorio cada vez mayor.
El Escenario de Riesgo Creciente para los Fiscales
La Evolución de la Delincuencia y su Impacto
El crimen organizado en Sudamérica, con presencia ya consolidada en Chile, ha demostrado su capacidad para amedrentar a la autoridad. Una fuente interna de la institución complementa que el crimen en general "ha mutado, pasando de ser una actividad normalmente vinculada con la ‘oportunidad’ delictual, a una cada día más profesional, donde existe mayor planificación, mayores recursos logísticos, y por cierto mayor violencia en la comisión de sus programas delictuales." Esta transformación implica que los riesgos para los fiscales son "mucho mayores", como lamenta Francisco Bravo, fiscal adjunto de la Fiscalía Local Santiago Norte, recordando que "el año pasado en América Latina mataron a 4 fiscales".
El fiscal regional de La Araucanía, Roberto Garrido, detalla que "lo que hemos podido apreciar en otras partes del mundo es que la existencia de organizaciones criminales, que suponen una forma de criminalidad más sofisticada, (…) ponen en riesgo la integridad física y la tranquilidad de los funcionarios públicos que están encargados de hacer cumplir la ley." En su zona, esta situación se ha traducido en "situaciones explícitas de amenazas en contra de los fiscales, de sus familias".
Conferencia "Las políticas públicas contra el crimen organizado en América Latina"
Casos Emblemáticos y Estadísticas Preocupantes
El caso del fiscal paraguayo Marcelo Pecci, quien en mayo de 2022 fue ejecutado por sujetos armados en medio de su luna de miel en Colombia, sirve como un recordatorio sombrío de la escalada de violencia. Si bien Chile no ha llegado a ese nivel de violencia contra la autoridad, sí se han registrado casos en los que los persecutores han sido blancos de amenazas en función de su cargo o por investigaciones asignadas.
Una encuesta realizada en julio de 2022 por la Asociación Nacional de Fiscales (ANF) reveló datos alarmantes: del 64% de los persecutores afiliados que contestaron la consulta (445 fiscales de aproximadamente 710 asociados), un 35,4% había sido víctima de amenazas por su cargo o por alguna investigación que había desarrollado, sumando un total de 160 casos. De estos, un 74,83% (110 casos) fueron denunciados al Ministerio Público, y en el 60,54% (89 casos) se inició una investigación penal, de las cuales un 49,44% tuvo algún resultado durante la indagatoria.
Además de las amenazas, un 8,70% de los funcionarios que respondieron la encuesta (38 casos) señalaron haber sido víctimas de agresiones a raíz del cargo o investigación que desarrollaban. El VII Informe Anual del Observatorio del Narcotráfico 2022, elaborado por el Ministerio Público, destacó que una de las amenazas ante el avance del crimen organizado son los ataques a la institucionalidad.
Dos Factores Clave de Vulnerabilidad para los Perseguidores
Una fuente de la institución define el riesgo de los persecutores en dos áreas principales que incrementan su vulnerabilidad:
1. Falta de Preparación en Medidas de Autocuidado
El primer factor identificado es la falta de preparación en medidas de autocuidado de los propios fiscales. Esta carencia los expone a mayores peligros al enfrentarse a escenarios complejos y adversarios cada vez más sofisticados.
2. Facilidad de Acceso a Armas de Fuego y Riesgo en el Terreno
En segundo lugar, la vulnerabilidad se agudiza por la facilidad que hoy en día existe para acceder a un arma de fuego por parte de los grupos criminales. La presencia de un fiscal en un sitio del suceso es un riesgo considerable, sobre todo en poblaciones conflictivas, donde ni siquiera se les dota de protecciones personales ni de vehículos adecuados para su desplazamiento. Luis Toledo alerta que las organizaciones criminales se han fortalecido y la violencia asociada a ellas ha crecido, "ocupan armas de fuego cada vez más poderosas". El diputado independiente Jaime Araya sostiene que la instalación de bandas internacionales de reconocida peligrosidad "han cambiado el panorama que existía hace algunos años".
Respuestas Institucionales y el Llamado a la Acción
Medidas Adoptadas por el Ministerio Público
Ante esta situación, el Ministerio Público ha comenzado a tomar medidas. Además del anuncio del fiscal nacional Ángel Valencia, en Arica se han implementado iniciativas concretas. El fiscal regional Mario Carrera ha expresado la "máxima preocupación al interior de la institución" por las amenazas a persecutores, especialmente considerando la proximidad de Chile a países como Perú, Ecuador, Colombia y Venezuela, donde la violencia contra fiscales ya ha cobrado vidas. En Arica, además de la dotación de vehículos, se contrató a 19 profesionales para crear la Unidad Contra el Crimen Organizado, la cual se encuentra en proceso de capacitación.
Un punto no menor es que, a los 45 detenidos en prisión preventiva vinculados al Tren de Aragua, se suman otros 55 con directa relación al crimen organizado, lo que evidencia la magnitud del desafío.
La Necesidad de Fortalecimiento Legislativo e Institucional
Bajo este contexto, el Ministerio Público concluye que es "necesario que nuestra legislación se prepare para mayores desafíos y también riesgos, especialmente de quienes deben dirigir investigaciones contra el crimen organizado." Es fundamental "fortalecer la institucionalidad, no sólo protegiendo a quienes persiguen el crimen, sino que también demostrando que los procedimientos y las instituciones reaccionan de manera firme contra él."
El seis de julio de 2022, el directorio y los consejeros regionales de la Asociación Nacional de Fiscales del Ministerio Público enviaron una carta al entonces fiscal nacional, Jorge Abbott, bajo la consigna “no queremos mártires”. En el texto, se dio cuenta de las cifras arrojadas por la consulta realizada por la ANF, las cuales "hacen que los y las fiscales de Chile nos mantengamos en estado de alerta." La zona norte del país, donde el crimen organizado ha permeado y se ha traducido en un importante incremento en la tasa de homicidios, ha llevado a las autoridades del Ministerio Público a elevar la seguridad.
Existe una mesa de seguridad que coordina el ministro de la Corte Suprema Manuel Valderrama, aunque la asociación no participa en ella. No obstante, el presidente de la ANF ha manifestado: "hemos tratado de generar conciencia del problema manifestando nuestra preocupación a autoridades políticas de gobierno y parlamentarios." La pregunta planteada en el último Observatorio del Narcotráfico resuena: “¿Está nuestro país en condiciones de evitar que tengamos que lamentar también un atentado o la muerte de un persecutor?”. La respuesta, sin duda, la sabremos con el tiempo.
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