En Chile, el sistema de Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) ha sido objeto de una profunda y prolongada controversia, generando un amplio descontento ciudadano y múltiples intentos de reforma. Este modelo, impuesto durante la dictadura militar, se ha enfrentado a una realidad social y económica que evidencia su incapacidad para proveer pensiones dignas a la mayoría de los trabajadores, a pesar de sus promesas iniciales.
Origen y Evolución del Sistema de AFP
Implementación bajo la Dictadura y la Visión de los "Chicago Boys"
La transformación radical del régimen previsional en Chile fue decretada bajo la dictadura de Augusto Pinochet mediante el D.L. 3.500 en el año 1980. Su propósito fundamental era imponer a los trabajadores un esquema basado en la capitalización individual y la contribución definida. Ello implicó la renuncia del Estado a proveer este servicio clave de la Seguridad Social, transfiriendo su gestión a sociedades anónimas (AFP). Desde entonces, las pensiones valen de acuerdo con el ahorro que cada asalariado haya realizado a lo largo de su vida laboral y a su capitalización en los mercados financieros.
En su momento, este modelo privado de pensiones fue visto como una invención "genial" de los llamados Chicago Boys, economistas chilenos entrenados en Estados Unidos que manejaron la economía del país durante el gobierno militar entre 1973 y 1990. Los fondos privados reemplazaban a un sistema de pensiones estatal que era percibido como ineficiente. Los ahorros de jubilación de los chilenos, que en 2015 superaban los US$160.000 millones, fueron puestos a disposición de entidades financieras que los reinvertían en la economía nacional, siendo vistos como el gran combustible que alimentaba el llamado "milagro chileno".
Expansión en América Latina y Permanencia Post-Dictadura
Chile fue un precursor mundial de la privatización de la seguridad social. Desde 1980, los fondos privados de pensiones operan en el país en un esquema que ha sido adoptado en muchos países latinoamericanos, entre ellos Argentina y Perú. Una de las características más notorias de la transición a la democracia chilena después de 1990 fue que el modelo económico impuesto por Pinochet se mantuvo en sucesivos gobiernos civiles de distintos partidos políticos. El legado de los Chicago Boys, que ha perdurado desde 1990, está hoy en entredicho.
El Descontento Ciudadano y las Protestas "No+AFP"
Evaluación Negativa y Desconfianza Generalizada
Un reciente estudio de Activa Research reveló que el 74,5% de los chilenos está de acuerdo con la necesidad de reformar el sistema previsional. Sin embargo, este anhelo de cambio se enfrenta a una realidad inquietante: un 57% de la población no confía en que la reforma actualmente en discusión sea aprobada. Este nivel de desconfianza refleja el desencanto con el proceso legislativo y con las medidas propuestas, percibidas como insuficientes para cambiar un modelo que solo ha entregado pensiones de miseria.
El descontento con las AFP es transversal: más del 59% de los encuestados evalúa negativamente su desempeño. No es de extrañar que un 55,9% de la ciudadanía apoye su reemplazo por un sistema distinto, mientras apenas un 17,3% respalda su continuidad.

Las Consecuencias para los Jubilados y las Ganancias de las AFP
Las AFP, creadas durante la dictadura de Pinochet, han servido principalmente para la capitalización de grandes empresas, relegando a los jubilados a sobrevivir con montos indignos. Hay 10 millones de trabajadores afiliados al sistema. Muchos de los que confiaron sus ahorros a esos fondos se están jubilando y no están contentos con el monto de pensión que reciben. Los empleados depositan el 10% de su sueldo en estas cuentas de ahorro pensional, más una cuota de administración que le pagan a la AFP.
Según sus críticos, los chilenos más pobres reciben una pensión final por debajo del salario mínimo, menos de US$400, con una media de miserables $73.705 para las pensiones autofinanciadas. Esto ocurre pese a que las AFP son bastante rentables. Un informe del investigador Gonzalo Durán de la Fundación Sol, indicó que en los primeros nueve meses de 2015 las ganancias de las AFP aumentaron en 71,4% comparadas con el mismo periodo del año anterior. Un análisis del Centro de Estudios Alternativos (CENDA) encontró que en diciembre de 2016 el sistema recaudó más del doble de lo que pagó, concluyendo que "de cada cuatro pesos recaudados en cotizaciones obligatorias el sistema de AFP se apropia poco menos de tres, para no devolverlos jamás".
Para aumentar la polémica, la ley que creó esos fondos eximió de participar en ellos a los integrantes de fuerzas militares y otros funcionarios estatales, quienes al jubilarse siguen recibiendo generosas pensiones "de las de antes", más cercanas al ingreso que tenían cuando trabajaban. Esto ha incrementado la furia contra el sistema y ha alimentado las exigencias de un cambio.

Movimiento NO+AFP y su Impacto Político
La capitalización individual, con pequeños retoques, continuaba produciendo pensiones paupérrimas de forma masiva, la realidad comenzaba a superar a la ficción. Así lo entendieron los afiliados al sistema, quienes comenzaron a expresar su descontento en las calles, dando lugar al Movimiento NO+AFP, impulsado por la Coordinadora Nacional de Trabajadoras y Trabajadores. En 2016, las protestas contra el sistema de AFP fueron calificadas de "masivas" e "históricas". Los organizadores estimaron más de 2 millones de chilenos participando en marchas en todo el país, incluyendo 800.000 en Santiago, aunque la policía estimó 50.000 en la capital.
El vocero de la organización "No+AFP", Luis Mesina, calificó como un triunfo la decisión del gobierno de excluir a las administradoras de pensiones de un alza del 5% en las cotizaciones. No obstante, Mesina considera que el Ejecutivo no tiene la voluntad de terminar con las AFP y volver a un sistema de reparto, como exigen los manifestantes, afirmando que "El Congreso, el Gobierno no tiene la voluntad de hacer los cambios y los cambios los vamos a hacer a medida que saquemos gente a la calle".

Los Intentos de Reforma y el Rol de los Gobiernos
La Reforma de Michelle Bachelet (2008)
Las discusiones acerca de reformar el sistema de pensiones han estado empantanadas ante la existencia de posiciones liberales contrapuestas. La postura liberal "progresista" sirvió para respaldar la reforma a las pensiones realizada en 2008 por la presidenta Michelle Bachelet. Sin embargo, lo acotado de la reforma no logró eliminar las discriminaciones hacia las mujeres -estableció beneficios a los 65 años- y se concentró en "asistir mínimamente" (desde una lógica de "Estado subsidiario") a los excluidos y discriminados del mercado de las pensiones, por lo que no pudo sostenerse por mucho tiempo. La presidenta Bachelet también había propuesto en momentos anteriores el establecimiento de una AFP estatal que compitiese con las privadas, lo que presumiblemente redundaría en beneficio de los trabajadores.

Las Promesas de Gabriel Boric y el Giro Político
Con estos antecedentes, no debería extrañar que la propuesta electoral de Gabriel Boric prometiera una transformación radical del sistema de pensiones. Sin embargo, llama la atención su vuelco a la "política real" y su alianza con el "liberalismo progresista" defendido por los partidos de la Concertación, a quienes incorporó al gobierno. Este vuelco fue justificado por las derrotas tanto en las elecciones parlamentarias como en el plebiscito constitucional.
El gobierno actual, desde el inicio del debate sobre reforma previsional, ha transformado la negociación con la derecha en una relegitimación de un sistema impuesto durante la dictadura. Este giro representa una nueva traición hacia su propia base y una alineación con los intereses empresariales que lucran con los ahorros de los trabajadores. En lugar de erradicar las AFP, el gobierno plantea un modelo que, bajo el disfraz de "competencia regulada", asegura su supervivencia, conformándose con la declaración de "separación de la industria". Este retroceso es un golpe directo a las aspiraciones de la clase trabajadora que clama por el fin de un sistema que convierte a los trabajadores en clientes cautivos de corporaciones cuyo único propósito es el lucro.
La Propuesta del 6% Adicional y la "Separación de la Industria"
La propuesta de destinar un 6% adicional de cotización previsional es percibida por muchos como un parche que perpetúa el esquema de capitalización individual. La mitad de la población cree que estos fondos deberían ir íntegramente a sus cuentas personales, en parte debido al enorme debate generado por las AFP, la derecha y sectores de la ex-Concertación para volver a legitimar el sistema, coro al que ahora se suma el gobierno cediendo en la negociación.
Además, otros sectores de la derecha buscan avanzar en materias como la edad de jubilación, cuestión a la que el gobierno tampoco responde, abriendo la cancha a la profundización de una reforma que beneficie a las AFP. Si no hay división de la industria, las comisiones no bajarán, y por tanto, el aumento de contribución del 0,5% a cargo del trabajador que plantea el gobierno no se justifica.
Felipe Larraín analiza la reforma previsional
Desafíos y Obstáculos en la Negociación
Posturas Irreconciliables y el Rol del Estado
Las negociaciones operan en un terreno fangoso, localizándose en la esfera legislativa, altamente cuestionada por la ciudadanía. En el Senado, se enfrentan fuerzas con distinto peso político, siendo la derecha opositora la predominante. Aunque ambas comparten el propósito de seguir fortaleciendo la capitalización individual (el Pilar Obligatorio), las diferencias se ubican en cómo visualizan la "estructura del mercado" de pensiones (mercado perfecto vs. mercado imperfecto) y, por consiguiente, en la naturaleza del papel estatal (subsidiario o interventor activo).
La visión dogmática de un mercado perfecto de las pensiones, compartida por los partidos de oposición, conduce a una postura intransigente. Cualquier política de intervención estatal introduce "barreras" inaceptables para la derecha. Una expresión de esta postura es el establecimiento de una "línea roja" por los negociadores del bloque opositor: el 6% adicional debe ir exclusivamente a las cuentas individuales.
El Papel de la Comisión Técnica y el Impasse
En este escenario aparentemente irreconciliable, la Comisión de Trabajo del Senado delegó a una "comisión técnica" la tarea de ayudar a destrabar las negociaciones. Sin embargo, esta comisión mostró no estar preparada teóricamente para consensuar un acuerdo sobre el tema más relevante: la distribución del 6% adicional. Las diferencias entre los tecnócratas se repiten desde la llamada Comisión Bravo (2015), cuando las dos grandes visiones en disputa terminaron virtualmente empatadas y tampoco hubo reforma de pensiones durante el segundo mandato de Bachelet.
A pesar de esto, sí hubo avances en otras materias, como la ratificación del acuerdo de aumentar la cotización en 6% con cargo al empleador, la creación de un seguro de lagunas, un tránsito desde multifondos a fondos generacionales, y un aumento de la competencia vía licitación de los actuales afiliados.
Rentabilidad Decreciente y Baja Densidad de Cotizaciones
Un mayor aporte a las AFP no es garantía de mejores pensiones, debido a la caída de las rentabilidades de los fondos y a sus negativas proyecciones. Según datos de la Superintendencia de Pensiones, un punto menos de rentabilidad en veinticinco años puede significar un 20% menos de pensión. A la caída de las rentabilidades hay que agregar la densidad promedio de las contribuciones: actualmente para hombres se halla en 24 años, mientras que para las mujeres en solo 17 años. Ambas variables influyen en la tasa de reemplazo que lograrán las personas al momento de pensionarse.
Acomodar la realidad a modelos matemáticos, como lo sostienen los defensores de la capitalización individual, chocará inexorablemente con la triste realidad que viven y padecen millones de trabajadores. El aumento del empleo informal, la sostenida incorporación tecnológica (Inteligencia Artificial) en diversas áreas de la economía destruyen fuerza de trabajo creciente y se agravan en un país cuya matriz principal es el sector servicios. Por ello, resulta un contrasentido persistir en fortalecer un modelo que no está concebido para pagar buenas pensiones, un modelo que no está concebido para Chile.
Propuestas Urgentes y la Visión de los Movimientos Sociales
Hacia un Sistema de Reparto Solidario
La reforma previsional, tal como se plantea, no es una solución; es una consolidación del saqueo. La clase trabajadora no puede confiar en las negociaciones entre quienes defienden el statu quo; necesita urgente terminar con las AFP y avanzar hacia un sistema de reparto solidario y tripartito, 100% estatal y controlado por trabajadores y jubilados, en el cual el Estado aporte a su financiación a través de impuestos a las grandes empresas y fortunas. Esta es la demanda de la Coordinadora Nacional de Trabajadores No+AFP, que exige restablecer un sistema sin fines de lucro, como el que tienen la mayoría de los países de Europa y Norteamérica y los países de la OCDE.
La propia Coordinadora NO+AFP expresó que "de aprobarse, será quizá la peor traición a la ciudadanía que se haya registrado en las últimas décadas".
Medidas a Corto Plazo: Aumento de la PGU y Ley Corta
Es urgente una reforma de pensiones, pero no cualquier reforma. Se necesita resolver la urgencia que requieren miles de compatriotas. Se propone una Ley Corta de iniciativa presidencial, que se remita a lo sustantivo y permita que sea el Congreso quien la vote, ya sea para aprobarla o para rechazarla. Es el único camino para enfrentar una materia que millones demandan y que no es tolerable seguir prorrogando. Entre las propuestas urgentes se encuentran:
- Aumentar la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250 mil, haciéndola universal. Este monto debiese ser el piso mínimo de las pensiones, propendiendo a que su monto gradualmente alcance el valor del ingreso mínimo.
- Entregar la PGU a las mujeres a los 60 años.
- Para su financiamiento, se propone que los primeros tres años se financie con endeudamiento (préstamo) del Fondo de Reserva de Pensiones (FRP).
Al momento de finalizar este documento, se dio a conocer el protocolo presentado por la ministra Jara en la Comisión del Trabajo del Senado, comprometiéndose a despachar en enero de 2025 el proyecto del Senado.
El Impacto Político y las Tensiones en el Oficialismo
La Derrota del Quinto Retiro y las Divisiones Internas
La jornada del rechazo al quinto retiro y al proyecto de giro acotado del gobierno de los fondos de AFP dejó en evidencia profundas divisiones en la coalición de Boric. Mientras buena parte del PC-Frente Amplio votó a favor del proyecto del gobierno, el PS y el PPD se dividieron, votando algunos de ellos por el quinto retiro y rechazando la iniciativa gubernamental. Diputados como Gael Yeomans (FA) criticaron la falta de apoyo al programa de gobierno.
Ministros como Giorgio Jackson, Mario Marcel y Jeanette Jara manifestaron que el gobierno se volcaría a la agenda de transformaciones con que Boric llegó al poder, anunciando que la reforma previsional se adelantaría del cuarto al tercer trimestre. El Presidente Boric y sus ministros reforzaron gestiones políticas para unir a Apruebo Dignidad y los socialdemócratas, advirtiendo que votar por el quinto retiro ponía en riesgo el programa de gobierno. Incluso se recurrió a un acuerdo con la UDI, que se comprometió a no respaldar el quinto retiro si el gobierno ingresaba una reforma que explicitara la inexpropiabilidad de los fondos de pensiones.
La Falta de Consenso y la Sostenibilidad de la Reforma
En este contexto de negociaciones, la interrogante que ronda es hasta dónde el gobierno continuará cediendo, pues poco o nada queda de su proyecto original. La oposición, por su parte, continúa aferrada a no traspasar sus propias "líneas rojas", contando con el apoyo de los resultados de la "comisión técnica".
Teniendo presente la experiencia de la reforma a las pensiones en 2008, que al poco tiempo mostró su insuficiencia, es crucial que en este nuevo intento se considere la sostenibilidad a largo plazo de la reforma. No es permisible caer en una reforma por la reforma, sin considerar si esta da respuesta o no a la dramática crisis que viven las pensiones en Chile. La falta de consenso en la distribución del 6% adicional es preocupante, y el riesgo de que la situación futura sea peor, con un mayor aporte a las AFP sin garantía de mejores pensiones debido a la caída de las rentabilidades, es latente.
Felipe Larraín analiza la reforma previsional
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