“Se trata básicamente de un abandono”, plantea con firmeza Lucio Cuenca, director del Observatorio Latinoamericano de Conflictos Ambientales (OLCA), al caracterizar las denominadas “zonas de sacrificio ambiental”. Estos territorios se exponen a grados extremos de contaminación y degradación de elementos imprescindibles para la vida humana, como el agua o el aire, generados por una concentración industrial y de plantas termoeléctricas sin precedentes.
Identificación de las Zonas de Sacrificio en Chile
En Chile, se aceptan comúnmente cuatro zonas de sacrificio catalogadas en contextos portuarios:
- Tocopilla/Mejillones (Región de Antofagasta)
- Huasco (Región de Atacama)
- Puchuncaví-Quintero (Región de Valparaíso)
- Coronel (Región del Bío Bío)
A estas se suma la localidad de Til Til (Región Metropolitana), con más de 30 puntos contaminantes, lo que agrava aún más el panorama de afectación a las poblaciones locales.
El Incumplimiento del Derecho Ambiental y el Rol del Estado
Si bien el no cumplimiento del Derecho a vivir en un Medio Ambiente libre de contaminación - garantizado por la Constitución - es un asunto sumamente grave, lo es aún más que el Estado lo asuma en su discurso al retomar la denominación de “zonas de sacrificio”. Así lo denuncia Cristina Girardi, diputada PPD, al puntualizar que, más allá de que las normas vigentes de control de la contaminación sean mínimas e insuficientes, ni siquiera se las cumple en la práctica.
“El Estado no tiene derecho a sacrificar a nadie: es muy problemático que en el discurso oficial (no legal) ocupen esa expresión. El Estado tiene justamente que cautelar que no existan zonas de sacrificio, sino significaría autoeliminarse como Estado democrático”, enfatiza Girardi.
Desde el enfoque del director del OLCA, Lucio Cuenca, el marco legal, por ser muy insuficiente, señala que la finalidad de las leyes no es la protección del Medio Ambiente o de la Salud Humana. Las normas vigentes, muy flexibles, no están sancionadas por un control serio por parte de la Superintendencia, lo que permite entender por qué plantas que ni siquiera respetan las limitaciones de contaminación actuales siguen funcionando sin rendir cuentas.
Implicaciones en Derechos Humanos y Justicia Ambiental
Puesta en la mesa esta vulneración de los derechos humanos, la situación apela al reconocimiento y al respeto del derecho de las comunidades a participar en los procesos decisorios que les afectan directamente. El principio de Justicia Ambiental implica un reparto igualitario de las cargas y de los beneficios ambientales del crecimiento económico, y pone el consentimiento de la gente afecta en el centro de la legitimación de esta distribución.
Asimismo, en ningún caso se puede justificar la hipoteca de las oportunidades de desarrollo de las generaciones futuras para fines individuales y cortoplacistas.
La "Lógica de Chantaje" y el Modelo Constitucional
Lucio Cuenca, cuya organización suministra apoyo a las comunidades que luchan por su derecho a gozar de sus recursos ambientales, identifica “una lógica de chantaje” que toma de rehén a una minoría vulnerable y la sacrifica en el altar de una idea de crecimiento. Esta justificación por la búsqueda del “bien común” es “indigna de una sociedad que pretende haber alcanzado la democracia”.
El director del OLCA destaca que el modelo constitucional que propicia el lucro por la extracción de recursos en desmedro de los derechos básicos de los ciudadanos es una herencia del periodo dictatorial.
Áreas industriales de Chile
Colusión de Poderes y Ejemplos Concretos de Desregulación
Testigo privilegiada del manejo del poder en el Congreso, la diputada del PPD Cristina Girardi no solo identifica la fuente del problema en una despreocupación de nuestros dirigentes, sino en una colusión obvia y sinvergüenza pactada entre los que asumen los cargos estatales y los sectores empresariales en Chile. Son abundantes los casos que ejemplifican su planteamiento:
Normas de Emisión de Monóxido de Azufre
El establecimiento de las últimas normas de emisión de monóxido de azufre es uno conspicuo de ellos. “Se supone que actualmente es de 250 (mg/m3 por 24 horas). Salud había propuesto disminuirla a 150, y el Consejo de ministros lo subió a 200. Cuando la norma de la OMS es 20”, explica Girardi. En una confesión sincera, denuncia un sistema de presión subyacente en el cual la mediación del Ejecutivo favorece sistemáticamente la demanda apenas disimulada de las poderosas empresas.
El Código de Aguas
Comprometida en la promoción de un nuevo Código de Aguas desde hace una década, Girardi comprobó en carne propia la ineficacia de los esfuerzos legislativos. Este Código preveía, entre otras medidas, amparar el agua como recurso no privatizable ante la posibilidad inicua de las mineras de apropiarse de las napas en su cercanía, haciéndola inutilizable para todo uso de interés común. El Código, al punto de ser aprobado después de una labor ciclópea, se eliminó cuando Bachelet asumió la presidencia, haciendo caer el artículo votado sobre las “aguas del minero” al olvido.
Protección de Glaciares
Otro triste ejemplo es el del caso de la protección de los glaciares, esenciales en su ecosistema y parte del patrimonio natural nacional. Se trató de protegerlos todos -sin excepción- bajo la égida de un nuevo estatus. Sin embargo, después de presiones por parte de empresas mineras, como la Pascua Lama en la Región de Atacama, se decretó que serían sujetos de protección solo los que se notificaran arbitrariamente como “reserva estratégica”.
Entonces, ya no es de discutir el tema de la colusión de la clase política con el sector económico-empresarial.
Invisibilización Mediática y la Urgencia del Empoderamiento Ciudadano
La ausencia del tema en la agenda de políticas públicas conlleva, necesariamente, a una invisibilización mediática del problema. Lucio Cuenca lamenta que el tema no sea ya implementado como evidencia en el panorama de las prioridades de los movimientos políticos, sobre todo en este periodo preelectoral.
Cristina Girardi comparte su análisis, señalando que “La ciudadanía y la política lo ve como un tema marginal”. Propone un cambio basado en dos pilares:
- Un cambio del ideario y el verdadero empoderamiento de la ciudadanía gracias a un profundo proceso de información.
- En un Chile que sigue siendo bipolar, con un núcleo que persiste en ser reacio a la democracia, “nos hace falta una gran masa empoderada desde el punto de vista de poder hacerse cargo por sí misma de los problemas y sus soluciones, no solo de alegar y expresar su descontento de forma vana.”
Citando al filósofo francés Edgar Morin, Girardi concluye: “Tenemos que reeducar nuestra forma de pensar.”
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