La Doble Vulnerabilidad en el Sistema Penitenciario Chileno
Una reciente actividad congregó a expositores que graficaron la situación de poblaciones vulnerables como mujeres, indígenas, diversidad sexual, adolescentes y extranjeros en las cárceles chilenas. Para conversar sobre los desafíos que presenta el sistema, participaron distintos expositores que representaron las voces de estos cinco grupos.
Estos colectivos, debido a condiciones especiales, se encuentran en una situación de doble vulnerabilidad. No solo están privados de libertad en condiciones inhabitables, como lo señalan distintos informes, sino que, además, el régimen carcelario no considera sus particularidades que los distinguen de la población penitenciaria común. De esta manera, durante la actividad se conocieron los casos de mujeres, indígenas, la diversidad sexual, adolescentes y extranjeros, los que constituyen cerca del 10% de la población total de las prisiones.
Grupos en Situación de Riesgo Extremo
Pueblos Indígenas y la Cultura en Prisión
En un primer panel, Giovanna Tabilo, mujer mapuche perteneciente a la red de apoyo del Machi Celestino Córdova, habló sobre las condiciones carcelarias de los pueblos indígenas, en particular, de la situación carcelaria de los presos mapuche. Señaló distintas afectaciones que se dan al interior de los recintos penales en relación con su cultura y forma de vida indígena. Esto implica la dificultad para realizar ceremonias, acceder a una salud, alimentación, educación y trabajo intercultural, así como el respeto por los vínculos de los presos indígenas con sus comunidades, especialmente cuando se trata de autoridades tradicionales como ha sido el caso del Machi Celestino.

Desafíos para la Diversidad Sexual (LGTBI)
Luego, expuso Daniela Lara, del Instituto Nacional de Derechos Humanos, quien abordó las problemáticas en relación con las personas de la diversidad sexual o grupos LGTBI. Lara señaló que se presentan dificultades en la identificación de esta población penitenciaria, lo que impide un conocimiento adecuado por parte de Gendarmería de Chile, órgano principal del sistema penitenciario, de las medidas que deben implementarse para asegurar los derechos de estas personas en cada unidad penal.
La Situación de los Extranjeros Encarcelados
Pablo Aranda, de la Defensoría Penal Pública, se refirió a la situación de los extranjeros encarcelados. De forma similar a lo que ocurre con las personas indígenas, la justicia chilena no ha logrado garantizar los derechos reconocidos en tratados internacionales vigentes en Chile para esta población.
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Mujeres y Adolescentes en Contextos Carcelarios
Las mujeres y adolescentes también forman parte de los grupos que enfrentan desafíos significativos en el sistema penitenciario chileno, dadas sus particularidades que a menudo no son consideradas por el régimen carcelario estándar. La violencia contra las mujeres y las niñas, aunque manifestada de diversas formas fuera de los centros penitenciarios, subraya una vulnerabilidad que puede agudizarse en contextos de privación de libertad.
Crisis Estructural y Estándares Internacionales
El sistema penitenciario chileno siguió atravesando una crisis estructural grave, marcada por el hacinamiento extremo, que aumentó y alcanzó el 143% en varias cárceles. Esta situación se agrava con la falta de preparación para afrontar el crimen organizado, múltiples fugas y diversos errores de gestión.

En el segundo panel, participó el profesor de derecho penal Álvaro Castro, quien explicó los estándares internacionales de protección de los privados de libertad. Señaló que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha establecido que dentro de los deberes del Estado en esta materia, se encuentra la posición de garante que lo obliga a proteger los derechos de imputados y condenados, y a asegurar una tutela efectiva, entre otras cosas.
Adicionalmente, el país siguió sin contar con una política migratoria con enfoque de derechos humanos, lo que impacta directamente a la población extranjera privada de libertad. Mientras tanto, se profundizaron los discursos hostiles contra las personas migrantes y refugiadas en el contexto de la campaña presidencial que tuvo lugar en el segundo semestre, y en el Congreso continuó el debate de varios proyectos de ley que planteaban la criminalización de estas personas.