La influencia de la familia Matte en la sociedad chilena se extiende desde un legado educativo histórico hasta una profunda articulación del poder político y la dirección de proyectos ideológicos contemporáneos. Este análisis aborda cómo esta prominente familia ha moldeado y sigue moldeando diversos ámbitos, generando una discusión sobre la concentración de poder y sus implicaciones.
Raíces Históricas: El Legado de Claudio Matte
Siendo muy joven, Claudio Matte realizó visitas a escuelas primarias e impartió clases en escuelas nocturnas. Producto de una enfermedad al hígado, viajó a Europa en busca de tratamiento. Una vez recuperado, coincidió casualmente en Berlín con Valentín Letelier, quien fuera su compañero en el Instituto Nacional. La labor de Claudio Matte se extendió también a la producción de textos escolares, como por ejemplo el emblemático "Silabario Matte", declarado texto oficial para todas las escuelas primarias del país a partir de 1894. La vigencia de este texto permanecería hasta entrado el siglo XX, siendo además editado en México y traducido al portugués.
La Familia Matte como Articuladores de Poder
Sin dejar de destacar hitos relevantes, conviene analizar la actuación de la familia Matte en los años recientes desde una óptica que obligue a mirar no solo el ámbito económico y político, sino sobre todo el cultural e ideológico. Y es que bajo la legitimidad democrática, los Matte han actuado como articuladores del poder, cumpliendo un papel clave en el estado actual de colonización empresarial de la política. Además, han tratado de profundizar un proyecto ideológico de larga data en su familia.
El Centro de Estudios Públicos (CEP) y la Influencia Política
Aunque Eliodoro Matte Larraín ejerce como presidente del directorio, basta una rápida mirada a la estructura organizacional del Centro de Estudios Públicos (CEP) para notar la presencia de representantes de las más connotadas familias empresariales, dirigentes y ex dirigentes políticos, sobre todo de la derecha -varios asociados a la dictadura-, y lo más granado de la intelectualidad liberal y conservadora del país. Esa tendencia no ha impedido que el CEP instituya en torno suyo un aura de imparcialidad, edificada sobre la base del carácter premonitorio que el sistema político le otorgó a su encuesta semestral.
El logro de esa legitimidad fue posible solo al hegemonizar el espacio intelectual que acompaña a las decisiones políticas en Chile. Con Arturo Fontaine a la cabeza, el CEP pasó de ser un férreo defensor de la obra de la dictadura, a una suerte de espacio de diálogo “neutral y técnico”, desde donde el gran empresariado, y especialmente los grupos Matte y Edwards, han tenido la oportunidad de interactuar con el poder político sin necesidad de asumir cargos en las organizaciones gremiales.
Punto de Inflexión en la Transición Democrática
Llegada la democracia, la Concertación mantuvo como uno de sus objetivos políticos la generación de un frente con el empresariado, que le proveyera gobernabilidad y dinamizara la economía. Sin embargo, durante su primera década en el poder, habría de encontrar más desencuentros que afinidades ante la elite económica más ideologizada del continente, que abiertamente desconfiaba del Estado y la política.
Pero el escenario cambia en el gobierno de Ricardo Lagos, incluso tras dificultades iniciales. La presión de los gremios ante el temor, real u oportunista, de un nuevo presidente socialista luego de Salvador Allende, fueron acalladas rápidamente por el giro que comienza a dar el nuevo presidente. Inaugura aquello con su asistencia a los salones del CEP para reunirse con el empresariado, a cuatro días de asumir el cargo. La imagen de hacerse acompañar por el futuro gabinete económico y quedarse durante toda la larga reunión, marcó distancia con Aylwin y Frei, quienes habían desistido de sendas invitaciones hechas por el CEP, prefiriendo enviar a sus ministros técnicos como representantes. Lagos, por su parte, no solo mostraba deferencia, sino que debatía sobre temas sectoriales y de interés nacional que ocuparían su agenda de gobierno. A su lado, comenzaban a estrechar vínculos con los equipos técnicos del CEP Álvaro García, ministro Secretario General de la Presidencia; Nicolás Eyzaguirre, ministro de Hacienda; y José de Gregorio, titular de Economía.
Luego de una segunda visita en 2001, para tranquilizar la inquietud empresarial ante posibles cambios en el ámbito laboral, es en 2003 cuando definitivamente se fija un punto de inflexión. Este llega en junio, con la promulgación en el CEP de una “agenda corta” de modernización del Estado, con la cual el Ejecutivo y el sistema político en conjunto buscaban poner atajo a los escándalos de corrupción vinculados al caso MOP-Gate. La oposición -liderada por Pablo Longueira- y el oficialismo -encabezado por el ministro del Interior, José Miguel Insulza-, llegaban a un acuerdo político en el que las propuestas de los investigadores del CEP eran predominantes. Las reuniones periódicas entre las tecnocracias concertacionistas y los técnicos del CEP comenzaban a dar frutos, demostrando que aquella reunión no solo constituía el cierre elitario para una crisis en potencia, sino que la consolidación de un lazo que permitiría legitimar, bajo la estricta vigilancia del empresariado, una serie de decisiones “técnicas” que han afectado la vida de los chilenos.
La Instrumentalización de la "Neutralidad Técnica"
La actuación del CEP -así como de otros centros de pensamiento- ha buscado ser asociada a una visión neutral y aséptica de los asuntos públicos, independiente de intereses políticos y económicos. Esa aura de “cientificismo”, que se remonta a las campañas mediáticas que los equipos económicos y de planificación social de la dictadura realizaran desde mediados de los setenta, se consolida fuertemente con alianzas como ésta. Tanto así, que la incidencia política de propuestas que parecen incidir tangencialmente -pero que en el caso del CEP tiene sello empresarial-, y que se disfrazan de acuerdos y resoluciones “técnicas”, en el caso del gobierno de Ricardo Lagos se torna evidente: bajo mano empresarial, se promulgaron las leyes de mercado de capitales I y II -esta última definitivamente en el primer gobierno de Michelle Bachelet- y la Agenda Pro Crecimiento, todas iniciativas gestadas sobre la base de propuestas presentadas por la Sofofa.
Ajuste Interno y Negociación Empresarial
Con todo, aquello no habría sucedido sin un ajuste al interior del propio empresariado. Los vaivenes de la economía y la propia legitimidad alcanzada por la Concertación en el gobierno, llevan a los gremios empresariales a reconocer la inoperancia de una posición absolutamente contraria al gobierno. Si el objetivo es defender los pilares del modelo económico de la dictadura, se hace necesario poder negociar con quienes conducen un Estado que se necesita para superar el estancamiento y reanimar la acumulación afectada hacia fines de los noventa.
En esa línea, algunos de sus miembros más jóvenes impulsaron un relevo en las dirigencias, con el fin de adaptarse a los nuevos dilemas. Entre los símbolos de esa pléyade, destacó Juan Claro, a la sazón, representante de la Sofofa desde 2001, tras ganar las elecciones a un dirigente industrial más cercano a una línea política tradicional como Hermann von Mühlenbrock. Es la Sofofa la que permite un acercamiento con el gobierno, el cual logra finalmente la legitimidad empresarial que venía buscando desde el comienzo. Lo que partía como un gesto de Lagos ante el miedo patronal, se transforma progresivamente en un vínculo entre política y empresariado que, como ya se vislumbra en ese momento, excederá los meros aportes a campañas políticas.
Mecanismos de Gobernanza y Legitimación
Se instala una forma de gobernar, que obtiene sus límites no de la ciudadanía sino de grupos particulares que fuerzan una cierta orientación del Estado, sobre todo a través del visado de los proyectos de ley que ingresan al Congreso. Los equipos económicos -y especialmente los ministros de Hacienda- juegan un papel central: se transforman en mediadores entre el interés empresarial y el gobierno. A su vez, el vínculo con los equipos técnicos de los centros de pensamiento empresarial, funciona tanto para llenar de contenido esas propuestas como para legitimarlas ante la gran empresa y propia ciudadanía, la cual acepta como verdades científicas -y neutras- decisiones que tienen consecuencias políticas reales en sus vidas. Así, si Nicolás Eyzaguirre mantiene contacto permanente y reservado con los investigadores del CEP -y abre nexos similares con otros centros opositores- para “testear” los proyectos de ley, Andrés Velasco apelará a la legitimidad “técnica” de estos espacios para, por ejemplo, limitar a un dígito el alza del gasto fiscal, alejando cada vez más la posibilidad de retomar derechos sociales universales.
Desafíos a la Hegemonía del CEP
Ahora bien, la hegemonía del CEP fue puesta en duda en el último tiempo, paradójicamente por la derecha. Los resultados de la Encuesta CEP que coincidían con el inicio de la penúltima campaña presidencial -dando amplia ventaja a Michelle Bachelet, incluso con posibilidades de ganar en primera vuelta- fueron rechazados por Joaquín Lavín, generalísimo de la campaña de Evelyn Matthei. El incidente, aunque pareció una defensa desesperada ante un triunfo inminente de sus rivales, se produjo en medio de una tensa situación al interior del propio think tank, que había sufrido la inesperada salida de su histórico director. La estocada de Lavín aprovechaba esa debilidad, y de paso se mostraba como síntoma de disgusto ante un empresariado volcado a la candidatura concertacionista. De todos modos, un nuevo golpe a la legitimidad de la encuesta se lo propinarían sus mismos responsables -ahora con Harald Beyer a la cabeza- al incluirse preguntas tendenciosas sobre el debate educacional, en medio del ánimo reformista que balbuceaba el gobierno.
Pero si la encuesta está dañada, el CEP no lo estaba del todo. En 2015, en una exclusiva reunión el centro lanzó un libro que recoge las propuestas de 30 académicos y profesionales del Derecho, para una eventual reforma constitucional. Como si no pasara el tiempo, los presentadores fueron Enrique Barros y Ricardo Lagos, el mismo que pasó intempestivamente a liderar esta discusión con el apoyo de expertos en el tema. Y es que el anuncio mediático de Bachelet llevó transversalmente a las fuerzas políticas a poner en ruedo a sus equipos de constitucionalistas. Los miembros y financistas del CEP, con los Matte encabezando, parecen querer participar, sobre todo si pueden liderar el proceso.
El Proyecto Ideológico en la Educación: La Devoción por la Pobreza
Patricia Matte se encarga de dirigir un proyecto ideológico enraizado en la educación chilena, que aunque tiene dos caras, da cuenta de una visión estratégica del poder que excede lo meramente económico. Por una parte, es la presidenta de la Sociedad de Instrucción Primaria (SIP), constituida por una red de 17 colegios particulares subvencionados y sin fines de lucro, que tienen a su haber la educación de más de 18 mil estudiantes, según cifras de la propia institución. Las “escuelas Matte” son reconocidas por sus resultados académicos y por abocarse a los sectores más pobres de Santiago, conformando una historia más que centenaria, en la que generaciones de niños chilenos se han formado al alero del método de lectoescritura que el tío bisabuelo de la familia, Claudio Matte, creara en 1884. Por otro lado, también es la encargada de la Fundación Los Nogales, entidad sostenedora del colegio del mismo nombre emplazado en la comuna de Puente Alto, que defiende un proyecto educativo religioso, con reminiscencias del discurso confesional de la elite económica chilena, al que adhieren Patricia y Eliodoro Matte.
Estrategia y Expansión del Modelo Educativo
Los objetivos generales de ambas iniciativas son los mismos: atender a los más pobres y buscar nuevas y mejores metodologías de enseñanza que aporten al sistema educacional chileno. Pero solo la SIP ha apostado por replicar sus metodologías por fuera de las “escuelas Matte” y ha ido consiguiéndolo gracias a los incentivos de las políticas educativas neoliberales.
En efecto, dentro de la desprofesionalización a que se han visto expuestos los profesores desde los años ochenta, destaca su pérdida de la tuición profesional y ética sobre los contenidos y la forma de realizar las clases, los cuales han sido traspasados progresivamente a los sostenedores de las escuelas. Como un modo de consolidar esto, la Ley de Subvención Escolar Preferencial incluye un subsidio escolar para niños vulnerables, que ha alentado a los colegios a contratar asesorías que los ayuden a mejorar la calidad de su enseñanza, en tanto se torna requisito para recibir las subvenciones estatales. Tales Asesorías Técnicas Educacionales (ATE) han dado forma a un nuevo negocio que, sin embargo, los Matte no han usado como tal, sino como vehículo para difundir su modelo.
Esto lo han hecho a través de Aptus Chile, corporación sin fines de lucro que transfiere sus productos y metodologías pedagógicas y de gestión educativa, y que nace de la alianza entre la SIP y la Fundación Reinaldo Solari -de la familia controladora del Grupo Falabella/Sodimac. De modo extraordinariamente agudo, esta organización, que para los Solari es parte de su responsabilidad empresarial y para los Matte parte de su proyecto histórico, ha logrado introducir sus productos valiéndose del abandono del Estado y de la Concertación a la formación y fortalecimiento docente. La pérdida de tuición sobre el aprendizaje y la falta de tiempo para preparar las clases, ha obligado a los profesores (con el apoyo de sus sostenedores) a consumir este tipo de paquetes pedagógicos, que incluyen planificaciones de asignaturas, pruebas y evaluaciones, además de otros materiales necesarios para realizar su labor. Sin embargo, al no estar orientada al lucro, esta ATE tiene como objetivo central la expansión de una visión y contenidos educativos particulares. De alguna manera, al igual que las universidades de la elite, en su afán educativo predomina lo ideológico antes que lo lucrativo, con la salvedad, en este caso, de dirigirse a sectores diferentes, generalmente del mundo popular.
La Cara Confesional y el Modelo de Sociedad
La cara confesional del proyecto ideológico la proveen los principios esbozados en el modelo educacional del Colegio Los Nogales. En él, se repiten nociones como “el amor por la excelencia, el trabajo bien hecho, la disciplina y el orden”, además de una concepción del ser humano como expresión terrenal de Dios. Aquello que podría encontrarse en cualquier proyecto educativo privado, adquiere sentido al cotejarse con la afiliación confesional de algunos miembros del Grupo Matte y con el proceso de reapropiación del catolicismo que la elite económica chilena ha experimentado. Cuando en los sesenta la Iglesia se quiebra cultural y políticamente por la cercanía de algunas de sus facciones con proyectos políticos progresistas, muchas familias comienzan a “refugiarse” en agrupaciones ultraconservadoras como el Opus Dei o los Legionarios de Cristo, que desde la dictadura en adelante cambian a su favor el mapa de correlaciones de fuerza al interior de la Iglesia. Lo logran vinculando en su mensaje los axiomas del libre mercado con valores como el orden, la voluntad y el autocontrol, además de una especial devoción por la familia y el trabajo. Pero sobre todo, lo hacen transformando la acumulación de riquezas en una consecuencia no negativa ante los ojos de Dios.
Tanto Patricia como Eliodoro Matte adhieren a esta cosmovisión -sobre todo por su vínculo con los Legionarios de Cristo- en torno a la cual ha surgido un proyecto como Los Nogales, siguiendo la tendencia al trabajo social doctrinario que, valiéndose de la libertad de enseñanza, han desarrollado congregaciones y personas ligadas a la religiosidad elitaria en los sectores populares.
La Incidencia en la Política Social
Ahora bien, la doble dimensión del proyecto ideológico de los Matte, coincide con la trayectoria reciente de la educación chilena y con la incidencia que ellos mismos han ejercido. Como socióloga, Patricia Matte trabajó bajo la dictadura en el departamento de estudios de Odeplan, aportando en la construcción del modelo de política social focalizada que predomina hasta hoy. Allí la clave es el reemplazo de los derechos sociales universales por políticas de focalización.
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