Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, elaborado en 2017 y entregado en diciembre de 2018, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños que se encuentran bajo su tutela. Esta investigación, que abarcó 240 hogares de menores, ha puesto en evidencia una crisis profunda y persistente en el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en los centros gestionados por particulares.
El Informe de la PDI y sus Hallazgos Alarmantes
Origen y Alcance de la Investigación
La investigación de la PDI fue solicitada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, a raíz de la trágica muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016. Este evento conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en los hogares del Sename. La indagatoria de Emilfork se centró en las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016.
El 7 de noviembre de 2017, la Fiscalía solicitó a un equipo especial de la PDI, conocido como la Fuerza de Tarea Sename, concurrir a cada uno de los centros dependientes del servicio. Los detectives visitaron 240 de las 241 residencias existentes en el país (tanto las administradas directamente por el Sename como las gestionadas por instituciones privadas); solo una se negó a recibirlos. El documento de la PDI, de 257 páginas, es un resumen de una extensa investigación contenida en 28 tomos.
Resultados Clave del Informe
Los hallazgos del informe son demoledores:
- En el 100% de los centros administrados directamente por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos.
- De estos, 310 abusos tuvieron connotación sexual.
- El mismo documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
El reporte de la PDI es mucho más completo que un documento anterior de la ONU, el cual visitó solo cuatro residencias. El informe policial, al considerar 240 centros de un total de 241, da cuenta de la situación de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias.
Desglose de las Vulneraciones Graves de Derechos
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan de la siguiente manera, con datos levantados casi exclusivamente de 2017 debido a la falta de información anterior:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El informe detalla que buena parte de los maltratos cometidos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares.
En cuanto a los abusos sexuales, se constataron en el 50% de los hogares. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial es categórico al afirmar que “estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Fallas Sistemáticas en la Gestión, Salud y Fiscalización
Incumplimiento de Protocolos y Deficiencias Estructurales
El equipo policial estableció que el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename, que son nociones básicas para asegurar un piso mínimo de resguardo a la integridad de los niños. Los resultados en este ámbito son particularmente preocupantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es grave, considerando que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor, como ocurrió con Lissette.
Además, el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Problemas de Salud y Atención Deficiente
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica; el 13,9% sufre una enfermedad crónica; el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital; y otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad.
El desglose de la atención de salud es igualmente preocupante: 42 centros no tienen un encargado de salud. Y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud. Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”, siendo un educador un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Una investigación de CIPER de 2016 ya había constatado cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos.
Supervisión Ineficaz y Falta de Denuncias
El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos, por lo que los datos levantados son casi exclusivamente de 2017.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, el informe de la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Asimismo, los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; no obstante, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales.
Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”. Si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Ahora en DF: Gobierno presenta auditoría de los Centros del Sename
Cadena de Reportes y Controversia Oficial
Reportes Anteriores y Acciones Ignoradas
El documento de la PDI es el último eslabón de una "cadena siniestra de reportes" elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero el problema persiste.
La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara la investigación penal a cargo de Marcos Emilfork.
Reacciones Oficiales y Declaraciones del Ministro
El informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El diputado René Saffirio, quien reveló la existencia del informe este 2 de julio, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encuentre el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento cuando estuvo listo.
Tras la denuncia del diputado Saffirio, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación.” Esta declaración generó más controversia y críticas debido a la gravedad de las revelaciones del informe.