Una educadora del antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename) en Temuco fue destituida tras comprobarse que facilitó drogas a adolescentes bajo su cuidado, promovió su consumo tanto dentro como fuera del centro, y organizó fiestas con jóvenes vulnerables a quienes debía proteger. Este caso, revelado recientemente por el medio Ciper, expone falencias persistentes en el sistema de protección estatal hacia niños, niñas y adolescentes.
Denuncia y Destitución en Temuco
Gravedad de las Acusaciones
La investigación interna determinó que hubo una falta grave a la probidad administrativa. La educadora, cuya identidad no ha sido revelada, fue acusada de permitir y encubrir el uso de sustancias ilícitas dentro del recinto y también en su domicilio. Según el documento que ordenó la sanción de destitución, a la funcionaria se le formularon cinco cargos. Tres de estos cargos estaban relacionados con proveer, avalar y facilitar el consumo de drogas tanto al interior como fuera del recinto del servicio.
Además, se comprobó que la misma educadora permitió que una de las adolescentes del centro viviera con ella durante un período de tiempo, vulnerando completamente las normativas del cuidado institucional. Los dos cargos restantes se referían a mantener como allegada en su domicilio a una joven del mismo centro y sostener un trato horizontal con otros adolescentes, invitándolos a fiestas en su domicilio. El sumario acreditó que los hechos denunciados existieron y que la funcionaria tuvo participación en ellos.
Según el documento, desde el mes de diciembre de 2018 la educadora suministró droga a jóvenes del centro. La acusa, además, de que observó y avaló el consumo de sustancias ilícitas al interior del centro, estando de turno, sin reportar los hechos. La investigación determinó que existían múltiples antecedentes que sirvieron para acreditar los cargos imputados. Uno de los cargos más graves fue mantener como allegada a una interna en su casa.
El Proceso de Investigación Administrativa
La investigación interna, que se extendió por más de tres años, concluyó con la desvinculación de la funcionaria en octubre de 2024. El sumario, iniciado en abril de 2021, se extendió por más de tres años. Durante ese periodo, la trabajadora recibió un sueldo promedio bruto de $1,6 millones, mientras realizaba teletrabajo o se encontraba con licencia médica, sin contacto directo con los adolescentes. La destitución se concretó en octubre de 2024, dada por falta a la probidad. A pesar de la gravedad de los hechos, la educadora no presentó descargos en el proceso sumarial.
En dicho recinto, el centro semi-cerrado de Temuco, los jóvenes cumplen sanciones decretadas por tribunales, con pernoctación obligatoria y desarrollo de actividades.
Implicaciones Judiciales y Contexto Institucional
Reacciones del Ministerio Público
La gravedad de los hechos fue inicialmente denunciada en 2021, pero la causa penal fue archivada por “falta de antecedentes”. El caso fue notificado al Ministerio Público tanto en 2021 como en 2024. Solo tras la reciente destitución administrativa, la investigación judicial fue reabierta. Según la Fiscalía Regional de La Araucanía, la causa “fue ingresada en el año 2021. Tres años después, cuando se aplicó la medida de destitución a la funcionaria, Sename volvió a notificar al Ministerio Público. Según la entidad, la causa fue archivada por falta de antecedentes suficientes, aunque tras la nueva notificación su situación podría reactivarse. Hasta el momento, no hay información actualizada sobre el estado de la investigación penal. CIPER consultó a la Fiscalía Regional de La Araucanía si se realizó alguna indagatoria durante el proceso administrativo o posterior a éste.
Falencias Estructurales del Antiguo Sename
Este caso evidencia una profunda crisis institucional que el antiguo Sename dejó como herencia. La negligencia sostenida, la lentitud en los procesos investigativos y la permisividad ante faltas graves permitieron que una funcionaria mantuviera contacto con menores pese a señales claras de conducta inapropiada. La impunidad ha sido el sello de este caso, con una Dirección Nacional y una fiscalía que no actuaron con la urgencia requerida. Aunque el Sename está siendo reemplazado por el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, hechos como este demuestran que el problema no se resuelve cambiando el nombre de la institución. A pesar del cierre de Sename y la creación de nuevos organismos, continúan registrándose situaciones que evidencian problemas éticos, políticos y estructurales en la supervisión y cuidado de menores bajo responsabilidad del Estado.
World Vision y su análisis sobre la crisis del Sename
Desafíos en la Protección y Supervisión de Menores
Testimonio de la Dirección Nacional de Sename
En enero de este año, la directora nacional del Sename, María Eugenia Fernández, denunció ante la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados las demoras en los sumarios y los desafíos para sancionar a los funcionarios involucrados en hechos graves. Ante la comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, la directora nacional del Sename, María Eugenia Fernández, detalló que uno de los problemas que deben atender es el consumo de alcohol y drogas de los adolescentes que recibe la institución, situación que a veces es facilitada por familiares que los visitan: “Tenemos un 16% que presenta consumo habitual. El problema son las familias que ingresan a las visitas y que no ayudan.
Otro problema que mencionó la autoridad es la demora en los sumarios administrativos. Indicó que “tiene el mismo tratamiento administrativo que a alguien se le haya perdido un celular y alguien que haya vulnerado. Son muy pocas las herramientas que tenemos para tomar decisiones para poder desvincular a personas. O tenemos que traspasar estos procesos vía judicial. Tenemos casos donde contamos con toda las pruebas y la fiscalía nos dice que esperemos". Respecto de la publicación de fotografías efectuada por la funcionaria en sus redes sociales, donde aparece en una actitud amistosa con un niño del centro al interior del establecimiento y sin proteger su identidad, la autoridad dijo que no monitorean a sus trabajadores en estas materias. Además, habría indicado que el adolescente le solicitó alojamiento, pero que no aceptó.