La presente investigación busca describir el funcionamiento de los Centros de Internación en Régimen Cerrado y Semi Cerrado del Servicio Nacional de Menores (SENAME), específicamente desde la entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Adolescente el 18 de junio de 2007. El estudio se propone identificar las dificultades prácticas derivadas de la aplicación del sistema sancionatorio diferenciado, comparando las condiciones observadas con la normativa sobre derechos de los niños, niñas y adolescentes consagrada en la Convención Internacional de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas, ratificada por Chile en 1990.
Marco Normativo y Contexto Institucional
Desde el 18 de junio de 2007, el SENAME opera bajo un marco sancionatorio diferenciado para jóvenes de entre 14 y 18 años. Esta ley buscó establecer un sistema de justicia juvenil más acorde con las necesidades y características de esta población. No obstante, la aplicación práctica ha presentado diversos desafíos operativos y técnicos.
La Convención Internacional de los Derechos del Niño actúa como el principal instrumento que establece los derechos fundamentales de la infancia y adolescencia a nivel global, sirviendo como estándar crítico para evaluar la labor institucional en los centros de internación, donde se aplican medidas privativas o restrictivas de libertad bajo regímenes diferenciados por niveles de supervisión.
Desafíos en la implementación del sistema
Las dificultades prácticas en la aplicación del sistema sancionatorio abarcan desde aspectos de infraestructura y recursos limitados, hasta la formación especializada del personal y la necesaria coordinación interinstitucional. Asimismo, se aborda la colaboración entre el SENAME y entidades no gubernamentales mediante regímenes de subvención, fundamentales en la provisión de programas complementarios.
Metodología de Investigación
Para esta investigación se empleó una metodología mixta, integrando la etnografía en el medio de trabajo natural. Este enfoque permitió una inmersión profunda en el contexto de intervención para comprender las dinámicas diarias y las interacciones entre los participantes.
- Observación participante: Recolección de información sobre el funcionamiento de los programas.
- Entrevistas: Diálogos abiertos y espontáneos, además de entrevistas semiestructuradas con el equipo estable (coordinadora, psicólogo y facilitadores) para monitorear la ejecución del Enfoque de Derechos.
- Análisis de datos: Elaboración de una matriz general basada en pautas y diarios de campo.
El Enfoque de Derechos en la Intervención Diaria
La investigación se centró en analizar cómo se aplica el Enfoque de Derechos en la práctica cotidiana, buscando verificar si las intervenciones se alinean con los principios declarados de protección. Es crucial notar que un porcentaje significativo de los casos atendidos por el SENAME se relacionan con maltrato grave (26%) y violencias sexuales (21%), según datos del SENAME (2016b).
Los adolescentes en los centros de internación suelen estar inmersos en una compleja trama de victimizaciones que generan traumas profundos. Por ello, la falta de programas adecuados puede limitar severamente la recuperación de los jóvenes, haciendo necesaria la presencia de las ONG y fundaciones para ofrecer servicios innovadores.
Componentes del Proyecto Complementario
El proyecto analizado destaca por su modelo integral, atendiendo a niños, niñas y sus familias con un equipo multidisciplinario que incluye:
| Profesional/Rol | Función en el enfoque |
|---|---|
| Coordinador | Gestión y liderazgo del proyecto |
| Psicólogo | Soporte terapéutico y evaluación |
| Terapeuta Ocupacional | Intervención en áreas personales y funcionales |
| Facilitadores (Deporte/Baile) | Promoción de habilidades y buen trato |
Hallazgos, Contradicciones y Desafíos
La investigación reveló tensiones entre la flexibilidad creativa del modelo y una estructura fragmentada que dificulta la cobertura metodológica y política del Enfoque de Derechos. Se observa una limitación en la garantía de la no revictimización, subrayando que la dimensión ética de la intervención es un elemento crucial pero complejo en situaciones de alta vulnerabilidad.
Para fortalecer este enfoque, se concluye que es imperativo:
- Garantizar la participación activa de los niños, niñas y sus familias en los planes de intervención.
- Fortalecer la colaboración efectiva entre el Estado y las organizaciones no gubernamentales.
- Avanzar hacia una política pública que reconozca la deuda histórica y promueva una mirada integral del ser humano.