En Chile, se ha evidenciado una alta vulneración de los derechos del niño. El Servicio Nacional de Menores (SENAME) ha sido una de las instituciones encargadas de su atención, pero se ha visto envuelto en una profunda crisis. Esta problemática ha relevado la infancia en el país y la constante vulneración de sus derechos, así como la afectación de su vida emocional, social y económica, que no ha sido una de las preocupaciones centrales de la sociedad. La crisis se sabe desde hace al menos quince años, según el experto en políticas públicas Jorge Araya.
La muerte de la pequeña Lissette Villa, de 11 años, en abril de 2016 en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) Galvarino en Santiago, conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para detener los abusos contra niños y adolescentes en los hogares del SENAME. Sin embargo, los abusos persistieron. Su caso, entre otros, reveló una serie de irregularidades al interior del organismo.
La Dimensión de la Crisis: Evidencia de Vulneración Sistemática
Alarmantes Cifras de Maltrato y Abuso
El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) informó que casi un 49% de los menores del SENAME, entrevistados por el INDH, denunciaron una vulneración grave de sus derechos, como maltrato físico, mental o psicológico, y explotación sexual. Estas cifras se suman a los múltiples cuestionamientos que ha enfrentado el Servicio Nacional de Menores. El propio Servicio Nacional de Menores publicó la cifra de niños(as) fallecidos(as) al interior de centros pertenecientes al organismo entre 2005 y 2006, alcanzando un total de 210 casos; la cifra total asciende a 865 decesos ocurridos en 11 años, y a 1.313 muertes entre 2005 y 2016, reportadas tras el deceso de Lissette Villa.
Un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores, concluyó que el Estado de Chile viola sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela. En el 100% de los centros que administra el SENAME y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, 310 de ellos con connotación sexual. El informe policial es categórico: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”. Este documento de la PDI indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos (92 en hogares de organismos colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros).
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores (la mayor parte en residencias de organismos colaboradores para adolescentes, 62% del total).
Buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. Un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”; excluyendo residencias para lactantes y discapacitados, la cifra crece hasta un 76,2%.
Deficiencias en Protocolos y Atención Especializada
El SENAME ha fijado protocolos prioritarios para el funcionamiento de los centros, nociones básicas para asegurar un mínimo resguardo a la integridad de los niños. Sin embargo, el equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados de la investigación son aterradores:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esta situación es particularmente grave, considerando que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
La cifra de menores a cargo del SENAME que padecen alguna enfermedad psiquiátrica es altísima: 37,3% de los residentes. Además, un 14,2% presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica, el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital, y otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. A pesar de estas necesidades, 42 centros no tienen un encargado de salud. En 55 centros, la labor es realizada por un técnico de un área distinta a la salud, y en 159 centros (el 66,3% del total), la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud. A un educador solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado, lo que es insuficiente para manejar medicamentos. Una investigación de CIPER de 2016 constató cómo los fármacos se suministran sin ningún control a los niños y adolescentes del Sename, muchas veces como paliativo para contenerlos. Esta dramática situación se acrecienta al considerar que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Fallas en la Fiscalización y Supervisión
El SENAME, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que los protocolos existan y se cumplan, pero las fallas son evidentes. El informe de la policía determinó que, aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del SENAME, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del SENAME también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses; sin embargo, la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. El equipo de la PDI también constató que en al menos 88 residencias se denunciaron menos abusos de los que efectivamente se habían producido. La mayoría de los directores de los centros informaron a la PDI que no contaban con información anterior a 2017 sobre vulneraciones graves de derechos contra los niños a su cargo, por lo que los datos levantados son casi exclusivamente de 2017.
Un Modelo Obsoleto: Los Fundamentos del SENAME
Origen y Enfoque Tutelar
El SENAME es un organismo creado en 1979, durante la dictadura militar de Augusto Pinochet. Su nombre da cuenta de la concepción de infancia como un estado irregular. Depende, administrativamente, del Ministerio de Justicia y desde sus fundamentos se aprecia su enfoque tutelar hacia la infancia. Como institución, y tal como lo señala su nombre, presta servicios entre cuyos objetivos destacan “reinsertar y rehabilitar y reparar los derechos de los(as) niños(as) que han sido vulnerados”, recalca Viviana Soto, académica del Depto. de Educación. La creación y desarrollo del Servicio Nacional de Menores ha replicado esta visión del niño-objeto que recibe ayuda y asistencia del Estado, al cual hay que controlar y “reparar” como si fueran “utensilios”, siendo que a los sujetos no se les repara.
La Visión de la Infancia en Chile
Si bien desde los años 90 ha habido cambios positivos y alentadores en torno a la infancia, como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño, persisten muchas otras formas de maltrato infantil que “todavía ni siquiera hemos podido reconocer”. Existe un resabio de que los(as) niños(as) son personas inacabadas e insuficientes, como si fueran minusválidos(as), critica la psicóloga jurídica y académica Viviana Soto. Pese a los avances vividos por la sociedad chilena en relación a la infancia, persiste una serie de situaciones que reflejan el maltrato hacia la niñez, cayendo en una “lógica de patrón de fundo, de un Estado tutelar o de ‘padre omnipotente’ que todo lo sabe, discriminando a los(as) niños(as)”. Se ha tendido a separar las infancias, la infractora de ley de aquella que ha sufrido maltrato. No obstante, ambas “son parte de la infancia y son responsabilidad nuestra como sociedad”. Viviana Soto señala que el Estado a través de sus políticas públicas ha actuado de manera lenta y tardía, por lo que es perentorio anunciar y llevar a la práctica un nuevo trato con la infancia, con un paradigma totalmente distinto al que se ha desarrollado.
Propuestas de Reforma y los Desafíos para su Implementación
La Presidenta Michelle Bachelet ha sostenido distintos encuentros con autoridades para abordar la problemática y anunció una serie de medidas a corto, mediano y largo plazo para resolver la profunda crisis que vive el SENAME, con el fin de reformular al organismo gubernamental. Aumento del presupuesto de la institución, separarla en dos y entregarle mayores recursos, son parte de las medidas anunciadas para reformular la institución.
La División del Servicio como Eje Central
Para el experto Jorge Araya, existe consenso en que una de las principales soluciones radica en dividir el servicio, instaurando una institución para quienes son vulnerados en sus derechos y otra para quienes cometen delitos, tal como señala uno de los proyectos de ley enviados por el Gobierno al Congreso. Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, piensa que si la iniciativa finalmente se concreta, traería consigo un cambio importante en términos institucionales. Al respecto, la ley de Responsabilidad Penal Adolescente (N°20.084) señala que “la sanción no es la intervención” y que “los(as) niños(as) son responsables, penalmente, pero no van a ir al sistema penal adulto, sino que tendrán un sistema penal especial”, lo que subraya la necesidad de esta separación.
Profesionalización y Capacitación del Personal
Se establece la creación del Organismo de Capacitación y Evaluación del Personal del SENAME (OCEP-SENAME) como entidad encargada de desarrollar programas de capacitación, formación y perfeccionamiento para los trabajadores del Servicio Nacional de Menores en Chile. El OCEP-SENAME será financiado con recursos provenientes del presupuesto asignado al SENAME, garantizando la disponibilidad de fondos para la implementación de sus funciones. Además, las personas que trabajan con niños(as) requieren de una formación en educación social. “No se ha discutido en Chile qué tipo de pedagogía se debiera ejercer para trabajar con estos niños y niñas vulnerados(as)”. Esto no implica una pedagogía especial, sino una que “mire al sujeto, que sea consciente de él(ella) y lo(a) invite a construir desde sus necesidades”, aclara Soto.
Barreras Financieras y Políticas
Una de las principales complicaciones en la tramitación de la iniciativa es la gran cantidad de recursos que consideraría una reforma de esta envergadura. “El mundo político y el Gobierno no confiesan con claridad que este proyecto requiere un insumo de recursos muy superior al existente para el Sename. Hay una causa no confesada que ha entrampado su avance”, sostiene Jorge Araya. Los recursos necesarios para dividir el servicio pueden alcanzar un costo superior a la creación del Ministerio Público y la implementación de toda la Reforma al Sistema Procesal Penal. Más allá de la separación, es necesario repensar el conjunto de recursos estructurales para los distintos problemas que van a enfrentar las dos instituciones.
Otro elemento que frena el avance tiene que ver con los intereses gremiales de los funcionarios, quienes ejercen presión para defender su trabajo e ingresos, lo que, a juicio de Araya, “choca con la necesidad de profesionalizar el servicio y renovar el personal”. Por otra parte, la presión de movimientos sociales ha hecho que la administración política termine priorizando otros temas, como educación y salud, que dan más réditos electorales porque son problemáticas que afectan a una mayor proporción de la población. “Es duro decirlo, pero lo del Sename solo afecta a esos menores y a sus familias”, lamenta Araya.
Tres consejos antes de reformar tu casa
Hacia un Nuevo Paradigma de Intervención
La iniciativa de reforma implica dejar atrás el concepto de la subvención que, en el fondo, genera una serie de prácticas perversas, “porque finalmente la asignación que el Estado realiza por cada niño(a) que Sename atiende es diferencial en función del tipo de problema que éste(a) posee”. Otro elemento a considerar en esta división institucional es si se continuará bajo una estructura centralizada o con políticas que se implementen a nivel local, en los territorios y en las comunas. Para lograr una efectiva intervención se vuelve necesario desarrollar un buen diagnóstico e intervención personalizada, cuyos antecedentes e información sean de acceso integrado en todos los niveles: salud, educación, comunidad, redes, entre otros.
Responsabilidades y el Futuro de la Infancia Vulnerada
Investigaciones y Falta de Publicidad
El documento de la PDI es el último eslabón de una cadena siniestra de reportes elaborados por media docena de instituciones a lo largo de los últimos siete años. En esa cadena destaca el Informe Jeldres, una investigación del Poder Judicial y la Unicef que encabezó la jueza de familia Mónica Jeldres. La brutalidad de los hallazgos expuestos por el informe Jeldres dieron pie a una media docena de investigaciones: dos comisiones de diputados, una Misión de Observación del Sename en 2017 y varios informes de la Contraloría. A ellos se suman el reporte de la ONU y ahora el de la PDI. Tras cada informe, la autoridad ha anunciado medidas, sanciones y reformas, pero el mismo documento de la PDI de 257 páginas, que resume una extensa investigación contenida en 28 tomos realizada a petición del fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien investiga las 1.313 muertes en centros del Sename (entre 2005 y 2016), fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó que la Fiscalía iniciara una investigación penal. Los intentos de acusación a la ex ministra Javiera Blanco por los problemas del Servicio Nacional de Menores han sido calificados como una “ridiculez” por Jorge Araya, ya que a su juicio, lo único que lograría esto es reducir la situación a una discusión político electoral.
El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe, dijo a CIPER que es muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encontrara el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento. Sin embargo, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, descartó haber conocido el documento: “El Ministerio de Justicia no ha recibido ningún informe de la PDI ni de otro organismo referido a una investigación en el Sename. Es falso lo que dice el diputado Saffirio. Tuve conocimiento que se estaba realizando este estudio, pero este es un estudio que se hace para un proceso judicial (del que el Ejecutivo no es parte). Yo no sé si se concluyó, si lo tiene el juez o está en el proceso de investigación”.
Una Sociedad Corresponsable
Varias instituciones deben responder públicamente por este desastre. No solo el SENAME, sino también el Poder Judicial, que queda especialmente en entredicho, ya que los jueces de familia deben visitar los centros dos veces al año y las vulneraciones sistemáticas no fueron detectadas ni abordadas. La protección de los derechos de los niños es una responsabilidad compartida de la sociedad en conjunto.