Fue el Sindicato de Trabajadores Subcontratados del Sename (Sintrasub) el que encendió las alarmas sobre una serie de situaciones críticas que afectan a la institución y a sus colaboradores. Las preocupaciones abarcan desde acuerdos de intercambio de información sensible hasta las precarias condiciones laborales.
Acuerdo entre Sename y ANI: Intercambio de Información Confidencial
La Alarma de Sintrasub y el Contexto
El 21 de febrero de 2020, al cierre del verano y pocos días antes del anunciado resurgimiento del estallido social en marzo, el Servicio Nacional de Menores (Sename) y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) suscribieron un acuerdo de colaboración y coordinación. Este convenio generó escozor en la Defensoría de la Niñez, especialistas en protección de datos sensibles y en los propios colaboradores de la institución.
Contenido y Controversia del Convenio
El polémico texto, al que tuvo acceso BioBioChile y que fue divulgado por Sintrasub, señala: “La ANI y el Sename han acordado suscribir el presente convenio destinado al intercambio de información y a aunar esfuerzos para realizar un trabajo conjunto, a fin de contribuir al logro de una mejor y más eficiente gestión en el cumplimiento de las funciones privativas que la ley les encomienda a ambas instituciones”. Asimismo, busca desarrollar “una alianza estratégica de cooperación institucional con el objeto de establecer vínculos para la ejecución de acciones afines al cumplimiento de los respectivos objetivos institucionales, incluyendo la capacitación en materias de competencia, propias de cada institución”. El documento fue firmado por la directora del Sename de entonces, Susana Tonda, y el director de la ANI, Gustavo Jordán. La ambigüedad y amplitud de los términos utilizados generaron reacciones en diversos sectores.
Reacciones y Argumentos en Contra
La Posición de la Defensoría de la Niñez
La Defensoría de la Niñez, gracias a la información remitida por funcionarios del Sename, calificó la situación como de “máxima gravedad”. Detallaron que el fin estricto y directo del Sename tiene que ver con la protección específica de los derechos humanos de los niños bajo su cuidado y tutela, no con la exposición de antecedentes y datos privados que son exclusivos de conocimiento de los tribunales. La Defensoría calificó esto como “gravísimo”, ya que da cuenta de “una falta de conexión clara de lo que es la convicción de que el Sename debe hacer como protección de niños, niñas y adolescentes”. Resulta preocupante que se produzca en febrero tras el estallido social y agudiza una evidente situación de estigmatización y criminalización que se pretende hacer de niños, niñas y adolescentes vinculados al Sename. En ese contexto, la Defensoría llamó a los organismos involucrados a revertir la alianza o, de lo contrario, amenazó con acudir por la vía judicial.
Preocupación de Sintrasub por Datos Sensibles
Francisco Gorziglia, dirigente nacional de Sintrasub, advirtió que la mayor preocupación de su agrupación es que se obtenga información confidencial y privada de los perfiles psicológicos de los menores de edad en situación de vulnerabilidad, e incluso de sus padres, familias y/o tutores legales. Subrayó que “Esa información es frágil. Nosotros subimos todo lo que se hace en la intervención diaria, semana a semana, las atenciones, las entrevistas individuales, familiares, seguimiento, coordinaciones”. En ese sentido, aseguró que dichos antecedentes no aportan en nada al control de la “seguridad nacional de niños, niñas y adolescentes que fundamentalmente son estigmatizados, criminalizados, castigados y que viven fundamentalmente en la pobreza”.
Análisis Legal de la Situación
Pablo Viollier, docente UDP y especialista en el manejo de datos personales, hizo hincapié en que la situación es particularmente grave, pues no solo se trata de información de menores de edad, sino que además se vinculan a una situación de vulnerabilidad, lo que los hace “doblemente sensibles”. Explicó que “la descripción de qué tipos de datos se comparten, cómo se comparten y para qué finalidad debería ser particularmente estricta”. Sin embargo, el documento habla en términos “excepcionalmente amplios para cualquier función relativa a las competencias de cualquiera de los dos organismos”.
Jurídicamente, apuntó a que la libertad de un organismo de compartir datos sin consentimiento solo está permitido para datos personales (como el Registro Civil o Servel), pero no para los datos personales sensibles, que tienen una categoría especial según el artículo 10 de la Ley 19.628. Esta ley precisa una lista de causales específica en la que no cabe este tipo de información. Viollier acusó que “El documento se aproxima al tema de forma errónea. Habla de cualquier tipo de información, habla de cualquier tipo de uso. Y opera bajo un presupuesto jurídico errado”. En concreto, se trata de una situación inusual incluso respecto al tratamiento de información de adultos, ya que para acceder a información sensible de una persona, es fundamental que un organismo lo haga previa autorización de un tribunal. Por ejemplo, la ANI requiere permiso judicial para que las policías ejecuten medidas intrusivas, o la Fiscalía necesita aprobación antes de pedir a un hospital la ficha médica de una víctima.
La Defensa de Sename
El Sename, mediante un comunicado de prensa, se defendió invocando una normativa diferente: “La ley faculta a la ANI a requerir información de todos los servicios públicos, sin distinciones, tal como lo establece el artículo N°8 letra e) de la Ley N° 19.974. Como se señala en la ley, dichos servicios están obligados a suministrar los antecedentes e informes que le sean requeridos”.
La Transición a Mejor Niñez y las Críticas Sindicales
El Nuevo Servicio y las Fallas Estructurales
El nuevo servicio, ahora bajo la tutela de Mejor Niñez, será fiscalizado por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a diferencia del Sename que dependía del Ministerio de Justicia. No obstante, los trabajadores sindicalizados han sido críticos. Un dirigente de Sintrasub cuestionó las motivaciones detrás de mantener el sistema de tercerización de los servicios de atención y protección a la infancia y criticó el “triunfalismo” de los congresistas. Señaló que “El nuevo servicio es una farsa, es un show mediático orquestado bajo la consigna famosa de ‘Los niños primero’”. Recordó que en 2005 hubo algo muy similar con la Ley 20.032, que regula los organismos colaboradores y el sistema de subvención, y que “Han pasado quince años y solo hemos visto maltratos, abusos, violaciones sistemáticas a los derechos de la niñez y juventud y, por cierto, maltrato a las trabajadoras y trabajadores honestos”.
Cuestionamientos a la Tercerización y el Financiamiento
Los trabajadores y trabajadoras “no queremos avances en la medida de lo posible, queremos cambios estructurales ya, porque se requieren”. Se preguntan: “¿Cuál es el interés de mantener organismos colaboradores, abusadores, negligentes, tanto con la niñez como con sus trabajadores?”.
Un primer punto de crítica es el financiamiento: “mientras exista ley de subvenciones y no financiamiento a la intervención especializada, la precariedad de la intervención con los niños y niñas gravemente vulnerados en sus derechos se va a mantener. Es impresentable que se siga manteniendo una fórmula de vínculo con los niños a través de una ‘ayuda’ a los privados para que sean ellos quienes enfrenten las situaciones e intervengan con los NNA”.
En segundo lugar, la falta de prevención local a nivel territorial o un dispositivo de apoyo y vigilancia permanente de la situación de los NNA, como sería un servicio local de la Infancia, que prevenga vulneraciones de derechos y las detenga a tiempo. Esto implicaría que “no se van a detener los ingresos a los servicios especializados, que es el gran problema que tenemos ahora”.
Un tercer elemento tiene que ver con la supuesta nueva calidad del servicio, la cual se cuestiona porque no se puede exigir con la precariedad financiera actual, que no mejora con los 95 mil millones de pesos planteados por la Subsecretaría, ya que un 30 por ciento de eso se destina a gastos administrativos y con el restante apenas se cubre a los 14 mil niños y niñas en lista de espera. “El cambio en el Sename no ataca el problema de fondo: que en Chile no se respetan los derechos de todos los niños y niñas, pues todos tienen derecho a ser protegidos y requieren garantías reforzadas”.
Demandas de Cambios Estructurales
Los trabajadores de los órganos colaboradores de Sename y Mejor Niñez no descartan iniciar nuevas movilizaciones, pese a lo complejo del momento sanitario actual. Por lo pronto, seguirán mandando oficios a la Subsecretaría haciendo presentes las falencias de esta legislación. Les parece bien que se discuta y que se anteponga la ley de garantías de derechos de la niñez a la entrada en vigencia del nuevo servicio, ya que “Esta ley tiene que aprobarse porque lleva durmiendo hace más de 5 años en el Congreso y es bueno que se haya amarrado de cierta forma la entrada en vigencia del nuevo servicio a la aprobación del estatuto de garantías”.
Condiciones Laborales y Salud Mental de los Trabajadores
La Precaridad Laboral y sus Consecuencias
El Sindicato Nacional de Trabajadores y Trabajadoras Subcontratados de Mejor Niñez (SINTRASUB) estima que el 97% de los empleados de Mejor Niñez ejerce sus funciones a través de externalización, lo que calculan en más de 14.000 trabajadores. En la Comisión Especial de Infancia del Senado, la ex Directora de Sename, Susana Tonda, señaló en 2020 que “los trabajadores de los organismos colaboradores reciben un salario que asciende a menos de la mitad de las cifras antes reseñadas”, en comparación con los sueldos más altos de la institución (entre 1.300.000 y 1.600.000 pesos).
Historias de Trabajadoras: Daniela y Constanza
Daniela, gestora comunitaria en un programa de prevención focalizada (PPF), describe su angustia, cansancio y culpa. Su trabajo implica visitas domiciliarias, entrevistas e informes, y sigue casi 40 casos. “¿Cómo podemos intervenir en una familia con unos niños que ni siquiera pueden ir a tomarse un vaso de agua? Tú dices: ¡Qué mierda pasa con todo esto! La desigualdad es tremenda.” Denuncia que “Nosotros terminamos haciendo esa pega que debería hacer la OPD” (Oficina de Protección de Derechos). La angustia, frustración y culpa brotan en su conciencia si no puede evitar que los menores sean derivados a una residencia. Piensa en dar un paso al costado tras cinco años, pero no lo ha hecho por la estabilidad económica de “17 lucas diarias” que gana.
Constanza, educadora de trato directo con lactantes y preescolares desde hace más de media década, es titulada de “Educador Social Infanto Juvenil”. Su ingreso a la residencia fue difícil, “pasé con licencia por el estrés agudo que sufrí. Su deterioro psicológico fue rápido”. Ha presenciado a padres alcoholizados y violentos, pero lo que más le impactaron fueron las descompensaciones de los niños, “autoagresiones que pueden tener los infantes por desajustes emocionales que sufren al estar separados de sus padres”, y las descargas de los usuarios contra las cuidadoras. “Es súper difícil ver a un niño golpearse su cabeza contra el suelo en una descompensación, o que te tiren una silla, o que te amenacen con un cuchillo”. A pesar de los riesgos, Constanza persiste por su vocación.
El Desgaste Profesional y la Fatiga por Compasión
Magdalena Calderón, una profesional, señala que la población que trabaja en estos servicios es mayoritariamente joven, con pocos años de antigüedad, muy motivada y comprometida, pero “revientan, se agotan y terminan buscando cambios de área, cambios de carrera a los cuatro o cinco años de experiencia”. El estudio “Desgaste Profesional y Riesgos Psicosociales en el Trabajo en Profesionales Subcontratados/as por el SENAME en contexto de pandemia (Matamala, Barrera, 2020)” reveló que el 43.7% de los encuestados manifestó tener diagnosticada alguna patología de salud mental.
Francisco Gorziglia, de SINTRASUB, enfatiza que el estado de salud mental no solo afecta al trabajador, sino también a los niños y familias con traumas complejos que buscan ayudar: “No podemos entender que trabajadores que tratan de revertir vulneraciones de derecho tengan -a su vez- problemas graves en términos de salud emocional y mental. Es impresentable que ocurra eso”. Mucho de esto tiene que ver con la absorción de traumas de los niños. “En un ejemplo: yo, trabajador, escucho la situación de un niño que fue abusado sexualmente. Ese episodio es traumático para el trabajador también, y de una manera tiene que botar esa tensión que absorbió”.
La presidenta del Colegio de Psicólogos, Isabel Puga, consultada por The Clinic, afirma que los trabajadores “están expuestas a condiciones tales, que son factor de riesgo para la salud mental, para el deterioro psicológico”. La complejidad y el perfil de los niños y niñas con las que se trabaja también se traduce muchas veces en agresiones de alto riesgo. Los equipos de trabajo están “sumamente reventados” por la falta de personal o de rotación, lo que se traduce en sobrecarga, aumentando el nivel de estrés, agotamiento, cansancio e irritabilidad. Estar expuesto a traumas potentes de otras personas puede generar “estrés secundario” y “fatiga por compasión”. “Al estar permanentemente expuesta a altos niveles de traumas, es efectivo que emocionalmente se desarrolla un proceso de agotamiento. Aquí los síntomas están asociados a problemas para dormir, problemas en las relaciones interpersonales, aislamiento, depresión, abuso de alcohol, de drogas, desórdenes alimenticios”.
La Falta de Reconocimiento y Apoyo
Los trabajadores de este servicio se sostienen mediante mera vocación, pero “en el fondo saben que el esfuerzo y los riesgos en comparación a las retribuciones no lo valen: sueldos bajos y sin reconocimiento social”. Francisco Gorziglia aclara que “Desde la lógica del derecho, nosotros no somos reconocidos como trabajadores subcontratados”, pero “desde el hecho, vivimos subcontratación: el servicio pone la política pública, te fiscaliza, solicita instrumentos que son propios del servicio. Trabajamos permanentemente con los requerimientos del servicio”. El problema mayor en Mejor Niñez son las condiciones laborales y los pagos. Están sujetos a la Ley 20.032, que regula los aportes financieros, y un artículo especial prohíbe su intervención en materias de orden laboral y relación contractual, como la renta.
Constanza, a pesar de todo, logra relacionarse bien con la mayoría de los casos. Lo que más le afecta psicológicamente es tener que romper un vínculo cuando un niño abandona la residencia. “Es triste llegar al trabajo y sentir el vacío de que ya no esté el niño que te esperaba todos los días, con sus saludos, con sus besos, con sus abrazos, el que hacías dormir de los primeros. Es fuerte para mí, es como si estuviera en un funeral porque ya no lo voy a volver a ver nunca más”. Ante esta realidad, reflexiona: “Te dicen trabaja desde el amor, trabaja desde el vínculo ¡Pero puta! ¿Y después quién te ayuda a superar esto?”.
El Concepto de Autocuidado: Realidad vs. Necesidad
Isabel Puga explica que para la prevención de condiciones de salud mental, “Cada tanto, los equipos de personas de distintas disciplinas se tienen que juntar y tienen que hablar de qué les está pasando, qué les está ocurriendo”. Se debe estar “siempre muy atento a lo que me está pasando, respecto a lo que estoy viendo en el otro (usuarios)”. Daniela, sin embargo, describe el autocuidado como un requisito administrativo: “Somos un equipo de ocho personas, y nos dan 30 lucas para que con eso podamos tener una jornada de autocuidado, que es obligatoria y que tienes que cumplir ciertas cosas: llenar formularios, cosas que en realidad ni siquiera se alcanzan a hacer. Lo único que quieres hacer es descansar un rato, dormir. Depende del equipo lo que quieras hacer con 30 lucas, para ocho personas”.
El “autocuidado” es un tema que no está bien definido por los trabajadores y se suele ver como una carga innecesaria, sostiene Magdalena Calderón. Lo que demandan en sí son mejores condiciones laborales y contención oportuna tras vivir un hecho traumático en el trabajo. Desde SINTRASUB señalan que no existe ayuda psicológica en caso de agresiones directas a trabajadores. La población que trabaja en estos lugares se enfrenta a condiciones que afectan su salud física y mental.
Estrés laboral
La Postura de Mejor Niñez y las Dudas
Gabriela Muñoz, de Mejor Niñez, recalca que el estado de salud mental de los trabajadores sí es preocupación para la nueva administración. Existe un presupuesto de 2.500 millones de pesos, y “Dentro de las oportunidades que tiene este servicio -y que no tuvo Sename- es que nosotros podemos realizar transferencia directa”. Mencionó que hoy están desarrollando la academia Conectando Saberes, que está en fase de diseño. Sin embargo, aunque Gabriela Muñoz declara que para Mejor Niñez -que lleva poco más de un año en funcionamiento- es relevante la salud mental de sus trabajadores, SINTRASUB, las expertas y las trabajadoras consultadas dudan de esta preocupación.
tags: #sindicato #trabajadores #sename