El Servicio Nacional de Menores (Sename) de Chile, organismo estatal encargado de la protección de niños y adolescentes vulnerables y en riesgo social, ha estado en el centro de un intenso debate debido a las graves falencias y cuestionamientos sobre su funcionamiento. Este artículo explora la complejidad del Sename, las controversias en torno a las muertes de menores bajo su tutela, las problemáticas en la atención y las propuestas de solución para un sistema que ha sido calificado de "terminal".
Casos Emblemáticos: Guillermina y Lissette
El caso de Guillermina (2012)
Guillermina, una adolescente de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada "a medio vestir" y con dinero a las 04:19 de la mañana, siendo traída por un policía. Tras resistirse violentamente al reingreso, forcejeando y arrojando objetos al personal, fue finalmente calmada y acostada en la parte baja de una litera. Menos de media hora después, Guillermina fue encontrada ahorcada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Según la querella por cuasi delito de homicidio presentada por su familia, contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, Guillermina no fue llevada a un hospital para verificar su estado o estabilizarla, ni para un chequeo completo. La única lesión constatada por la policía fue una herida en su rodilla.
La querella no prosperó, y la muerte de Guillermina en agosto de 2012 quedó registrada como un "egreso" más en la larga lista de lo que el Sename denomina así, equiparando el fallecimiento de un menor a su escape de un centro o a su reinserción familiar.
El caso de Lissette (2016)
Lissette, de 11 años, pasó la mayor parte de su vida entrando y saliendo de centros del Sename. Desde los 5 años, la justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para cuidarla, y las evaluaciones del Sename reportaron maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. A pesar de esto, Lissette escribía cartas a su madre pidiéndole regresar a casa. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y "pataletas".
El 11 de abril, Lissette sufrió una crisis. Según el testimonio de una cuidadora, la niña se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose poco después. Ni ella ni su compañera a cargo de 20 niñas tenían conocimientos en primeros auxilios. Cuando se dieron cuenta de la gravedad, intentaron reanimarla, buscaron ayuda externa y llamaron a emergencias, pero Lissette ya había fallecido. Nuevamente, no se aplicó ningún protocolo acorde con los estándares internacionales. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional" por la ausencia de un familiar, lo que le costó el puesto.
Caos Estadístico y Falta de Protocolos
Uno de los problemas más graves del Sename es la falta de claridad en las cifras de menores fallecidos bajo la tutela del Estado. Un informe del Ministerio de Justicia reveló 185 muertes entre 2005 y mayo de 2016, mientras que un reporte de Unicef indicó que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. El gobierno chileno aclaró que la cifra oficial solo incluía a menores del área de "protección", dejando fuera a los niños infractores de la ley. Un análisis de los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, sumado a las cifras de Justicia, arroja un total de 395 fallecimientos, pero la fiabilidad de estos números sigue siendo cuestionada incluso por quienes los publicaron.
Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, señaló que las cifras pueden estar replicadas y que un niño que ingresó a varios programas y falleció sería contabilizado como egreso en todos ellos. La falta de claridad estadística es un problema estructural, tal como lo afirmó el diputado René Saffirio, quien aseguró que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
Además, se ha evidenciado la ausencia de protocolos adecuados y personal capacitado. "La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual", según Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
Sobremedicación y Falta de Atención Especializada
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, sugirió que la menor estaba "sobremedicada". Se le administraba un fármaco (benzodiazepina) en dosis que actuaban como antipsicótico, además de antidepresivos por años, a pesar de que no está demostrado su efecto en niños y algunos, como la sertralina, pueden tener efectos adversos. Francisco Estrada señaló que la "poca prolijidad" en el manejo de medicamentos en los centros es generalizada, con problemas graves de dosificación y manipulación.
El senador Alejandro Navarro afirmó que el 63% de los niños en Sename están bajo tratamiento farmacológico, y más de 3.000 no reciben la atención médica especializada debida. Además, Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región, pero carece de camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil. Hay pocos psiquiatras infantojuveniles y la mayoría prefiere el sector privado, dejando regiones sin este tipo de especialistas.
Propuestas de Solución y la Transición a Nuevos Servicios
Según el análisis de Estrada, una solución definitiva para el problema del Sename se basa en tres pilares:
- Unidades polivalentes con apoyo psiquiátrico adecuado: Niños adecuadamente medicados, personal dedicado y trabajo conjunto con las familias.
- Reintegración familiar como objetivo final: Los niños son internados por pobreza, y la solución debe ser romper el ciclo de maltrato familiar, entregando herramientas y acompañamiento.
- Defensa jurídica adecuada: Asegurar que los niños vulnerados cuenten con defensores que velen por sus derechos, a diferencia de la actual situación donde son vistos como "trámites burocráticos".
Entorno protector para los niños
A mediano plazo, el Consejo para la Infancia busca cerrar el Sename y transicionar a un nuevo servicio, que se esperaba "dejar instalado" antes de 2019. Sin embargo, este proceso ha generado críticas. Dirigentes de trabajadores han calificado el nuevo servicio como "una farsa" y un "show mediático", cuestionando el mantenimiento del sistema de tercerización y la precariedad financiera. Argumentan que los cambios propuestos no atacan el problema de fondo: la falta de respeto a los derechos de todos los niños en Chile.
Avances hacia un Sistema de Garantías y Protección Integral
A partir de 2015, la Política Nacional de Niños, Niñas y Adolescentes busca un Sistema de Garantías y Protección Integral de Derechos de la Niñez y Adolescencia. En 2018, se crearon la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de los Derechos de la Niñez. La Ley N°21.527, publicada en enero de 2023, crea el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, que inició su funcionamiento de manera progresiva. Esta nueva institución especializada elabora, formula y ejecuta políticas efectivas, con evaluaciones y retroalimentación de sus procesos.
Inclusión LGBTIQ+ en el Sename
En el marco de un trabajo conjunto con el Movilh (Movimiento de Integración y Liberación Homosexual), el Sename ha orientado a sus funcionarios y organismos colaboradores en medidas para el pleno respeto a las personas LGBTIQ+. Esta política reconoce que históricamente las personas LGBTIQ+ enfrentan discriminación sistemática, y busca mejorar la calidad de vida de los NNA LGBTIQ+, especialmente aquellos vulnerables, como migrantes o quienes tienen capacidades diversas. Se exige consultar cómo el menor quiere ser llamado (nombre registral o social), se recomienda generar baños unisex y se prohíben gestos o expresiones que afecten la dignidad de estos niños, niñas y adolescentes.
Asimismo, esta política implica un trabajo especial con las familias o adultos de referencia para abordar posibles presunciones, estereotipos o preferencias culturales, resguardando no generar mayores condiciones de vulnerabilidad. Para jóvenes privados de libertad, la designación de dependencias considerará su opinión, procurando el respeto por su identidad y expresión de género. Los comportamientos discriminatorios o maltratantes deben ser comunicados a la dirección del centro para tomar medidas que pongan fin a la discriminación y promuevan un ambiente tolerante.
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