El sistema de protección especializada para niños, niñas y adolescentes en Chile ha sido objeto de recurrentes denuncias y críticas debido a las graves vulneraciones de derechos que se producen al interior de sus residencias. Diversos informes de organismos nacionales e internacionales han revelado una compleja realidad que abarca desde la negligencia y el maltrato hasta el abuso sexual, evidenciando un profundo fracaso institucional y la necesidad urgente de una reforma integral.
Análisis Reciente: Informe de la Defensoría de la Niñez (2021-2023)
En su 5° Informe de Política Pública, el Observatorio de Derechos de la Defensoría de la Niñez analizó las denuncias relacionadas con hechos presumiblemente constitutivos de delitos contra niños, niñas y adolescentes, informadas por los proyectos del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia entre los años 2021 y 2023. Estos hechos ocurrieron mientras los menores se encontraban en procesos de protección. El organismo analizó la situación por región, tipo de delito, tipo de agresor y línea programática (ambulatorio, familias de acogida y en residencias).
En la línea de cuidado alternativo residencial, durante los años 2021 y 2023 se evidenció que por cada víctima hay un total de tres denuncias en promedio. En 2023, el 43% de los casos de centros residenciales constataron violencia entre pares. Además, por cada 1.000 atendidos en el Servicio de Protección Especializada se identificaron 78 víctimas, donde los centros residenciales tuvieron una tasa mayor, registrando 360 víctimas por cada 1.000 atendidos. El informe devela que los centros residenciales presentan una mayor tasa de victimización que otros tipos de cuidado y programas, corroborando la complejidad de este tipo de atención. Sin embargo, esto también evidencia la paradoja de que la institucionalización se produce justamente por vulneraciones de derechos de alta gravedad, y es en este contexto donde se genera la revictimización.
La Defensoría de la Niñez subraya que "Impedir una nueva ocurrencia de una vulneración es tarea de todo el sistema". Se enfatiza la necesidad de no poner el foco solo en el Servicio, ya que el informe da cuenta de un alto número de denuncias por explotación sexual cometidas por agentes de la comunidad. Frente a esto, el Servicio requiere el apoyo de otros actores como las policías, los gobiernos locales, servicios públicos y actores judiciales. Respecto a la explotación sexual, la publicación muestra que durante el año 2023 se identificaron un total de 619 víctimas niños, niñas y adolescentes. La región de Magallanes presentó una tasa significativamente alta con 13 víctimas por cada 1.000 atendidos, frente a una tasa nacional de 3 por cada 1.000.
Historial de Abusos: El Lapidario Informe de la PDI (2017)
El Estado de Chile ha sido acusado de violar sistemáticamente los derechos de los niños bajo su tutela, una conclusión de un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) de 2017, que investigó 240 hogares de menores. Este informe, al cual CIPER tuvo acceso, fue un resumen de una extensa investigación solicitada por el fiscal regional de Los Lagos, Marcos Emilfork, quien indagaba sobre las 1.313 muertes en centros del Servicio Nacional de Menores (Sename) entre 2005 y 2016, tras el deceso de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016.
El documento de la PDI indicó que en el 100% de los centros que dependían directamente del Sename se cometieron "de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes". En el 100% de los centros administrados por el Sename y en el 88% de los gestionados por particulares se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual. La gravedad de este informe, entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno pero no hecho público, fue destacada por el diputado Rene Saffirio, quien denunció la situación.
Desglose de Vulneraciones
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos constatados por la PDI se desglosan en:
- Maltratos por parte de adultos: 432 casos. Buena parte de estos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), destinados a adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa) hubo 105 maltratos de adultos y en hogares de organismos colaboradores, 137 casos similares.
- Maltratos entre pares: 1.265 casos.
- Maltratos por parte de familiares al interior de los recintos: 53 casos.
- Abusos sexuales cometidos por adultos: 123 casos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en Cread y 10 en otros centros).
- Abusos sexuales cometidos entre menores: 187 casos, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
El informe policial fue categórico al afirmar que "estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros."
Deficiencias en Protocolos y Supervisión
El equipo policial también estableció que el 44,5% de los centros no cumplían con los protocolos mínimos exigidos por el Sename. Los resultados fueron alarmantes:
- El 72,9% de los centros a nivel nacional no contaba con protocolo ante conductas suicidas.
- Un 76,7% de los hogares no contaba con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”, a pesar de que la muerte de Lissette Villa fue justamente por errores en la contención de una crisis.
- La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
A pesar de que el 98,3% de los centros recibía una fiscalización periódica por parte del Sename, se determinó que "en su mayoría, estas supervisiones eran coordinadas de manera previa". Además, los tribunales de familia, que deben fiscalizar los centros cada seis meses, en algunos casos solo realizaron visitas anuales, lo que puso al Poder Judicial "especialmente en entredicho".
“Fui violado desde los 5 años en SENAME”
Problemas de Salud y Discapacidad
La cifra de menores a cargo del Sename que padecían alguna enfermedad psiquiátrica era altísima, llegando al 37,3% de los residentes. Adicionalmente, un 14,2% presentaba alguna patología médica, el 13,9% sufría una enfermedad crónica y el 0,4% estaba en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presentaba algún tipo de discapacidad.
Sorprendentemente, 42 centros no tenían un encargado de salud, y de los 198 que sí contaban con uno, la función era ejercida por funcionarios sin el perfil necesario, a menudo técnicos de áreas distintas a la salud. Respecto a la administración de fármacos, en 159 centros (66,3% del total) era un educador de trato directo sin formación profesional ni técnica en el área de la salud quien los suministraba. Esto se agrava con la constatación de que el 93,8% de los centros no contaba con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos.
El Sistema de Colaboradores (OCAS) y su Continuidad
En Chile existen 298 residencias, de las cuales 287 fueron creadas y son administradas por instituciones de la sociedad civil (OCAS), mientras que solo 11 hogares son de administración directa del Sename (CREAD). Cerca de 8.000 niños viven en hogares. Una de las mayores preocupaciones es que, en la nueva institucionalidad, serán los mismos organismos colaboradores quienes continuarán a cargo de los niños, niñas y adolescentes. Estos son los mismos mencionados en informes como "Sename 2" y el de la PDI. Las OCAS poseen el 94% de la oferta programática del servicio, y muchas aún no clarifican qué pasa con los fondos empozados. Se plantea la necesidad de una revisión y evaluación de todos los organismos colaboradores, creando una instancia independiente al Servicio.
Un caso reportado fue la denuncia por presuntos delitos sexuales al interior de una residencia colaboradora del Sename en Hualpén, Concepción, donde una funcionaria fue sindicada como presunta responsable. Esto evidencia cómo aquellos que debían proteger, en ocasiones son los mismos que perpetran las vulneraciones.
Impacto en Niños, Niñas y Adolescentes y sus Familias
Desarraigo y Dificultad para Recomponer Lazos Familiares
Uno de los problemas más grandes que deben enfrentar las familias cuyos hijos son arrebatados por el Sename es la distancia hacia las residencias, especialmente en regiones extremas donde hay hasta 700 kilómetros entre una ciudad y otra, provocando un irreversible desarraigo en los niños y niñas. Madres que deben recorrer 100 kilómetros para visitar a sus hijos difícilmente pueden recomponer los lazos. Una investigación de Ciper Chile, basada en el Informe Jeldres, estableció que en la Aldea SOS de Ancud, el 69% de los 86 niños se encontraban a más de 100 kilómetros de su comuna de procedencia, y un 33% estaba en "completo abandono". Situaciones similares se observaron en Malleco (35% a más de 100 km, 17% en abandono) y Antofagasta (31% en completo abandono).
Ejemplos como el de Silvana, una madre que debía correr entre dos pueblos a unos 100 kilómetros diarios para visitar a sus cuatro hijos, ilustran este drama. Ella relató que su hijo más pequeño presentaba irritación en la piel por no ser mudado a tiempo, magulladuras y picadas de insectos, mientras su casa fue allanada por Carabineros tras la llamada de una vecina que no ofreció ayuda.
Revictimización y el Camino hacia la Delincuencia o la Cárcel
Los niños que crecen violentados en las residencias, aquellos que fueron sacados del nido familiar por vulneraciones para ser protegidos, a menudo terminan siendo violados, torturados y abusados en el mismo sistema que debía velar por su integridad. Son castigados brutalmente, privados de alimentos o usados como "empleados" de los más grandes. La violencia sexual intraresidencial es frecuente entre niños que vivieron altos niveles de promiscuidad en sus hogares.
Estos pequeños, como Sebastián, quien fue forzado por niños mayores a servirles y era golpeado si no hacía su voluntad, a veces sufren de enuresis que provoca burlas y castigos, e incluso son aislados y se les niegan raciones de comida. Muchos de ellos escapan y viven en la clandestinidad, convirtiéndose en presa fácil de delincuentes, proxenetas y narcotraficantes, quienes los usan como "soldados de primera línea" por ser inimputables. Al ser detenidos, conocen la "otra cara del Sename": los centros de encierro o cárceles de menores, iniciando un peregrinaje de centro en centro que, para algunos, termina en la cárcel de adultos.
La Transición del Sename y los Desafíos del Nuevo Servicio
Tras una larga lucha, se ha concretado el cierre "por fuera" del Sename y el nacimiento del Servicio de Protección a la Niñez y Adolescencia, buscando construir una institución transparente y robusta que priorice los derechos de los niños. Sin embargo, la implementación del nuevo modelo no ha estado exenta de dificultades. Tras el cierre del cuestionado Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (Cread) de Playa Ancha, y la derivación de niñas a la residencia de Cerro Alegre, funcionarios denunciaron malas condiciones de cuidado. Situaciones similares se reportaron en Quillota, Viña del Mar y Villa Alemana.
Los problemas incluyeron la falta de suficientes raciones de almuerzo para niños y funcionarios, malas condiciones de habitabilidad y problemas en la cobertura de salud. Los trabajadores también acusaron una supuesta meta nacional de los servicios públicos de no sobrepasar el 11% de licencias médicas, lo que consideran un maltrato para quienes están expuestos a agresiones. La Dirección Nacional del Sename lamentó estas movilizaciones, argumentando que las asociaciones se resisten a un cambio centrado en el cuidado de la infancia, y reiteró su disposición a conversar mejoras.
Voz y Perspectivas: Historias Personales y Propuestas
Numerosas investigaciones periodísticas y testimonios han puesto en evidencia la dramática realidad. Un periodista, tras ser contactado por Silvana, quien luchaba por recuperar a sus cuatro hijos enviados a residencias de Rengo y Quinta de Tilcoco, se sumergió en el tema. Conoció historias de madres como Paulina, a quien le quitaron a sus hijas Javiera y Magdalena tras ser acusada de negligencia, y de Juan, a quien le arrebataron a sus hijos pequeños mientras su esposa era minusválida.
La historia de Yancarla, una niña que murió a los 16 años en Purén tras deambular por hogares y casas de acogida, sufriendo abusos y rechazo, resalta la falta de intervenciones especializadas y el insuficiente subsidio estatal para casos complejos. Su caso evidencia cómo el sistema no pudo garantizar una atención psiquiátrica adecuada, a pesar de que "cuando Yancarla podía salvarse el subsidio del Estado para casos complejos como el de ella no superaba los 170 mil pesos mensuales".
A pesar de estas realidades desgarradoras, existen casos de jóvenes que lograron sobrevivir al sistema, hoy profesionales y padres de familia. Ellos destacaron que "la mayoría de quienes sobrevivieron al Sename fueron jóvenes que recibieron una mano auxiliadora desde la propia sociedad. No del Estado". Ejemplos como el de Mariana, quien fue apadrinada por un profesor universitario y encontró un hogar, demuestran la importancia de la sociedad civil en la inserción.
La persistencia de la violencia y el desamparo ha llevado a proponer la elaboración de un informe exhaustivo, similar al Informe Rettig, sobre los crímenes cometidos contra menores bajo la protección del Estado en Chile. Este informe buscaría indagar hacia atrás y recopilar testimonios de sobrevivientes para conocer la verdad y comenzar a cambiar el destino de estos niños. La impunidad y el fracaso total del sistema exigen una reforma profunda que vaya más allá de un cambio de nombre, priorizando verdaderamente los derechos humanos de la niñez.
Datos Clave y Financiamiento
En los últimos 10 años, 1.313 niños murieron en programas del Sename. Sin embargo, de estos casos solo el 16% estaba en hogares; el resto participaba en programas ambulatorios, bajo el cuidado de sus familias. Aproximadamente el 70% de los niños en hogares presentan patologías psiquiátricas complejas, que requieren atención especializada.
En términos de financiamiento, el Estado solo aporta $290.000 por niño de los $700.000 que se requieren mensualmente para cubrir gastos básicos (vivienda, alimentación, vestuario, educación, salud y recreación) y el apoyo de un equipo profesional multidisciplinario. La solución a la crisis del sistema de protección infantil requiere un trabajo mancomunado de los Ministerios de Justicia, Desarrollo Social, Educación y Salud, que brinde atención integral y coordinada. Para ello, se están tramitando tres leyes fundamentales.
tags: #sename #sistema #de #residencias #denuncias