Un sistema de protección infantil en crisis: el caso del SENAME
El Estado de Chile ha sido señalado por la violación sistemática de los derechos de los niños que están bajo su tutela. Esta grave situación fue la conclusión de un lapidario informe de la Policía de Investigaciones (PDI) que en 2017 investigó 240 hogares de menores. En el 100% de los centros que administra el Servicio Nacional de Menores (Sename) y en el 88% de los gestionados por particulares, se constataron 2.071 abusos, de los cuales 310 tuvieron connotación sexual.
Antecedentes y el impacto de la muerte de Lissette Villa
La muerte de la pequeña Lissette Villa en abril de 2016 conmovió al país y movilizó a la Fiscalía, al Poder Judicial y al Ministerio de Justicia para intentar detener los abusos contra niños y adolescentes en los hogares del Sename. Sin embargo, la situación no mejoró como se esperaba. La dificultad de las autoridades del segundo gobierno de Michelle Bachelet, especialmente de su ministra de Justicia, Javiera Blanco, para entregar una cifra precisa de cuántos niños habían fallecido en los hogares, motivó a la Fiscalía a iniciar una investigación penal. A cargo de esta indagatoria quedó el fiscal Marcos Emilfork, quien comenzó a trabajar con un equipo especial de la PDI, al cual se le mandató con dedicación exclusiva para investigar las 1.313 muertes reportadas en centros del Sename entre 2005 y 2016.
El lapidario informe de la PDI de 2017-2018
El mismo documento de la PDI, al que CIPER accedió y que consta de 257 páginas (un resumen de una extensa investigación de 28 tomos), indica que en el 100% de los centros que dependen directamente del Sename se han cometido “de manera permanente y sistemática acciones que lesionan los derechos de los niños, niñas y adolescentes”. Este informe policial fue entregado a la Fiscalía en diciembre de 2018 con copia al gobierno, pero no se hizo público. El diputado Rene Saffirio, quien reveló la existencia del informe el 2 de julio, expresó que era muy difícil que entre las autoridades informadas por la PDI no se encontrara el ministro de Justicia, Hernán Larraín, a quien le pidió la renuncia ante la gravedad de los hechos. A juicio del parlamentario, es muy grave que ni la Fiscalía ni el gobierno hayan dado a conocer este documento en diciembre del año pasado, cuando estuvo listo.
El reporte de la PDI, surgido de la solicitud de la Fiscalía en noviembre de 2017 para que el equipo de la PDI concurriera a cada uno de los centros dependientes del Sename, visitó 240 de las 241 residencias existentes en el país (ya sea con administración directa del Sename o gestionadas por instituciones privadas), con solo una que se negó a recibirlos. El informe policial es categórico al afirmar: “Estas acciones de vulneración de derechos contra niños, niñas y adolescentes se han instalado dentro de la dinámica de funcionamiento propia de los centros”.
Hallazgos alarmantes del informe de la PDI
Violación sistemática de derechos y tipos de abusos
Lo grave del informe de la PDI es que constata una violencia sistemática, tal como ya lo había hecho otro documento de la ONU el año pasado. El reporte de la PDI, al considerar 240 de un total de 241 centros en todo el país (mientras el organismo internacional visitó solo cuatro residencias), da cuenta de la situación de los cerca de 6.500 niños que el Sename tiene en el sistema de residencias. La violación sistemática de derechos se ha cometido en el 100% de los hogares administrados directamente por el Sename.
Los 2.071 casos de vulneraciones graves de derechos contra los niños constatados por la PDI se desglosan en:
- 432 maltratos por parte de adultos.
- 1.265 maltratos entre pares.
- 53 maltratos por parte de familiares al interior de los recintos.
- 123 abusos sexuales cometidos por adultos.
- 187 abusos sexuales cometidos entre menores.
El documento detalla que buena parte de los maltratos hechos por adultos se produjeron en los Centros de Internación Provisoria (CIP) y los Centros de Internación en Régimen Cerrado (CRC), que son los lugares donde van los adolescentes procesados por la justicia. En los Cread (Centro de Reparación Especializada de Administración Directa, que pertenecen al área de protección), hubo 105 maltratos de adultos hacia menores, y en los hogares de organismos colaboradores que atienden a adolescentes se produjeron otros 137 casos similares. En el 50% de los hogares se constataron abusos sexuales. En total, se contabilizaron 310 abusos con connotación sexual. De ellos, 123 fueron cometidos por adultos (92 en hogares gestionados por organismos colaboradores, 21 en los Cread administrados por el Sename y 10 en otros centros). También se constataron 187 abusos sexuales cometidos por otros menores, la mayor parte de ellos en residencias de organismos colaboradores para adolescentes (62% del total).
Fallas en protocolos y fiscalización
El equipo policial estableció que “el 44,5% de los centros no cumplen con los protocolos mínimos exigidos por el Sename”. Los resultados son aterradores: el 72,9% de los centros a nivel nacional no cuenta con protocolo ante conductas suicidas, y un 76,7% de los hogares no cuenta con protocolo para “sujeción y contención física frente a desajustes conductuales”. Esto es particularmente grave, considerando que la muerte de Lissette Villa, que gatilló la investigación judicial, fue justamente por errores en la contención de una crisis de la menor. La gran mayoría de los hogares tampoco contaba con un protocolo de acción ante el fallecimiento de un menor.
El Sename, dependiente del Ministerio de Justicia, debe fiscalizar que estos protocolos existan y se cumplan. Sin embargo, la policía determinó que aunque el 98,3% de los centros recibe una fiscalización periódica por parte del Sename, “en su mayoría, estas supervisiones son coordinadas de manera previa”. Los centros del Sename también deben ser fiscalizados por los tribunales de familia al menos cada seis meses, pero la PDI confirmó que dos hogares solo recibieron visitas anuales. Además, un 62,9% de los hogares (151) presentaban casos de “deserciones del sistema”, cifra que crece hasta un 76,2% si se excluyen las residencias para lactantes y discapacitados.
Problemas de salud mental y atención médica
La cifra de menores a cargo del Sename que padecen alguna enfermedad psiquiátrica, según el reporte de la PDI, es altísima: 37,3% de los residentes. Más allá de los problemas de salud mental, un 14,2% de los residentes presenta alguna patología médica, el 13,9% sufre una enfermedad crónica y el 0,4% está en estado terminal o en evidente riesgo vital. Otro 19,8% presenta algún tipo de discapacidad. El desglose de esta afirmación sorprende: 42 centros no tienen un encargado de salud, y de entre los 198 centros que sí cuentan con uno, la función es ejercida por funcionarios que no cumplen el perfil necesario. En 55 centros que sí cuentan con un responsable, la labor la realiza un técnico de un área distinta a la salud.
Lo mismo ocurre con los funcionarios a cargo de suministrar los medicamentos: en 159 centros (el 66,3% del total), “la persona encargada de la administración de los fármacos en jornada diurna es un educador de trato directo sin la formación profesional ni técnica en el área de la salud”. Un educador es un funcionario al que solo se le exige cuarto medio rendido para ser contratado. Esta dramática situación se acrecienta si se considera que el 93,8% de los centros del Sename “no cuenta con las condiciones estructurales necesarias para el cuidado de residentes con perfil clínico y/o de casos complejos”.
Casos emblemáticos: Lissette Villa y Guillermina
El caso de Lissette Villa: una muerte evitable
Lissette Villa, de 11 años, pasó más de la mitad de su vida entrando y saliendo de centros dependientes del Sename. Desde los 5 años, la justicia decidió que sus padres no estaban capacitados para hacerse cargo de ella, evaluándose maltrato físico y psicológico, abuso sexual y abandono. En el centro donde estaba internada, era conocida por sus episodios de rabia y una fuerza que ni cinco cuidadoras podían contener. El lunes 11 de abril, pasadas las 20 horas, Lissette sufrió una crisis, y una de las cuidadoras relató que se golpeó la cabeza y comenzó a sangrar, desvaneciéndose. Ni ella ni su compañera tenían conocimientos en primeros auxilios, ni estudios superiores o técnicos. Pese a los esfuerzos por reanimarla y buscar ayuda, Lissette ya estaba muerta. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó el fallecimiento a una "crisis emocional", una explicación que le costó el puesto.
El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó su impresión clínica de que Lissette estaba sobremedicada. Se le suministraba benzodiacepina en una cantidad que actuaba como antipsicótico y había estado expuesta a antidepresivos por años, algunos de los cuales (como la sertralina) pueden tener un efecto adverso en menores, volviéndolos “más agresivos, impulsivos e irritables”.
El caso de Guillermina: la falta de atención y protocolos
Guillermina, de 16 años, llegó al Centro de Protección Alborada del Sename a las 04:19 de la mañana, traída por la policía. Según la querella por cuasidelito de homicidio presentada por su familia, la joven se resistió violentamente al reingreso. Menos de media hora después de ser acostada, Guillermina fue encontrada colgada con sus propios cordones. No era la primera vez que intentaba suicidarse. Contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables, no fue llevada a un hospital para determinar qué sustancia la tenía en ese estado ni para un chequeo completo. La querella no prosperó y su muerte, en agosto de 2012, quedó registrada como un "egreso" más del sistema.
Guillermina tenía un historial de consumo de alcohol, drogas y depresión, además de un embarazo adolescente. A pesar de haber estado mucho tiempo en situación de calle, nunca fue diagnosticada con ninguna patología psiquiátrica grave. Este caso, junto con el de Lissette, ilustra la falta de preparación y recursos adecuados en los centros.
La problemática de las cifras y la sobremedicación
Caos estadístico y falta de datos fiables
Lo único claro respecto al número de menores vulnerables muertos cada año bajo la tutela del Estado es que no se sabe con certeza. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos durante 2010 era cinco veces el reportado. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a los menores del área "protección".
BBC Mundo analizó los anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014, arrojando 318 fallecimientos que, sumados a los 77 correspondientes a ese período de la lista entregada por Justicia, darían un total de 395. Sin embargo, el número oficial no parece confiable ni siquiera para quienes lo publicaron. Francisco Estrada, abogado experto en infancia y exdirector del Sename, explicó a BBC Mundo que es posible que la información esté replicada, ya que la muerte de un niño podría ser contabilizada como egreso en distintos programas. El diputado Saffirio criticó que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales".
La sobremedicación y sus riesgos
La "poca prolijidad" con la que se manipulan los medicamentos en los centros es "generalizada", según Estrada. El stock está en cualquier parte, cualquiera lo manipula y hay problemas graves con la dosificación. El problema es grave, considerando que, según el senador Alejandro Navarro, el 63% de los niños están con tratamiento farmacológico y más de 3.000 niños están sin la debida atención médica de personal especializado. La situación se extiende más allá de las puertas del Sename, pues "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región [América Latina] y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura Estrada. Además, la mayoría de los menores requieren medicación, pero hay pocos psiquiatras infantojuveniles y muchos prefieren trabajar en el sector privado, dejando regiones sin este especialista.
Perspectivas y propuestas para la reforma
Análisis histórico y reflexiones académicas
La académica Ximena Illanes y el doctorante Miguel Morales, del Instituto de Historia UC, publicaron una columna en El Mercurio sobre la necesidad de otorgar una perspectiva histórica a la crisis del Sename. La crisis ha sido abordada desde diversas disciplinas, destacando los problemas de atención médica (especialmente psiquiátrica), la mala infraestructura y la falta de recursos. Illanes y Morales señalan que la situación actual "volvió a instalar la pregunta por el estado actual de las políticas de protección hacia la infancia vulnerada en nuestro país", y que los casos de menores fallecidos "parece tratarse de hechos sistemáticos y prolongados en el tiempo".
Los académicos explican que los menores vulnerados e institucionalizados son "verdaderos espejos de una sociedad y su historia". Remitiéndose a la Edad Media, donde existían instituciones de asistencia para acoger a miles de criaturas abandonadas, y al caso de Chile, donde los registros mencionaron historias de maltratos y abusos, sugieren que el uso del concepto de abandono puede promover "la invisibilización de la precariedad y desigualdad social de los niños, niñas y sus familias". Más allá de las investigaciones concretas, sugieren que las estrategias futuras deberían relacionarse con "la conservación los vínculos existentes", haciendo partícipes a sus familias o a través del personal que convive diariamente con los niños y niñas. Los investigadores se preguntan "¿Cuáles son las estrategias del siglo XXI?" y cómo ha cambiado la relación de la sociedad con la infancia, respondiendo que las instituciones que forman parte del Sename deberían ir más allá de la protección de derechos, ofreciendo una mirada sobre la infancia como parte integrante y partícipe de la construcción de una sociedad.
Pilares para una solución definitiva
Francisco Estrada propone tres pilares para una solución definitiva: un apoyo y seguimiento psiquiátrico adecuado con "unidades polivalentes, con niños adecuadamente medicados, con personal dedicado que también trabaje con las familias y no que las aísle". El segundo pilar es que el objetivo final sea que los niños vuelvan con sus familias de origen. "Los niños son internados por pobreza. Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo", afirma. Estela Ortiz coincide, preguntando "¿Por qué no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal? ¿No hay una estigmatización de la pobreza también?".
Finalmente, Estrada plantea la necesidad de que los niños cuenten con una defensa jurídica adecuada "que vele porque todos los actores del proceso hagan su trabajo", a diferencia de los menores "infractores de ley" que sí cuentan con buenos defensores. El Consejo para la Infancia, al mediano plazo, pretendía cerrar el Sename y realizar una transición a un nuevo servicio, que Ortiz esperaba "dejar instalado" en el gobierno. Sin embargo, "los niños no pueden esperar".
VIDEO Reportajes T13 El negocio de los niños del Sename reportaje
La transición a "Mejor Niñez" y los desafíos actuales
Puesta en marcha y primeras dificultades
A partir de la promulgación en marzo de 2022 de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia, Chile cuenta con un marco normativo general para enfrentar integralmente la protección de sus derechos. Con la puesta en marcha del nuevo servicio Mejor Niñez en octubre de 2021 para la atención de los niños, niñas y adolescentes vulnerados en sus derechos, y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil, el país busca una institucionalidad más robusta. Sin embargo, a dos años de la implementación del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como “Mejor Niñez”, su comienzo generó grandes expectativas que no se han cumplido del todo.
El 1 de octubre de 2021, la puesta en marcha del nuevo Servicio adoleció de imperfecciones y errores. Tan solo 15 días antes de que el Sename cerrara sus puertas, las autoridades inauguraron una nueva residencia de administración directa, lo que se considera una irresponsabilidad dado el proceso de traspaso y cierre institucional. Varios de los problemas que caracterizaron al antiguo Sename no solo no se han superado, sino que en algunas áreas son aún más graves. Los problemas en las licitaciones de los proyectos de “Mejor Niñez” han sido tan serios que justificaron la creación de una comisión especial investigadora en el Congreso.
Persistencia de problemas estructurales
El número de supervisiones realizadas por “Mejor Niñez” es bajo respecto del total de residencias y programas, aunque explicable dados los déficits en la contratación de personal. La instalación de nuevas residencias ha presentado dificultades, incluso obligando al cierre de más de alguna. Las causas de estos problemas son variadas, vinculadas a la labor legislativa, como la aprobación de la ley que crea el Servicio antes de la Ley de Garantías, o un período de vacancia muy acotado que no se condice con la magnitud de las tareas. Otras se relacionan con la decisión de contar con un equipo implementador de apenas seis personas, varias sin experiencia previa en el sistema proteccional.
La actual directora de Mejor Niñez ha sido franca ante la comisión investigadora sobre los nudos críticos que presenta el Servicio, lo que se considera un avance. Reflexionar críticamente sobre los primeros años de implementación permite considerar las lecciones aprendidas e intentar enmendar el rumbo, aunque esto requerirá esfuerzos significativos y transversales de todo el Estado y la sociedad.
Reflexión final sobre la protección institucional
La normalización de la negligencia y el maltrato
El reciente informe de la PDI, que da cuenta de la violencia sistemática en contra de niños y niñas en residencias de protección, confirma que la precariedad de la atención residencial y las deficiencias de funcionamiento de los centros no son excepcionales, sino que responden a un problema transversal. Este informe se suma a una serie de documentos que, desde 2012, evidencian la profunda crisis que afecta a las residencias del país. La protección institucional de la infancia siempre ha sido un desafío complejo. No se trata de una voluntad premeditada de vulnerar derechos, pero sí existen condiciones estructurales y prácticas anquilosadas que normalizan y reproducen formas de violencia difíciles de desarticular.
El daño de la vulneración de derechos siempre va acompañado de un sufrimiento que es consecuencia de la separación afectiva y la pérdida de vínculos al ingresar a una institución residencial. Desconocer sistemáticamente este problema perpetúa el temor y la desconfianza hacia las instituciones encargadas del cuidado. Cuando estas instituciones están fuertemente cuestionadas, se produce una crisis de confianza que fragiliza las condiciones para el cuidado. Si no hay un proceso que permita comprender y reconocer cómo se normaliza la negligencia y el maltrato, es probable que seamos testigos de nuevas formas de violencia institucional, independientemente de mejoras en infraestructura o recursos económicos. Es preocupante que el logro de la política pública en infancia se exprese en mejoras de infraestructura, cuando lo que debería importar es que quienes habitan esos espacios sean cuidados y tratados con dignidad.
Hacia una cultura de cuidado y respeto
El aumento de recursos a instituciones colaboradoras y los cambios en la infraestructura no suponen una transformación que remueva la cultura de malos tratos alojada en los cimientos del sistema. Hoy más que nunca se requiere una política pública de protección enfocada en brindar herramientas y condiciones para que las personas que trabajan y cuidan de los niños puedan realizar esta compleja tarea acompañadas y apoyadas permanentemente. Se requiere de personas sensibles a las experiencias e historias particulares de cada niño y niña. Las políticas de infancia deben ser, ante todo, respetuosas de los niños, sus familias y comunidades.
La grave situación descrita en estas investigaciones sale a la luz en medio de la discusión para la creación del nuevo Servicio de Protección de la Niñez, que reemplazará al Sename. Es esencial garantizar que esta nueva institución no reproduzca los graves problemas existentes. Teniendo presente la relevancia de contar con un nuevo servicio especializado de protección, es necesario mirar este proyecto considerando la preexistencia de problemas estructurales que obstaculizan el desarrollo de una institución que efectivamente promueva una cultura de cuidado de los vínculos, las historias y las vidas de los niños, sus familias y los trabajadores de la infancia.