La situación del Servicio Nacional de Menores (Sename) en Chile ha sido objeto de una profunda y dolorosa investigación pública, revelando un sistema con graves deficiencias estructurales que han impactado directamente en la vida de miles de niños, niñas y adolescentes bajo su tutela. Casos emblemáticos, como el fallecimiento de Lissette Villa, han puesto de manifiesto la precariedad de la atención, la falta de recursos, la sobremedicación y la ausencia de protocolos adecuados, lo que ha impulsado una serie de auditorías y propuestas de reforma por parte de diversos gobiernos, incluido el de Sebastián Piñera.
El Caso Lissette Villa: Un Reflejo de la Crisis
El lunes 11 de abril de 2016, cerca de las 20 horas, un llamado de auxilio alertó a la 17ª Compañía de Bomberos de Santiago. No se trataba de un incendio, sino de una emergencia en el Centro Galvarino del Sename, donde una niña de 11 años, Lissette Villa, se debatía entre la vida y la muerte. Al llegar, solo encontraron a una auxiliar de Enfermería intentando salvarla. A pesar de los esfuerzos de los bomberos y la llegada de la ambulancia del SAPU, ya era tarde; Lissette falleció.
Su muerte abrió una ventana al sistema del que dependen más de 5 mil niños y adolescentes en situación de abandono, riesgo o que han cometido delitos. La historia de Lissette grafica el periplo de gran parte de los niños que llegan a los hogares del Sename. A los 5 años, un ambiente familiar adverso, marcado por abuso sexual y maltrato físico, llevó a un juez de familia a trasladar a Lissette al hogar “Regacito”. A partir de ese momento, la niña protagonizó un largo ir y venir entre su casa y distintos hogares, transitando más de diez veces entre su hogar y los centros estatales.
Lissette no fue protegida adecuadamente. En 2014, su estado clínico empeoró al ser separada de su hermana en un hogar de María Ayuda, lo que requirió un mes de internación hospitalaria y estabilización con psicofármacos. Desde entonces, nunca dejó de recibir tres dosis diarias de medicamentos hasta el paro cardio-respiratorio que la mató el 11 de abril. La fiscal Erika Vargas inició una investigación por cuasidelito de homicidio, centrándose en la ficha médica de Lissette para dilucidar si la niña estaba sobremedicada, una acusación que Sename se negó a comentar.
La Problemática de la Medicación y el Consumo de Drogas en Centros del Sename
Testimonios de profesionales y funcionarios de diversos hogares del Sename en la Región Metropolitana confirman que la mayoría de los menores que habitan esos centros son medicados a diario con psicofármacos. CIPER accedió a un listado de estos medicamentos suministrados a niños y adolescentes bajo tutela del Sename.
Psicólogos, trabajadores sociales, psiquiatras, enfermeros y educadores revelaron que, si bien muchos jóvenes requieren atención farmacológica especializada, los psicofármacos también cumplen una función de control. Como explica la Dra. Cecilia Ruiz, siquiatra infanto-juvenil, estos medicamentos ayudan a "reducir conductas disruptivas que pueden llegar a complicar el manejo dentro de las unidades", una necesidad que se ve exacerbada por la falta de educadores (la proporción ideal de un educador por cada ocho jóvenes se distorsiona a 15-20 jóvenes por educador).
La Dra. Ruiz analizó el listado de psicofármacos, señalando que, aunque los medicamentos y sus dosis iniciales no llamen la atención, es crucial considerar quién los prescribe, quién los administra y cómo se combinan. Por ejemplo, medicamentos siquiátricos pueden tener efectos cardiovasculares e interactuar entre sí, potenciando o debilitando sus efectos, lo que hace que incluso un antibiótico pueda causar problemas. Esta aprensión se corrobora por profesionales del Sename, quienes destacan la escasez de atención psiquiátrica: en el CIP/CRC de San Joaquín, por ejemplo, las duplas psicosociales no tenían reuniones con el psiquiatra a cargo desde enero.
Mensualmente, los centros de administración directa del Sename en la Región Metropolitana consumen más de 10 mil dosis de medicamentos de uso psiquiátrico. Para abastecerse, Sename adjudicó una licitación por $43 millones a la Sociedad Farmacéutica Lobos y Compañía. Entre los 17 tipos de antidepresivos, antipsicóticos neurolépticos y tranquilizantes ansiolíticos, cuatro medicamentos tienen un consumo promedio de más de 1.000 dosis mensuales. La risperidona, un antipsicótico para tratar síntomas de esquizofrenia, bipolaridad y problemas de conducta, encabeza la lista con 2.560 dosis al mes.
Otros psiquiatras consultados coinciden en la importancia de una evaluación diagnóstica previa, no solo psiquiátrica sino también física, antes de medicar a un menor. La "poca prolijidad" en la manipulación de estos medicamentos en los centros es generalizada; el stock está en cualquier parte y cualquiera lo manipula, generando problemas con la dosificación y la ingesta efectiva de los fármacos. El psiquiatra Rodrigo Paz, parte de la querella por la muerte de Lissette, afirmó que su "impresión clínica es que Lissette estaba sobremedicada" con fármacos como la benzodiazepina y sertralina, este último pudiendo generar efectos adversos como agresividad e irritabilidad en menores.
En el CREAD Galvarino, donde Lissette falleció, 45 de los 102 menores recibían medicación diaria, principalmente psicofármacos, a pesar de la ausencia de un psiquiatra permanente. La Comisión Interinstitucional de Supervisión de los Centros dependientes de Sename (CISC) constató en 2013 que la atención psiquiátrica dependía del sistema público, con horas solicitadas por teléfono, evidenciando una atención deficitaria. Trágicamente, poco antes del fallecimiento de Lissette, Sename había lanzado un concurso para contratar un psiquiatra por 10 horas semanales para el centro.
Tratamiento para Adicciones y Administración de Fármacos
En los Centros de Internación Provisoria (CIP) y Centros de Régimen Cerrado (CRC), la atención psiquiátrica se provee con un psiquiatra que asiste algunas horas a la semana, mientras que el tratamiento para las adicciones a drogas y alcohol es externo. Un trabajador del CIP San Joaquín aseguró a CIPER: "Hay una larga lista de espera, hay chicos que esperan hasta dos meses un tratamiento de droga".
El protocolo del Sename indica que solo enfermeros o paramédicos están autorizados para suministrar medicación. Sin embargo, la realidad es otra: "Como este es un centro grande y a veces el personal no da abasto, son los educadores los que suministran los fármacos", y como no tienen la experticia, los jóvenes a veces no los ingieren, los esconden y los consumen con otros. En el CIP San Joaquín, 139 de 240 adolescentes reciben medicación diaria; en el CRC de Til Til, 65 de 80 internos son medicados diariamente.
Para casos de descompensación, se utiliza un "cóctel de fármacos de emergencia" llamado "SOS". Además de sedantes diarios (aradix, clonazepam) para hiperactividad y ansiedad, existe un segundo "SOS" que se suministra vía inyección intramuscular con efecto casi inmediato, compuesto por benzodiacepina y un antipsicótico como la clorpromacina.
Auditoría y Respuestas del Gobierno de Sebastián Piñera
En el mismo centro Galvarino donde falleció Lissette Villa en 2016, el Presidente Sebastián Piñera, junto a la entonces directora del Sename, Susana Tonda, entregó en 2018 los resultados de la primera auditoría social a las residencias de menores administradas directamente por el Estado. Este estudio, anunciado el primer día de su gobierno, se realizó entre el 2 y el 11 de mayo de ese año sobre 11 Centros de Reparación Especializada de Administración Directa del Sename (Cread), que atienden a 758 niños, niñas y adolescentes, logrando entrevistar a 473 de ellos.
Las conclusiones fueron descritas por el Mandatario como "tristes y a veces dramáticas", y reflejaron que "el Estado de Chile no está cumpliendo con su responsabilidad". Entre los hallazgos más críticos:
- El 45% de los menores no estaba matriculado en establecimientos educacionales.
- El 48% presentaba rezago escolar.
- El 55% padecía problemas de salud mental.
- El 42% mostraba un consumo problemático de alcohol y drogas.
La directora Susana Tonda señaló que estos son "niños de alta complejidad" que requieren planes de intervención complejos, personal altamente formado y más recursos en salud y educación. Además, se buscaba mejorar los Planes de Intervención Individual, ya que "casi un tercio no está con las evaluaciones adecuadas".
Además de esta auditoría, el gobierno anunció que entre julio y septiembre se revisarían los 220 centros de organismos colaboradores (subvencionados por el Estado) y que se ingresarían indicaciones a la ley de adopciones. La diputada Marcela Sabat valoró la disposición del Presidente Piñera de auditar el Sename, mientras que el exsubsecretario de Justicia Nicolás Mena cuestionó la parcialidad de una auditoría solo a los Cread, recordando que los resultados eran "algo bastante conocido" y que ya se impulsaban cambios interministeriales en el gobierno anterior.
El estudio también constató déficits en el alto número de licencias médicas, funcionarios sumariados, formación insuficiente y ambientes laborales complejos. El ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, ratificó que "los niños no están recibiendo lo que necesitan".
Deficiencias Estructurales y Operacionales del Sistema
Hacinamiento y Falta de Personal Especializado
La auditoría también reveló que en el CREAD Galvarino, diseñado para 70 niños, se acogía a 102, con la necesidad de usar colchonetas en el suelo y mezclar niños de distintas edades o sexos debido al hacinamiento. Los casilleros personales estaban en salas comunes, donde también se instalaban camas.
El estándar del Sename de un educador por cada ocho niños no se cumple; cada funcionario atiende a más del doble. En el Galvarino, había solo 10 educadores para 102 niños (dos por cada una de las cinco casas), resultando en un promedio de 30 niños por funcionario, lo que imposibilita un trabajo en profundidad. Al igual que en Galvarino, las alertas sobre la situación crítica del CREAD Pudahuel (para 100 menores de 12 a 17 años) estaban sobre la mesa desde 2013, indicando la necesidad de atención en salud psiquiátrica y la capacitación de educadores sociales.
La aprensión de la doctora Ruiz sobre la falta de atención psiquiátrica se ve corroborada por profesionales que trabajan en centros del Sename, quienes hacen hincapié en que la atención psiquiátrica es escasa. "Chile tiene la tasa de suicidio adolescente más alta de la región y no tiene camas para hospitalización psiquiátrica infantojuvenil", asegura el abogado Francisco Estrada.
Falta de Protocolos y Carencias en Capacitación
El caso de Lissette puso en evidencia la falta de protocolos adecuados. Ninguna de las cuidadoras presentes durante su crisis tenía conocimientos en primeros auxilios o estudios superiores/técnicos. La entonces directora del Sename, Mariela Labraña, atribuyó su muerte a una "crisis emocional" causada por la ausencia de un familiar, una explicación que le costó el puesto y fue considerada poco ética. "La institución no tiene protocolos ni normas de primer nivel. Ese es uno de los grandes problemas; no hay sistema de acreditación, no hay normativas con altos estándares para todos igual", dice María Estela Ortiz, secretaria ejecutiva del Consejo Nacional de la Infancia.
Otro caso que ilustra la falta de protocolos es el de Guillermina, de 16 años, quien llegó "medio vestida" y con dinero al Centro de Protección Alborada tras ser reingresada por la policía. Se resistió violentamente y menos de media hora después fue encontrada colgada con sus propios cordones. A pesar de su historial de intentos de suicidio, consumo de alcohol y drogas, y depresión, no fue llevada a un hospital para estabilizarla o realizarle un chequeo, contrario a todo protocolo internacional de manejo de menores vulnerables.
El Caos Estadístico y la Falta de Claridad
Uno de los problemas más alarmantes es la falta de claridad en las estadísticas sobre menores fallecidos bajo tutela del Estado. Según un informe del Ministerio de Justicia de 2016, 185 menores murieron entre 2005 y mayo de 2016. Sin embargo, un reporte de Unicef reveló que el número de fallecimientos en 2010 era cinco veces mayor. El gobierno chileno aclaró que la cifra solo incluía a menores del área de "protección", excluyendo a infractores de ley. Un análisis de BBC Mundo de anuarios oficiales del Sename de 2010 a 2014 arrojó 318 fallecimientos, que sumados a los 77 del informe de Justicia para ese período, darían un total de 395.
"Hay un problema de cifras, esa es una realidad. Pero es parte de la complejidad del servicio", explica Estela Ortiz, añadiendo que "el Estado de Chile no cumple con sus compromisos internacionales en materia de infancia, ni siquiera sabe cuántos niños hay en sus establecimientos y mucho menos cuántos de ellos han fallecido y cuáles son sus causales". El diputado René Saffirio, quien presidió una comisión investigadora del Sename, asegura que ninguna de las 200 medidas urgentes propuestas en 2015 se cumplió. Francisco Estrada, abogado experto en infancia, señala que la información podría estar replicada, ya que la muerte de un niño que ingresó a distintos programas podría ser contabilizada como "egreso" en todos ellos.
Ya es oficial que entre 2005 y 2016, al menos 1.313 menores murieron, estableciéndose la causa de solo 23 a quienes se hizo autopsia y desconociéndose el estado de los "sobrevivientes". Las causas de muerte determinadas por autopsias son variadas y sorprenden por su grado de violencia: lactantes o preescolares ahogados con sus propios fluidos, menores muertos por golpes en la cabeza, homicidios y suicidios por ahorcamiento.
El término de la vida de un niño es equiparable a su escape de un centro o a la reinserción con su familia en las estadísticas de "egresos".
Reformas Legislativas y el Futuro de la Protección a la Niñez
Ante esta crisis, el sistema de protección a la niñez en Chile ha buscado reformas. En 2018, la Cámara de Diputados aprobó las modificaciones realizadas en Comisión Mixta al proyecto de ley que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia. Esta nueva institución reemplazaría al Sename en el cuidado de los menores, definiéndose como un servicio descentralizado, con personalidad jurídica y patrimonio propio, y sometido a la supervigilancia del Presidente de la República a través del Ministerio de Desarrollo Social y Familia.
Aunque la aprobación del nuevo Servicio Nacional fue aplaudida, para su puesta en marcha aún faltaría la aprobación de la Ley de Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia, un proyecto ingresado en 2015 al Senado. El proceso ha sido largo; el proyecto del nuevo Servicio enfrentó su primer trámite legislativo en agosto de 2018 y pasó al Senado recién en marzo de 2019 tras varias reiteraciones de urgencia.
El nombramiento de Rosario Martínez como nueva directora del Sename en 2019, tras la renuncia de Susana Tonda, generó críticas por su perfil enfocado en seguridad, dada su experiencia en la Municipalidad de Lo Barnechea y el Ministerio del Interior. Gloria Requena, directora de la ONG Activa, expresó su preocupación de que esta mirada criminológica primara sobre la protección de la infancia. El diputado René Saffirio también recordó el polémico acuerdo de colaboración entre Sename y la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) de abril de 2019, que fue cancelado por el Ministerio de Justicia, alertando sobre la entrega de información entre reparticiones con objetivos tan distintos.
Mirada Crítica y Propuestas de Solución
La crisis del Sename no es solo un problema del servicio, sino "del conjunto de la sociedad, porque durante 25 años el gobierno, el Legislativo, el Poder Judicial, la sociedad en su conjunto no se ha hecho cargo de los niños", afirma María Estela Ortiz. "Y en el caso especial de estos niños, menos todavía porque son los más pobres de los pobres. No marchan, no votan, no exigen."
El abogado Francisco Estrada propone una solución definitiva basada en tres pilares:
- Unidades polivalentes con apoyo psiquiátrico adecuado: Niños bien medicados, con personal dedicado que trabaje también con las familias.
- Objetivo de reintegración familiar: Los niños son internados por pobreza. "Vienen de padres que en su infancia también fueron maltratados y la solución no es quitárselos, sino que romper el círculo. Entregarles herramientas, acompañarlos." Estrada cuestiona que "no hay ningún niño en la institución Sename del 50% del nivel económico más alto del país, a pesar de que el abuso sexual y la violencia es algo transversal".
- Defensa jurídica adecuada: Que vele por el trabajo de todos los actores del proceso, una diferencia sustancial entre menores "infractores de ley" con buenos defensores, y los niños vulnerados que a menudo son vistos como "un trámite burocrático".
La "captura política" del Sename es una crítica recurrente. El voucher que el Estado asigna por cada menor atendido es de $200 mil mensuales, la tercera parte de lo que se destina a un preso, a pesar de que un niño con patología psiquiátrica o adicción a drogas podría requerir millones mensuales para tratamiento. José Garrido, académico de la UDD, aboga por prohibir la contratación de militantes políticos y priorizar el personal técnico capacitado para un área tan sensible. Además, plantea que el Estado Subsidiario se ha reducido a la entrega de un voucher, cuando debería administrar justicia y proteger los derechos vulnerados de los niños.
En el segundo semestre de 2014, cuando en María Ayuda decidieron que Lissette debía ser internada en una Unidad de Corta Estadía en un hospital, allí permaneció por un mes con medicamentos que la mantuvieron dopada. Según un funcionario, en ocasiones Lissette debió ser amarrada a una cama. Cuando salió del hospital, iba a ser devuelta al hogar de María Ayuda, pero allí se negaron a recibirla porque su caso requería un nivel de tratamiento que ellos no podían proporcionarle. Los tres fármacos que se le suministraban a diario fueron recetados por el profesional que la atendió en el Hospital San Borja, recinto que se hizo cargo de su tratamiento psiquiátrico cuando volvió al Galvarino, donde también recibía atención neurológica y psicológica. La última atención de Lissette en el San Borja fue cinco días antes de su muerte, el 6 de abril, para su visita mensual y exámenes físicos y de sangre para monitorear su evolución.
En su trabajo de campo, Garrido observa a niñas de 13 años con hijos, "muy erotizadas y violentas", y niños de 11 años que entran al Sename tras cometer 30 delitos o adictos a las drogas que llegan al Hospital Psiquiátrico de la U. Estos niños, nacidos y criados en ambientes hostiles, son víctimas, no victimarios. Las escuelas municipales, únicas que los reciben, no tienen cómo hacerse cargo y terminan "derivándolos" (echándolos), sin que los profesores informen a los Tribunales de Familia. Garrido recuerda el caso de una chica violada por su hermano, asignada a un hogar, y donde poco después fue llevado su hermano por haber delinquido, continuando los abusos.
La crisis del Sename ha sido calificada como una violación a los derechos humanos en democracia. Un carabinero de Puerto Montt que investigó una red de prostitución con menores del Sename en 2014, señaló que de los tres responsables, uno está fugado, otro tiene el proceso detenido y el tercero cumple 6 años y un día de cárcel. Plantea la necesidad urgente de mejorar las instalaciones, el personal y las metodologías de los programas existentes, además de aprobar y financiar los proyectos de ley en el Congreso. La indignación ciudadana debe exigir explicaciones a ministros de Justicia, directores del Sename, parlamentarios y al Poder Judicial. Esta situación, equiparada a los abusos en la Iglesia por el abogado Juan Pablo Hermosilla, "nos va a destruir" si no se actúa con fuerza y ética.
En un estudio entre enero y abril, 405 niños de 8 a 17 años de centros Sename a nivel nacional fueron entrevistados. Casi la mitad (197) acusaron distintos tipos de vulneraciones, y uno de cada cinco, apremios ilegítimos. Este es el mapa de una sociedad que trata a sus niños "como si fuéramos una sociedad primitiva", sin cumplir la Convención de los Derechos del Niño, y si el Poder Judicial, el Ejecutivo, el Legislativo y el Ministerio Público no actúan, la crisis "va a rebasar" y "seremos condenados por violaciones a los derechos humanos en democracia".