La apropiación indebida de propiedad de adultos mayores, comúnmente conocida como abuso patrimonial, es una problemática compleja y sutil que afecta a este grupo vulnerable de la población. A menudo, este tipo de abuso pasa desapercibido o es aceptado por la misma persona mayor, lo que dificulta su detección y denuncia.
Casos de Abuso Patrimonial y sus Manifestaciones
Los casos de abuso patrimonial pueden manifestarse de diversas formas, desde situaciones de negligencia y abandono que derivan en un control indebido de los bienes, hasta la manipulación directa para obtener beneficios económicos. Viviana Carrasco, del SENAMA, relata un caso específico donde una mujer de 75 años, en buenas condiciones para una vida autónoma, era mantenida encerrada por su hija, quien temía que se perdiera. El tribunal, sin embargo, dictaminó que la hija debía hacerse cargo, lo que, en la práctica, limitó la autonomía de la adulta mayor.
Otro ejemplo de abuso patrimonial ocurre cuando el adulto mayor vive relegado en condiciones precarias, mientras sus hijos ocupan su vivienda en un estado mucho más digno. En otras situaciones, la persona mayor ni siquiera es consciente del abuso, como en el caso de la adulta mayor que dio poder a su vecina para cobrar su pensión.
Prevención del Abuso Patrimonial en Instituciones
En el pasado, antes de la pandemia, se daban situaciones de personas que acudían a residencias para hacer firmar a adultos mayores documentos sobre posesiones efectivas u otros temas de carácter monetario. Como medida de prevención, se prohibió que los residentes firmaran documentos durante los fines de semana y las visitas debían realizarse en espacios comunes. Aunque se advertía a las personas mayores con facultades cognitivas intactas, primaba su autonomía si deseaban firmar, dejando un respaldo documental como única acción posible. Con las restricciones de la pandemia, las visitas debían ser programadas.
Abuso financiero en adultos mayores | Dra. Shirley Pérez
Marcos Legales y Desafíos
El abordaje legal del abuso patrimonial es complejo en Chile. Viviana Carrasco atribuye parte de este problema a la falta de capacitación de los Tribunales de Familia, que no han evolucionado al ritmo de las necesidades actuales. Un problema más macro es que Chile no cuenta con un sistema de protección legal integral para el adulto mayor, similar al que existe para la infancia. Aunque la Ley 20.427 (de 2010) introduce el maltrato al adulto mayor en el ámbito de la violencia intrafamiliar y permite al juez ordenar medidas cautelares, todavía es insuficiente.
La Convención Interamericana y su Impacto
Un avance significativo ha sido la ratificación por parte de Chile en octubre de 2017 de la Convención Interamericana de Protección de Adultos Mayores. Esta normativa, como tratado, garantiza 27 derechos fundamentales, incluyendo cuidados, salud, acceso a la justicia, vivienda, autonomía, independencia, dignidad en la vejez y participación comunitaria.
A pesar de estos progresos, Chile es un país que envejece rápidamente, y la experta señala que "no se trata de llenar con leyes, con más residencias ELEAM, con dispositivos, si el trato al adulto mayor sigue siendo tan peyorativo y discriminador". Aunque se ha avanzado en la última década, con el SENAMA cumpliendo 18 años, aún queda un largo camino por recorrer.
Certificados de Idoneidad Mental y la Ley Zamudio
Existe un recurso legal poco conocido, pero relevante para casos de abuso: el certificado de idoneidad mental solicitado indebidamente en notarías. Legalmente, cualquier persona no declarada interdicta es capaz ante la ley. Sin embargo, ciertos familiares o allegados utilizan esta herramienta para amedrentar a los adultos mayores con bienes, alegando que "ya no pueden hacer trámites porque tienen 80 o 90 años", lo cual es incorrecto. En términos de justicia civil, ante estas situaciones, se puede aplicar la Ley por Discriminación, conocida como Ley Zamudio.
El Rol de SENAMA y Avances Institucionales
El Servicio Nacional del Adulto Mayor (SENAMA) ha desempeñado un papel crucial en la protección y promoción de los derechos de las personas mayores. En 2012, se inició el programa "Contra la Violencia y el Abuso" (hoy llamado "Buen Trato"), que ha visibilizado la problemática y generado coordinaciones para fortalecer el sistema judicial y el acceso a la justicia para este grupo.
Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato
En 2018, en el marco de la estructura organizacional del SENAMA, se creó la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato. Su objetivo es promover los derechos humanos de las personas mayores, prevenir el maltrato y la vulneración de derechos, y favorecer la coordinación psicosocial y el acceso a la justicia.
Programa Buen Trato al Adulto Mayor y el Defensor Mayor
Dentro de esta unidad se ejecuta el Programa Buen Trato al Adulto Mayor, que busca "contribuir al reconocimiento, promoción y ejercicio de los derechos de las personas mayores, a través de la prevención del maltrato que los afecta, la promoción del buen trato y la asesoría y coordinación, con las redes regionales y locales". A partir de 2019, este programa incorporó la figura del Defensor Mayor, abogados que brindan asesoría legal especializada a personas mayores o comunidades frente a situaciones de abuso, maltrato, violencia o vulneración de derechos.
Acceso a la Justicia y el Protocolo Judicial
Un avance significativo impulsado por el SENAMA junto con la Corte Suprema fue la creación del Protocolo de Acceso a la Justicia de Personas Mayores del Poder Judicial. Este hito es de suma relevancia, ya que por primera vez el poder judicial contempla específicamente a este grupo etario con un enfoque diferenciado. Además, desde finales de 2020, el Programa de Defensa Jurídica Integral para Adultos Mayores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos ofrece atención preferente y representación judicial gratuita y especializada a través de las Corporaciones de Asistencia Judicial (CAJ).
Para brindar esta atención, se conformó en cada capital regional una dupla sociojurídica, compuesta por un abogado y un trabajador social. Hasta mayo de 2021, se habían realizado casi 7.000 asesorías sociojurídicas a personas mayores, resultando en 1.636 acciones judiciales ingresadas a los Tribunales de Familia, siendo el 97% de estas causas por violencia intrafamiliar.
Fono Mayor y Orientación
El SENAMA también ha elaborado la "Guía con los principales beneficios del Estado para las personas mayores" para reducir la brecha de información. El Fono Mayor, un canal de atención del Sistema Integral de Información y Atención Ciudadana (SIAC) del SENAMA, facilita el contacto con la institución y otras reparticiones públicas, garantizando el acceso oportuno a la información.
A consecuencia de la pandemia, el Fono Mayor Covid-19 se robusteció, atendiendo 15.609 llamados entre enero y octubre de 2021, con una tasa de resolución del 90%. Esta herramienta no solo garantizó información clara y oportuna, sino que también abordó la salud mental de estas personas a través de acompañamiento psicológico y prevención del suicidio. Para 2022, se prevé la incorporación de este canal a la Unidad de Derechos Humanos y Buen Trato, con presupuesto permanente.
Impacto de la Pandemia y Nuevos Desafíos
La pandemia de COVID-19 tuvo un impacto desproporcionado en las personas mayores, siendo un grupo de riesgo significativo. Para las instituciones como el SENAMA, su protección se convirtió en un desafío de salud pública y gestión social. El SENAMA impulsó articulaciones intersectoriales e interinstitucionales para implementar medidas de prevención y mitigación, con una estrategia dirigida a quienes residen en Establecimientos de Larga Estadía para Adultos Mayores (ELEAM) y a quienes debían permanecer en sus hogares.
Estrategias durante la Crisis Sanitaria
Se identificaron las características del problema en los ELEAM, profundizando en el componente sanitario, articulando una estrategia colaborativa y conformando nuevos equipos profesionales. También se dispuso una estrategia de acompañamiento domiciliario para adultos mayores que necesitaban servicios de evaluación, tratamiento o seguimiento, evitando su asistencia a centros de salud para descongestionarlos y prevenir contagios.
En este contexto, proteger y promover los derechos humanos fue fundamental. Acciones destacadas incluyen la adaptación del Fono Mayor, que incrementó su equipo e incorporó atención psicológica, y la facilitación de espacios de participación virtual para personas mayores. Se realizaron reuniones para modificar medidas de confinamiento, generar propuestas para garantizar la participación electoral e implementar acciones relacionadas con la salud mental.
La estrategia de prevención y mitigación en los ELEAM implicó coordinar alianzas público-privadas para resguardar la salud de los residentes. La pandemia ha evidenciado la necesidad de repensar el papel del Estado en el abordaje de las problemáticas de las personas mayores, no solo mejorando la oferta existente, sino también comprendiendo las nuevas necesidades y sumando actores en este desafío transversal.
Retos Futuros
La pandemia ha dejado en evidencia varios retos, como la brecha digital de las personas mayores, la importancia de la inclusión tecnológica y el abordaje de la salud mental, un ámbito donde se revelaron importantes afectaciones debido a las restricciones de movilidad.