La crisis del Servicio Nacional de Menores (SENAME) en Chile ha puesto en relieve la constante vulneración de derechos de la infancia en el país. Este organismo, creado en 1979 durante la dictadura militar, históricamente ha mantenido un enfoque tutelar hacia la infancia, viéndola como un estado irregular que requiere control y "reparación", replicando una visión del niño como objeto que recibe ayuda del Estado.
Ante esta situación, se han planteado diversas medidas y reformas. El Programa 24 Horas, diseñado en 2009 e implementado en 2010, fue una iniciativa intersectorial entre la Subsecretaría de Carabineros, el SENAME (dependiente del Ministerio de Justicia) y la Subsecretaría de Prevención del Delito (dependiente del Ministerio del Interior y Seguridad Pública). Este programa se concibe como un modelo de gestión territorial intersectorial, buscando la complementariedad y sinergia entre sus modalidades y otros programas. Las oficinas que sirven como puerta de entrada a este programa se encuentran en ciudades clave como Arica, Iquique, Antofagasta, Calama, Copiapó, Coquimbo, Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua, Talca, Los Ángeles, Temuco y Puerto Montt.
La profundidad de la crisis se evidenció con el fallecimiento de Lissette Villa (11 años) en el Centro de Reparación Especializada de Administración Directa (CREAD) Galvarino en Santiago, revelando una serie de irregularidades. Posteriormente, el propio SENAME informó que entre 2005 y 2006 fallecieron 210 niños(as) en centros dependientes del organismo, cifra que ascendió a 865 decesos en 11 años.
Reformulación Institucional y Nuevo Paradigma
En respuesta a la crisis, el gobierno de Michelle Bachelet anunció medidas como el aumento del presupuesto del SENAME y su división en dos instituciones. El 5 de octubre, la entonces presidenta detalló una serie de acciones a corto, mediano y largo plazo para reformular el organismo gubernamental. Dimas Santibáñez, del Departamento de Antropología, opina que esta iniciativa, si se concreta, traería un cambio institucional importante, dejando atrás el concepto de subvención que, a su juicio, genera prácticas perversas al asignar recursos diferenciales según el problema de cada niño(a). Más allá de la separación, se considera necesario repensar los recursos estructurales para las dos nuevas instituciones y definir si la estructura será centralizada o con políticas a nivel local.
La psicóloga jurídica y académica, Viviana Soto, recalca que el Estado ha actuado de manera lenta y tardía, siendo perentorio un nuevo trato con la infancia basado en un paradigma totalmente distinto. Este nuevo enfoque implica reconocer que, a pesar de los avances desde los años 90 (como la ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño), persisten formas de maltrato infantil aún no reconocidas, influenciadas por la idea de que los niños son "personas inacabadas e insuficientes". También se destaca el "maltrato poco visible" que sufren los niños(as) afectados por conflictos no resueltos de sus padres, como disputas por la tutela.
Crisis al interior del Sename
Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ("Mejor Niñez")
El 1 de octubre de 2021, entró en funcionamiento el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como "Mejor Niñez", reemplazando al SENAME. Sin embargo, a tres años de su implementación, el nuevo sistema aún enfrenta desafíos. Las residencias que acogen a casi 4.700 menores vulnerados presentan sobrecupo, y un centenar de niños(as) están en lista de espera. Además, la convivencia de niños(as) con y sin antecedentes policiales ha generado conflictos graves, provocando el cierre de 43 hogares. En este contexto, la directora nacional de "Mejor Niñez", Gabriela Muñoz, presentó su renuncia el 5 de abril.
Marco Normativo Actual
La promulgación de la Ley sobre garantías y protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia en marzo de 2022 dota a Chile de un marco normativo general. Con la puesta en marcha de "Mejor Niñez" y la creación del Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil (con fiscales, jueces y defensores expertos en responsabilidad penal adolescente), se busca establecer una institucionalidad más robusta para el respeto, protección, promoción y realización de los derechos de la niñez y adolescencia. Es esencial que las políticas públicas aseguren condiciones socioeconómicas suficientes para que las familias puedan cumplir su rol protector.
Hallazgos del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) en 2017
Entre enero y abril de 2017, un equipo de más de 60 profesionales del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) realizó una misión de observación en 171 centros de todas las regiones de Chile. Los objetivos fueron: evaluar el cumplimiento de derechos humanos, las condiciones laborales de los funcionarios e indagar sobre eventuales vulneraciones a niños, niñas y adolescentes (NNA) residentes. Se entrevistó a directores, encuestó a trabajadores y se aplicó un cuestionario estructurado a 401 NNA (una muestra representativa del total de 2.688 NNA institucionalizados entre 8 y 17 años).
Es importante destacar que en Chile, de 250 centros existentes, solo 11 (4,4%) eran CREAD administrados directamente por el SENAME, mientras que el 95,6% restante era gestionado por organizaciones colaboradoras acreditadas.
10 Temáticas Relevantes Identificadas en el Estudio del INDH:
-
Perfil de Niños, Niñas y Adolescentes (NNA)
La población en estos centros es predominantemente femenina (63,5%), y el 60% de las niñas y adolescentes tienen entre 8 y 13 años, constituyendo el grupo más numeroso (37,8% del total).
-
Perfil de los Trabajadores
La mayoría del personal (87,9%) son mujeres, lo que indica una feminización del equipo en los centros del SENAME.
-
Condiciones de Vida y Cuidado
Las necesidades básicas (camas, acceso a baños, comedor, cocina) generalmente están cubiertas, pero la calidad de las instalaciones no es óptima, faltando calefacción adecuada, espacios de recreación y condiciones para resguardar la identidad y privacidad de los NNA. Es preocupante que en un 20% de los casos convivan adolescentes con niños de menor edad o no se les separe por sexo en los dormitorios.
Un 21% de los centros presenta sobrecupo, llegando al 50% en el 12,5% de los casos y superando el 75% en un 3%. En un 1,6% de los establecimientos, los NNA reciben solo 1 o 2 comidas diarias (afectando al 3% de centros con lactantes y preescolares). El 16% de los NNA entrevistados declara pasar hambre.
El 22% de los NNA no siempre se siente tratado con respeto y cariño por el personal, y el 34% reporta trato discriminatorio (por género, apariencia física u otras características) por parte de los funcionarios.
-
Vinculación con el Medio
En un 4% de los centros, los NNA no están autorizados a hablar directamente con el juez. Aunque el 72% de los centros reporta que los NNA pudieron hablar con los jueces de familia, solo el 32% de los NNA confirma esta posibilidad.
-
Educación
El 93% de los NNA asiste a un establecimiento educacional, pero este porcentaje baja al 88% para niños entre 14 y 17 años (8% por debajo del promedio nacional). El 20% presenta retraso escolar. Solo el 78% recibe apoyo en sus tareas. Es alarmante que el 77% de los centros declara "autorizar" a los padres a participar en reuniones de apoderados, lo que, sumado a la vulneración de derechos, afecta su acceso y progreso educativo.
-
Familia e Identidad
El 40% de los centros restringe los horarios de visita familiar, y el 30% no permite más de dos visitas semanales. Además, en el 57% de los casos, el centro está fuera de la comuna de origen familiar, lo que puede generar desarraigo, soledad y pérdida de identidad. El 16% de los centros utiliza el retraso al ingreso de visitas como sanción, y el 13% las suspende por mal comportamiento del niño(a). El INDH señala que la falta de criterios uniformes del SENAME permite prácticas muy diversas que vulneran los derechos de los NNA en este ámbito.
-
Salud Mental
El 69% de los NNA de 14 o más años presenta sintomatología depresiva. Es preocupante que el 45% de quienes muestran al menos un síntoma no ha podido acceder a atención psicológica o psiquiátrica, y el 70% no se encuentra en tratamiento.
-
Violencia Institucionalizada
El 80% de los NNA encuestados declaró haber recibido algún tipo de castigo por parte del personal en los últimos 12 meses. Un 15% fue privado de contacto familiar, un 7% fue dejado sin comida, otro 7% fue encerrado, y el 12% fue "contenido físicamente". El 46% reportó maltrato psicológico por parte del personal, el 12% agresión física leve y el 6% agresión física grave (patadas, quemaduras de cigarro).
-
Violencia entre Pares
El 48% de los NNA entrevistados ha sido objeto de maltrato físico y/o psicológico reiterado por parte de otros menores, afectando por igual a niños y niñas de todas las edades. El 46% sufrió violencia psicológica y el 13% física reiterada. Es crítico que al menos el 19% de los centros no tenga protocolos para estas situaciones.
-
Abuso Sexual
El estudio arrojó 23 casos (6,4% de prevalencia) de abuso sexual sufridos en los últimos 12 meses, con otros 4 casos ocurridos en el centro actual o anterior, y 5 casos anteriores al período. 8 de cada 10 víctimas de abuso sexual son niñas, lo que indica una feminización de las víctimas. En el 78% de los casos, el abuso fue cometido por otro menor, y en un 7% por un adulto del centro. El 69% de las víctimas sigue en contacto con el agresor, y el 52% sufrió abusos reiterados. El 66% de los NNA abusados lo experimentó antes de los 14 años.
Conclusiones y Recomendaciones del INDH
Las conclusiones del estudio del INDH son extensas, destacándose:
- Toda prohibición de relación entre familiares y NNA bajo protección debe estar fundada en una resolución judicial y en el interés superior del niño(a).
- El Estado debe establecer criterios uniformes para la regulación de visitas familiares (días, horarios, frecuencia, supervisión) en las residencias.
- No se debe utilizar la prohibición de visitas o comunicación familiar como sanción por mala conducta del NNA o atrasos de los familiares.
- Desarrollar medidas para preservar la identidad de los NNA, como un "libro de vida" que permita reconstruir su pasado y registrar su experiencia.
- Atender la estabilidad emocional de los cuidadores y profesionales para que puedan cumplir su función de sostén y contención.
- Promover el conocimiento y observancia de los protocolos del SENAME en materia de maltrato, así como de la Ley N° 21.013 que sanciona el maltrato a NNA, adultos mayores y personas con discapacidad por parte de quienes tienen deber de cuidado.
- Generar las condiciones que garanticen el derecho de los NNA a ser oídos y denunciar abusos sexuales, con mecanismos de denuncia efectivos que no dependan de una sola pregunta.
- Capacitar a los trabajadores de las residencias para una escucha efectiva y la identificación de situaciones de riesgo o abusos sexuales.
Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del Sename
En su tercera cuenta pública, el Presidente Gabriel Boric anunció la creación de la Comisión de Verdad, Justicia y Reparación para Víctimas del Sename. Esta iniciativa busca que el Estado se haga cargo de las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos de NNA que estuvieron bajo la tutela del ex Servicio Nacional de Menores, actualmente Servicio de Protección Especializada y Servicio de Reinserción Social Juvenil. Este anuncio se produce en un contexto de grave crisis del Servicio de Protección de la Infancia, que no ha logrado superar los problemas del modelo del SENAME. El Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas ya había concluido en 2020 que Chile es responsable de vulnerar grave y sistemáticamente los derechos de NNA en centros de protección.
Este tipo de comisiones no son inéditas. En Chile, la "Comisión Nacional de la Verdad y Reconciliación" de 1990 investigó violaciones a los DD.HH. durante la dictadura de Pinochet. A nivel internacional, existen ejemplos como:
- Sudáfrica (1995): Comisión de la Verdad y Reconciliación tras el apartheid, con amplios poderes investigativos y la posibilidad de amnistiar a responsables.
- Canadá (2008): Comisión de la Verdad y la Reconciliación para esclarecer abusos sistemáticos contra pueblos indígenas en internados educativos, reconociendo un "genocidio cultural".
- Argentina: Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) para la dictadura militar (1976-1983), logrando el encarcelamiento de generales y recomendando asistencia económica a víctimas.
- Perú (2001): Comisión de Verdad y Reconciliación para investigar abusos durante el conflicto armado interno (1980-1990), siendo pionero en audiencias públicas y abordando la violencia sexual contra mujeres.
- España (2023): Comisión de Trabajo sobre la Memoria y la Reconciliación con el Pueblo Gitano, buscando el reconocimiento de esta minoría y la inclusión de su historia y cultura en la educación.
- Irlanda (1999): Comisión para la Investigación del Abuso Infantil (CICA) tras denuncias de abuso sexual de menores por miembros de la Iglesia Católica (1937-2004), revelando miles de víctimas en instituciones educativas.
- Australia (2012): Comisión Real de Respuestas Institucionales al Abuso Sexual Infantil, investigando casos en orfanatos, reformatorios, organizaciones juveniles, fuerzas armadas e iglesias, y haciendo recomendaciones para la protección futura.
Hacia una Reparación Integral y un Nuevo Enfoque
Se requiere un compromiso transversal para coordinar esfuerzos y abordar los índices de violencia que los NNA enfrentan en diversos ámbitos (familiar, escolar, institucional, entre pares). UNICEF apoya la articulación de actores institucionales para implementar el Plan de Acción de la Niñez y Adolescencia 2018-2025.
En el ámbito de la responsabilidad penal adolescente, es crucial establecer un Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil especializado, que coordine una oferta programática orientada a la reinserción social efectiva. También es necesario mejorar las condiciones de infraestructura y habitabilidad de los centros de privación de libertad, así como la supervisión de los programas brindados.
La Fundación Para la Confianza y la Corporación Opción han destacado la necesidad de "reconstruirse desde lo simbólico, desde el pasado y la confianza" para los niños(as) víctimas de agresiones sexuales, a través de un proceso de resignificación. El director de la Fundación apuntó a repensar los espacios de cuidado y la vinculación de protección de la comunidad. El representante de Corporación Opción señaló que, aunque el concepto de "reparación" no está explícito en las bases técnicas del SENAME, sí está presente en el trabajo cotidiano de los equipos.
Desde 1996 al 2000, el concepto de reparación en los equipos PRM (Programas de Reparación del Maltrato) se asociaba a la noción de daño, lo que llevó a una discusión y al avance hacia una "co-construcción" en la sesión psicoterapéutica, basada en un modelo constructivista. Actualmente, se habla de "re-elaboración" con una lógica narrativa, enfatizando el quiebre del continuo habitual y cómo la experiencia afecta el presente, sin buscar recuperar el pasado. Cada vez más se incorpora el concepto de restauración de derechos, entendiendo el abuso sexual como una transgresión de derechos fundamentales.
La psicóloga Josefina Martínez, del Centro de Estudios y Promoción del Buen Trato de la Pontificia Universidad Católica de Chile, planteó que el objetivo de la terapia es poner la experiencia del abuso en perspectiva, reconociendo que es un hecho dentro de la vida que no debe determinarla por completo. Su propuesta es relacionarse con un "niño completo", es decir, con un sujeto, entendiendo la reparación no solo como un objetivo, sino como un acto reparatorio que busca ayudar a la víctima a recuperar una vida digna y segura, según la ONU. Es fundamental no perder de vista que la agresión sexual es un trauma relacional, cuya superación debe ocurrir también en una matriz relacional.
Paula Vergara, Psicóloga Coordinadora CAVAS, expuso las limitaciones que enfrentan los equipos multidisciplinarios, que comienzan en la propia víctima y sus familias al determinar los ritmos y necesidades terapéuticas. No obstante, los equipos profesionales cuentan con herramientas como la interdisciplinariedad (psicólogos, asistentes sociales, psiquiatras, abogados), modelos de trabajo estructurados, coordinación con otros profesionales, supervisión y sistematización de buenas prácticas. La capacidad de los equipos especializados y formados para reparar la frustración que genera su trabajo es clave.
La académica de la Universidad de Chile enfatizó la importancia de entender los eventos traumáticos de manera no absoluta, considerando la agresión sexual como un evento externo que se configurará como trauma según la significación que el sujeto le dé. Respecto al concepto de "reparación", indicó que considerar "algo roto" estigmatiza a la víctima, y "arreglar" la posiciona en un rol pasivo. En cambio, la psicoterapia debe enfocarse en superar las consecuencias negativas y retornar al funcionamiento previo al trauma. El proceso de resignificación implica un cambio en el significado de la experiencia, integrando el acontecimiento para favorecer la coherencia interna.
Junto con la resignificación, se trabaja con el concepto de "superación", una línea de investigación reciente que comprende que las víctimas de agresiones sexuales no solo afrontan las consecuencias negativas y vuelven al funcionamiento previo, sino que experimentan un proceso dinámico de recuperación y crecimiento. La superación es un proceso positivo y gradual a lo largo de todas las etapas de la vida, no una meta final, y aceptar la agresión sexual como parte de la historia personal es una estrategia sana.