La protección a los derechos de niños, niñas y adolescentes (NNA) en Chile es un compromiso de Estado a partir de 1990, cuando el país suscribe la Convención de los Derechos del Niño. Esta realidad se observa de forma alarmante al revisar las cifras de vulneración.
Contexto de Vulneración de Derechos en Chile
Cifras Alarmantes de Vulneración
- Según el 5º informe del Observatorio de la Niñez y Adolescencia (2020), el 64% de tocamiento o violaciones son propiciadas a niñas o adolescentes mujeres.
- El informe de la Policía de Investigaciones de Chile (2021) indica que en el primer trimestre del año el delito más frecuente fue el abuso sexual a menores de 14 años, observándose un aumento del 32% de los casos.
- De los 2311 casos registrados en los primeros seis meses de 2020, se ascendió a 3070 en 2021.
- En Chile, el 73.6 % de los niños y las niñas sufre violencia física o psicológica de parte de sus padres o parientes.
- La Policía de Investigaciones registró un total de 1686 víctimas y denunciantes en casos de delitos sexuales en el primer trimestre de 2021, lo que representa un 5% de aumento respecto a los 1598 casos de 2020 en el mismo período.
- El abuso sexual contra niños y niñas de menos de 14 años de edad, con 589 casos en 2020 y 691 en 2021, es el delito más frecuente según este organismo.
- La Defensoría de la Niñez reportó la muerte de 878 niños entre enero de 2005 y julio de 2016; 200 de estas defunciones solo han sido cursadas como investigadas por la Fiscalía de Chile y la mayoría se han cerrado sin condena.
El Fenómeno del Trabajo Infantil
Otro fenómeno impactante producto del contexto de pandemia fue que, a partir de la disminución de ingresos en los hogares chilenos con niños, niñas y adolescentes, el desempleo, la baja cobertura de protección social y la falta de acceso a la salud favorecieron el aumento del trabajo infantil en Chile (Instituto internacional de estudios laborales, 2009).
Debe considerarse que “el trabajo infantil es un fenómeno amplio, complejo y multicausal, que constituye una violación de los derechos humanos fundamentales, perjudica el desarrollo infantil y puede producir daños físicos y psicológicos que perdurarán a lo largo de la vida” (UNICEF et al., 2021, p. 20).
Evolución de las Instituciones de Protección en Chile
SENAME y su Transformación
A partir del año 1979, se crea en Chile el Servicio Nacional de Menores (SENAME) mediante el Decreto de Ley 2465 (Nacional, 2022), el cual explicita el deber del Estado de auxiliar a los menores de edad integrantes del grupo familiar, especialmente si se encuentran en situaciones que pongan en peligro su desarrollo normal integral y no puedan ser solucionadas por la persona que tenga la obligación de su tuición.
El SENAME tuvo vigencia hasta el mes de enero del año 2021, cuando se publica la Ley 21302 que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, más conocido como “Mejor Niñez”. Actualmente, el SENAME se hará cargo del Servicio de Reinserción Juvenil, que se abocará al área de niños infractores de la ley.
El Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia ("Mejor Niñez")
A partir de la creación del Servicio Mejor Niñez se han desarrollado diversos programas de forma progresiva, de enfoque territorial, con el fin de dar una respuesta oportuna y de calidad a la necesidad de atención de los niños, niñas y adolescentes. Entre sus objetivos, propone desarrollar programas que aporten una mirada integral y potenciar las intervenciones familiares (Mejor Niñez, 2023).
Dentro de la oferta programática del SENAME, se encontraban los programas de cuidado alternativo (residencias y familias de acogida), los programas ambulatorios (vulneración de derechos, programas de reparación de maltrato, Programa de Prevención Focalizada, Programas de Integración Especializada, Programa de Intervención Breve, Programa de Intervención en Prácticas Abusivas Sexuales) y la Línea de Protección de Derechos (Oficina de Protección de Derechos).
El Rol de los Profesionales Interventores
Percepción y Tareas de los Profesionales
Según la literatura, quienes se desempeñan en esta área deben lidiar con fuertes presiones laborales y con las necesidades de personas en situación de pobreza, vulnerabilidad y/o violación de sus derechos, lo que genera una gran presión sobre ellos (Alfaro et al., 2012; Alfaro & Zambrano, 2009).
Se entenderá la percepción como un acto de conceptualización en que los eventos del mundo externo son organizados a través de juicios categoriales que efectúa el sujeto (Oviedo, 2004). Los factores que influyen en este proceso son las expectativas, motivaciones, objetivos y metas, estado de ánimo, familiaridad y experiencia, valor del estímulo, efecto “halo”, el significado emotivo del estímulo y la perspicacia perceptiva (Arias, 2006). Ahora bien, ¿cuáles son las tareas que desempeñan y de las cuales se vuelve relevante conocer su percepción?
Los y las profesionales con rol interventor que se contemplan en este estudio pertenecen al área social y se desempeñan en duplas psico-sociales (Psicología y Trabajo Social). Las labores que deben desempeñar apuntan al diagnóstico, diseño, implementación y evaluación de planes de intervención con NNA y sus familias, en organismos colaboradores del Servicio Mejor Niñez (Mejor Niñez, 2023).
Metodología de Estudio de la Percepción
Se utilizó un diseño fenomenológico orientado al análisis de la percepción de los sujetos entrevistados mediante sus relatos y el significado que estos le otorgan a la intervención en diversos programas del Servicio Mejor Niñez sobre vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Se utilizó metodología cualitativa con base en un enfoque fenomenológico, de tipo descriptivo, orientado a la percepción de los y las informantes en torno a sus relatos y significado que le otorgan a la intervención en diversos dispositivos psicosociales del Servicio Mejor Niñez.
En el marco del estudio, con “percepción de los y las profesionales” se comprenderá como un permanente acto de conceptualización. Participó un total de 5 informantes (mujeres n = 4 y hombres n = 1), con una antigüedad laboral superior a los seis meses, quienes se desempeñaban en diversos Programas, que cumplen el rol de protección de vulneración de derechos de los niños, niñas y adolescentes pertenecientes a organismos colaboradores del Servicio Mejor Niñez.
Se utilizó la entrevista semiestructurada, definida como una técnica útil para lograr la construcción del sentido social de la conducta individual o del grupo de referencia de un sujeto, a través de la recolección de un conjunto de saberes privados. A través de la entrevista semiestructurada, los informantes expresan su percepción respecto de la intervención sobre vulneración de derechos de NNA, la cual se ha desarrollado durante el contexto de pandemia. Las entrevistas fueron realizadas durante los meses mayo y junio del año 2022, de forma presencial y en formato en línea. La aplicación de las entrevistas consideró la firma del consentimiento informado de cada profesional, garantizando así la confidencialidad y la participación voluntaria de los sujetos entrevistados.
Percepción sobre el Proceso de Intervención
Categoría 1: Diversidad de Etapas y Complejidad
Esta categoría indaga la percepción basada en la diversidad de etapas del proceso de intervención en situaciones de vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes. Además, se indaga sobre la fase que implica mayor complejidad dentro de dicho proceso, según dicha percepción.
- Subcategoría 1: Fases específicas por programa. Cada programa de intervención cuenta con diversas fases al momento de abordar la problemática de cada niño, niña o adolescente. Según esta subcategoría, las fases dependerán casi exclusivamente del programa en el que se intervenga, por eso, es relevante conocer cómo las vivencia cada profesional dentro de su programa. Sin embargo, para el profesional interventor EI, “El proceso de intervención consta de un año aproximadamente, el cual se divide en tres etapas. El menor tiempo que un niño podría estar en el programa es 6 meses y el máximo de 1 año, esto decretado a través de tribunales de familia.
- Subcategoría 2: Fases comunes en la intervención. “La acogida, el diagnóstico, la planificación, y la evaluación” (E3). Esta subcategoría tiene sentido ya que muestra la existencia de una diversidad de fases o etapas en el proceso de intervención. Un profesional interventor de un Programa de Reparación de Maltrato indica “Acogida, el diagnóstico, la planificación, evaluación y dentro de eso lo que tiene que ver hacia la plataforma de Senainfo.
- Subcategoría 3: Complejidad general del proceso. “Yo creo que todas tienen un grado de complejidad importante” (E5).
Categoría 2: Aspectos Emocionales y Valores
Esta subcategoría está relacionada con el sentido emocional; brinda importancia a los valores personales para enfrentarse al trabajo diario con vulneración de derechos. “Las principales estrategias tiene que ver con los valores personales.
Categoría 3: Satisfacción y Frustración Profesional
- Subcategoría 1: Satisfacción. “En el trabajo en sí ha sido satisfactorio, el trabajar con los niños, con los padres” (E2).
- Subcategoría 2: Frustración. “La frustración es lo que más vivencia uno cuando trabaja con estas familias” (E3).
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Reflexiones y Desafíos en la Intervención
Tensiones y Necesidades en la Política Pública
Con base en los resultados obtenidos en esta investigación, vale la pena destacar algunas categorías sobre el proceso de intervención de los profesionales que refieren la diversidad de etapas existentes dentro de su labor y también hacen hincapié en la complejidad de algunas de ellas durante el proceso. Es necesario considerar que esta investigación desarrolla y problematiza algunos tópicos referidos a la percepción de los profesionales sobre la intervención en vulneración de derechos de niños, niñas y adolescentes, a través del trabajo cualitativo y el descubrimiento de algunas tensiones presentes, como el tipo de especialización del personal que trabaja en cada institución, la cantidad de horas, los escasos honorarios de los profesionales comparados con las extenuantes horas de trabajo y algunos desafíos que se encontraron durante el proceso de investigación.
Aun cuando los datos mostrados anteriormente se encuentran focalizados en la percepción de los profesionales, es posible inferir que la política pública en materia de infancia requiere de otro tipo de instancias que permitan una verdadera reparación en cuanto a la vulneración de derechos de NNA. Como manifiestan Lagos-Beltrán y Pérez-Luco (2020), se observa una desarticulación entre lo declarado por la Convención y las prácticas cotidianas (Observatorio para la Confianza, 2019). En este sentido, los niños y las niñas son titulares de derecho solo a nivel discursivo (Contreras, 2007; Dávila & Naya, 2006; Sola-Morales & Campos-Garrido, 2019, citados en Lagos-Beltrán & Pérez-Luco, 2020).
Desajustes Normativos y Necesidad de Enfoques Transversales
Aunado a lo anterior, existe un desajuste en cuanto a la normativa técnica versus la necesidad de construcción de dispositivos transversales en el quehacer, donde exista diálogo entre intervención y cultura, creando espacios que den respuesta a las demandas ejercidas por la sociedad, que puedan incluir diversas formas de conocimiento (“desde el arte hasta la tecnología”) y que estas formas reparen la fragmentación existente. La discusión también se asocia a la forma en que se desarrolla el proceso de intervención, donde actualmente no se generan espacios suficientes para un trabajo comunitario.
En este marco, y desde una posición reflexiva y analítica, es imperativo que los organismos colaboradores del estado cuenten con recursos suficientes, además de personal competente y capacitado, dentro de sus programas vinculados a la protección de la infancia, especialmente porque son estos operadores sociales quienes implementan las leyes y políticas públicas dentro de cada programa. Sin embargo, como lo refieren Lagos-Beltrán y Pérez-Luco (2000), en los escasos estudios realizados en Chile sobre la opinión de los operadores sociales (Contreras & Pérez, 2011; Herrera & Aravena, 2015; Marina, 1998, citados en Beltrán y Pérez-Luco, 2004), llama la atención que predomina una visión de la infancia como objeto de protección, con una incipiente concepción de sujetos titulares de derecho.
Es necesario tener en cuenta que en Chile estos profesionales son quienes deben cumplir tanto los principios fundamentales de la Convención como las demandas y responsabilidades específicas de la institución o del programa en que están insertos (Alfaro et al., 2012; Zambrano & Alfaro, 2007; Zambrano & Perez-Luco, 2004, p. 129).
Balance entre Satisfacción y Desgaste Profesional
A la luz de los antecedentes expuestos y en relación con los objetivos propuestos en esta investigación, se concluye que, si bien los profesionales, en la mayoría de los casos, tienen una percepción positiva o satisfactoria sobre la intervención en vulneración de derechos de NNA basados en ciertos avances o micro logros reportados durante el proceso, existe la sensación de que se realiza un esfuerzo sobrehumano y de que el proceso suele ser mediocre y superficial, dejando entrever una visión desesperanzadora con respecto a los resultados.
En este punto, toma sentido lo manifestado por Pizarro, quien afirma que “el individuo ve sus actos determinados por la específica posición que ocupa en las redes de relaciones sociales”; y, por tanto, ‘’su” discurso aparece como determinado también por esta posición social” (Pizarro, 1979, p. 114, citado en Valles, 1999, p. 369). El tipo de experiencia profesional en el proceso de intervención varía desde un extremo de satisfacción a uno de frustración o desgaste por parte de los profesionales, quienes encuentran mayor satisfacción cuando se logran cumplir los procesos, cuando existe adherencia del paciente o su familia al programa y cuando los recursos son suficientes para cubrir los costos de lo que implica todo el proceso. La frustración o desgaste aparece cuando el proceso se hace rutinario, o cuando se moraliza la intervención.
Las estrategias utilizadas también son variadas dependiendo de la expertiz y el programa en el que cada profesional se desempeñe; entre ellas, mencionan el autocuidado, el juego, un buen diagnóstico, conocer bien el contexto, etc. De esta forma, emerge la creatividad en el proceso, la utilización de estrategias diversas que den respuesta a las necesidades de los usuarios. Tal como lo señala Carballeda (2002), los escenarios de intervención se vuelven complejos y confusos, por lo que inesperadamente surgen otras formas de realizar el proceso por la necesidad de dar respuestas transformadoras. En lo que respecta a la articulación entre los modelos teóricos utilizados y el proceso de intervención ejecutado, los profesionales dan cuenta de que este último se realiza desde diversos modelos que se acomodan al programa dentro del cual se estén desempeñando.
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