La protección de la infancia frente a la explotación sexual es un desafío constante en Chile. Se ha implementado una estrategia de trabajo intersectorial, reflejada en el Primer, Segundo y Tercer Marco contra la Explotación Sexual Infantil, con el objetivo de salvaguardar a los niños, niñas y adolescentes (NNA) de estas vulneraciones. Sin embargo, las cifras y los casos revelan una problemática persistente y alarmante que requiere una atención urgente y coordinada.
Alcance del Problema y Cifras Alarmantes
Según datos del antiguo Servicio Nacional de Menores (Sename), durante el año 2019, los 18 proyectos de Protección Especializada de Explotación Sexual (PEE) atendieron a 1.477 niñas, niños y adolescentes. De ellos, la gran mayoría eran de sexo femenino, con edades entre 14 y 17 años, y de nacionalidad chilena. Estas cifras preliminares ya evidenciaban la magnitud de la problemática.
La preocupación por la situación ha sido manifestada por integrantes de la Comisión de Familia, Infancia y Adolescencia del Senado. La presidenta de la Comisión, senadora Carmen Gloria Aravena, declaró que "se estima que 6.000 niños están involucrados en el comercio sexual en Chile. Una cifra horrorosa y que de alguna manera nos indica que no hemos hecho las cosas bien". Este dramático dato estadístico fue complementado por Marcelo Sánchez Ahumada, gerente general de la Fundación San Carlos de Maipo, quien mencionó que "aumentó en un 100% las estadísticas de explotación sexual comercial de NNA en 3 regiones del país".
Investigaciones en Curso y Casos Emblemáticos
La Fiscalía y las policías han estado activamente investigando diversas redes de explotación sexual. Un hito importante fue la investigación iniciada en diciembre de 2016 por la Unidad de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente, que comenzó a indagar cuatro redes de presunta explotación sexual comercial infantil. Estas redes, inicialmente vinculadas a 25 niñas y jóvenes que pasaron por centros de protección del Sename, crecieron en alcance. A cinco meses del inicio de la indagatoria, el Ministerio Público detectó a otras 25 víctimas más, llegando a un total de 50 menores afectadas por este delito.
La persecutora Paola Zárate detalló que en la actualidad se cuentan con 40 niñas pesquisadas en la Región Metropolitana (34 menores de edad y seis adultas que eran menores al momento de los hechos), y alrededor de 10 niñas víctimas más en Atacama y el Maule. El fiscal nacional Jorge Abbott designó al jefe regional Occidente, José Luis Pérez Calaf, para liderar esta indagatoria a nivel nacional, trabajando junto a las fiscales Paola Salcedo y Zárate. El equipo cuenta con el apoyo de la 35a. Comisaría de Carabineros y la Brigada de Delitos Sexuales y de Menores (Brisexme) Metropolitana de la PDI, además de coordinadores regionales. Zárate explicó que desde febrero se han presentado 14 denuncias por estos hechos en la Región Metropolitana, identificando siete comunas del Gran Santiago donde ocurrirían estos encuentros de explotación sexual infantil.
En el marco de esta investigación, el Ministerio Público está ad portas de formalizar a dos personas en su calidad de clientes de las menores explotadas sexualmente. Se ha señalado que, si bien existen investigaciones vinculadas a la figura de un proxeneta, también hay casos en que las niñas efectúan contacto directo con los clientes. Es importante destacar que "no se ha advertido la existencia de ningún imputado que forme parte de la red Sename o como funcionario colaborador", puntualizó la fiscal Zárate.
El Caso Sename Pudahuel y Otras Redes
En el contexto de presuntos maltratos contra niños y adolescentes en un centro del Sename de Pudahuel, surgió una nueva línea investigativa, también conducida por la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Occidente. Se trata de la existencia de, al menos, cuatro redes de explotación sexual comercial de menores. La PDI identificó que, al menos, 25 internas y ex residentes de hogares del Sename serían víctimas de este delito. La red con mayor número de menores reclutados (al menos 20) es liderada por una familia que vive en una casa al sur de la capital. Otra red fue identificada en una casa del norponiente de Santiago.
En Atacama, en 2015, Sename se querelló contra los responsables de una red de explotación, logrando la reubicación de adolescentes por disposición del Tribunal de Familia. En este contexto, se dictaron condenas contra Yerko Robles Cepeda (4 años de presidio) y Jorge Vega Madariaga (5 años de presidio) por violación impropia y almacenamiento de pornografía infantil, además de Erick Gallardo Gallardo (541 días de presidio) por favorecimiento de la explotación sexual infantil.
El Hogar "La Granja" en La Pintana
Una delicada situación se viviría en un hogar colaborador del Sename, "La Granja", ubicado en la comuna de La Pintana. La trama, que salió a la luz tras una denuncia de familiares y una investigación periodística, revela peligrosas fugas de niñas residentes vinculadas a una presunta red de explotación sexual y abuso de menores. Vecinos han sido testigos de "gente adulta que viene a buscar a las niñas" durante la noche. Un caso particular relata cómo una joven de 12 años, impulsada a fugarse, terminó en un domicilio en Maipú con sujetos mayores de edad, donde se les pedían fotos íntimas.
Branislav Marelic, autor de un informe de observación de centros residenciales de la red Sename, explicó que estas redes de explotación no entran físicamente a los hogares, "sino que por celulares y otras personas". "Esas redes operan alrededor de estas residencias y explotan a las niñas", agregó, señalando la responsabilidad del Estado por no controlar el uso de celulares. Los delitos están siendo investigados por la Fiscalía por presunto estupro y abuso sexual.
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Perfil de las Víctimas y Factores de Vulnerabilidad
La mayoría de las víctimas de estas redes son niñas y adolescentes que presentan un alto grado de vulnerabilidad. La fiscal Zárate explicó que la mayoría de ellas "está con órdenes de búsqueda de los tribunales de familia, ya que cuando ellas han hecho abandono de estos centros se produce la denuncia a Carabineros". Además, la subprefecto Claudia Domínguez, jefa de la Brisexme de la PDI, indicó que las complejidades para indagar estos casos radican en que es difícil ubicar a las niñas "porque viven en una situación de calle, tienen una alta sociabilización callejera y consumo problemático de drogas y alcohol."
Otro factor crucial es que las víctimas son "reticentes a entregar un relato y no se sienten víctimas". Debido a "muchos vicios en el ambiente en que viven, es difícil sacarlas de ahí. Tienen un grado de lealtad con la gente que las protege, que les da comida o droga". Denisse Araya, directora de ONG Raíces, subraya que las menores "jamás piensan que los que las rodean son los culpables, se sienten como las únicas responsables".
Desafíos en la Investigación y Persecución
La persecución de estos delitos enfrenta múltiples barreras:
- Dificultad de Ubicación y Relato: La vida en situación de calle y el consumo problemático de drogas dificultan la ubicación de las víctimas. Además, su reticencia a denunciar y a no reconocerse como víctimas es un obstáculo significativo.
- Falta de Tipificación Específica: El delito de Explotación Sexual Comercial de NNA no está contemplado como tal en el Código Penal chileno. Lo que está tipificado es la promoción o facilitación de prostitución infantil, un delito que "tiene una pena más baja y es mucho más difícil de probar", según la jueza María Pilar Villarroel.
- Insuficiencia de Pruebas: El relato de la víctima suele ser insuficiente para que la Fiscalía proceda con la formalización. Comisario Castro indicó que "muchos chicos ya no quieren cooperar porque no se sienten víctimas".
- Capacitación: Existe una necesidad urgente de capacitación para las policías y el Ministerio Público en el abordaje de estos complejos casos.
El Rol del Sistema de Protección Estatal: Sename y Mejor Niñez
En un esfuerzo por mejorar la protección de la infancia, el Sename fue reemplazado por el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, conocido como Mejor Niñez. Este cambio, una de las principales promesas del gobierno del Presidente Sebastián Piñera, busca asegurar una mayor protección a los menores. Entre los principales cambios implementados por el nuevo servicio se encuentra la reconversión de los centros masivos en residencias familiares más pequeñas, con un límite de 10 a 15 NNA, buscando una atención más personalizada.
A pesar de estos cambios, persisten desafíos. La denuncia del alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, sobre un nuevo caso ocurrido en una residencia de su comuna administrada por Mejor Niñez, ha vuelto a poner en el centro del debate si la nueva institución es la solución definitiva. Magistrada Jeldres se mantiene crítica respecto a los avances del servicio. Claudio Castillo, director del Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez y Adolescencia, señaló que "en el 2007 uno de cada diez niños estaba en residencias. Hoy son cuatro de cada diez", lo que agrava la situación. La directora de Mejor Niñez, María José Castro, afirma que el nuevo servicio pondrá énfasis en la capacitación y especialización de los profesionales que trabajan con los NNA.
Desde el Sename, cuando se detectaba un posible caso de explotación sexual, la política permanente era presentar denuncias al Ministerio Público, actuando como querellantes y realizando seguimiento de los procesos.
Problemas en los Hogares de Protección
Las querellas presentadas por el Programa Mi Abogado de la Corporación de Asistencia Judicial (CAJ) revelan que, si bien los abandonos de las residencias son una de las causas más comunes de la Explotación Sexual Comercial de NNA bajo el cuidado del Estado, también existen casos intra residenciales. Por ejemplo, en 2020, en Antofagasta, ocho adolescentes abandonaban con frecuencia la residencia y eran forzadas a actos sexuales. La situación se repitió en el sur del país en 2021.
Otro problema grave es el uso de celulares en las residencias para coordinar fugas y encuentros con adultos, o para la captura de fotografías íntimas, como se observó en el caso de "La Granja". Branislav Marelic afirmó que "esos hogares deberían cuidar mejor a los niños que la familia de origen", subrayando la responsabilidad del Estado por no detener estas situaciones.
Propuestas y Acciones para la Prevención
La sociedad civil y expertos han propuesto diversas soluciones para abordar la explotación sexual infantil:
- Modelo Preventivo Territorial: La Fundación San Carlos de Maipo, junto a Políticas Públicas de la PUC y organizaciones sociales, propuso un modelo preventivo con foco territorial, capaz de fortalecer los factores protectores (capacidades personales, familiares y de entorno) y minimizar los de riesgo.
- Armonización Legislativa: La instancia especializada del Senado analiza un proyecto que armoniza tres leyes clave: la que crea el Servicio Nacional de Protección Especializada a la Niñez, la que regula el Régimen de Aportes Financieros del Estado a los Colaboradores Acreditados, y la ley sobre Garantías y Protección Integral de los Derechos de la Niñez y Adolescencia.
- Fortalecimiento del Consejo de Acreditación: El Consejo de Acreditación de Organismos Colaboradores, encargado de coordinar el proceso de acreditación, no ha podido operar desde junio debido a renuncias y falta de postulantes para cargos clave como psiquiatras. La Subsecretaría de la Niñez ha solicitado concursar nuevamente los cargos.
- Salud Mental y Rehabilitación: La oferta de rehabilitación es incompleta, con serios déficits en el acceso a salud física y mental. La creación de Unidades de Cuidado y Rehabilitación Intensiva (UCRI) ha sido comprometida pero aún no se ha materializado.
- Capacitación del Personal: La coordinadora nacional del Programa Mi Abogado (PMA), Verónica Pincheira, considera que la capacitación de los funcionarios que trabajan en las residencias es clave para prevenir los abandonos y la consecuente vulneración de los derechos de los NNA.
Patricia Muñoz es tajante al afirmar que "el Estado no ha sido capaz de priorizar y atenderles en el ámbito de la salud. Muchas veces los abandonos están asociados directamente a temas relacionados con el consumo de drogas o por situaciones que afectan a su salud mental."